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CNDH denunciará a 6 marinos por homicidio de un menor en Guerrero

El órgano autónomo emitió una recomendación por el asesinato de un niño de 12 años por miembros de la Marina

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Los hechos denunciados por la CNDH ocurrieron el 8 de abril de 2016 en el municipio guerrerense de La Unión

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que el uso excesivo de la fuerza letal de seis elementos de la Secretaría de Marina (Semar) provocó la muerte de un niño de 12 años.

El suceso ocurrió en la localidad El Aguacate, municipio de La Unión, Guerrero, en el año 2016, de acuerdo con la recomendación 57/2019 que el organismo emitió al titular de la Semar, el almirante José Rafael Ojeda Durán.

Por el hecho, la CNDH interpondrá una queja en contra de los seis implicados ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Marina y los denunciará ante la Fiscalía General de la República.

Los hechos

En su relatoría, la CNDH menciona que el 8 de abril de 2016 los marinos salieron de su sector naval como a la 1:30 pm para realizar un recorrido en los poblados de Lagunillas, Los Llanos, Entronque y El Tibor; recorriendo una brecha de terracería que conducía al poblado El Aguacate, todos pertenecientes al municipio de La Unión, Guerrero.

En su recorrido, lo elementos entablaron un enfrentamiento con hombres armados que iban a bordo de otro vehículo.

A las 2:00 pm, el niño de 12 años y otro menor de edad se dirigían a apagar una bomba de riego en la huerta del padre de la víctima. En ese momento advirtieron que un vehículo de la Semar perseguía a otro con sujetos armados.

Los hombres armados descendieron del auto y corrieron hacia donde estaban los infantes, mientras que los elementos de la Marina bajaron del transporte y dispararon en su contra, privando de la vida a uno de los niños.

Con disparos, elementos de la Marina privaron de la libertad a un menor en Guerrero. Foto: Cuartoscuro. Carlos Alberto Carvajal.

El órgano autónomo advirtió que los marinos no actuaron conforme al Manual de Uso de la Fuerza, “ya que desconocían su contenido y aplicación, y no contaban con capacitación alguna”.

También, indica la CNDH, los militares “incurrieron en falta de diligencia que derivó en el uso excesivo de la fuerza letal, al no ponderar el riesgo al que expondrían a la población de El Aguacate al efectuar al menos 65 disparos”.

La investigación

El día de los hechos, un agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Montes de Oca, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio en agravio del niño, pero a la fecha continúa en integración.

De acuerdo con el portal de noticias Contralínea, cinco meses después del homicidio, en septiembre de 2016, se inició el procedimiento administrativo ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Semar. No obstante, este fue archivado por la propia autoridad militar por “falta de elementos de prueba para acreditar la responsabilidad del personal de la Marina”.

La recomendación de la CNDH exhorta al actual secretario de Marina a reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima, incluyendo atención psicológica y tanatológica, e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan a sus derechos y beneficios.

La dependencia además solicitó capacitar al personal de la Octava Región Naval, sector Ixtapa Zihuatanejo, del vigésimo Segundo Batallón de Infantería de Marina, en materia de derechos humanos, con énfasis en “Principios Básicos”, “Código de Conducta” y “Manual de Uso de la Fuerza”.

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Aprobación de Andrés Manuel López Obrador cae: Consulta Mitofsky

De acuerdo con Roy Campos, el presidente de México está ‘atorado’ en el “AprobAMLOmetro” debido a los estragos en el tema de la inseguridad

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Andrés Manuel López Obrador
Cada vez que AMLO habla sobre inseguridad o migración, su popularidad baja

Tras los sucesos relacionados con la captura y liberación de Ovidio Guzmán, la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha bajado ligeramente.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, afirma que el operativo fallido, así como los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, tras la captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, afectaron la popularidad de la llamada 4T por parte de los mexicanos.

Campos informó que “el día 22 de octubre la popularidad de AMLO estaba en 63% y al final de octubre estaba en 60%; en esos días cayó tres puntos, eso quiere decir que sí hay afectación, y hoy no ha podido levantarse, está en su punto más bajo”.

Cuando la encuestadora inició el tracking poll (encuesta de seguimiento diario), el 14 de abril de este año, la aprobación del presidente López Obrador era de 67.8%. Campos señala que cada vez que el mandatario habla de inseguridad o migración, su popularidad baja. “Son temas de los que no le conviene hablar”.

Sobre las razones de esta caída en el AprobAMLOmetro, el director de Consulta Mitofsky explicó que los mexicanos reprueban las decisiones relacionadas con la captura de Ovidio Guzmán.

Sin embargo, el especialista aclara que la manera en la que el mandatario se ha referido a su estrategia ha sido “comprada” por los mexicanos. “Ellos (AMLO y su gabinete) se niegan a una política de exterminio, así es como han utilizado esa palabra (exterminio), por eso la gente se las compra”.

Respecto a la estrategia de López Obrador para combatir la inseguridad, Campos declara que se basa en dos pilares: la visión de programas sociales para atacar las causas de la inseguridad y la presencia permanente de la Guardia Nacional donde hace falta.

“La estrategia de AMLO no es decir ‘vamos a agarrar a tal capo’, sino la humanista, que es la que López Obrador plantea como el gran cambio. Él cree que la inseguridad se acaba atendiendo las causas y que hay que tener presencia permanente para inhibir al crimen en donde hace falta.”

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky
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Porros, un mal de 90 años que nadie ha podido (o querido) erradicar

Estos grupos de choque sobreviven desde hace décadas al amparo de distintas autoridades y ahora tienen su fuerza principal en los bachilleratos públicos

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Marcha vs porros UNAM
Miles de estudiantes de la UNAM marcharon en septiembre de 2018 para exigir la salida de grupos porriles de la universidad, así como la garantía de seguridad dentro de la misma. Crédito: Diego Simón Sánchez /CUARTOSCURO

El pasado 18 de octubre, las puertas del CECYT 8 “Narciso Bassols” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tuvieron que cerrarse y algunos alumnos del turno vespertino no pudieron entrar a clases. Un policía a la entrada del plantel explicaba a los estudiantes que la medida era por seguridad, pues un grupo de porros había arrojado un petardo contra la escuela.

En esa escuela de nivel medio superior, conocida popularmente como vocacional o “voca”, existe un conflicto de años entre dos bandas porriles: el grupo “12 de Mayo” de la Federación de Estudiantes Politécnicos (FEP) y el grupo “26 de Mayo”, que se autodenominan “independientes”.

El porrismo y la violencia derivada del fenómeno constituyen un problema grave no solo en el IPN, sino también en los planteles de nivel medio superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio de Bachilleres (Colbach) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

El problema no es nuevo, en realidad tienen cerca de 90 años de existencia en México. Sin embargo, ha sido uno de los factores de la creciente violencia en las escuelas en los años recientes, tanto que estudiantes de estas instituciones se han manifestado públicamente con una misma consigna: ¡Fuera porros!

Esta es la segunda de tres entregas de una serie especial que aborda el tema de la violencia e inseguridad al interior de cuatro de las principales instituciones públicas de nivel medio superior y superior en la Ciudad de México y el área conurbada del Estado de México.

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Según información obtenida por Las Noticias a través de mecanismos de transparencia, las instituciones señaladas no registraron ningún hecho de porrismo entre los casi tres mil presuntos delitos y faltas cometidos dentro de sus planteles entre enero de 2006 y abril de 2019.

En relación a posibles conductas delictivas que pudieran estar relacionadas a este fenómeno, los casos son en realidad escasos: 102 agresiones físicas, 27 riñas, 5 actos vandálicos y 1 caso de intimidación.

De acuerdo con Hugo Sánchez Gudiño, especialista en el tema de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM, en las leyes universitarias no existe ninguna figura jurídica que constituya al “porrismo” como una falta. Las instituciones no llevan un registro (al menos público), de actos relacionados con actividades porriles. “Hay impunidad pura, tampoco hay una sanción establecida”, menciona Gudiño.

El hecho de que no aparezca en las estadísticas oficiales, no significa que el porrismo no exista. David Piñones es alumno del CECYT 8. En años pasados él perteneció al grupo porril 12 de Mayo.

El joven denuncia que las autoridades del plantel favorecen al grupo contrario (26 de Mayo). Prueba de ello, prosigue, es que uno de sus integrantes de nombre Brayan “E” —quien además tiene antecedentes penales por lesión con arma blanca— entra con toda libertad a la escuela aun cuando el reglamento prohíbe ingresar a personas ajenas a la institución.

Modesto García, director de Seguridad del CECYT, niega las acusaciones y asegura que no tiene información sobre el caso porque “nadie externo tiene permitido ingresar a las instalaciones”.

Los estudiantes del CECYT 8 no ven las cosas como García. De acuerdo con testimonios recopilados, el porrismo ha mantenido intimidada a la escuela. “Durante mucho tiempo, la actual administración ha actuado como si tuviera una especie de alianza con porros”, denuncia Eduardo “N”, miembro de la comunidad estudiantil. Las pruebas de la presencia porril en el IPN incluso se hacen evidentes en redes sociales como Facebook.

porrismo Facebook
Conversaciones que muestran conflicto entre grupos porriles del CECYT 8 del IPN, en un un grupo de la comunidad en Facebook. Crédito: Capturas de pantalla

Durante el movimiento estudiantil del IPN en 2014, una demanda de los estudiantes fue erradicar la presencia de grupos porriles y la violencia que estos generaban. Las autoridades del Politécnico asumieron el compromiso de investigar a las organizaciones que cobijan a estos grupos, así como de combatirlas “suprimiendo los privilegios académicos, materiales, económicos, administrativos o de otra índole que puedan tener y sancionando a quienes los hayan otorgado”, según los acuerdos publicados por la institución. Hasta hoy no ha sucedido.

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Estudiantes del CECYT 5 protestaron en 2016 por el aumento de grupos porriles en su escuela. Crédito: Armando Monroy /CUARTOSCURO

Nueve décadas de porrismo

Sánchez Gudiño ha investigado la historia del porrismo y los grupos de choque. Señala que este tipo de agrupaciones tienen cerca de 90 años de existencia en México y su propósito siempre ha sido tener control sobre las y los estudiantes por medio de la violencia y el miedo.

“Los primeros grupos de este tipo surgieron en la UNAM en la década de 1930, cuando ésta se localizaba en el Centro Histórico. Algunas autoridades universitarias de esa época tuvieron la idea de formar un grupo de choque aprovechándose de que en la zona había jóvenes de escasos recursos. Su función era proteger a la autoridad”, explica Gudiño.

Con la creación de Ciudad Universitaria en la década de 1950 y oficialización de los partidos de fútbol americano, los grupos de choque se insertaron en los equipos de animación o porra de las instituciones (de ahí el apelativo de “porros”). Ya no eran solo un grupo que iba a animar a su equipo, sino que se fueron convirtiendo en uno delictivo, que golpeaba y reprimía a los estudiantes.

Para las décadas de 1980 y 1990, después de una época muy violenta, el porrismo empezó a sentar sus bases en el bachillerato y ahí estableció su principal fuerza hasta hoy.

José “S”, estudiante del Conalep 1 en Atizapán, narra que en octubre de 2018 la comunidad estudiantil del plantel se manifestó en contra de la violencia porril.

“Ya estábamos hartos de tantas golpizas por parte de los porros. Nos correteaban, traían cadenas, palos, piedras y armas blancas. También lanzaban petardos a la escuela”

JOSÉ “S”, ESTUDIANTE DE CONALEP 1 ATIZAPÁN

El grupo porril dominante en su escuela se autodenomina “PGB independiente” y tiene un conflicto permanente con los porros del Bachilleres Plantel 5 (pertenecientes a la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos).

José denuncia que la ex directora del plantel no le tomaba importancia a la situación hasta que en octubre del año pasado los porros del Bachilleres 5 se organizaron para agredir masivamente a los alumnos del Conalep a la hora de la salida. “Hubo varios heridos por petardos y golpes”, recuerda el joven.

“Al día siguiente, la directora dijo que esa agresión era nuestra culpa, y que la escuela no se iba a hacer responsable de lo que nos pasara saliendo; que afuera ya no era su asunto”, acusa.

Porrismo Conalep
Joven con jersey del grupo porril de Conalep 1 Atizapán. Crédito: Cortesía

Porros, detrás de violencia en bachilleratos

A lo largo de este 2019, alumnos de diversos planteles del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y el Estado de México se han movilizado para exigir mejores condiciones educativas y de seguridad en su institución.

Diego “S”, estudiante del Plantel 2 “Cien Metros” y uno de los voceros de la movilización, menciona que en todos los planteles hay presencia de grupos porriles y que ellos ocasionan una parte importante de la violencia e inseguridad que se vive en los Bachilleres.

“Los estudiantes organizados de distintos Bachilleres coincidimos en que en nuestras escuelas asaltan, golpean y venden droga. Muchas veces esto es ocasionado por los grupos porriles”

DIEGO “S”, ESTUDIANTE DEL COLBACH PLANTEL 2

Diego explica que los grupos porriles al interior del Colbach pertenecen a la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET) y responden a grupos políticos. En su plantel, el grupo dominante se llama “Los Heroles”, por el priista finado Jesús Reyes Heroles.

Sánchez Gudiño concuerda en que los grupos porriles en las escuelas de nivel medio superior suelen estar ligados a políticos locales y se dedican a golpear y asaltar estudiantes, al narcomenudeo y a otra serie de delitos derivados. Las autoridades escolares, denuncia el experto, toleran estas situaciones como una especie de pago por sus servicios ocasionales.

Además de sembrar miedo, los estudiantes del Colegio de Bachilleres denuncian que los porros también han sido utilizados para reprimir sus movilizaciones de este año en las que exigen mejores condiciones educativas. “Los compañeros organizados hemos recibido amenazas por parte de porros, de que ya nos tienen identificados y saben quiénes somos los que nos hemos estado manifestando”, dice Diego. Y asegura que, en Bachilleres 4, las amenazas han venido directamente de parte de las autoridades de la escuela.

El testimonio de Diego coincide con el de Víctor Caballero, abogado que ha dedicado parte de su trayectoria a defender a estudiantes víctimas de violencia y miembro del Colectivo Aequs, Promoción y Defensa de Derechos Humanos.

“Seguimos el evento del 27 de septiembre en Bachilleres. En el contexto del aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la asamblea de Bachilleres 4 intentó tomar el plantel por un día, para comunicar también las exigencias educativas que tienen hacia la institución. Ese día las autoridades educativas mandaron porros a intimidarlos y patrullas, por lo que la asamblea no pudo tomar la escuela”, señala Caballero.

porrismo en Bachilleres
Grupos porriles tienen presencia en todos los planteles de Bachilleres, denuncian estudiantes. Crédito: Diego Simón Sánchez /CUARTOSCURO

Porros y políticos

Hugo Sánchez Gudiño señala que la mayoría del tiempo los grupos porriles permanecen en escuelas de bachillerato hostigando a alumnos, pero se hacen más visibles en momentos políticos de coyuntura.

La última vez que el fenómeno trascendió a la opinión pública fue el 3 de septiembre de 2018. Ese día, estudiantes de distintos planteles de la UNAM, principalmente del CCH Azcapotzalco, fueron agredidos por grupos porriles mientras se manifestaban pacíficamente en la explanada de Rectoría, en Ciudad Universitaria, para exigir mayor seguridad en las instalaciones.

Karl “D”, víctima del ataque y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, relata cómo fue la agresión. “Escuché que gritaron ‘¡ahí vienen los porros!’ y nos empezaron a lanzar piedras, botellas y una bomba molotov. A un par de compañeros los aventaron al piso, golpeándolos masivamente. De pronto se me dejaron venir ocho porros, entre ellos uno que se llama Medrano ‘El Rata’, que tiene denuncias por agresión a mujeres. Me dieron patadas, me rompieron un diente y me noquearon. Apuñalaron a dos compañeros”.

¿Quién o quiénes fueron responsables del ataque? Sánchez Gudiño menciona que los grupos porriles identificados provenían del CCH Vallejo, CCH Azcapotzalco y CCH Naucalpan: “históricamente esos grupos fueron patrocinados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)”.

El académico considera que cuando ocurrió la agresión en Rectoría era un momento político coyuntural, principalmente porque Andrés Manuel López Obrador acababa de ganar la elección presidencial. “Pudo haberse tratado de un ataque de grupos partidistas desplazados del poder”, menciona.

Para él es claro que estos grupos porriles cuentan con respaldo político, económico y jurídico del exterior, sin el cual no hubieran podido subsistir durante 90 años. “No hay evidencia para demostrar que la universidad estuviera involucrada, pero no hubo nada de pericia en el tema. Creemos que hay toda una red de autoridades locales y que tal vez escala hasta autoridades universitarias. Sabemos que, históricamente, estos grupos surgieron y han permanecido bajo su amparo”.

Fuera porrismo de la UNAM
Miles de estudiantes marcharon en septiembre de 2018 para exigir la erradicación del porrismo en la UNAM. Crédito: Galo Cañas /CUARTOSCURO

Después de las agresiones en Rectoría, estudiantes de la UNAM llevaron a cabo una serie de movilizaciones exigiendo la erradicación del porrismo en la Universidad. A más de un año del problema, Hugo Sánchez Gudiño indica que las autoridades universitarias no tienen una estrategia ni protocolo para afrontar el problema.

No solo es la UNAM. El resto de las instituciones educativas también carece de un programa integral antiporrismo, en principio porque no existe una figura jurídica para catalogarlo como una falta.

A esto se agrega, dice Gudiño, una autoridad política de la ciudad que los protege y tarda más en atraparlos que en volverlos a dejar libres. Los eventos en Rectoría son el ejemplo claro: las autoridades de CDMX detuvieron a cuatro personas pero luego fueron liberadas.

“Desde su surgimiento, los grupos porriles siempre han sido funcionales al poder en los gobiernos. Mientras cumplan una función, ahí continuarán existiendo, como un grupo de contrapeso a los estudiantes más politizados o cuando se necesitan sus servicios”, concluye Gudiño.

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Falta aval en Morena a iniciativa de outsourcing

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La iniciativa que empuja el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia para prohibir la práctica del outsourcing no tiene el aval completo del grupo mayoritario, aseguró el coordinador Ricardo Monreal.

El legislador adelantó que, antes de que se dictamine la iniciativa del líder minero -orientada a prohibir la práctica del outsourcing o subcontratación-, se invitará a los empresarios a que expongan sus consideraciones sobre la iniciativa.

“El senador Napoleón Gómez Urrutia tiene el derecho a presentarla, él la presentó de manera personal. No hemos discutido en el grupo, no es una posición del grupo ni tiene el aval completo del grupo”, detalló.

Tras sostener que Morena no pretende lastimar a la economía con ese instrumento, Monreal informó que sólo hasta que el grupo haya revisado la iniciativa se invitará a los inversionistas y empresarios a dialogar.

“Vamos a escuchar, antes de dictaminar, a los empresarios, como lo hemos hecho otras veces, a personas que se sienten agraviadas con esta iniciativa”, que entre otros puntos propone castigar con cárcel a quien promueva el outsourcing. 

Con información del periódico Reforma

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