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NO FICCIÓN

El populismo y la polarización amenazan a América Latina: The Economist

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Fue una de las mayores olas de democratización de la historia. En 1977, todos menos 3 de los 20 países de América Latina eran dictaduras de una u otra clase. En 1990, sólo el estado civil de un solo partido en México y la cuba comunista sobrevivieron. Varias cosas están detrás del surgimiento de la democracia en la región. Uno fue el menguante de la guerra fría. Otro fue el fracaso económico de la mayoría de los dictadores. Y la democracia era contagiosa. Un país tras otro en América Latina echó raíces democráticas cuando el poder cambió de manos entre la derecha y la izquierda a través de elecciones libres.

La perspectiva es de repente mucho más oscura. Nicolás Maduro en Venezuela, como Daniel Ortega en Nicaragua, es un gobernante autócrata elegido originalmente como dictador. Se aferra al poder con el apoyo de Cuba a costa de destruir su país y desestabilizar a sus vecinos. Al menos 3.7 millones de venezolanos han huido del colapso económico y la represión; el crimen organizado y las guerrillas colombianas florecen allí. El despotismo familiar represivo en el que Nicaragua se ha degenerado bajo el señor Ortega y su esposa, Rosario Murillo, es casi tan desagradable.

Estos extremos autocráticos serían menos preocupantes si las elecciones en toda la región no muestran que hay signos claros de desencanto con la democracia en otros lugares. Las reglas electorales a veces son burladas y se socavan las instituciones independientes. Muchos votantes recurren a los populistas con poco compromiso con las restricciones al poder. Las partes del centro moderado se están debilitando o colapsando.

Urgencias desmesuradas

En una elección marcada por el fraude en Honduras, Juan Orlando Hernández, el presidente conservador, ganó un segundo mandato constitucionalmente dudoso en 2017. En Guatemala, que celebrará elecciones en junio, el presidente recientemente ordenó un cuerpo investigativo de la ONU sobre crimen organizado y corrupción que había ayudado a encarcelar a dos de sus antecesores. Evo Morales, un izquierdista que ha sido presidente de Bolivia desde 2006, buscará un cuarto mandato en octubre, también por razones constitucionales poco fiables. En el mismo mes, Cristina Fernández de Kirchner, una ex presidenta populista de Argentina que abusó de las instituciones de manera partidista y enfrenta cargos de corrupción, tiene la posibilidad de ser devuelta al cargo.

Y luego están los dos gigantes de América Latina: Brasil y México. Ambos han elegido presidentes que comparten una indiferencia populista por las normas, los controles y los equilibrios, y la tolerancia de los críticos que son necesarios para una democracia duradera.

La amenaza es más obvia en Brasil. Jair Bolsonaro, un capitán del ejército convertido en político de extrema derecha, se hizo cargo el 1 de enero. Un congresista de siete mandatos, Bolsonaro es un insider político en Brasil, pero nostálgico por el gobierno militar. Ocho generales se sientan en su gabinete de 22 integrantes y una mayor cantidad de oficiales ocupan puestos de segundo y tercer nivel. “La democracia y la libertad solo existen cuando las fuerzas quieren que lo hagan”, dijo en un discurso en marzo en una ceremonia militar. Esta será una noticia para Costa Rica. Se considera que su decisión de abolir a su ejército en 1948 lo ayudó a mantenerse en libertad. Incluso ordenó a las fuerzas armadas conmemorar un golpe militar en 1964, que él llama una revolución. Surgen evidencias que parecen mostrar vínculos entre la familia de Bolsonaro y las milicias paramilitares que operan en las favelas de Río de Janeiro.

Andrés Manuel López Obrador, un veterano populista de izquierda conocido como AMLO, ha alcanzado un tono más moderado en sus primeros 5 meses en el cargo. Los mexicanos aprueban abrumadoramente sus promesas de eliminar la corrupción y el crimen, así como su modesta forma de vida (viaja en clase económica en vuelos comerciales en todo el país). Pero hay señales de advertencia.

AMLO no es un fanático de los centros de poder independientes. Él nombró a sus propios “coordinadores” para supervisar a los gobernadores electos del estado, recortar los salarios de los jueces y funcionarios, nombrar aliados mal calificados a los organismos reguladores y dejar de otorgar fondos públicos a las ONG. También ha mostrado deferencia a las fuerzas armadas, colocándolas a cargo de una nueva Guardia Nacional, una fuerza de policía paramilitar, a pesar de la objeción del Senado. Un proyecto de ley para empacar la Corte Suprema terminaría su independencia. En marzo, la agencia tributaria amenazó al propietario de Reforma, un periódico crítico, con una investigación fiscal sobre el asunto aparentemente trivial de deber 12,000 pesos a partir de 2015.

Estos pasos, aunque algunos son a pequeña escala, provienen del manual populista de descalificar e intimidar a los oponentes, crear una clientela política y lo que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, de la Universidad de Harvard, han llamado “capturar a los árbitros” de la democracia. Las medidas también sugieren un retorno a lo que Enrique Krauze, un historiador, llama la “presidencia imperial” de México del pasado gobierno de partido único.

No toda la región está bajo amenaza. Chile y Uruguay, entre otros, aún disfrutan de una democracia estable, y la mayoría de los gobiernos siguen comprometidos con ese objetivo. La gente de la región no está tan segura. En 2018, Latinobarómetro, una encuesta multinacional, encontró que solo el 48% de los encuestados se consideraban demócratas convencidos, frente al 61% en 2010. Solo el 24% se declaró satisfecho con la democracia en su país, frente al 44%  en 2010 (ver gráfica 1). ¿Cómo cayó la democracia en tal desprestigio? ¿Qué tan grande es la amenaza para ella? ¿Y cómo pueden los demócratas contraatacar?

Gráfica 1. Porcentaje del déficit democrático en América Latina. Imagen obtenida de The Economist: https://econ.st/2VstLiE

Las señales de advertencia estaban claras. Por ejemplo, Eldorado, un extenso suburbio de São Paulo. En el auge de Brasil de 2005-2013, tenía esperanzas de convertirse sólidamente en clase media. Hace un año, a medida que se iniciaba la campaña electoral del país, la gente de Eldorado estaba harta de la creciente delincuencia, el desempleo y un sentimiento de abandono oficial. “Cuando salimos, no sabemos si regresaremos con vida”, lamentó Cleber Souza, el presidente de Sítio Joaninha, una ex-favela. En lo que había sido un bastión del Partido de los Trabajadores (PT) de izquierda, varias personas dijeron que considerarían votar por el señor Bolsonaro. “Es un grito de justicia de la sociedad”, dijo Anderson Carignano, dueño de una tienda de bricolaje. “La gente quiere un regreso al orden”.

Detrás del descontento se encuentra un cóctel tóxico de crimen, corrupción, servicios públicos deficientes y estancamiento económico. Con solo el 8% de la población mundial, América Latina sufre un tercio de sus asesinatos. En muchos países, el estado de derecho sigue siendo débil.

En la década de 1980, muchos de los nuevos gobiernos democráticos heredaron economías en bancarrota por el proteccionismo estatista financiado por la deuda. La adopción de reformas de mercado conocida como el “Consenso de Washington” proporcionó un modesto impulso al crecimiento. Los gobiernos democráticos ampliaron gradualmente la provisión social. Después del cambio de siglo, muchas economías se beneficiaron de un aumento en las exportaciones de minerales, petróleo y alimentos gracias a la gran demanda de China. La pobreza cayó dramáticamente, mientras que la desigualdad de ingresos disminuyó constantemente.

Se acabó el carnaval

El final del auge de los productos ha traído una corrección brusca. En conjunto, las economías de la región se expandieron a una tasa promedio anual de 4.1% entre 2003 y 2012; desde 2013, esa cifra se ha reducido a sólo un 1% lo que lleva consigo los ingresos per cápita (ver gráfica 2). Algunos países, principalmente en la costa del Pacífico, han tenido mejores resultados. Otros lo han hecho mucho peor. Brasil apenas se está recuperando de una profunda recesión en 2015-2016; Argentina está atrapada en un patrón de paro económico a largo plazo. México ha crecido sólo un 2% anual durante décadas.

Gráfica 2. PIB generado por persona, a escala de mil dólares, a precios del 2010. Imagen obtenida de The Economist: https://econ.st/2VstLiE

Las causas subyacentes incluyen una baja productividad, una regulación rígida, una falta de incentivos para que las pequeñas empresas se expandan o se vuelvan más eficientes, y estructuras políticas corruptas que se benefician del status quo. Durante un tiempo, una fuerza laboral en expansión vio crecer la región a pesar de los problemas. Esa bonificación demográfica ahora se gasta en su mayoría. En muchos países, la población en edad de trabajar comenzará a disminuir en los años 2020. A medida que las economías se debilitaron, la pobreza se ha incrementado y la disminución de la desigualdad de ingresos se ha desacelerado. Esto ha exacerbado una crisis de representación política existente.

Contra este paisaje sombrío, los males de la democracia en todo el mundo han tomado una forma aguda en América Latina. “Hay una especie de repudio de toda la clase política”, dice Fernando Henrique Cardoso, sociólogo y ex presidente de Brasil. Las estructuras políticas “no corresponden más al momento en que viven las sociedades”, agrega. Esto es en parte el resultado de la revolución de las comunicaciones digitales en la que las redes sociales han pasado por alto a los intermediarios. Las tradiciones políticas también juegan un papel.

América Latina tiene una larga historia de caudillos y populistas, a veces encarnados en la misma persona, como el peruano Juan Perón. La tradición del hombre fuerte surgió de largas y sangrientas guerras de independencia de hace dos siglos, y de las dificultades de gobernar grandes territorios, a menudo con terrenos desafiantes y poblaciones étnicamente diversas. Muchos países eran ricos en recursos naturales. Las sociedades latinoamericanas, en parte debido a los legados del colonialismo y la esclavitud, estuvieron marcadas por la extrema desigualdad de ingresos. Esa combinación de riqueza natural y desigualdad generó resentimientos que los populistas explotaron.

Pero hay otra tradición política en la región, una de reformismo democrático de clase media, perfeccionada en la larga lucha para convertir el constitucionalismo presente en el nacimiento de las repúblicas latinoamericanas en una realidad duradera. Durante varios de los últimos 40 años, esta corriente política estuvo en auge en muchos países. Ahora se ha puesto en duda la integridad y competencia de los políticos que la encarnaron.

Los votantes abandonaron los partidos dominantes como el PT brasileño y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México porque “eran hipócritas al hablar del interés público mientras miraban hacia adentro, se servían a sí mismos y eran corruptos”, dice Laurence Whitehead de la Universidad de Oxford.

La corrupción generalmente disminuye a medida que los países se hacen más ricos. Sin embargo, la política latinoamericana parece, para una región principalmente de ingresos medios, inusualmente sucia. Los estados de la región están marcados por una competencia reglamentaria excesiva, en la práctica, con un amplio poder discrecional para los funcionarios. El auge de los productos básicos significó más recursos que fluyen hacia los cofres estatales y, por lo tanto, más dinero para que los políticos roben.

La investigación conocida como Lava Jato (lavado de automóviles), originada en Brasil por sobornos por parte de Odebrecht y otras compañías de construcción en América Latina, ha expuesto la escala de la corrupción al público, lo que lleva a una percepción generalizada de que toda la clase política de la región es corrupta. De hecho, las investigaciones son una señal de cambio vencido. La impunidad tradicional de los poderosos en América Latina ha sido desafiada por el poder judicial independiente y el periodismo de investigación, ambos productos de la democracia. Brasil ha visto decenas de políticos condenados por cargos de corrupción. En Perú, cuatro ex presidentes han estado bajo investigación. Uno de ellos, Alan García, se suicidó el mes pasado cuando la policía llegó a su casa en Lima para encarcelarlo por presunta corrupción.

Fuera del centro

Irónicamente, los populistas no han sido afectados por el escándalo, ya sea porque controlan el poder judicial y los medios de comunicación o porque un halo del salvador de la gente los rodea. A menudo son los partidos centristas los que pagan el precio político. Eso es en parte porque han luchado para practicar un buen gobierno. El celo reformista de los primeros años de la ola democrática ha sido víctima de dos tendencias recientes en la política: la fragmentación y la polarización.

El nuevo Congreso de Brasil contiene 30 partidos, frente a los cinco en 1982. Los 130 escaños en el parlamento de cámara única de Perú se dividen en 11 grupos. En el parlamento colombiano, una vez dominado por liberales y conservadores, ahora hay 16 partidos. Incluso el sistema estable de Chile está comenzando a dividirse. Una razón es la combinación única e incómoda de América Latina de presidencias y legislaturas elegidas directamente por representación proporcional. El cambio de fiesta conlleva un bajo costo.

En algunos países, la política se ha convertido en una forma de hacer dinero o en un medio descarado para promover los intereses comerciales privados. De acuerdo con Alberto Vergara, un politólogo de la Universidad Pacífico de Lima, por ejemplo, en Perú, tales intereses a menudo se adhieren a los partidos, socavando la solidez del partido y el carácter representativo de la democracia del país.

Otro factor es que la antigua división izquierda-derecha ya no es la única división. Los conservadores evangélicos están rechazando el secularismo liberal en temas como el aborto y los derechos de los homosexuales. En Costa Rica, que tenía un sistema bipartidista hasta el cambio de siglo, un cantante evangélico cristiano de poca experiencia política anterior llegó a las elecciones presidenciales de segunda vuelta el año pasado (aunque perdió). Como consecuencia de la fragmentación, los gobiernos a menudo carecen de las mayorías necesarias para impulsar reformas impopulares pero necesarias.

Las recientes elecciones han visto un giro a la derecha en América del Sur y a la izquierda en México y América Central. En ambos casos ha implicado la alternancia de poder que es normal en las democracias. Pero el cambio ha estado acompañado de una polarización política extrema. Eso ha sido tanto causa como consecuencia del colapso del centro reformista moderado. Y se arriesga a hacer más inestable la política.

Sin embargo, hay algunos motivos para el optimismo. La democracia latinoamericana es más resistente de lo que pueden sugerir las apariencias externas. Los sondeos de opinión sugieren que sólo alrededor de una quinta parte de la cuarta parte de los latinoamericanos podrían recibir al gobierno autoritario. En algunos países los controles y balances proporcionan salvaguardas. En Brasil, por ejemplo, el gobierno del Sr. Bolsonaro es un surtido descompuesto de generales, liberales económicos y conservadores sociales. “Bolsonaro no es una fiesta, no es nada, es un estado de ánimo momentáneo”, piensa Cardoso, quien confía en la fuerza compensatoria de la legislatura, un medio de comunicación libre y organizaciones sociales. “Tienes que estar siempre vigilante, pero no creo que las instituciones aquí se embarquen en una línea autoritaria”.

En México, donde la oposición a AMLO es débil y los controles y balances sobre el poder ejecutivo son sólo incipientes, puede haber mayor motivo de preocupación. Pero la popularidad del presidente puede disminuir a medida que la economía se debilita. Y el centro no está muerto en todas partes.

Lucha por la búsqueda de la democracia en América Latina. Imagen obtenida de The Economist: https://econ.st/2VstLiE

En medio del polvo del colapso de los viejos sistemas de partidos, hay destellos de renovación democrática, liderados por una nueva generación de activistas. Hay “un ecosistema de nuevas políticas en Brasil”, explica Eduardo Mufarej, un banquero de inversiones que creó a Renova, una fundación de capital privado para capacitar a jóvenes líderes democráticos en política, ética y políticas. En las elecciones de 2018, corrieron 120 de los graduados de Renova (para 22 partidos diferentes). Diez fueron elegidos para el Congreso Federal y siete para las legislaturas estatales. Están tratando de convencer al público de que no todos los políticos son egoístas.

Una de ellas fue Tabata Amaral, una activista de 25 años para una mejor educación pública elegida como diputada federal para São Paulo. Ella movilizó a 5,000 voluntarios a través de las redes sociales; su campaña costó 1,25 millones de reales (320,000 dólares), recaudados a través de donaciones individuales. Para reducir costos, se ha asociado con otros dos graduados de Renova (en diferentes partidos) para compartir el personal del Congreso. Su primer contacto con el viejo orden fue encontrar que el apartamento que el Congreso le asignó en Brasilia fue ilegalmente ocupado por el hijo de un legislador de larga data, quien se negó a mudarse.

Julio Guzmán intentó postularse para presidente en Perú en 2016. Se vio frustrado cuando la autoridad electoral le impidió su candidatura por un tecnicismo. Ha pasado el tiempo desde que viajó por todo el país construyendo un nuevo partido centrista. Él insiste en que está involucrado en “una forma diferente de hacer política” en la que todos los miembros son examinados y las donaciones se harán públicas. Su fiesta en Morado está dirigida a “el nuevo peruano, que mira hacia el futuro, es emprendedor y de las clases medias emergentes”.

Polos opuestos

La polarización en la elección de Colombia el año pasado llevó a una segunda vuelta entre Iván Duque, el vencedor conservador, y Gustavo Petro, un izquierdista que hasta hace poco era fanático del venezolano Hugo Chávez. Pero también hay una demanda por una nueva política, piensa Claudia López, la vicepresidenta candidata del centrista Partido Verde (que casi no logró la segunda vuelta). La tarea, dice ella, es restaurar la confianza de los ciudadanos en los políticos. Eso implica en parte competir en el terreno emocional ocupado por los populistas. Pero también significa un enfoque diferente. “Ya nadie está interesado en ser miembro de una organización política jerárquica”, dice. “Aquellos de nosotros en los partidos tenemos que adaptarnos a las causas de los ciudadanos o estamos muertos”.

Estos son brotes verdes en un bosque de madera muerta. Pero son una señal del dinamismo de las sociedades latinoamericanas, el mayor activo de la democracia. América Latina sigue siendo la tercera región más democrática del mundo según el Índice de Democracia compilado por la Unidad de Inteligencia de The Economist. Las últimas cuatro décadas han creado una cultura de derechos ciudadanos y participación política. Pero las defensas de la democracia en América Latina son relativamente frágiles, como lo muestra Venezuela. Toda la evidencia es que los ciudadanos quieren un nuevo orden político, en el que los políticos estén más preocupados por los servicios públicos, la seguridad y el estado de derecho en lugar de llenar sus bolsillos. Y ellos lo quieren ahora.

Fuente original: “Populism and polarisation threaten Latin America”  Escrito por corresponsales de Brasilia y Lima para The Economist, Reino Unido.

https://www.economist.com/briefing/2019/05/11/populism-and-polarisation-threaten-latin-america

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Mujeres saldrán preparadas de las cárceles del Estado de México

Daniel Esquenazi, miembro de la Fundación B, dice que la oportunidad de autoemplearse en las cárceles del Estado de México reduce la reincidencia delictiva

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La Fundación Plan B apoya a las mujeres privadas de su libertad en las cárceles del Estado de México con talleres y capacitaciones para autoemplearse, con los cuales se reduce la probabilidad de reincidencia delictiva.

“Es primordial lograr una reinserción social exitosa enfocada en el desarrollo económico de estas mujeres y sus familias”, manifiesta Daniel Esquenazi, patrocinador de la Fundación B.

El empresario y arquitecto agrega que la oportunidad de autoemplearse y realizarse económicamente reduce la probabilidad de reincidencia delictiva.

El proyecto busca motivar, capacitar en diferentes oficios y emplear a mujeres privadas de su libertad con el objetivo de que a través de su trabajo y la transmisión de conocimiento, provean un sustento y un ejemplo para sus familias, agrega el empresario.

Actualmente, las mil 568 mujeres recluidas por el fuero común y las 144 por delitos federales en los centros penitenciarios del Estado de México estudian, reciben capacitación y ejercen alguna actividad ocupacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Uno de los proyectos impulsados por la Fundación B, que fue fundada por Tatiana Ortiz Monasterio, es la creación de talleres y bibliotecas dentro de las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Esa sala de libros se creó como un programa piloto, pues la intención es replicar en otras entidades la República Mexicana.

Sandra Paola González Castañeda, diputada de Morena, entregó 300 libros que fueron donados por los legisladores y personal de la Cámara de Diputados, como parte de la campaña “Dona un libro para una Mujer en situación de cárcel”.

El objetivo de la campaña es que las mujeres, que están privadas de la libertad en las cárceles del país y el Estado de México tengan un vínculo con la sociedad a través de las letras, agregó la legisladora, quien hizo una visita a mediados del año con Ortiz Monasterios.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que existe una falta de espacios destinados para actividades recreativas y productivas en los centros de readaptación social, lo que impide que estas mujeres tengan acceso a actividades encaminadas a la reinserción social.

“Mi objetivo es hacer de las cárceles femeninas lugares para aprender”, afirma Tatiana Ortiz Monasterio, fundadora de la Fundación Plan B, quien busca empoderar a mujeres privadas de su libertad en el Estado de México

La activista, quien es respaldada por empresarios, diputados de Morena y el gobierno del Estado de México, asegura que cada uno los talleres, cursos y capacitaciones enseñadas en los penales femeniles cuentan con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Todo lo que hagan, todo lo que aprendan y todos los cursos que tomen van tener sus diplomas”, concluye la comunicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana a un grupo de presas.

*Publicado originalmente en Cobertura 360

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Violencia sexual en escuelas: sin control y sin solución

De 2006 a 2019 se registraron 712 presuntos delitos sexuales en planteles de la UNAM, IPN, Bachilleres y Conalep, esto en la CDMX y su área conurbada. La cifra, sin embargo, es mucho mayor a lo que las instituciones reportan

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CU violencia sexual
La UNAM registra la mayor cantidad de delitos sexuales; las mujeres son las principales víctimas. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Desde el 23 de octubre, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán se encuentra en paro de actividades. En las bardas del exterior cuelgan mantas con mensajes que exigen la erradicación de la violencia sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), principal demanda del movimiento.

El día anterior, un grupo de estudiantes llevó a cabo un ejercicio llamado “tendedero de acoso”. En solo dos horas, el tendedero se llenó de 135 papeletas que denunciaban casos de acoso, hostigamiento, abuso sexual e incluso violación por parte de profesores, alumnos y trabajadores.

“Había un profesor que concentraba 23 de las 135 denuncias”, narra Laura, estudiante de Química y una de las voceras del movimiento. “Este profesor no solo hace a las alumnas comentarios como ‘compañera, siéntate acá, si no te repruebo’ o ‘por qué traes a tu novio’. Se han compartido casos en los que el profesor cita tarde a las compañeras, las toquetea o saca su miembro. También se le da mucho tomarle fotos a las alumnas y enviárselas”.

El profesor denunciado tiene más de 30 años dando clases en la FES pese a que sus agresiones son conocidas. “Estamos pidiendo la destitución de profesores y expulsión de alumnos que tengan denuncias formales ante la ley, porque no nos sentimos seguras”, demandan las alumnas de la institución.

La violencia sexual es uno de los principales conductas delictivas que afectan más a las y los estudiantes, no solo de la UNAM, sino de otras universidades y preparatorias públicas, de acuerdo con datos obtenidos vía mecanismos de transparencia. Esta es la última de tres entregas de una serie especial que aborda el tema de la violencia y la inseguridad al interior de cuatro de las principales instituciones públicas del nivel medio superior y superior en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y el Conalep.

LEE LA PRIMERA PARTE DE ESTA SERIE: Estudian entre robos, acoso, violencia, crimen, insultos…

Los delitos sexuales son, después del robo, la segunda clase de ilícitos que más se registran en las estadísticas oficiales de las cuatro instituciones educativas. En total, de 2006 a 2019 se reportaron 712 delitos sexuales al interior de sus instalaciones.

El acoso y el hostigamiento sexual sumaron 483 casos, es decir, siete de cada diez delitos sexuales registrados. El resto de los incidentes corresponden a casos de abuso sexual o violación (229 registros).

De los 712 casos registrados, en 607 las víctimas fueron mujeres (85%). También se registraron 12 delitos sexuales contra hombres y 93 en los cuales no se especifica el sexo de la víctima (estos últimos del IPN), por lo que el porcentaje de mujeres víctimas puede ser mayor.

De acuerdo con Adina Barrera, especialista en perspectiva de género y Miembro de la Red de Mujeres Estudiantes de Posgrados e Investigadoras de la UNAM, la violencia contra las mujeres dentro de las escuelas se debe a que la estructura social en la cual ellas son desvaloradas se replica en todas las instituciones sociales.

“En el ámbito educativo, la subordinación de las mujeres se refleja en que somos vistas como si fuéramos invasoras de un espacio que no nos corresponde. Entramos de manera tardía y masiva a las escuelas sin que hubiera una transformación de los principios que ahí regían. Esto provoca violencia contra nosotras”, considera Adina.

Suhayla Bazbaz, especialista en prevención de violencia escolar y directora de la organización de la sociedad Civil Cohesión Comunitaria, señala que el principal problema de la violencia sexual y de género en las escuelas es que “se sigue pensando que se trata de casos excepcionales. Las instituciones tienen que dejar de pensar en casos únicos y concebir el problema como un fenómeno generalizado, sistémico y transversal”.

Cifra negra

La UNAM es la institución que registró la mayor cantidad de presuntos delitos sexuales al interior de sus escuelas. Esto no necesariamente significa que sea la institución con mayor incidencia porque los registros entre instituciones son muy dispares: algunas intentan ser más transparentes mientras que otras más bien parecería que minimizan u ocultan el problema.

Un ejemplo es el Colegio de Bachilleres, que solo registró tres casos de presunto acoso u hostigamiento sexual de 2006 a 2019. No obstante, frente a los casos casi inexistentes en las estadísticas institucionales, durante los meses de septiembre y octubre los estudiantes de distintos planteles en la Ciudad y el Estado de México conformaron un movimiento estudiantil para denunciar la inseguridad y violencia en sus planteles. Una de sus demandas es la erradicación del acoso sexual en las escuelas, especialmente por parte de los docentes.

Un profesor de Física del Colbach Plantel 5 ha sido acusado de acoso sexual por al menos tres jóvenes. Belena “K” ahora tiene 21 años. Hace cinco, ese profesor la acosó. “Me saludaba de una forma que me hacía sentir incómoda. En una ocasión, cuando todos se fueron del salón, yo le dije si podía entregar un proyecto para pasar porque no pude acudir a una actividad que dejó. Me propuso arreglarnos de otra forma y me miró el cuerpo”.

Otra ex alumna, Belén José, denuncia que hace cuatro años el mismo docente pidió a una de sus amigas que se quedara al finalizar la clase: “mi amiga salió muy asustada y nos contó que el profesor le empezó a acariciar la pierna y se le insinuó. Ella no quiso denunciarlo porque tenía miedo a represalias”.

Un tercer testimonio, realizado de forma confidencial, describe una situación similar con el mismo profesor ocurrida este año. Aunque la alumna denunció el caso, la dirección del Plantel 5 no sancionó al maestro.

“Al final de clase me pidió que me quedara. Entonces me abrazó y me dijo que si quería que me pasara con diez todo el semestre, lo podría hacer sin dinero. No accedí, él me sujetó muy fuerte del brazo y me dijo que me haría difícil el semestre”

ALUMNA DEL PLANTEL 5 DE BACHILLERES

El Colegio de Bachilleres declaró a Las Noticias que en esa escuela “no se tiene registro alguno de queja sobre acoso, hostigamiento o insinuaciones de índole sexual de algún profesor con el nombre referido”. La institución asegura que el director del plantel no ha recibido queja formal o informal sobre el tema, ni las oficinas generales del Colegio.

Sobre el fenómeno de la violencia sexual, las autoridades de la institución reconocen que sí existe en sus planteles y oficinas y que una de las medidas que han instrumentado es un buzón electrónico de quejas, además de seguir el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (publicado el 31 de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación).

La institución asegura que, conforme al Protocolo, se designaron a personas consejeras que reciben y dan atención a las denuncias en los 20 planteles de la Ciudad de México y su zona conurbada. Sin embargo, Diego “S”, vocero del movimiento estudiantil, indica que cuando las estudiantes denuncian, los consejeros generalmente no hacen nada y solo les piden ignorar a los maestros acosadores.

Respecto al buzón de quejas, la investigadora Suhayla Bazbaz señala la necesidad de contar con mejores mecanismos de denuncia y reporte en las escuelas. “Los buzones del tipo ‘presente su queja y nos comunicamos no son suficientes’. Necesitamos saber quiénes toman las decisiones, quiénes son los comités de ética (establecidos en el Protocolo referido) y qué pasa con las denuncias”.

Violencia sexual protesta UNAM
Carteles de manifestación de alumnas de la UNAM en Rectoría 21 de octubre. Crédito: Mariana Betanzos

No solo los profesores, también los alumnos

Los estudiantes también son perpetradores de violencia sexual y de género. Varias jóvenes entrevistadas por Las Noticias dieron testimonios de agresiones sexuales por parte de compañeros, parejas o exparejas. Marisela, estudiante de Química de la FES Cuautitlán, narra que un compañero la acosó durante todo el año 2018.

“Cada que podía estaba pegado a mí. Me quería acompañar diario a mi casa, aunque le decía que no era necesario. Al principio lo agradecía pero luego ya era hostigante, se volvió aterrador. No permitía que ningún otro compañero estuviera cerca de mí. Intentaba tener mucho contacto físico conmigo. Una vez me hizo ‘cosquillas’ y me dejó rasguños en el cuerpo. Yo tenía miedo de que me fuera a hacer algo y hasta tuve pesadillas, porque además vivo sola”, recuerda Marisela.

Paulina, estudiante de la Escuela Superior de Turismo del IPN, relata lo siguiente. “Cuando llegué a quinto semestre, un compañero comenzó a ser muy insistente en salir conmigo. Yo tenía novio e incluso empezó a amenazarlo de muerte. El chico robó mi celular de mi mochila y me amenazó con subir a las páginas de la escuela mis fotos íntimas. Al externar eso a la escuela, me mandaron a levantar denuncias y me dieron medidas de protección en el Ministerio Público, pero las autoridades no las acataron y dijeron que era mi culpa por tener esas fotos.

“Una vez en el área de fumadores, el acosador me quitó mi cigarro de la mano y me lo aventó en la cara. En la subdirección se me recriminó a mí por fumar ‘porque eso no es de señoritas’. La situación llegó a tal grado que en agosto del año pasado mi agresor me sacó del salón jalándome del cabello”. La joven asegura que las autoridades de su escuela no la protegieron, sino que la han revictimizado y solo le han propuesto como ‘solución’ darla de baja temporal.

LEE LA SEGUNDA PARTE DE ESTA SERIE : Porros, un mal de 90 años que nadie ha podido (o querido) erradicar

No solo las alumnas, también las trabajadoras

Elena —nombre que se le da para proteger su identidad— era auxiliar de intendencia en el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 2008. En 2011 comenzó a sufrir hostigamiento laboral por parte del Jefe de Servicios del recinto. El hostigamiento laboral luego se convirtió en abuso sexual.

“Me ordenaba que llegara muy temprano. Una mañana, a las siete, me acuerdo de la hora, yo estaba haciendo los baños de mujeres. Él entró al baño, me arrojó el papel en la cara, me dijo groserías, me agarró y empezó a tocar mis partes. Fue algo muy doloroso porque le pedí que no lo hiciera y no se detenía”

ELENA, ex TRABAJADORA DE LA UNAM

Al agresor se le dictó una sentencia de nueve años de cárcel, pero no se cumplió. “Se amparaba y pagaba a cambio de no cumplirla. Después me cambiaron a la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria y él enviaba a miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNAM para amenazarme con golpearme a mí y a mi hermana si no dejaba de proceder en su contra. Entré en una fuerte depresión, me quería suicidar”.

De acuerdo con los registros de la UNAM, de 2006 a 2019 se registraron 102 presuntos delitos sexuales contra trabajadoras y trabajadores de la institución. Después del alumnado, son las siguientes víctimas de delitos sexuales dentro de la Máxima Casa de Estudios.

La investigadora Adina Barrera menciona que las mujeres más vulnerables de estas agresiones son las trabajadoras que hacen la limpieza. “Por la posición que ocupan socialmente, no tienen una red de apoyo y se tienen que someter a prácticas de sus compañeros”, denuncia la experta.

Elena fue víctima de abuso sexual en el Palacio de Minería, instalación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO

Violencia que arruina vidas

Sandra —nombre ficticio para proteger su identidad— era estudiante en el Posgrado de Geografía de la UNAM. Había entrado al doctorado muy entusiasmada cuando el tutor de su proyecto comenzó a acosarla y hostigarla sexualmente en 2016.

“Me condicionó la asesoría a tener relaciones sexuales. Me dijo que en un congreso internacional estaríamos siete días en postura de misionero. Me quedé en shock y me negué”

SANDRA, ESTUDIANTE DE POSGRADO DE LA UNAM

A partir de entonces, el profesor comenzó a agredirla verbalmente. “Me gritaba, me faltaba al respeto, empezó a desvalorar mi trabajo. Hubo una violencia psicológica muy fuerte hasta que un día me amenazó. Me dijo: ‘vas a ver cómo te va a ir en la evaluación”.

El docente comenzó a impedir la comunicación de Sandra con sus cotutores y a decirles que era mala estudiante. “Me decía que él tenía el poder de hacer que me sacaran del doctorado si no hacía lo que me pedía”. Y así pasó.

El profesor la evaluó dos semestres consecutivos con cero y a pesar de que ella presentó evidencias de su trabajo, estas no fueron revisadas por la coordinadora de posgrado, quien se inclinó por el agresor. Esta evaluación derivó en que se le diera de baja definitiva del doctorado. No solo eso. Ahora debe más de 200 mil pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la beca que se le había otorgado. “Ante ellos yo soy una mala alumna que incumplió, aunque toda mi vida he sido estudiante de excelencia”.

En 2016, la UNAM emitió el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. Esto animó a Sandra a denunciar la situación que vivió, pero la realidad fue muy diferente a lo plasmado en el papel.

“Claramente no hay una instancia de investigación adecuada. Las oficinas jurídicas no trabajan con perspectiva de género porque no están preparadas”, dice Sandra. “Al momento de la investigación derivada de la aplicación del Protocolo, valió más el dicho del tutor de que yo era mala estudiante, pese a que pedí que se revisara el trabajo que había hecho”. Al final, el profesor no recibió ninguna sanción y ella se quedó sin doctorado.

“Me enfermé. Estaba en un estado psicológico terrible, yo me quise suicidar. En algún momento tuve temor de que ese hombre me matara”, acusa Sandra. Desde entonces acude a terapia psicológica y llegó a necesitar medicamentos psiquiátricos.

“Me he tardado mucho en asimilar que mi proyecto de vida haya sido destruido así, porque además el tema que investigaba es muy especializado y se trabaja en pocas universidades. Es como si me hubieran quitado un brazo, una parte de mí”.

Adina Barrera considera que las instancias encargadas de investigar los delitos sexuales tienden a revictimizar a las mujeres que denuncian. En los casos que ella ha acompañado hay ocasiones en que “el tribunal universitario ha preguntado a las víctimas si acostumbran a no dormir en su casa o andar afuera a altas horas de la noche”.

Violencia sexual UNAM
Protesta contra la violencia sexual en la UNAM, 2018. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Medidas insuficientes

De acuerdo con Adina Barrera, los casos de violencia sexual al interior de las escuelas tienen un común denominador. Las instituciones públicas no están obligadas a cumplir con un marco legal que garantice a las mujeres una vida libre de violencia.

“Hay una necesidad de armonizar los marcos legales de las instituciones con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los marcos internos de las escuelas no hablan de derechos humanos, mucho menos de perspectiva de género. Ha habido intentos de protocolos, pero no están funcionando”, opina Adina.

La investigadora expone diversas críticas al Protocolo de la UNAM, que es el parteaguas de los protocolos que han surgido en otras instituciones. Una de esas críticas es que plantea la conciliación, bajo el nombre de “proceso alternativo”.

“El sentar a la víctima y al victimario está prohibido por mecanismos de derechos humanos porque se reconoce que hay un factor de poder de género. En el caso de profesores, porque además hay una serie de poderes que lo invisten en la institución”, explica.

A partir de la colaboración con colegas de otras universidades como el IPN, Barrera sostiene que las instituciones educativas han ocultado los casos que tienen que ver con violencia de este tipo y considera urgente una política integral para atacar la cultura de violencia de género en las escuelas.

“Hace falta la generación de instrumentos para prevenir, atender, investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia en universidades”, menciona.

La falta de aplicación de sanciones a agresores sexuales es otro problema. O las sanciones no se encuentran claras en los marcos internos de las instituciones educativas, o no son aplicadas. “Hay sanciones en las que solo se establece una semana de suspensión sin recibir pago. Nosotras pedimos la destitución de profesores o expulsión de alumnos agresores. Hay casos de profesores que cuando están en medio de un proceso de investigación por una denuncia de violencia sexual, renuncian y se van a otras escuelas”, narra Barrera.

Suhayla Bazbaz coincide en que no se están aplicando las sanciones necesarias y añade que “pedir renuncia no es una sanción suficiente. Tiene que haber un comunicado formal de que la institución hizo la investigación, que se hizo un esfuerzo por identificar más casos, se acompañó en la parte legal y hubo reparación del daño a las víctimas”.

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NO FICCIÓN

Aprobación de Andrés Manuel López Obrador cae: Consulta Mitofsky

De acuerdo con Roy Campos, el presidente de México está ‘atorado’ en el “AprobAMLOmetro” debido a los estragos en el tema de la inseguridad

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Andrés Manuel López Obrador
Cada vez que AMLO habla sobre inseguridad o migración, su popularidad baja

Tras los sucesos relacionados con la captura y liberación de Ovidio Guzmán, la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha bajado ligeramente.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, afirma que el operativo fallido, así como los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, tras la captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, afectaron la popularidad de la llamada 4T por parte de los mexicanos.

Campos informó que “el día 22 de octubre la popularidad de AMLO estaba en 63% y al final de octubre estaba en 60%; en esos días cayó tres puntos, eso quiere decir que sí hay afectación, y hoy no ha podido levantarse, está en su punto más bajo”.

Cuando la encuestadora inició el tracking poll (encuesta de seguimiento diario), el 14 de abril de este año, la aprobación del presidente López Obrador era de 67.8%. Campos señala que cada vez que el mandatario habla de inseguridad o migración, su popularidad baja. “Son temas de los que no le conviene hablar”.

Sobre las razones de esta caída en el AprobAMLOmetro, el director de Consulta Mitofsky explicó que los mexicanos reprueban las decisiones relacionadas con la captura de Ovidio Guzmán.

Sin embargo, el especialista aclara que la manera en la que el mandatario se ha referido a su estrategia ha sido “comprada” por los mexicanos. “Ellos (AMLO y su gabinete) se niegan a una política de exterminio, así es como han utilizado esa palabra (exterminio), por eso la gente se las compra”.

Respecto a la estrategia de López Obrador para combatir la inseguridad, Campos declara que se basa en dos pilares: la visión de programas sociales para atacar las causas de la inseguridad y la presencia permanente de la Guardia Nacional donde hace falta.

“La estrategia de AMLO no es decir ‘vamos a agarrar a tal capo’, sino la humanista, que es la que López Obrador plantea como el gran cambio. Él cree que la inseguridad se acaba atendiendo las causas y que hay que tener presencia permanente para inhibir al crimen en donde hace falta.”

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky
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