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Gobierno de Nueva Escocia pelea venta de marihuana al narco

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Luis Moreno
Enviado, Canadá.— Nova Scotia Liquor Corporation (NSLC), una empresa del gobierno de la provincia de Nueva Escocia entró a competir y quitar de tajo parte de las ganancias por la venta y comercialización de marihuana al crimen organizado.

El plan de negocios de la empresa estatal también busca, junto con el gobierno canadiense, evitar en ese país que se gesten historias de grandes capos como Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien en México creó una red criminal debido la prohibición de enervantes.

Las Noticias llegó en pleno frío del norte a conocer como miles de canadienses acuden a las tiendas de la empresa del estado, quien tiene la única autorización para vender marihuana en esa isla ubicada en el Océano Atlántico. Así comienza la pelea por un nuevo mercado que deja miles y miles de millones de dólares.

La firma tiene experiencia en la venta de alcohol y es independiente en su gestión, hace seis meses tras la legalización de la cannabis para uso recreacional en Canadá, asumió la operación en la venta de un producto considerado por la Organización de las Naciones Unidas como una droga.

Al entrar en una de las tiendas de cannabis un oficial revisa la credencial de todos los curiosos y compradores para verificar que sean mayores de edad. Es un procedimiento con todos los visitantes independientemente si son nativos o extranjeros, puesto que ya se habla en Canadá del “weed tourism”, es decir las personas que viajan para tener experiencias relacionadas con la hierba.

—¿Qué recomienda para mi primera vez?—, le preguntan a una vendedora que orientan a los consumidores canadienses y extranjeros, quienes llegan en busca de lo que en sus países sólo es vendido en el mercado negro.

—Para su primer consumo puede recomendar pastillas para dormir, tienen una dosis baja, y puedes elegir entre varios sabores. Puede tomar una o dos píldoras antes de ir a la cama. Es un consumo muy seguro.

El producto ofrecido a cada consumidor cuesta 22 dólares, un frasco de plástico con 15 píldoras transparentes. Pero hay otras opciones como una cajetilla con tres cigarrillos, por 19.78 dólares; o incluso un frasco de aceite de 40 mililitros para diluir en bebidas, por 100 dólares, entre otras.

Hay filas largas de jóvenes y adultos en las distintas cajas de la tienda, algo como si estuvieras en un WalMart. Pero esto es solo una muestra de lo que ya está ocurriendo, el negocio de la legalización avanza a nivel global y está desplazando a las organizaciones criminales, de acuerdo con Euromonitor International, en 2018 la cannabis legal se convirtió en un mercado mundial de 12 mil millones de dólares con una tendencia de crecimiento que alcanzará los 166 mil millones para el 2025.

Este crecimiento del mercado legal significa quitarle al narcotráfico el 70 por ciento del negocio global que hoy ostenta. Esto debido a que personas que antes acudían en el anonimato e ilegalidad  a comprar esta droga ahora lo hacen en tiendas reguladas por los gobiernos federales y locales en Canadá, Uruguay y algunas entidades de Estados Unidos.

La legalización de la venta de marihuana llegó para quedarse en Canadá.

Además, debido a que se está debatiendo la legalización para uso recreacional o medicinal en otros países, entre ellos México, Euromonitor prevé que el mercado legal de cannabis crecerá más de mil 200 por ciento a nivel mundial en los siguientes siete años, muy por arriba en comparación con “las bebidas alcohólicas con un aproximado de 1.4 por ciento, y del tabaco con 1.2 por ciento”.

No obstante, Ken Lester, profesor en finanzas de la Universidad de McGuill, dice que el principal efecto económico positivo no está en las ventas que pueden obtener las empresas o los gobiernos, sino en los ahorros de los presupuestos públicos al dejar de perseguir, encarcelar y dar asistencia a los usuarios de los productos de cannabis.

“El beneficio económico más importante, y quizás más grande que todos los otros combinados, es el ahorro de no perseguir a los usuarios locales que nunca han hecho nada malo en sus vidas, y gastar fortunas en las cárceles o en asistencia social, ya que incluso cuando son liberados de la cárcel, no pueden encontrar trabajo debido al estigma del consumo”, señala en entrevista con Las Noticias.

“Obviamente es una gran preocupación en México”, dice el investigador, quien ve beneficios para el estado el quitarle a la mafia el negocio de producción y comercialización de marihuana.

Aunque el gobierno maneje los permisos y obtenga un porcentaje de las ventas, no espera que sea un gran impulsor de las finanzas públicas en el corto plazo, y que muchos de los empleos que genera este negocio son trabajos que previamente existían y que ahora sólo se están legalizando, expresa Ken Lester.

Existen en Canadá alrededor de 11 mil puestos de trabajo relacionados a la industria de la cannabis, de acuerdo con Statistics Canada. Por su parte, la consultora Deloitte señala que pueden sumar hasta 150 mil empleos a la economía cuando la industria alcance su desarrollo.

En general los trabajadores en esa industria reciben retribuciones ligeramente mayores al salario promedio nacional en Canadá, para ubicarlo en 29.5 dólares canadienses por hora.

No más “Chapos”

“Si el mercado de drogas es legal no habría historias como las del Chapo en México, no habría trabajo para él, todos los asesinatos relacionados, la violencia, las bandas, el crimen, no hubiera habido nada de eso”, señaló Stuart Mckeown, profesor del Canadian Language College (CLLC).

El profesor, que imparte clase de negocios, explicó que el primer aspecto positivo de que se legalicen los mercados de drogas es que el gobierno puede tener el control, eso implica saber quién la vende y la compra.

“Si existe un mercado ilegal tú no puedes saber quién está vendiendo y la está comprando, pero ahora en Canadá (tras la legalización de la cannabis) hay tiendas donde se vende la marihuana, se sabe quién compra y quién la vende, eso es más seguro”, subrayó Stuart Mckeown.

Explicó que otro aspecto positivo, y del cual puede aprender México, es el relacionado a la economía, puesto que el gobierno automáticamente se adueña del poder financiero que tienen las bandas criminales, lo cual puede destinar para impulsar el crecimiento, se crean empleos y se debilita a las bandas delictivas.

“Si el gobierno lo convierte en legal, el gobierno toma el dinero, y el criminal se vuelve pobre, dañas las organizaciones criminales, por eso en México sería significativamente positivo la legalización de la mariguana. Cada droga debería ser legal y tener reglas. Tener reglas es siempre mejor que no tener”, sentenció.

Hay sectores de la sociedad canadiense que no aprueban la legalización por varias razones, entre ellas, que los beneficios financieros no ayudarán para fortalecer la política de salud, explicó Melissa Mantifel, una joven graduada de la carrera de Ciencias Médicas y asistente educativo de la Universidad de Dalhousie.

“Muchas personas no están de acuerdo porque dicen que el gobierno solo hace esto para ganar dinero con los impuestos, pero no está destinado para la salud y el bienestar de los canadienses”, afirmó.

La joven comentó que, además, parte de la sociedad canadiense considera negativo la legalización de la droga, porque pareciera que el gobierno de Justin Trudeau está promoviendo el uso.

Si se analizan las cifras del propio gobierno de Trudeau, en el último trimestre del 2018, periodo en que se legalizó el uso recreativo, la población de Canadá que consumió productos de cannabis fue de 15.4 por ciento, esta cifra significó un aumento desde el 13 por ciento del trimestre previo cuando no era legal.

Además, Mantifel explicó, que si uno revisa la historia de la cannabis en Canadá, hace casi 100 años, su uso se volvió ilegal no porque fuera dañino sino porque era una droga usada por “las minorías pobres”, como los hispanos y afroamericanos-canadienses y la prohibición fue una forma de castigar a esos grupos sociales.

“La droga se hizo ilegal no porque fuera peligrosa, sino por el racismo en la política”, subrayó.

“Dentro de 10 años, la cannabis será una parte regular de las rutinas diarias. Desde un ingrediente funcional hasta un zumbido embriagador, el cannabis remodelará los bienes de consumo que se mueven rápidamente, con alimentos, bebidas, belleza, salud y tabaco”, señaló Zora Milenkovic, jefa de bebidas y tabaco de Euromonitor International.

El negocio de la legalización empezó en Canadá después de un álgido debate que duró alrededor de tres años en el parlamento canadiense, y donde desde el pasado 17 de octubre  de 2018 el uso recreacional de la cannabis es legal en todo el país.

El gobierno federal otorga los permisos a las provincias, quien a su vez establece asociaciones con empresas para producir, distribuir y vender los distintos productos hechos a base de cannabis, cada provincia opera mediante un modelo diferente.

El estado controla la venta de marihuana en Nueva Escocia.
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¿Por qué llaman ‘terrorismo fiscal’ a la reforma contra evasores?

Las nuevas reglas pueden llevar a un contribuyente a la cárcel por considerar que defraudó al fisco, aunque lo haga de forma involuntaria

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Los senadores del PAN y PRI buscan eliminar los delitos fiscales como amenazas contra la seguridad nacional

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador respaldó la aprobación en el Senado de las reformas que elevan la evasión fiscal al grado de delincuencia organizada. Pero no todos los actores políticos y económicos ven con buenos ojos a la iniciativa impulsada por Morena y sus aliados.

El pasado 10 de septiembre, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra de las reformas y las calificaron de “terrorismo fiscal“.

Votación del martes 10 de septiembre. Captura de pantalla de la página del Senado

Los legisladores de oposición no se oponen a combatir la defraudación fiscal, la defraudación fiscal equiparada y la expedición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas. Lo que quieren es eliminar la clasificación de estos delitos como amenazas a la seguridad nacional.

La senadora panista, Martha Cecilia Márquez, sostiene que al convertir estos ilícitos en amenazas a la seguridad nacional se puede aplicar el artículo 89 fracción VI constitucional, que faculta al Presidente de la República para disponer del uso de la fuerza con el fin de preservar la seguridad del país.

El Presidente también podría suspender o restringir garantías cuando considere que estos ilícitos perturban la paz pública, como lo autoriza el artículo 29 de la Carta Magna.

Senadora Martha Cecilia Márquez. Crédito: Grupo Parlamentario del PAN

Eliminar los delitos al fisco como parte de las amenazas de seguridad nacional fue objeto de la presentación de las reservas de los senadores Martha Cecilia Márquez, Gloria Núñez, Marco Antonio Gama, Minerva Hernández, Victor Fuentes Solís, Roberto Moya Cemento, Nuvia Mayorga y Sylvana Beltrones, de los grupos parlamentarios del PAN y PRI.

A las voces opositoras se unió Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien consideró un error equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada, así sea cometida por error involuntario.

“La forma en que están redactadas esas disposiciones pueden hacer que un buen contribuyente, de forma involuntaria, se resbale a una situación que puede considerarse defraudación fiscal”, advirtió.

Al calor de la discusión, el senador morenista Ricardo Monreal presentó una reserva para que los delitos contra el fisco sean castigados con prisión preventiva oficiosa y como delincuencia organizada sólo cuando el contribuyente haya adquirido, expedido, comprado o vendido un comprobante fiscal que supere los 7.8 millones de pesos.

Estos detalles se agregaron al dictamen enviado a la Cámara de Diputados. 

Sobre los castigos detallados en el Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimiento Penales, los años de prisión para quien enajene o expida comprobantes fiscales falsos pasaron de un rango de tres a seis años, a uno de cinco a ocho años.

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Evasión fiscal, inevitable choque de trenes a la vista

Los empresarios levantan la voz por la pretensión de Morena de legislar contra la evasión fiscal que ya alcanza los 500 mil millones de pesos anuales

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Empresarios consideran que es un exceso equiparar la defraudación fiscal al nivel de narcotráfico, trata de personas y terrorismo

La Cuarta Transformación tiene frente a sí el reto de ampliar su base tributaria y hacer cumplir las leyes en la materia si quiere obtener mejores resultados en el tema de la recaudación fiscal. Ello conlleva un inevitable choque de trenes entre el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y los grupos empresariales del país.

México ocupa el último lugar en recaudación de impuestos de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) gracias a los mecanismos de evasión y elusión fiscal empleados principalmente por los grandes contribuyentes.

Los ingresos tributarios de México entre 2013 y 2017 representaron en promedio 13.6% de su Producto Interno Bruto (PIB), esto es, menos de la mitad de la tasa promedio de recaudación de los países que integran el organismo (que fue de 33.4%).

La evasión y elusión de impuestos en México ocasionan pérdidas en la recaudación que oscilan entre 2.6 y 6.2% del PIB, de acuerdo con estimaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

La Dirección General de Finanzas de este instituto indica que entre 2014 y 2018 el monto de la evasión fiscal en México por facturas está calculada en 2 billones de pesos, es decir, un monto promedio anual de 500 mil millones de pesos.

El documento “Alternativas para reducir la evasión y elusión de impuestos de las empresas factureras o fantasmas”, señala que el uso de facturas apócrifas ha perjudicado las finanzas públicas y el bienestar económico, al reducir la disponibilidad de recursos que el gobierno puede orientar a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

La actual Legislatura del Senado comienza a dar señales de querer hacer algo contra la evasión fiscal. Se han presentado distintas iniciativas que pretenden elevar las penas a las empresas “factureras” o “fantasma”.

También busca tipificar a la defraudación fiscal como delincuencia organizada para que amerite prisión preventiva oficiosa, aunque esto preocupa a algunos especialistas que advierten sobre los riesgos de caer en el “terrorismo fiscal”.

Gráfico: Staf

Todos al ring

La iniciativa de Morena, presentada el pasado 12 de agosto, busca modificar los artículos 187, 167, 192 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

La propuesta tiene como objeto “considerar los delitos de contrabando y defraudación fiscal como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional, por lo que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

El rechazo de los empresarios a la propuesta de tipificar como delito grave la evasión es cada vez más evidente y contundente.

El titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, hizo un llamado para desecharla en su totalidad. En días recientes advirtió que si la iniciativa prosperaba, el único afectado sería el contribuyente.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la iniciativa convierte a la actividad empresarial en “riesgosa”.

Esta agrupación aglutina alrededor de 36 mil empresarios, responsables de generar 30% del PIB, y la preside Gustavo de Hoyos, personaje que se ha opuesto al gobierno de López Obrador.

“Las empresas formales, que generan empleos y pagan impuestos, enfrentan una grave amenaza a consecuencia de los cambios legales aprobados por el Senado al Código Penal, el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que cataloga los delitos fiscales como delincuencia organizada”, acusó la Coparmex en un comunicado de prensa.

El organismo asegura que es un exceso equiparar la defraudación fiscal al nivel de narcotráfico, trata de personas y terrorismo en general.

El sector patronal dice estar a favor del combate a la evasión y las operaciones con empresas fantasmas. Incluso, hasta que se aumenten las penas contra quienes incurran en esos delitos.

Lo que rechaza es “que se faculte a la autoridad a equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada, debido a que se corre el riesgo de que paguen justos por pecadores”.

En este contexto, el Instituto Belisario Domínguez, dependiente del Senado de la República, publicó el sábado pasado un estudio sobre el problema que significa la evasión de impuestos para las finanzas públicas.

Un día después el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó ante el Congreso de la Unión el paquete presupuestal 2020, que prevé aumentos en algunos impuestos que parecen estar en línea con su idea de promover una reforma fiscal que contendría las modificaciones legales para enfrentar el fenómeno de la evasión fiscal de los grandes contribuyentes.

Así evaden impuestos

Los grandes contribuyentes tienen distintas formas de pagar al fisco menos de lo que deben.

Una forma son las operaciones simuladas que consisten en generar facturas por intercambios comerciales que no se realizaron para posibilitar la reducción del pago de impuestos, ya sea por IVA, ISR o ambos.

Para evadir el IVA, los contribuyentes generan saldos a favor que compensan contra el mismo impuesto e incluso les permite solicitar la devolución de un IVA inexistente.

Para reducir el ISR declaran mayores gastos, lo que disminuye la base gravable de ese impuesto. En el extremo, las empresas declaran pérdidas para no pagar el ISR por varios periodos.

Y hasta diciembre de 2018, a través de la compensación universal, los grandes contribuyentes compensaban el IVA con el ISR y las retenciones a sus trabajadores.

Esta compensación se suprimió con la llegada de la administración de López Obrador y la aplanadora de Morena al Congreso.

Facturas apócrifas

El documento elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado señala que el uso de facturas apócrifas ha perjudicado las finanzas públicas y el bienestar económico de la sociedad, aquí algunos datos:

  • 8% del PIB representó para los países de la Unión Europea la evasión y elusión fiscal en 2013, aproximadamente un billón de euros.
  • 2.3% del PIB representó para Estados Unidos la evasión y elusión fiscal en 2013, equivalente a 385 mil de millones de dólares.
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La inversión privada en México peligra por nuevas leyes fiscales

Las nuevas iniciativas para combatir la evasión fiscal en México desincentivan la inversión privada, según la UNCTAD

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Las nuevas iniciativas para combatir la evasión fiscal en México están logrando un efecto negativo en el país, ya que desincentivan la inversión y pone a los empresarios nacionales y extranjeros a pensar mejor en como llevar a cabo sus inversiones productivas y de capital.

Esto ha generado que México baje su posición entre los mayores destinos de inversión extranjera directa, según señala la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), pasando del lugar 12 al 13.

La polémica la ha generado la llamada “Ley Armenta”, ya que al buscar regular la evasión fiscal, el lavado de activos, la simulación de operaciones y la corrupción —las cuales han generado un déficit enorme a las finanzas públicas en los últimos quince años— ahora busca incluir esos delitos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Esto significa que, de forma automática, dichos ilícitos se equiparan al terrorismo, al tráfico de armas y al contrabando, pudiendo generar una ficha internacional de búsqueda con ese status en contra de los empresarios.

Ningún empresario quiere ser tratado como narcotraficante o terrorista, que se le prive de su libertad y se le expropien sus bienes antes de iniciar un juicio, cuando se considere que su empresa incurre en algún delito fiscal, pues estos actos pueden ser ocasionados por un empleado o incluso un tercero que le entregue una factura falsa de la cual no sabía.

Esto no sucede en los países democráticos, en donde se debe buscar la recaudación fiscal, pero sin generar terrorismo de estado. Además, en un país donde los índices de corrupción y falta de estado de derecho se encuentran entre los más altos de América Latina, este tipo de esquemas puede ser utilizado para la extorsión o incluso la persecución política, lo que genera gran incertidumbre entre los inversionistas.

La OCDE y el FMI han recomendado impulsar políticas públicas recaudatorias con esquemas que amplíen la base gravable y enfocadas al desarrollo, en especial al proceso productivo que genera empleo. Por lo que deben evitarse los esquemas que afecten la base activa de tributación y enfocarse más en actividades de supervisión y auditoría, privilegiando el diálogo.

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