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“Por qué no voy a poder ser consultor laboral si lo he hecho durante 45 años”

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Los señalamientos contra Arturo Alcalde Justiniani, por supuestamente ser el estratega detrás de las huelgas en empresas en Matamoros, dice que son parte de una guerra sucia de abogados de empresas para debilitar a su hija, Luisa María Alcalde Luján, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Por qué no voy a poder ser consultor laboral si lo he hecho durante 45 años, es pura guerra sucia que no tiene ningún sustento legal”, dice en entrevista.

Hace poco circuló una fotografía, en donde se atrapa un instante de felicidad, de amistad, entre Susana Prieto Terrazas, la abogada de los trabajadores que están haciendo huelga en Matamoros, Tamaulipas, con el padre de la secretaria del Trabajo.

Alcalde Justiniani dice que la foto fue tomada en un foro laboral el 26 de diciembre de 2016 en Chihuahua. “Regreso como cada Navidad a mi tierra a visitar a la familia. Se hace un foro laboral y es un desayuno al que acude un buen grupo de abogados”, explica. “Ese diciembre de 2016 estuvo la abogada, que es de allá de Chihuahua, se tomó una foto conmigo, pero la han querido manipular como si tuviera que ver algo con las huelgas de Tamaulipas o como si tuviera un tipo de asociación con ella”.

El abogado laboral dice que tampoco ha participado como abogado del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) en la huelga.

“Yo en el caso concreto de la huelga del SITUAM no he tenido participación jurídica” por elemental prudencia, quien está a cargo de la auditoría es el Eugenio Narcia Tovar, quien trabaja en el despacho de abogados.

El licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana se dedica poco a litigar en los tribunales laborales, porque su expertise es asesorar, fijar estrategias e impulsar la capacitación de los empleados.

El padre de Luisa María es abogado de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, así como de los sindicato de Banobras, Bancomext y Nafin. En el pasado apoyó con consultorías al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, así como de las universidades Autónoma Metropolitana, Iberoamericana, Chapingo y El Colegio de México.

Alcalde Justiniani acompañó a interponer una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) para que haya democracia sindical en México.

Esa queja fue apoyada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), SITUAM, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (STIMAHCA), el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

Alcalde Justiniani es esposo Bertha Luján Uranga, quien fue coordinadora territorial en la campaña de Andrés Manuel López Obrador para la circunscripción del Estado de México, Michoacán y Colima y contralora del gobierno de la Ciudad de México de 2000 al 2006.

—¿Ayuda al SITUAM en la defensa legal de la huelga?–, insistimos.

— No, solamente yo durante más de 40 años y en el despacho, que somos seis abogados, han sido los abogados del SITUAM. Ahora han tratado de comprometerme como si fuera una cosa personal, pero en realidad el abogado titular en el caso de esta huelga es Eugenio Narcia Tovar.

—¿Qué hace para evitar los señalamientos de un conflicto de interés por su actividad laboral y el puesto ocupado por su hija Luisa María Alcalde?

—Lo que pasa es que eso es parte de la guerra sucia, lo único que puede hacer es aclarar las cosas en ese caso.

—¿Ya trabajaba en asuntos laborales desde antes de que naciera Luisa María Alcalde?

—Jejeje. Sí, desde antes de que naciera mi hija. Es un buen comentario.

—¿Todo mundo dice que hay conflicto de interés por ser Alcalde?

—Eso lo quieren manejar algunos abogados empresariales. En primer lugar no hay conflicto de interés, porque no estoy ahí en el SITUAM. Jurídicamente está Eugenio Narcía y pueden ver en la audiencia donde ratifican la huelga, yo no comparezco.

—¿Estaría dispuesto a abandonar su carrera como abogado laboral de 45 años para evitar suspicacias de un conflicto de interés?

—Es que no hay ningún conflicto de interés, imaginense asesoró a organizaciones de orden local y no tiene nada de relación con la Secretaría del Trabajo. (Mi hija) no interviene en nada, yo no participó en ninguna gestión en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ninguna negociación donde ella he estado presente. Imagínese acabar con mi profesión, aunque no me caería mal, porque ya tengo 70 años y así que ya.

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El ABC de la ley de etiquetado, beneficios y resistencias

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Ley de etiquetado

En medio de preocupaciones por el incremento de personas con sobrepeso y obesidad en México, en octubre pasado se aprobó la reforma a la Ley General de Salud para modificar el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, con la finalidad de que el consumidor sepa cuáles son los niveles de calorías, azucares añadidas, grasas y sodio que contiene cada producto.

Así, México se convierte en el cuarto país de América Latina en aprobar esta medida además de Chile, Uruguay y Perú, con el objetivo de que los consumidores tomen decisiones informadas respecto a su alimentación con base en etiquetados claros y sencillos de entender.

Ahora, los productos industrializados y bebidas azucaradas deberán rotularse con un etiquetado de advertencia con las características nutricionales de su producto. Estas deberán contener un símbolo octagonal de fondo negro y borde blanco que diga “Alto en”, seguido de la característica determinada: grasas, saturadas, sodio, azúcares, entre otras.

Tal y cómo pasó con la venta de cigarrillos, ahora los alimentos y bebidas azucaradas deberán advertir las afectaciones a la salud que pueda tener el consumo en exceso de los mismo: diabetes, obesidad, cáncer, etc.

Actualmente el etiquetado se basa en las llamadas guías diarias de alimentación, sin embargo, para interpretar su información se requiere de un conocimiento mínimo y tiempo para interpretar los términos, calcular calorías, entre otros, con los que muchas veces no cuenta el consumidor a la hora de comprar.

Cifras alarmantes.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, el 72.5 % de la población mexicana de 20 años y más padecía sobrepeso u obesidad.

Asimismo entre el 58% y el 85% de los niños, niñas y adolescentes tienen un consumo excesivo de azúcares añadidos, y entre el 67% y el 92% lo tiene de grasas saturadas, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud.

Por ello, el 8 de noviembre de 2019 la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de General de Salud entre las que se incluyen:

La reforma a los artículos 66, primer párrafo; 111, fracción II; 115, fracción VII; 159, fracción V; 212, primer y segundo párrafos; y se adicionan los artículos 2o., con una fracción VIII; 114, con un tercer párrafo; 210, con un segundo párrafo; 212, con tercer y cuarto párrafos, recorriéndose el actual tercer párrafo para pasar a ser quinto párrafo y 215, con las fracciones VI y VII de la Ley General de Salud.

Respecto al etiquetado de alimentos y bebidas sin alcohol, se modificó el Artículo 212, en el que estipula que las etiquetas deberán “incluir información nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible“, y añadió que, cuando lo considere necesario, la Secretaría de Salud podrá ordenar “la inclusión de leyendas o pictogramas” en los productos alimenticios.

  • Se deberá rotular mediante un etiquetado o advertencia cualquier alimento o producto alimenticio que en su composición nutricional contenga calorías, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a las establecidas.
  • Para destacar las características nutricionales se empleará un símbolo octagonal de fondo color negro, borde y letras en blanco con el texto “Alto en”, seguido de las características que corresponda: “grasa saturadas”, “sodio”, “azúcares” o “calorías”, en uno o más símbolos independientes.
  • Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán proporcionar datos e información clara y de fácil comprensión sobre los ingredientes que contiene, datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio.
  • El etiquetado frontal debe hacerse en forma separada e independiente a la tabla de ingredientes e información nutricional y deberá de indicar si son alimentos genéticamente modificados.

Resistencia de las empresas

No todo ha sido favorable. La industria ha mostrado resistencia a la ley debido a que implica un mayor costo debido a que tendrían que reformular sus productos con al menos un año de anticipación, así como el cambio del etiquetado como tal, que podría llevarles hasta dos años, dependiendo del tamaño de la empresa.

La iniciativa privada deberá invertir unos seis mil millones de pesos para cambiar en seis meses las etiquetas de productos como galletas, refrescos y frituras, entre otros, como establecen los cambios a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051.

No obstante, Alejandro Malagón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), indicó que dicho monto sólo se refiere al cambio físico de las etiquetas, sin considerar el costo de propiedad intelectual, por lo que la inversión sería mayor.

Ernesto Algaba Reyes, de la firma legal Hogan Lovells afirma que lo que pelean en este momento, para la ley y el cambio en la Norma 051, es que se tomen en cuenta los plazos razonables para implementar los nuevos etiquetados.

El sector lácteo es uno de los que más han mostrado preocupación, pues “si bien están de acuerdo, comentan que eventualmente si no se adoptan de manera adecuada se pueden llegar a satanizar los productos”.

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) manifestó también su desacuerdo con un etiquetado que provoque “miedo o amenaza, pues reduce tu poder de decisión” y argumentan no hay datos que comprueben su beneficio.

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el etiquetado aprobado por la SE y Cofepris no resuelve el problema de obesidad en México ni contribuye a informar a los consumidores sobre una alimentación adecuada.

En Chile se redujo el consumo de bebidas azucaradas 23.7 por ciento en dos años.

El caso chileno

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte, desde que entró en vigor la ley de etiquetado frontal en Chile, se redujo el consumo de bebidas azucaradas 23.7 por ciento en dos años.

El estudio, publicado en la gaceta Plos Med, indica que la reducción en la compra de bebidas azucaradas fue mayor que la observada tras la aplicación de políticas independientes (como impuestos) en otros países latinoamericanos.

Lindsey Smith, autora principal del estudio, indicó que los mayores cambios se produjeron en la cantidad de bebidas azucaradas de frutas y lácteas endulzadas que se compraron.

Esto es de gran importancia dado que en el momento en que Chile aplicó la ley de etiquetado, era el país con mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo en términos per cápita.

Guido Girardi, autor de la Ley de Etiquetado y senador en ese país, aseguró que gracias a ello las empresas comenzaron a bajar sus niveles de azúcar, sodio y grasas y, a cambio, han tenido una mejor respuesta, incluso para sus ventas, por parte de los consumidores.

“En Chile hemos tenido un impacto muy importante con la disminución del 25% en la compra de bebidas gaseosas dulces, una disminución del 20% del consumo en cereales con azúcar y una reformulación del 20% en productos en los que han bajado los contenidos de azúcar”

detalló, reconocido recientemente con el Premio Jaques Diouf de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
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Mexicanos trabajan en exceso y sin vida social

Nuestro país se colocó en el penúltimo lugar de 40 analizados en el Índice de Balance Vida-Trabajo de la OCDE, con una calificación de 1.1 de 10 puntos

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Jornadas de trabajo

De 40 economías estudiadas, México es la segunda peor calificada en cuanto al balance entre trabajo y vida personal de sus habitantes, sólo con un mejor resultado que Colombia. 

El Índice de Balance Vida-Trabajo para México se colocó en 1.1 de 10 puntos (una calificación más baja significa un menor grado de equilibrio), situación que refleja los grandes desafíos que encuentran los trabajadores para combinar su bienestar individual y social con el éxito y la productividad laboral.

Este índice, calculado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se ubicó en 0.9 para Colombia, que enfrenta problemáticas laborales muy similares a las de México. Para Chile, el resultado fue significativamente mejor con un índice de 5.0 puntos, lo que refleja una situación laboral más flexible para su población ocupada.

Equilibrar las actividades laborales con las personales es un aspecto esencial para el desarrollo de las personas. De acuerdo con el organismo internacional, un país con un balance bajo de estos factores refleja múltiples desafíos para los trabajadores de construir una sociedad más igualitaria y de mantener su bienestar individual.

En México, cerca de 29% de los trabajadores tienen jornadas excesivas de trabajo, esto es, 18 puntos por encima del promedio de los países miembros de la OCDE (11%), esto implica que poco más de una cuarta parte de los mexicanos ocupados están imposibilitados de realizar actividades extra.

Siguiendo el análisis de la OCDE, las problemáticas derivadas de los trabajos con jornadas extensas pueden ir desde los descuidos y la desatención familiar hasta implicaciones más severas como enfermedades, estrés y ansiedad. Los horarios muy largos o nocturnos también pueden exponer a los trabajadores a ser víctimas de la inseguridad o delincuencia.

El hecho de que los hombres tengan jornadas más largas que las mujeres profundiza la desigualdad de género, no sólo en el ámbito laboral, también en el familiar, debido a que las actividades domésticas y de cuidados recaen en las mujeres.

Necesario, proteger los derechos laborales

La OCDE enfatiza que para mejorar el bienestar de la población es necesario impulsar políticas públicas que garanticen sus derechos laborales. Especialmente, que se incentive el mercado de empleo formal para extender las prestaciones laborales a todos los ocupados, así como la detección y sanción de prácticas que violenten laboralmente a los empleados. 

Otro aspecto necesario es extender la perspectiva de igualdad en el mercado laboral y la no discriminación. En este sentido, se busca que las mujeres tengan igualdad de oportunidades que los hombres para acceder a puestos de alto rango; y que los hombres tengan la misma posibilidad que las mujeres de dedicar tiempo a las labores domésticas y de cuidados a través de licencias de paternidad extendidas. 

Las políticas públicas también deben enfocarse en otros grupos vulnerables como los jóvenes, los indígenas o las personas con capacidades distintas, no sólo incentivando su integración en el mercado laboral, también garantizando una relación adecuada entre jornadas e ingresos. 

Con información de El Economista

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¿Reforma fiscal en 2022? Estos son los retos que enfrenta

México requiere una reforma fiscal que aumente su nivel de recaudación y sea más equitativa

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El secretario de Hacienda, Arturo Herrera y el subsecretario, Gabriel Yorio. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, confirmó este lunes 7 de octubre que la dependencia ya tiene luz verde del presidente Andrés Manuel López Obrador para trabajar en la creación de una nueva reforma fiscal, que tentativamente se aplicaría en 2022.

La noticia sobre la creación de esta reforma ya rondaba en los pasillos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde agosto, pero sin la seguridad del respaldo presidencial, que se mantenía en su promesa de no aumentar los impuestos.

México es uno de los países dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más requiere aumentar su nivel de recaudación fiscal. Mejorar la posición del país en lo que se refiere a recaudación tributaria es el principal reto de una eventual reforma.

De acuerdo con los últimos datos del organismo, correspondientes a 2017, la recaudación tributaria de México equivale a 16.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) cuando el promedio de los países de la OCDE es de 34.2%, más del doble. Incluso en otros países de Latinoamérica, como Brasil o Argentina, la recaudación oscila entre 30 y 32% de su PIB.

Lograr cerrar esta brecha es uno de los mayores retos que tiene el gobierno federal, especialmente porque frente a los altos niveles de informalidad, elusión y evasión de impuestos, la población no tiene como costumbre el pago tributario.

Tras la reforma fiscal de 2014, la última que se llevó a cabo, el actual subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, advertía que “el sistema fiscal tiene tantos agujeros que permiten la evasión” y resulta tan difícil la supervisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que los contribuyentes terminan no pagando impuestos.

El gobierno federal actual intenta cerrar la mayoría de estos agujeros antes de presentar su iniciativa de reforma. Una de las acciones más polémicas que ha planteado es la penalización de la evasión fiscal como si fuese crimen organizado.

Dicha propuesta ya fue aprobada en el Senado pero aún puede ser modificada en la Cámara de Diputados, especialmente ahora que el sector privado tiene el aval presidencial para cabildear en busca de matizar los castigos, según se informó tras una reunión que sostuvieron ambas partes el lunes 7 de octubre.

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Reforma más equitativa

Además de combatir la evasión y la elusión, la forma en que se modificarán los impuestos es crucial, especialmente si el gobierno busca una reforma fiscal más “equitativa”, como mencionó el subsecretario Gabriel Yorio.

Al respecto, el economista Fausto Hernández Trillo, escribía hace unos meses que hacer modificaciones en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas o morales no era una opción viable para la reforma fiscal.

Primero, porque en la actualidad las personas físicas que pagan ISR, es decir todos los trabajadores formales, ya llevan la mayor carga tributaria al ser contribuyentes cautivos. De modificar este impuesto, la clase media sería la más afectada, pues la clase alta tiene mayor probabilidad de hallar la manera de eludir los impuestos.

En segundo lugar está la intensa competencia que existe a nivel internacional por atraer empresas. En este caso, México enfrenta una fuerte presión tras la reforma fiscal de Donald Trump en 2017, que logró reducir el ISR de las personas morales en Estados Unidos de 35% a 15% de sus ingresos, haciendo a ese país más atractivo para la industria privada.

El especialista menciona que hay otros rubros que sí podrían incrementarse, como el impuesto predial, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el mayor de todos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a una tasa del 18%, principalmente porque es el más sencillo de recaudar. Aunque, advierte Hernández, tiene el problema de afectar en mayor medida a los estratos más bajos y no es el más popular a nivel político.

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