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Coberturas petroleras: ¿por qué importan a México?

El gobierno mexicano gasta mil millones de dólares anuales en estas operaciones para blindar sus ingresos de la volatilidad de los precios del crudo

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México es de los pocos países que pagan coberturas petroleras en el mundo. Foto: Emiliano Bustillos / CUARTOSCURO

Año con año, la prensa económica del mundo pone los ojos en México para seguir tan cerca como sea posible su proceso de compra de coberturas petroleras

Desde finales de la década de los 90, el país gasta grandes cantidades de dinero en derivados de opciones, contratos que le aseguran al gobierno federal la posibilidad —mas no la obligación— de vender petróleo a un precio determinado, en un momento donde el mercado cotice la mezcla nacional por debajo del valor contratado.

Un ejemplo ficticio ayuda a clarificar mejor el tema. Supongamos que México contrata una cobertura para vender cada barril de crudo a 55 dólares el próximo año. Si el precio de mercado baja a, digamos, 50 dólares, entonces se aplica la cobertura y nuestro país puede vender a los 55 pactados. Pero si el precio de la mezcla en el mercado es mayor a 55 dólares, la cobertura no se aplica y México vendería sus barriles al precio que esté vigente.

La dependencia de nuestro país a los ingresos petroleros ha hecho de las coberturas un asunto vital para cada paquete presupuestario, pues reducen los riesgos en un contexto de alta volatilidad macroeconómica y fluctuación de los precios del hidrocarburo. Gracias a estas operaciones, el gobierno federal asegura un cierto nivel de ingresos que le ayuda a mantener el gasto público proyectado.

El pasado jueves 5 de septiembre, la agencia de noticias Reuters informó que México ha dado los primeros pasos para contratar su programa de coberturas petroleras para 2020 pidiendo cotizaciones a bancos. Esto a solo unos días de que el Ejecutivo federal envíe al Congreso de la Unión su Presupuesto de Egresos para el siguiente año.

México, comprador clave

México es el actor más importante cuando se trata de coberturas de petróleo por sus pagos de alrededor de mil millones de dólares anuales para proteger sus ingresos de la volatilidad de los precios del crudo.

Esta operación es considerada la mayor transacción soberana del mundo que involucra instrumentos derivados.

“Es el trato que todos los bancos esperan año con año… Es tan grande que puede hacer tu año o quebrarlo”, comentó en 2017 Richard Fullarton, fundador del fondo Matilda Capital Management y ex alto directivo de las multinacionales Shell y Glencore.

Además del monto del trato, otro motivo por el que México acapara el foco de atención financiero es que existen pocos países que pagan por estas coberturas.

Su adquisición es más común entre empresas, especialmente las aerolíneas, para asegurar un precio de compra. Lufthansa, Southwest Airlines y Norwegian son algunas de las firmas que recurren a estos instrumentos año con año. 

Refinería Cadereyta
México es de los pocos países que pagan por coberturas petroleras. Crédito: Presidencia/Cuartoscuro

Catar y Ecuador son otros países que han llegado a contratar grandes coberturas petroleras, aunque ninguno de ellos con la regularidad o el monto de producción de México. 

La última vez que Catar compró coberturas para la venta de su crudo fue en 2011, cuando se estimaba una abrupta caída en los precios de los hidrocarburos para el siguiente año. Pero incluso en ese momento, el país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), solo aseguró una cuarta parte de su producción anual, un estimado de 200 mil barriles por día, según informó The Financial Times.

Precios a la baja

Si bien México mantiene en un nivel estable el monto que gasta por las coberturas petroleras, el precio por el que asegura su producción ha caído 45.9% desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto hasta lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esto se debe a la caída mundial en los precios del petróleo.

Para el ejercicio fiscal de 2013, el país aseguró un precio de venta de 101.7 dólares por barril de la mezcla Maya. Para este año, el precio asegurado fue de 55 dólares. 

En este periodo México hizo valer sus coberturas petroleras sólo en dos ocasiones. Primero en 2015, cuando se aseguró un precio de 82 dólares por barril; y en 2018, a un precio de 46 dólares.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica del Presupuesto de 2019, la nueva administración estimó que el precio del petróleo para 2020 sería de 53 dólares, pero este precio no es definitivo hasta que se compren las coberturas y se apruebe la Ley de Ingresos del siguiente año.

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Mexicanos trabajan en exceso y sin vida social

Nuestro país se colocó en el penúltimo lugar de 40 analizados en el Índice de Balance Vida-Trabajo de la OCDE, con una calificación de 1.1 de 10 puntos

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Jornadas de trabajo

De 40 economías estudiadas, México es la segunda peor calificada en cuanto al balance entre trabajo y vida personal de sus habitantes, sólo con un mejor resultado que Colombia. 

El Índice de Balance Vida-Trabajo para México se colocó en 1.1 de 10 puntos (una calificación más baja significa un menor grado de equilibrio), situación que refleja los grandes desafíos que encuentran los trabajadores para combinar su bienestar individual y social con el éxito y la productividad laboral.

Este índice, calculado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se ubicó en 0.9 para Colombia, que enfrenta problemáticas laborales muy similares a las de México. Para Chile, el resultado fue significativamente mejor con un índice de 5.0 puntos, lo que refleja una situación laboral más flexible para su población ocupada.

Equilibrar las actividades laborales con las personales es un aspecto esencial para el desarrollo de las personas. De acuerdo con el organismo internacional, un país con un balance bajo de estos factores refleja múltiples desafíos para los trabajadores de construir una sociedad más igualitaria y de mantener su bienestar individual.

En México, cerca de 29% de los trabajadores tienen jornadas excesivas de trabajo, esto es, 18 puntos por encima del promedio de los países miembros de la OCDE (11%), esto implica que poco más de una cuarta parte de los mexicanos ocupados están imposibilitados de realizar actividades extra.

Siguiendo el análisis de la OCDE, las problemáticas derivadas de los trabajos con jornadas extensas pueden ir desde los descuidos y la desatención familiar hasta implicaciones más severas como enfermedades, estrés y ansiedad. Los horarios muy largos o nocturnos también pueden exponer a los trabajadores a ser víctimas de la inseguridad o delincuencia.

El hecho de que los hombres tengan jornadas más largas que las mujeres profundiza la desigualdad de género, no sólo en el ámbito laboral, también en el familiar, debido a que las actividades domésticas y de cuidados recaen en las mujeres.

Necesario, proteger los derechos laborales

La OCDE enfatiza que para mejorar el bienestar de la población es necesario impulsar políticas públicas que garanticen sus derechos laborales. Especialmente, que se incentive el mercado de empleo formal para extender las prestaciones laborales a todos los ocupados, así como la detección y sanción de prácticas que violenten laboralmente a los empleados. 

Otro aspecto necesario es extender la perspectiva de igualdad en el mercado laboral y la no discriminación. En este sentido, se busca que las mujeres tengan igualdad de oportunidades que los hombres para acceder a puestos de alto rango; y que los hombres tengan la misma posibilidad que las mujeres de dedicar tiempo a las labores domésticas y de cuidados a través de licencias de paternidad extendidas. 

Las políticas públicas también deben enfocarse en otros grupos vulnerables como los jóvenes, los indígenas o las personas con capacidades distintas, no sólo incentivando su integración en el mercado laboral, también garantizando una relación adecuada entre jornadas e ingresos. 

Con información de El Economista

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¿Reforma fiscal en 2022? Estos son los retos que enfrenta

México requiere una reforma fiscal que aumente su nivel de recaudación y sea más equitativa

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El secretario de Hacienda, Arturo Herrera y el subsecretario, Gabriel Yorio. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, confirmó este lunes 7 de octubre que la dependencia ya tiene luz verde del presidente Andrés Manuel López Obrador para trabajar en la creación de una nueva reforma fiscal, que tentativamente se aplicaría en 2022.

La noticia sobre la creación de esta reforma ya rondaba en los pasillos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde agosto, pero sin la seguridad del respaldo presidencial, que se mantenía en su promesa de no aumentar los impuestos.

México es uno de los países dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más requiere aumentar su nivel de recaudación fiscal. Mejorar la posición del país en lo que se refiere a recaudación tributaria es el principal reto de una eventual reforma.

De acuerdo con los últimos datos del organismo, correspondientes a 2017, la recaudación tributaria de México equivale a 16.2% de su Producto Interno Bruto (PIB) cuando el promedio de los países de la OCDE es de 34.2%, más del doble. Incluso en otros países de Latinoamérica, como Brasil o Argentina, la recaudación oscila entre 30 y 32% de su PIB.

Lograr cerrar esta brecha es uno de los mayores retos que tiene el gobierno federal, especialmente porque frente a los altos niveles de informalidad, elusión y evasión de impuestos, la población no tiene como costumbre el pago tributario.

Tras la reforma fiscal de 2014, la última que se llevó a cabo, el actual subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, advertía que “el sistema fiscal tiene tantos agujeros que permiten la evasión” y resulta tan difícil la supervisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que los contribuyentes terminan no pagando impuestos.

El gobierno federal actual intenta cerrar la mayoría de estos agujeros antes de presentar su iniciativa de reforma. Una de las acciones más polémicas que ha planteado es la penalización de la evasión fiscal como si fuese crimen organizado.

Dicha propuesta ya fue aprobada en el Senado pero aún puede ser modificada en la Cámara de Diputados, especialmente ahora que el sector privado tiene el aval presidencial para cabildear en busca de matizar los castigos, según se informó tras una reunión que sostuvieron ambas partes el lunes 7 de octubre.

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Reforma más equitativa

Además de combatir la evasión y la elusión, la forma en que se modificarán los impuestos es crucial, especialmente si el gobierno busca una reforma fiscal más “equitativa”, como mencionó el subsecretario Gabriel Yorio.

Al respecto, el economista Fausto Hernández Trillo, escribía hace unos meses que hacer modificaciones en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas o morales no era una opción viable para la reforma fiscal.

Primero, porque en la actualidad las personas físicas que pagan ISR, es decir todos los trabajadores formales, ya llevan la mayor carga tributaria al ser contribuyentes cautivos. De modificar este impuesto, la clase media sería la más afectada, pues la clase alta tiene mayor probabilidad de hallar la manera de eludir los impuestos.

En segundo lugar está la intensa competencia que existe a nivel internacional por atraer empresas. En este caso, México enfrenta una fuerte presión tras la reforma fiscal de Donald Trump en 2017, que logró reducir el ISR de las personas morales en Estados Unidos de 35% a 15% de sus ingresos, haciendo a ese país más atractivo para la industria privada.

El especialista menciona que hay otros rubros que sí podrían incrementarse, como el impuesto predial, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el mayor de todos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a una tasa del 18%, principalmente porque es el más sencillo de recaudar. Aunque, advierte Hernández, tiene el problema de afectar en mayor medida a los estratos más bajos y no es el más popular a nivel político.

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HP despedirá a 9 mil empleados en todo el mundo

La estrategia se debe a un plan de reestructuración de la empresa que iniciará a partir del año 2020

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Debido a un plan de reestructuración que iniciará a partir del año fiscal 2020, Hewlett Packard (HP) reducirá su plantilla laboral y en un plazo de tres años despedirá entre 7 y 9 mil trabajadores en todo el mundo.

Esta decisión es producto de una caída representativa en las ventas de computadores, impresoras y cartuchos de impresión que obligó a la compañía a redefinirse con miras al futuro. HP estima que este recorte les permitirá ahorrar cerca de un billón de dólares en los próximos tres años, recursos que apalancan la renovación de la empresa.

“Se abre una nueva etapa para HP”, dijo el ejecutivo español Enrique Lores —quien asumirá el próximo 1 de noviembre el cargo de consejero delegado— en la presentación del plan estratégico que empezará a aplicar cuando tome las riendas de la compañía.

El nombramiento de Lores se hizo en agosto pasado. Sustituirá a Dion Weisler, que se puso al frente cuando la división de consumo se separó de los servicios para empresas y servidores.

Según Lores, la reinvención de HP le apunta a dejar de ser un simple fabricante de hardware. Propone diversificar su portafolio para no depender de la venta de equipos, negocio en el que los ingresos caen exponencialmente.

HP va a apostar al desarrollo de software y de servicios para competir con grandes actores en ese mercado como Apple y Google

El ahorro obtenido con la reducción de la plantilla se invertirá en apuntalar la transición hacia el nuevo modelo de negocio. Lores expresó que los empleados afectados cesarán su relación laboral con la empresa a través de una combinación de salidas de empleados y jubilación anticipada de forma voluntaria.

De acuerdo con cálculos de la compañía, el proceso de reestructuración de HP requerirá una inversión de mil millones de dólares: 100 millones durante el cuarto trimestre de 2019, 500 millones en año 2020 y el resto entre los años 2021 y 2022.


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