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LOS INCORRUPTIBLES

El negocio médico del líder de las huelgas en Matamoros

Del hombre, quien exigió a las empresas estadounidenses, chinas, canadienses y mexicanas un incremento salarial de 20 por ciento, nada se le sabía de su faceta como empresario, y mucho menos que junto con —su colaborador— Javier Arreola Martínez, son dueños del Centro Médico Regional Matamoros

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El poder de Juan Villafuerte Morales, secretario general del del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM), cobró relevancia con la primavera laboral lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que estuvo detrás de las 48 huelgas estalladas en plantas maquiladoras de Matamoros.

Su primer empleo, en la década de los 90, fue construir barrenas de campos petroleros para la empresa Varel De México. Está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), apoyó a los candidatos del PRI en los últimos procesos electorales y desde 2002 tiene todo el control del SJOIIM y de la Federación Regional de Trabajadores de Matamoros (FRTM).

De Villafuerte Morales sólo se sabe que es un cacique sindical en el municipio tamaulipeco, que creció en el mapa de la maquila en el mundo por la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Del hombre, quien exigió a las empresas estadounidenses, chinas, canadienses y mexicanas un incremento salarial de 20 por ciento, nada se le sabía de su faceta como empresario, y mucho menos que junto con —su colaborador— Javier Arreola Martínez, son dueños del Centro Médico Regional Matamoros.

Los líderes sindicales desembolsaron 50 mil pesos para crear su compañía, que tiene autorización para prestar servicios médicos, contratar personal médico, quirúrgico y hospitalaria, así como cuenta con la autorización para comprar vender, importar, exportar, comercializar y distribuir instrumental, equipo, maquinaria y herramientas médicas.

El centro clínico, que se encuentra a 20 calles de la frontera con Estados Unidos, también puede otorgar financiamiento, negociar créditos, así como puede adquirir acciones en otras compañías.

La firma fue creada el 15 de agosto de 2012 en Matamoros, en donde operan 150 maquiladoras de bienes tecnológicos como cables, aparatos y componentes eléctricos, partes y accesorios para vehículos, textiles, productos químicos y maquinaria exportada a Estados Unidos.

Las empresas maquiladoras, que son de capital extranjero, genera un total de 85 mil 644 empleos directos en el ayuntamiento de Tamaulipas.


La herencia
Agapito González Cavazos fue secretario general de Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora desde 1967, cuando le tocó por vez primera afiliar a los trabajadores maquiladores, hasta su muerte en febrero del 2001.

González Cavazos se sentía el Fidel Velázquez de Matamoros, porque logró controlar su gremio y fue nombrado titular de la Secretaría de Agricultura de las CTM.

“En los años 80, Agapito González se negó aceptar los distintos Pactos Económicos que se firmaron entre el sector obrero, empresarial y gubernamental, y continuó negociando a nivel local”, señala Cirila Quintero Ramírez, investigadora la Universidad Autónoma de México (UAM).

La rebeldía del sindicato se logró por el pago puntual de las cuotas a la Federación Trabajadores de Tamaulipas (FRTM) y a la CTM, así como por el auge maquilador en Matamoros, agrega la especialista en temas sindicales.

Villafuerte Morales se perfiló como el hombre fuerte del sindicato y fue secretario del interior. Su nombramiento se dio un año y meses después de la muerte de su maestro Agapito Gonzalez. En ese mayo del 2002 fue nombrado como secretario general de la Federación Regional de Trabajadores de Matamoros (FRTM).

El secretario general del FRTM y SJOIIM se mantuvo en el bajo perfil durante el gobierno de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y del priista Enrique Peña Nieto.

Corría el día 56 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando Juan Villafuerte lidera las huelgas en más de 44 maquiladoras, quien exigían un incremento salarial de 40 por ciento y un bono de 32 mil pesos.

Las trabajadores pararon las operaciones de las fábricas Dura de Mexico, Olson, Politech, Autoliv, Konsberg, Cepillos de Matamoros, Polytech 1, Polytech 2, Dura 3, Dura 4, AFX Autoliv y Cedras de México, entre otras más. Alrededor de 60 mil obreros colocaron banderas rojinegras a las afueras de sus centros de trabajo.

“No debe haber trabajadores de primera ni de segunda”, lanzó el dirigente sindical a través de sus redes sociales. Este hombre dijo que apoya a la lucha y respalda a los trabajadores para estar las huelgas en sus centros de trabajos.

Juan Villafuerte, quien en las instalaciones del sindicato tiene retratos de líderes sindicales como Fidel Velázquez y Carlos Aceves del Olmo, manifestó que la ayuda del gobierno federal para solucionar las huelgas llegó demasiado tarde.

“Estamos mandando un mensaje muy equivocado de desconfianza de que México no es un lugar atractivo ni seguro para generar más inversiones, ese es el mensaje que se está mandando por no actuar”, comentó Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo, en esos días donde se anunciaban las huelgas encabezadas por el líder sindical.

El representante de la industria dijo que se registró la salida de cinco empresas del sector automotriz y electrónico, tras las huelgas en Matamoros.

En Matamoros, hubo oportunismo de algunos dirigentes, quienes durante 36 años de política neoliberal nunca dijeron nada del alza salarial ni por qué se daba por debajo de la inflación, declaró Andrés Manuel López Obrador, el 13 de marzo de 2019.

“Ahora que por nuestro movimiento, el movimiento de todo un pueblo, se consigue que aumenten los salarios, ellos se montan y quieren sacar raja. Y ahora resulta que son muy radicales”, dijo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. “No podemos de la noche a la mañana recuperar todo lo que perdió el salario en el periodo neoliberal. Siempre va a ser mejor el salario, va a ser siempre ascendente, pero lo tenemos que hacer de manera gradual, porque si no se arruinan las empresas, se cierran y se afecta la economía”.

El fundador de Morena pidió a los líderes sindicales de centrales obreras como la CTM y CROC, que son afines al PRI, cuidar la fuente de trabajo, pero todo eso lo tenemos que hacer con convencimiento y hablando.

“Que hay en Matamoros huelgas y se está creando un ambiente desfavorable para la inversión y pueden cerrarse las plantas y se puede ir esa inversión, hay que estar ahí y hablar con los trabajadores”, concluyó el mandatario, quien ha buscado la libertad sindical en México.

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LOS INCORRUPTIBLES

Pese a pugnas legales, avanza Presa Anzaldo sobre área ambiental

Los múltiples sellos de clausura y suspensión han frenado temporalmente la megaobra, pero lleva más de un 70% de avance

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Presa Anzaldo
En el predio donde se erige el desarrollo solo pueden construirse áreas recreativas y de esparcimiento al aire libre, pero actualmente existe una estructura de 19 pisos. Crédito: Cortesía

El concreto y las grandes edificaciones están acabando con las áreas verdes de la Ciudad de México e incluso se erigen en áreas federales consideradas de valor ambiental donde la ley prohíbe construir.

Es el caso del desarrollo inmobiliario que se levanta sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3042, en la colonia San Jerónimo Aculco de la alcaldía Álvaro Obregón, mejor conocida como Presa Anzaldo. Se le llama así porque se construye sobre el vaso regulador del mismo nombre ubicado en una barranca donde desemboca lo que se considera el último río vivo de la capital: el Magdalena.

El megaproyecto forma parte de un listado de 249 edificios que se construyen de manera ilegal al rebasar el número de niveles permitidos, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX. Los inmuebles se empezaron a edificar entre 2014 y 2018, cuando gobernaba la capital el hoy senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El megaproyecto en Presa Anzaldo se construye bajo el fideicomiso de la Banca Mifel y ASJUFI Soluciones Inmobiliarias S.A. de C.V. es la empresa a cargo de su construcción.

Una resolución que la PAOT emitió el 31 de enero de 2017 determina, entre otras cosas, que el predio donde se erige el desarrollo tiene una zonificación de área verde solo para usos como canchas deportivas, áreas recreativas y de esparcimiento al aire libre, es decir, no se pueden construir niveles. Sin embargo, actualmente existe una estructura metálica de 19 pisos.

La resolución indica también que 54% del predio se encuentra dentro de la poligonal de un Área de Valor Ambiental denominada “Magdalena-Eslava”, además de que el desarrollador no presentó Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, dictamen favorable de Estudio de Impacto Urbano ni autorización en Materia de Impacto Ambiental para construir la obra.

ASJUFI, por su parte, se ampara con un documento que indica que el proyecto cuenta con Registro de Manifestación de Construcción tipo C, que es la que se requiere para uso de oficinas y servicios.

En marzo de este año, la nueva alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, ordenó la cancelación definitiva y la orden de demolición total de la estructura, aunque la empresa se amparó contra la decisión.

La procuraduría ambiental también ha intentado frenar el megaproyecto por vías legales, pero hasta ahora —y sin importar los sellos de suspensión por infringir el Reglamento de Construcción de la capital— la empresa se las ha ingeniado para hacer que la obra siga su curso, y pese a todas las irregularidades, cada está más cerca de su finalización.

Pugnas legales

El pasado 19 de agosto, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa concedió un amparo a la PAOT para impedir continuar con las obras en la Presa Anzaldo, pero los trabajos de construcción continúan.

La dependencia interpuso el amparo indirecto en contra de la sentencia de un juicio de nulidad elaborada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que había favorecido a la empresa inmobiliaria.

La Procuraduría Ambiental argumentó que debió de haber sido llamada al juicio de nulidad en su carácter de tercero interesado, ya que su participación en el mismo resultaría trascendente para resolver el fondo de la controversia jurídica, pues al momento de la interposición del juicio, la PAOT se encontraba en el procedimiento de investigación.

La dependencia señaló que de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de CDMX, los trabajos constructivos que se realizan se consideran de riesgo alto. Además acusó al Director Responsable de Obra, Raúl Palomino Flores, de otorgar su responsiva pese a que el proyecto incumplió con los requisitos establecidos por el Reglamento de Construcciones.

“La PAOT está determinada a agotar todas las instancias que permita la legislación vigente, con el interés de proteger los derechos ambientales y territoriales de los ciudadanos y de impedir que violaciones a la normatividad ambiental y urbana como las que presenta el proyecto constructivo de Presa Anzaldo, se realicen con impunidad”, afirmó Mariana Boy, titular de la dependencia.

El diario El Universal reportó que Palomino Flores fue sancionado por irregularidades en otra construcción ubicada en Baja California 370, colonia Hipódromo Condesa, mismo que también figura en la base de 249 inmuebles irregulares de la PAOT. En este último desarrollo, el edificio excedió por 23 metros la altura máxima permitida.

Pese a todas las pruebas, el recurso de amparo aun puede ser impugnado por la empresa.

ASJUFI responde

Ante la ofensiva legal por parte de la alcaldía y la PAOT, la respuesta de la inmobiliaria no se ha hecho esperar.

El 14 de mayo de este año, Héctor Mondragón, director corporativo de ASJUFI, se presentó al final de una conferencia de prensa que ofrecieron los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, para mostrar a los medios los documentos que según su él acreditan la obra en Presa Anzaldo.

La constructora también obtuvo permiso legal para poder realizar obras de mitigación en la construcción consistentes en reforzar la mole ya construida con el objetivo de aminorar riesgos.

Sin embargo, Erick Reyes, director general de Gobierno de la Alcaldía Álvaro Obregón, explica a Las Noticias que el juez que otorgó el amparo a ASJUFI no delimitó qué acciones se tenían que realizar, por lo que se están realizando trabajos de terminado en la construcción, como poner canceles y ventanas.

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Vecinos denuncian amenazas

Alrededor de la Presa Anzaldo no hay vecinos colindantes, pero un grupo de habitantes de la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, se han dedicado a vigilar las construcciones de toda la demarcación. Susana Kanahuati, coordinadora del comité vecinal, destaca que el impedir la construcción del desarrollo en Presa Anzaldo responde a “respetar el derecho a la ciudadanía”.

La activista señala que la defensa de áreas de valor ambiental es primordial para los vecinos de Álvaro Obregón e impedir la construcción del desarrollo en Presa Anzaldo es sinónimo de luchar por la vida. Su lucha contra las constructoras le ha costado ser víctima de amenazas

“Paran carrozas fúnebres en la puerta de mi casa, me están vigilando. Están muy, muy enojados los constructores porque sus obras están paradas y tienen tal nivel de violación que es imposible que puedan subsanar lo que hay en esas obras”, acusa Susana.

El pasado 9 de julio, Kanahuati interpuso una denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales de la Ciudad de México por las amenazas que ha recibido. 

La construcción en la Presa Anzaldo sigue en pie. Las primeras lonas colocadas en el edificio indican que se empezó a edificar en abril del 2016 y se tenía que terminar de construir en abril del 2019. Hasta la fecha no se ha concluido la obra.

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LOS INCORRUPTIBLES

Concentra Benito Juárez 1 de cada 5 construcciones ilegales en CDMX

Un total de 49 inmuebles, de 249 listados por PAOT por rebasar el número de pisos permitidos, se localizan en esta alcaldía de la capital

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Construcciones Benito Juárez
Vecinos de las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán realizan una serie de clausuras simbólicas a obras en construcción, para protestar en contra de los proyectos que ocasionan el desabasto de agua y empobrecimiento ecológico. Crédito: CUARTOSCURO

Pisos impecables de madera, plafones falsos que inyectan luz cálida, paredes blancas que se traslucen con el sol, ventanales de piso a techo que dejan ver el escaso tinte verde de la ciudad, balcones amplios, cortinas de poliéster, entradas corredizas a las recámaras, baños de granito con puertas de cristal, espejos de vidrio grueso: 92 metros cuadrados de un lujo completamente irregular en la alcaldía Benito Juárez.

El edificio de Mercaderes 68, en la colonia San José Insurgentes de Ciudad de México, se encuentra en la lista de 249 edificios que se construyeron de manera ilegal en CDMX durante la administración de Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), según documentó la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México.

La razón es que se construyeron niveles de más a los permitidos en la zonificación y sin ningún documento legal que avalara los pisos excedentes.

Benito Juárez es la alcaldía con más casos de construcciones irregulares, al concentrar una quinta parte de los inmuebles listados por la PAOT. Y San José Insurgentes es una de las diez colonias en toda la ciudad con más edificios fuera de la norma.

El inmueble de Mercaderes 68 cuenta actualmente con seis niveles, 15 departamentos y un penthouse. Aunque la PAOT solicitó la custodia del folio real del inmueble —e incluso inició una acción pública en el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX— ya se han vendido 13 (incluyendo el penthouse). Esto, de acuerdo con información de la inmobiliaria Punto Medio. Los precios de los tres restantes oscilan entre 5 y 6 millones de pesos.

De acuerdo con la procuraduría ambiental, el edificio rebasó en dos niveles los permitidos y en 12, las viviendas autorizadas. Además no cumplió con el porcentaje mínimo de área libre.

La empresa registrada como propietaria del inmueble, de acuerdo con documentos en poder de este medio, es OCA30 S.A. de C.V. Su representante legal es Antonio Crosswell Estefan, exdirector general de Médica Sur.

El ingeniero arquitecto Raúl Ávila Flores aparece como Director Responsable de Obra con número de registro DRO-1683. Su nombre figura en otros dos inmuebles del listado de la PAOT además de otro edificio irregular ubicado en la colonia Escandón por el que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) lo sancionó con el retiro de su carnet en abril de 2016. La razón siempre es la misma: edificar más pisos de los permitidos.

La sanción no fue permanente ya que Ávila Flores sigue apareciendo como DRO en el sistema de Directores Responsables de Obra y Corresponsables que administra Seduvi, con un carnet que vence el 13 de diciembre de este año. Incluso también contaba con registro como Corresponsable de Diseño Urbano y Arquitectónico (CDUyA) con vigencia al 31 de enero de 2019.

Construcciones sin control

De acuerdo con la base de PAOT, los 249 edificios que se construyeron de forma irregular se distribuyen en 132 colonias de 14 alcaldías. Un total de 49 inmuebles se concentra en Benito Juárez.

Las obras se levantaron entre 2014 y 2018, cuando Miguel Ángel Mancera gobernaba la CDMX y el Partido Acción Nacional (PAN), la alcaldía. En ese periodo Benito Juárez tuvo dos jefes delegacionales del mismo grupo político: Jorge Romero Herrera (2012-2015) y Christian Damian Von Roehrich de la Isla (2015-2018).

Durante esos años las construcciones irregulares documentadas por la PAOT crecieron, como es el caso del desarrollo conocido como Mural Nápoles, que se levantó con tres pisos adicionales a lo permitido.

Con una vista privilegiada que da al Polyforum Cultural Siqueiros, y a tan solo unos pasos del World Trade Center, Grupo Bausau logró construir en 2015 un edificio con nueve niveles de altura y 20 departamentos con valor de entre 7 y 13 millones de pesos cada uno, a pesar de que las reglas de zonificación y el registro del tipo de inmueble solo permitían un desarrollo de seis niveles con no más de 17 viviendas.

Cuatro años después, el inmueble ubicado en la calle Filadelfia 20 está habitado, mantiene sus nueve niveles y la inmobiliaria aún vende tres departamentos, incluido el penthouse.

En el quinto piso un número de contacto gigante cuelga en el balcón a la espera de que alguien lo alquile, sin que importe que la PAOT haya solicitado la custodia del folio real del inmueble y haya iniciado una acción pública en el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX.

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LOS INCORRUPTIBLES

Construyeron en CDMX 249 edificios ilegales

Los inmuebles se levantaron durante el gobierno del hoy senador del PRD, Miguel Ángel Mancera

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Edificios ilegales CDMX
Sin contar con permisos, la empresa Central Park Sur pretendía levantar tres torres de 22 pisos cuando solo tenía permiso de hacer cuatro. Crédito: Saúl Hernández

Un cilindro de concreto de 22 pisos se levanta sobre los árboles y casas de la Barranca del Moral, en la alcaldía Álvaro Obregón. La mole en obra negra es lo que queda de lo que sería un complejo de tres torres de lujo que se conocería como Península Desierto de los Leones. El problema es que la empresa encargada del proyecto, Central Park Sur, hizo todo de manera ilegal.

Esta no es la historia de una empresa tramposa que se aprovechó de leyes a modo, normatividades defectuosas, vacíos legales o triquiñuelas jurídicas para construir más allá de lo que era admitido. Es el ejemplo de cómo una desarrolladora decidió violar abiertamente todas las leyes en materia de construcción, según pudo documentar la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de Ciudad de México, en marzo de 2016.

En el predio marcado con el número 5602 de la Calzada Desierto de los Leones se pretendía erigir tres torres de 22 pisos cuando Central Park Sur sólo tenía permiso para levantar cuatro. Además trabajaba sin dictámenes de impacto urbano ni ambiental y había arrasado con 2 mil metros cuadrados de áreas verdes de la barranca… Y apenas llevaba una torre.

Como este inmueble, la PAOT contabiliza 249 edificios en CDMX construidos al margen de la ley entre 2014 y 2018, cuando gobernaba la ciudad el hoy senador perredista, Miguel Ángel Mancera Espinosa. En todos los casos se levantaron más pisos de los que las constructoras tenían legalmente autorizados: 474 niveles excedentes en total.

En 62% de los casos las empresas llegaron al descaro de construir sin contar con una manifestación de construcción, violando los artículos 47 y 72 del Reglamento de Construcción para la Ciudad de México.

Las Noticias obtuvo mediante mecanismos de transparencia una base de datos con los 249 inmuebles en los que la procuraduría ambiental identificó un exceso de niveles. Los casos se distribuyen en 132 colonias de 14 alcaldías de CDMX, la mayoría está en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

La información revela además la participación de 31 empresas y 59 Directores Responsables de Obra (DRO), es decir, de los encargados de vigilar que las obras cumplieran con las leyes, reglamentos y normas aplicables en la materia.

Para Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría ambiental, la falta de vigilancia y desinterés de las autoridades de la administración anterior contribuyó a que los desarrolladores se sintieran en la libertad de violar descaradamente la ley.

“El hecho de que hubiera muy poca vigilancia permitía que los desarrolladores siguieran violando las disposiciones tal cual, sin ni siquiera aprovechar un vacío legal, sino construyendo niveles de más en total contravención a lo dispuesto por la normatividad aplicable”

MARIANA BOY, TITULAR DE LA PAOT

Rebeca Herrera Naranjo es una de las vecinas de las colonias Alcantarilla y Olivar de los Padres que más activamente se opuso a la construcción de Península Desierto de los Leones. Para ella, esa mole de concreto que se erigía a unas cuadras de su hogar representa “el ejemplo de cómo las autoridades permiten que las constructoras hagan lo que se les pega la gana”.

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De la denuncia a la acción

La mayoría de las resoluciones de la PAOT en materia de uso de suelo comienza con una denuncia ciudadana, explica Mariana Boy. Una vez que la dependencia recibe la denuncia, manda a su personal al lugar de los hechos para realizar labores de reconocimiento e inspección ocular.

Luego lleva a cabo toda una gestión de gabinete en que solicita a las autoridades correspondientes los permisos otorgados para la construcción de los edificios, como son las alcaldías, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en caso de que la obra requiera un estudio de impacto ambiental.

La información se coteja con el programa parcial de desarrollo urbano, los programas delegacionales y lo que la procuraduría pudo percibir en sus visitas. Tras analizar la información, la entidad emite una resolución y en su caso un dictamen. El tiempo que transcurre entre la denuncia y la resolución dura entre cinco y seis meses.

Tras una larga batalla, los vecinos de las colonias Alcantarilla y Olivar de los Padres lograron frenar el complejo ilegal de Península Desierto de los Leones. Crédito: Cortesía

Las resoluciones de la PAOT no van dirigidas a los desarrolladores, sino a las autoridades que tienen atribuciones para sancionarlas.

“Normalmente todas las procuradurías ambientales emiten resolutivos sancionando al particular, pero nosotros no tenemos facultades sancionatorias, no podemos sancionar al particular. Nuestra función es más una especie de ombudsman donde nuestras recomendaciones van dirigidas a las autoridades que sí pueden hacerlo”, explica Boy Tamborrell.

Lo que sí puede hacer es solicitar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de CDMX la custodia del folio real del inmueble como medida precautoria, lo que imposibilita al desarrollador cualquier transacción comercial de compraventa o preventa hasta que regularice su situación.

“En el momento que nosotros detectamos que se están rebasando los niveles, no esperamos a emitir la resolución, se custodia el folio de manera inmediata porque es una medida precautoria que busca prevenir que se siga generando el riesgo de la irregularidad”, dice Boy.

Las resoluciones y dictámenes de la PAOT, aunque no son vinculantes, sirven de prueba para que la propia dependencia o los ciudadanos afectados presenten una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur) o una acción pública en el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX.

En el caso de los edificios con niveles excedentes, la dependencia a cargo de Mariana Boy también presenta denuncias penales en contra de los DRO y solicita a las alcaldías y al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) la inspección de los inmuebles y, en su caso, que ordenen la demolición de los pisos ilegales.

De acuerdo con la información entregada vía transparencia, por la construcción de pisos excedentes en 249 edificios de la capital, la PAOT emprendió 195 denuncias penales, ordenó la custodia del folio real de 124 inmuebles y se ha ejecutado la demolición parcial de seis de estos.

Sin embargo, hay casos donde la PAOT decide no actuar porque la obra ya está terminada o incluso habitada.

Y siguen vendiendo

En el número 532 de la calle Sur 113-A, en la colonia Sector Popular de la alcaldía Iztapalapa, un edificio de ladrillo rojo y puertas y canceles negros resalta por sus seis pisos en una zona donde las casas tienen a lo mucho tres. Se puede encontrar en Waze como Torre Kahum, propiedad de Inmobiliaria Hoppesa.

El 27 de agosto de 2018 la PAOT había resuelto que dicho inmueble excedía en tres niveles lo permitido en el plan de desarrollo urbano de la alcaldía (construyendo seis en lugar de tres), además de que no contaba ni con manifestación de construcción ni con Certificado de Uso de Suelo que amparara la obra.

En su resolución, la Procuraduría ordenó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y a las autoridades de Iztapalapa instrumentar las sanciones aplicables e incluso considerar la demolición de los niveles excedentes; y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, realizar la custodia del folio real del inmueble.

A pesar de todo, Las Noticias pudo corroborar que la propiedad se encuentra intacta, habitada e incluso hay departamentos que se siguen vendiendo. A la entrada del edificio hay dos letreros con anuncio de venta: uno en rojo con blanco y otro en amarillo con teléfonos diferentes.

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Este medio intentó en varias ocasiones contactar al primer teléfono para pedir informes sobre el inmueble, pero el número no estaba disponible. El segundo teléfono corresponde a un broker hipotecario de la empresa Sicurezza Inmuebles, quien aseguró que la construcción es legal.

El inmueble consta de diez condominios y cinco ya se han vendido. De acuerdo con la propaganda obtenida por este medio, los “departamentos de lujo”, de 64 metros cuadrados, se venden entre 1 millón 970 mil y 1 millón 955 mil pesos.

Al preguntar a Mariana Boy sobre qué sucede con estos inmuebles que se siguen vendiendo, comenta que “se pueden vender, pero el problema es que no van a poderse escriturar”.

Sobre la misma calle, apenas a cuatro casas de distancia, la PAOT también concluyó que el predio marcado con el número 544 se había construido sin permisos. El inmueble en cuestión es un edificio de condominios nuevo en el que también hay familias viviendo.

En la colonia Sector Popular de Iztapalapa, la PAOT ha identificado tres inmuebles que exceden los niveles permitidos y dos están habitados. Crédito: Saúl Hernández

Y a dos cuadras de distancia, pero dentro de la misma colonia, el inmueble de la calle Sur 109-A número 626 también se edificó sin permiso de construcción. Aunque la construcción luce nueva, el predio está abandonado y el nivel excedente a medio acabar.

La titular de la procuraduría ambiental reconoce que algunas veces ha sucedido que la resolución y medidas precautorias llegan tarde porque la obra ya está concluida, en etapa de venta e incluso habitada. Imponer las medidas, señala, implicaría afectaciones a terceros que compraron de buena fe los inmuebles.

Puedes descargar la respuesta original de la PAOT en los siguientes enlaces:

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