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Corrupción: el mal que puede ‘echar a perder’ la 4T de AMLO

Las Noticias te presenta el balance del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de combate a la corrupción

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Carlos Lomelí Bolaños es uno de los señalados por corrupción en la era de la 4T. Crédito: Misael Valtierra / CUARTOSCURO

Dice el refranero popular que en todas partes se cuecen habas y esto aplica también para Morena, el partido que Andrés Manuel López Obrador fundó y que lo llevó al poder.

AMLO enarboló el combate a la corrupción como su bandera de campaña y de gobierno. Llegó a la Presidencia prometiendo que no habría más corrupción y que limpiaría al gobierno “como se barren las escaleras”: de arriba para abajo.

A escasos días de cumplir nueve meses efectivos de mandato y presentar su Primer Informe de Gobierno, son al menos ocho los políticos y empresarios investigados o procesados por presuntos actos de corrupción en sexenios pasados. Sin embargo, la 4T que encabeza no ha estado exenta de escándalos en este corto tiempo.

Tres miembros de Morena han sido señalados por presuntas irregularidades en su desempeño como servidores públicos. Es el caso del ex súper delegado federal en Jalisco Carlos Lomelí Bolaños; el diputado federal Sergio Mayer Bretón y el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdéz.

En conferencia mañanera del 28 de agosto de 2019, López Obrador señaló que si Morena se “echa a perder”, no sólo renunciaría al partido sino pediría que cambie de nombre.

“Si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no sólo renunciaría a él sino me gustaría que le cambiaran de nombre… porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, entonces no se debe de manchar”, sentenció.

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Los ‘peces gordos’ que ya han caído (o pueden caer)

Aunque la política anticorrupción de AMLO ha tenido diversos matices, permanece como uno de los pilares fundamentales de la 4T.

En septiembre de 2018, ya como presidente electo, AMLO dijo: “nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente, de que había actos espectaculares, se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, a cinco como chivos expiatorios y luego le seguían con la misma corrupción”, según consignó el portal digital Animal Político. El mandatario también señaló que las investigaciones corresponden al Poder Judicial, y no al Ejecutivo.

Para julio de 2019, López Obrador cambió de parecer y sentenció que no sólo no iba a haber corrupción, sino tampoco impunidad. “No (vamos a) solapar actos de corrupción, no somos tapadera”, indicó el tabasqueño.

Emilio Lozoya, extitular de Pemex y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, involucrados en casos de corrupción. Crédito: Archivo Juan Pablo Zamora / CUARTOSCURO

A la par de este cambio en el discurso, ocho políticos y empresarios de sexenios pasados han empezado a ser investigados por el gobierno lopezobradorista. Ellos son:

1. Rosario Robles. Fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con Enrique Peña Nieto. Está vinculada a proceso por uso indebido de recursos. Fue acusada de participar en el esquema de la llamada Estafa Maestra: un desvío de 5 mil millones de pesos a través de la contratación de universidades y empresas fantasma por servicios no realizados. Actualmente se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Su defensa está por interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2. Emilio Lozoya Austin. Fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio peñista. Ha sido relacionado con el caso de la adquisición de una planta de fertilizantes (Fertinal) en una operación irregular, pues se compró la empresa a un precio muy alto a pesar de su poca capacidad. También está vinculado por recibir sobornos millonarios de la empresa Odebrecht.

3. Alonso Ancira. Por el mismo caso de Lozoya (Pemex-Odebrecht) se ha detenido al dueño de Altos Hornos de México, quien permanece en España. Se le acusa de triangulación de recursos y pago de sobornos.

4. Juan Collado. Ha sido abogado de figuras priistas como Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps y el panista Diego Fernández de Cevallos. Es acusado de participar en la venta simulada de un terreno en el estado de Querétaro en 2015. Actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México enfrentando cargos por lavado de dinero.

5. Carlos Romero Deschamps. El dirigente petrolero es señalado de diferentes delitos como fraude, lavado de dinero, corrupción y huachicoleo. Sin embargo, no ha habido una orden de arresto formal.

6. Eduardo Medina Mora. Al ministro de la Suprema Corte de Justicia se le señala por la existencia de pagos millonarios y transferencias de recursos a Gran Bretaña y Estados Unidos, que no corresponden con los ingresos reportados de su puesto ni aparecen en sus declaraciones patrimoniales.

7. Eduardo León Trauwitz. El exsubdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex es investigado por ser parte del robo de combustible, conocido como “huachicol”. En junio de este año se le retiró la suspensión definitiva, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) puede detenerlo.

8. Alberto Elías Beltrán. El titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) está acusado de lavado de dinero. Las operaciones en las que participó, junto con su esposa Marcela Kuchle, ascienden a casi 100 millones de pesos, dinero que recibió de distintos despachos de abogados.

Rosario Robles
Rosario Robles ha sido una de las principales señaladas en casos de corrupción por la 4T. Crédito: Hilda Ríos / CUARTOSCURO

En Morena también se cuecen habas

Morena no ha estado exento de escándalos de corrupción en los nueve meses que lleva gobernando.

Está el caso de Carlos Lomelí Bolaños, quien tuvo que renunciar el pasado 12 de julio como súper Delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Jalisco, luego de ser publicada una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El trabajo periodístico daba a conocer que Lomelí tenía relación con una red de empresas que venden medicamentos al gobierno federal, mismas que han sido denunciadas por comerciar a sobreprecios.

Tan sólo una de estas empresas, la Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, suma más de 164 millones de pesos en contratos con la actual administración. La investigación sobre el caso está en curso.

En reiteradas ocasiones, el presidente López Obrador ha hablado de “la separación del poder político del económico” como una forma de acabar con la corrupción.

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Otro caso reciente es el de Sergio Mayer Bretón. El titular de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados ha sido acusado por la diputada Inés Parra de recibir sobornos por cada iniciativa. Estos “moches” ascenderían al 30 por ciento de cada proyecto. Parra aseguró tener testimonios, mientras que Mayer dijo que a él no le tocaba manejar recursos.

Finalmente está el caso de Jaime Bonilla Valdéz. El gobernador electo de Baja California ganó por un periodo de dos años. Sin embargo, el Congreso estatal amplió su mandato a cinco, modificando el artículo 8 transitorio de la Constitución local.

El todavía gobernador Francisco Vega decidió no publicar la reforma en el Periódico Oficial, además de que el PAN acusó a todos los que aprobaron la iniciativa de realizar un acto de inconstitucionalidad.

Amigas y amigos, les comparto el siguiente posicionamiento:EL GOBERNADOR KIKO VEGA NO PUBLICARÁ LA REFORMA QUE AMPLÍA…

Posted by Kiko Vega on Tuesday, July 9, 2019

‘Arrancar de raíz la corrupción’

En julio de este año, AMLO dijo en su discurso: “este mismo año terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto”, como parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México y del Plan Nacional de Desarrollo.

A esto se suman tres hechos:

  • De los siete compromisos (de 100 en total) relacionados con la corrupción, que la mencionan o vinculan, seis han sido cumplidos y solo uno está en proceso, según la página web del presidente.
  • El 25 de agosto de 2019, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, dio a conocer que entre diciembre 2018 y julio 2019 se han recibido más de 23 mil denuncias, se han levantado mil investigaciones y se han sancionado a mil 400 funcionarios, destacando 100 destituciones y 183 multas económicas.
  • Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que los casos de Robles, Lozoya y Collado están siendo considerados para el expediente sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto. “Yo creo que todo apunta (a él) pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación”, declaró.

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Los linchamientos en México crecieron 305%… en 4 años

Un informe reciente de la CNDH revela que entre 2015 y 2018 ocurrieron 336 casos de linchamiento, con 561 víctimas

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Linchamientos México
Vecinos de Iztapalapa colocan mantas advirtiendo que serán linchados quienes sean sorprendidos robando. Foto: Saúl López /CUARTOSCURO

Una horda enardecida propina una paliza a los sospechosos que aún no han sido juzgados por la ley. Algunos no han tenido la suerte de probar su inocencia y en el acto pierden la vida; otros han vivido para contarlo, pero en ambos casos se encontraban en medio de un linchamiento. ¿Quiénes son los culpables de dichos actos? Fuente Ovejuna: quizá todos los presentes.

Según el “Informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional” que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los linchamientos en México van al alza desde 2015.

El órgano autónomo contabilizó 43 casos reportados en la prensa ese año. En 2016 fueron 59, en 2017 se registraron 60 y 2018 cerró con 174. En total: 336 hechos violentos.

Es decir, que los linchamientos se multiplicaron 305% en un lapso de apenas cuatro años.

“Los linchamientos son actos ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país”, indica el informe.

Añade que ocurren como consecuencia de la desconfianza en el sistema de justicia y la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley. Es entonces cuando los ciudadanos deciden tomar la justicia por propia mano.

El análisis presentado en mayo pasado estudia los linchamientos ocurridos hasta 2018. Sin embargo, en los primeros cinco meses de este año ya se acumulan 67 casos más.

Los linchamientos recopilados por la CNDH se focalizan en 188 municipios del país. Los que más eventos registran son Ecatepec, con 28; Puebla, con 13; Cárdenas, en Tabasco, con 10; Iztapalapa, con ocho y Naucalpan con siete.

Crédito: Staff

El informe indica que el robo es el motivo más frecuente para iniciar un linchamiento. 69% de los 336 casos registrados entre 2015 y 2018 se dio contra presuntos ladrones, 11% contra presuntos secuestradores, 7% contra probables agresores sexuales y el resto contra otra clase de delincuentes.

“El alto porcentaje que presenta el robo, se debe a que en este tipo de delitos es más factible atrapar a la persona en flagrancia, es decir, en el momento justo de la comisión del delito o bien con la evidencia en mano”, indica la Comisión.

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Los linchados

Los 336 casos revisados por la CNDH involucran a 561 víctimas: 523 hombres y 38 mujeres.

Dos de cada diez murieron durante el linchamiento y los otros ocho fueron liberados o rescatados.

Linchamientos México
Intento de linchamiento a un presunto asaltante en la comunidad de Acuitlapilco, Tlaxcala, en diciembre de 2018. Foto: Joaquín Sanluis /CUARTOSCURO

El artículo 17 constitucional establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Quienes cometen un linchamiento, violan la ley.

Sin embargo, en los últimos años se han acentuado los hechos de violencia colectiva en diversas regiones del país. Cada vez son más los que deciden hacer justicia por propia mano sin que haya una consecuencia penal efectiva que inhiba la repetición de estos actos.

Los linchamientos pueden ser calificados como homicidio calificados, pero la acción colectiva hace que resulte más difícil que alguien levante una denuncia o que se compruebe quién fue el que inició el acto violento.

Motivaciones

Las personas que promueven el linchamiento son motivadas por una realidad o un rumor y, como señala Carlos Monsiváis, “las masas cobran el poder que les da la pérdida del rostro individualizado”. Eso sin contar que los linchados tienen menos posibilidades de salir ilesos del suceso.

El caso más emblemático de un linchamiento en Ciudad de México ocurrió en el año 2004, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac. Dos elementos de la Policía Federal fueron quemados vivos y uno más herido gravemente durante un tumulto.

Linchamiento Tláhuac 2004
Integrantes de la Policía Federal Preventiva realizan una guardia en los féretros de sus dos compañeros que fueron linchados y quemados por vecinos de la delegación Tláhuac. Foto: Eunice Adorno/CUARTOSCURO

El último intento de linchamiento que se registró en la capital fue a inicios de septiembre. Ocurrió en la alcaldía de Cuajimalpa.

Un hombre fue retenido por pobladores de la comunidad San Pablo Chimalpa luego de ser acusado de robarse el dinero de las limosnas en una iglesia. El supuesto ladrón fue sometido por los vecinos.

Tuvieron que llegar elementos de la Procuraduría General de Justicia de CDMX para rescatar del linchamiento al indiciado y tras asegurarlo, se inició una carpeta de investigación por el delito de robo.

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Estas son las 10 colonias de CDMX con más suicidios

La mayor incidencia de suicidio en la capital se presenta en jóvenes de 21 a 25 años

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Suicidio en Metro Oceanía
Suicidio en el Metro Oceanía el 29 de abril de 2019. Es uno de los 323 casos registrados en la primera mitad del año en CDMX. Foto: Armando Monroy /CUARTOSCURO

De enero a julio de este año, la Procuraduría General de Justicia de la capital inició 323 carpetas de investigación por suicido, de acuerdo con estadísticas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Son cinco alcaldías las que concentran la mayor incidencia: Iztapalapa, con 66 casos; Gustavo A. Madero, con 37; Cuauhtémoc, con 27 y Álvaro Obregón y Coyoacán, con 25 cada una.

Las colonias en la capital mexicana con más casos de suicidio son Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa, con cinco reportes cada una.

Con cuatro casos, les siguen las colonias Centro y Peralvillo, en Cuauhtémoc, San Miguel Teotongo, en Iztapalapa y San Nicolás Totolapan, en Magdalena Contreras.

El top ten lo completan las colonias Narvarte, en Benito Juárez; Doctores, en Cuauhtémoc; CTM Culhuacán sección VII, en Coyoacán y Cerro de la Estrella, en Iztapalapa.

Las cifras revelan también que 76% de las víctimas son hombres y 23% mujeres. El 1% restante de los casos corresponde a niños menores de 5 años.

La mayor incidencia en Ciudad de México se presenta en jóvenes de 21 a 25 años, con un 17%.

En cuanto a formas más comunes de quitarse la vida, en 27% de los reportes se empleó la ingesta de pastillas, en 13% el ahorcamiento y en 10% se cortaron las venas.

En lo que va del año, el Consejo Ciudadano ha atendido 15 casos de intentos de suicidio en las estaciones del Metro, mismos a los que se les ha dado seguimiento, reportó su titular, Salvador Guerrero Chiprés

“En lo que va del año hemos atendido a 15 personas que han tratado de suicidarse en el Metro. Tenemos dos espacios aquí en la planta baja, donde hay una oferta de atención de emergencia, una de tratamiento posterior y una de seguimiento”, detalló Guerrero Chiprés durante la conferencia “Di sí a la vida”, en el marco del Día Internacional contra el Suicidio.

Aunque no hay un motivo específico para que una persona atente contra su vida, Guerrero Chiprés agregó que las principales causas que motivan el suicidio son la falta de empleo, el luto y padecer una enfermedad mortal.

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes a 2016, la Ciudad de México tiene una tasa de 4.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, ocupando el lugar 24 entre los estados del país.

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CNDH denunciará a 6 marinos por homicidio de un menor en Guerrero

El órgano autónomo emitió una recomendación por el asesinato de un niño de 12 años por miembros de la Marina

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Los hechos denunciados por la CNDH ocurrieron el 8 de abril de 2016 en el municipio guerrerense de La Unión

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que el uso excesivo de la fuerza letal de seis elementos de la Secretaría de Marina (Semar) provocó la muerte de un niño de 12 años.

El suceso ocurrió en la localidad El Aguacate, municipio de La Unión, Guerrero, en el año 2016, de acuerdo con la recomendación 57/2019 que el organismo emitió al titular de la Semar, el almirante José Rafael Ojeda Durán.

Por el hecho, la CNDH interpondrá una queja en contra de los seis implicados ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Marina y los denunciará ante la Fiscalía General de la República.

Los hechos

En su relatoría, la CNDH menciona que el 8 de abril de 2016 los marinos salieron de su sector naval como a la 1:30 pm para realizar un recorrido en los poblados de Lagunillas, Los Llanos, Entronque y El Tibor; recorriendo una brecha de terracería que conducía al poblado El Aguacate, todos pertenecientes al municipio de La Unión, Guerrero.

En su recorrido, lo elementos entablaron un enfrentamiento con hombres armados que iban a bordo de otro vehículo.

A las 2:00 pm, el niño de 12 años y otro menor de edad se dirigían a apagar una bomba de riego en la huerta del padre de la víctima. En ese momento advirtieron que un vehículo de la Semar perseguía a otro con sujetos armados.

Los hombres armados descendieron del auto y corrieron hacia donde estaban los infantes, mientras que los elementos de la Marina bajaron del transporte y dispararon en su contra, privando de la vida a uno de los niños.

Con disparos, elementos de la Marina privaron de la libertad a un menor en Guerrero. Foto: Cuartoscuro. Carlos Alberto Carvajal.

El órgano autónomo advirtió que los marinos no actuaron conforme al Manual de Uso de la Fuerza, “ya que desconocían su contenido y aplicación, y no contaban con capacitación alguna”.

También, indica la CNDH, los militares “incurrieron en falta de diligencia que derivó en el uso excesivo de la fuerza letal, al no ponderar el riesgo al que expondrían a la población de El Aguacate al efectuar al menos 65 disparos”.

La investigación

El día de los hechos, un agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Montes de Oca, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio en agravio del niño, pero a la fecha continúa en integración.

De acuerdo con el portal de noticias Contralínea, cinco meses después del homicidio, en septiembre de 2016, se inició el procedimiento administrativo ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Semar. No obstante, este fue archivado por la propia autoridad militar por “falta de elementos de prueba para acreditar la responsabilidad del personal de la Marina”.

La recomendación de la CNDH exhorta al actual secretario de Marina a reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima, incluyendo atención psicológica y tanatológica, e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan a sus derechos y beneficios.

La dependencia además solicitó capacitar al personal de la Octava Región Naval, sector Ixtapa Zihuatanejo, del vigésimo Segundo Batallón de Infantería de Marina, en materia de derechos humanos, con énfasis en “Principios Básicos”, “Código de Conducta” y “Manual de Uso de la Fuerza”.

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