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No solo es Slim: estos empresarios también posaron en la foto con AMLO

Entre los directivos que asistieron a la conferencia mañanera de López Obrador había ex funcionarios federales y militantes panistas

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Los empresarios que se tomaron la foto con AMLO
Fila frontal de izquierda a derecha: Manuel Bartlet, Carlos Slim, Carlos Salazar Lomelín, Antonio Del Valle, Carlos Ruíz Sacristán, Robert Jones y Alejandro Esquer Verdugo. Fila posterior de izquierda a derecha: José Carlos Borunda, Gerardo Kuri Kaufmann, Tania Ortíz Mena, Arturo Herrera, Miguel Reyes Hernández y Miguel López López.

En su conferencia matutina del martes 27 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se llegara a un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los transportistas de energéticos para los contratos de gasoductos.

El evento tuvo una larga lista de invitados a pesar de sus poco oradores.

Además de Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, y Gerardo Kuri Kaufmann, del mismo corporativo, a la conferencia asistieron los directivos de TransCanada Energía e IEnova, que fueron las otras dos compañías que llegaron a un acuerdo con el gobierno federal.

Algunos de estos directivos han sido secretarios de Estado, panistas y ex funcionarios cercanos a Pemex. Te presentamos aquí sus perfiles.

Robert E. Jones, presidente de TC Energía

Robert Jones

Como presidente de la filial mexicana de TransCanada (TC Energía), Robert Jones es responsable del desarrollo, implementación y construcción de todas las principales instalaciones y proyectos de infraestructura de la empresa en el país. 

Jones se unió a TransCanda en 1998 y tiene casi 30 años de experiencia en las áreas de desarrollo de negocios, gestión de proyectos, ingeniería y operaciones de sistemas de tuberías de gas natural e hidrocarburos líquidos.

El presidente de TC Energía cuenta una licenciatura en Ciencias en Ingeniería Civil de la Universidad de Alberta, también es exalumno del Programa de Administración Avanzada de Harvard Business School y es parte del Consejo de la Young Pipeliners Association of Canada (YPAC).

Carlos Borunda Zaragoza, director de Asuntos Gubernamentales de TC Energía

Quizá uno de los directivos presentes en la “mañanera” de López Obrador con el currículum más particular es Carlos Borunda Zaragoza

El economista por parte del Boston College de Estados Unidos fue diputado federal del PAN por el estado de Chihuahua y compañero de bancada de Felipe Calderón Hinojosa en la LVIII legislatura, entre el año 2000 y 2003. 

Posterior a ello, fue ministro en la embajada de México en Estados Unidos, donde se encargaba de las relaciones con el Congreso estadounidense entre 2004 y 2007. Estando en ese puesto fue señalado de cabildear abiertamente a favor de Felipe Calderón, según reportó el semanario Proceso en enero de 2006. 

En el sexenio de Calderón, su nombre figuró como director general de Asuntos Internacionales y de Competitividad en la Oficina de la Presidencia, cargo donde se mantuvo durante un año, hasta marzo de 2008, de acuerdo con el portal Declaranet.

Su último puesto en el gobierno federal fue como director general de Promoción de la Cultura Financiera en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), esto en noviembre 2009.

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Carlos Ruíz Sacristán, presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de IEnova 

Su paso por IEnova data de 2007 cuando inició como consejero de Administración de la Sempra Energy, empresa madre de IEnova. En 2012 se convirtió en presidente de dicho consejo y director general de la filial mexicana. Seis años después pasó a ser el director general de North American Infraestructure Group de Sempra Energy. 

Antes de llegar a esta empresa estadounidense de gas natural, Ruíz Sacristán fue secretario de Comunicaciones y Transportes de Ernesto Zedillo.

Carlos Ruíz también es miembro de consejos de administración de otras firmas como Southern Copper Corp., una compañía minera y subsidiaria de Grupo México, del empresario Germán Larrea, y  Banco Ve por Más. Incluso fue miembro del Consejo de OHL México entre 2010 y 2015.

Tania Ortiz Mena, directora General de IENova

Cuando  Carlos Ruiz fue nombrado Presidente Ejecutivo de IEnova en septiembre de 2018, Tania Ortíz subió como directora General de la empresa. Esto, después de desempeñarse como vicepresidente ejecutiva de Desarrollo desde 2016.

Al igual que muchos directivos de empresas extranjeras en México, Ortiz Mena ha estado relacionada laboralmente con el sector público. Entre 1994 y 1999 fue subgerente Comercial de Productos Refinado para PMI, un subsidiaria de Pemex. 

Ortiz Mena también fue nombrada presidenta del Consejo de la Asociación Mexicana de Gas Natural para el periodo 2015-2016. 

Otros asistentes a la conferencia de prensa fueron Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público; Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente; Miguel Santiago Reyes Hernández, director de CFE Energía; Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

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¿Por qué llaman ‘terrorismo fiscal’ a la reforma contra evasores?

Las nuevas reglas pueden llevar a un contribuyente a la cárcel por considerar que defraudó al fisco, aunque lo haga de forma involuntaria

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Los senadores del PAN y PRI buscan eliminar los delitos fiscales como amenazas contra la seguridad nacional

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador respaldó la aprobación en el Senado de las reformas que elevan la evasión fiscal al grado de delincuencia organizada. Pero no todos los actores políticos y económicos ven con buenos ojos a la iniciativa impulsada por Morena y sus aliados.

El pasado 10 de septiembre, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra de las reformas y las calificaron de “terrorismo fiscal“.

Votación del martes 10 de septiembre. Captura de pantalla de la página del Senado

Los legisladores de oposición no se oponen a combatir la defraudación fiscal, la defraudación fiscal equiparada y la expedición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas. Lo que quieren es eliminar la clasificación de estos delitos como amenazas a la seguridad nacional.

La senadora panista, Martha Cecilia Márquez, sostiene que al convertir estos ilícitos en amenazas a la seguridad nacional se puede aplicar el artículo 89 fracción VI constitucional, que faculta al Presidente de la República para disponer del uso de la fuerza con el fin de preservar la seguridad del país.

El Presidente también podría suspender o restringir garantías cuando considere que estos ilícitos perturban la paz pública, como lo autoriza el artículo 29 de la Carta Magna.

Senadora Martha Cecilia Márquez. Crédito: Grupo Parlamentario del PAN

Eliminar los delitos al fisco como parte de las amenazas de seguridad nacional fue objeto de la presentación de las reservas de los senadores Martha Cecilia Márquez, Gloria Núñez, Marco Antonio Gama, Minerva Hernández, Victor Fuentes Solís, Roberto Moya Cemento, Nuvia Mayorga y Sylvana Beltrones, de los grupos parlamentarios del PAN y PRI.

A las voces opositoras se unió Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien consideró un error equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada, así sea cometida por error involuntario.

“La forma en que están redactadas esas disposiciones pueden hacer que un buen contribuyente, de forma involuntaria, se resbale a una situación que puede considerarse defraudación fiscal”, advirtió.

Al calor de la discusión, el senador morenista Ricardo Monreal presentó una reserva para que los delitos contra el fisco sean castigados con prisión preventiva oficiosa y como delincuencia organizada sólo cuando el contribuyente haya adquirido, expedido, comprado o vendido un comprobante fiscal que supere los 7.8 millones de pesos.

Estos detalles se agregaron al dictamen enviado a la Cámara de Diputados. 

Sobre los castigos detallados en el Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimiento Penales, los años de prisión para quien enajene o expida comprobantes fiscales falsos pasaron de un rango de tres a seis años, a uno de cinco a ocho años.

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Evasión fiscal, inevitable choque de trenes a la vista

Los empresarios levantan la voz por la pretensión de Morena de legislar contra la evasión fiscal que ya alcanza los 500 mil millones de pesos anuales

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Empresarios consideran que es un exceso equiparar la defraudación fiscal al nivel de narcotráfico, trata de personas y terrorismo

La Cuarta Transformación tiene frente a sí el reto de ampliar su base tributaria y hacer cumplir las leyes en la materia si quiere obtener mejores resultados en el tema de la recaudación fiscal. Ello conlleva un inevitable choque de trenes entre el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y los grupos empresariales del país.

México ocupa el último lugar en recaudación de impuestos de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) gracias a los mecanismos de evasión y elusión fiscal empleados principalmente por los grandes contribuyentes.

Los ingresos tributarios de México entre 2013 y 2017 representaron en promedio 13.6% de su Producto Interno Bruto (PIB), esto es, menos de la mitad de la tasa promedio de recaudación de los países que integran el organismo (que fue de 33.4%).

La evasión y elusión de impuestos en México ocasionan pérdidas en la recaudación que oscilan entre 2.6 y 6.2% del PIB, de acuerdo con estimaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

La Dirección General de Finanzas de este instituto indica que entre 2014 y 2018 el monto de la evasión fiscal en México por facturas está calculada en 2 billones de pesos, es decir, un monto promedio anual de 500 mil millones de pesos.

El documento “Alternativas para reducir la evasión y elusión de impuestos de las empresas factureras o fantasmas”, señala que el uso de facturas apócrifas ha perjudicado las finanzas públicas y el bienestar económico, al reducir la disponibilidad de recursos que el gobierno puede orientar a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

La actual Legislatura del Senado comienza a dar señales de querer hacer algo contra la evasión fiscal. Se han presentado distintas iniciativas que pretenden elevar las penas a las empresas “factureras” o “fantasma”.

También busca tipificar a la defraudación fiscal como delincuencia organizada para que amerite prisión preventiva oficiosa, aunque esto preocupa a algunos especialistas que advierten sobre los riesgos de caer en el “terrorismo fiscal”.

Gráfico: Staf

Todos al ring

La iniciativa de Morena, presentada el pasado 12 de agosto, busca modificar los artículos 187, 167, 192 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

La propuesta tiene como objeto “considerar los delitos de contrabando y defraudación fiscal como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional, por lo que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

El rechazo de los empresarios a la propuesta de tipificar como delito grave la evasión es cada vez más evidente y contundente.

El titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, hizo un llamado para desecharla en su totalidad. En días recientes advirtió que si la iniciativa prosperaba, el único afectado sería el contribuyente.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la iniciativa convierte a la actividad empresarial en “riesgosa”.

Esta agrupación aglutina alrededor de 36 mil empresarios, responsables de generar 30% del PIB, y la preside Gustavo de Hoyos, personaje que se ha opuesto al gobierno de López Obrador.

“Las empresas formales, que generan empleos y pagan impuestos, enfrentan una grave amenaza a consecuencia de los cambios legales aprobados por el Senado al Código Penal, el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que cataloga los delitos fiscales como delincuencia organizada”, acusó la Coparmex en un comunicado de prensa.

El organismo asegura que es un exceso equiparar la defraudación fiscal al nivel de narcotráfico, trata de personas y terrorismo en general.

El sector patronal dice estar a favor del combate a la evasión y las operaciones con empresas fantasmas. Incluso, hasta que se aumenten las penas contra quienes incurran en esos delitos.

Lo que rechaza es “que se faculte a la autoridad a equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada, debido a que se corre el riesgo de que paguen justos por pecadores”.

En este contexto, el Instituto Belisario Domínguez, dependiente del Senado de la República, publicó el sábado pasado un estudio sobre el problema que significa la evasión de impuestos para las finanzas públicas.

Un día después el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó ante el Congreso de la Unión el paquete presupuestal 2020, que prevé aumentos en algunos impuestos que parecen estar en línea con su idea de promover una reforma fiscal que contendría las modificaciones legales para enfrentar el fenómeno de la evasión fiscal de los grandes contribuyentes.

Así evaden impuestos

Los grandes contribuyentes tienen distintas formas de pagar al fisco menos de lo que deben.

Una forma son las operaciones simuladas que consisten en generar facturas por intercambios comerciales que no se realizaron para posibilitar la reducción del pago de impuestos, ya sea por IVA, ISR o ambos.

Para evadir el IVA, los contribuyentes generan saldos a favor que compensan contra el mismo impuesto e incluso les permite solicitar la devolución de un IVA inexistente.

Para reducir el ISR declaran mayores gastos, lo que disminuye la base gravable de ese impuesto. En el extremo, las empresas declaran pérdidas para no pagar el ISR por varios periodos.

Y hasta diciembre de 2018, a través de la compensación universal, los grandes contribuyentes compensaban el IVA con el ISR y las retenciones a sus trabajadores.

Esta compensación se suprimió con la llegada de la administración de López Obrador y la aplanadora de Morena al Congreso.

Facturas apócrifas

El documento elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado señala que el uso de facturas apócrifas ha perjudicado las finanzas públicas y el bienestar económico de la sociedad, aquí algunos datos:

  • 8% del PIB representó para los países de la Unión Europea la evasión y elusión fiscal en 2013, aproximadamente un billón de euros.
  • 2.3% del PIB representó para Estados Unidos la evasión y elusión fiscal en 2013, equivalente a 385 mil de millones de dólares.
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La inversión privada en México peligra por nuevas leyes fiscales

Las nuevas iniciativas para combatir la evasión fiscal en México desincentivan la inversión privada, según la UNCTAD

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Las nuevas iniciativas para combatir la evasión fiscal en México están logrando un efecto negativo en el país, ya que desincentivan la inversión y pone a los empresarios nacionales y extranjeros a pensar mejor en como llevar a cabo sus inversiones productivas y de capital.

Esto ha generado que México baje su posición entre los mayores destinos de inversión extranjera directa, según señala la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), pasando del lugar 12 al 13.

La polémica la ha generado la llamada “Ley Armenta”, ya que al buscar regular la evasión fiscal, el lavado de activos, la simulación de operaciones y la corrupción —las cuales han generado un déficit enorme a las finanzas públicas en los últimos quince años— ahora busca incluir esos delitos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Esto significa que, de forma automática, dichos ilícitos se equiparan al terrorismo, al tráfico de armas y al contrabando, pudiendo generar una ficha internacional de búsqueda con ese status en contra de los empresarios.

Ningún empresario quiere ser tratado como narcotraficante o terrorista, que se le prive de su libertad y se le expropien sus bienes antes de iniciar un juicio, cuando se considere que su empresa incurre en algún delito fiscal, pues estos actos pueden ser ocasionados por un empleado o incluso un tercero que le entregue una factura falsa de la cual no sabía.

Esto no sucede en los países democráticos, en donde se debe buscar la recaudación fiscal, pero sin generar terrorismo de estado. Además, en un país donde los índices de corrupción y falta de estado de derecho se encuentran entre los más altos de América Latina, este tipo de esquemas puede ser utilizado para la extorsión o incluso la persecución política, lo que genera gran incertidumbre entre los inversionistas.

La OCDE y el FMI han recomendado impulsar políticas públicas recaudatorias con esquemas que amplíen la base gravable y enfocadas al desarrollo, en especial al proceso productivo que genera empleo. Por lo que deben evitarse los esquemas que afecten la base activa de tributación y enfocarse más en actividades de supervisión y auditoría, privilegiando el diálogo.

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