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Coberturas petroleras: ¿por qué importan a México?

El gobierno mexicano gasta mil millones de dólares anuales en estas operaciones para blindar sus ingresos de la volatilidad de los precios del crudo

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México es de los pocos países que pagan coberturas petroleras en el mundo. Foto: Emiliano Bustillos / CUARTOSCURO

Año con año, la prensa económica del mundo pone los ojos en México para seguir tan cerca como sea posible su proceso de compra de coberturas petroleras

Desde finales de la década de los 90, el país gasta grandes cantidades de dinero en derivados de opciones, contratos que le aseguran al gobierno federal la posibilidad —mas no la obligación— de vender petróleo a un precio determinado, en un momento donde el mercado cotice la mezcla nacional por debajo del valor contratado.

Un ejemplo ficticio ayuda a clarificar mejor el tema. Supongamos que México contrata una cobertura para vender cada barril de crudo a 55 dólares el próximo año. Si el precio de mercado baja a, digamos, 50 dólares, entonces se aplica la cobertura y nuestro país puede vender a los 55 pactados. Pero si el precio de la mezcla en el mercado es mayor a 55 dólares, la cobertura no se aplica y México vendería sus barriles al precio que esté vigente.

La dependencia de nuestro país a los ingresos petroleros ha hecho de las coberturas un asunto vital para cada paquete presupuestario, pues reducen los riesgos en un contexto de alta volatilidad macroeconómica y fluctuación de los precios del hidrocarburo. Gracias a estas operaciones, el gobierno federal asegura un cierto nivel de ingresos que le ayuda a mantener el gasto público proyectado.

El pasado jueves 5 de septiembre, la agencia de noticias Reuters informó que México ha dado los primeros pasos para contratar su programa de coberturas petroleras para 2020 pidiendo cotizaciones a bancos. Esto a solo unos días de que el Ejecutivo federal envíe al Congreso de la Unión su Presupuesto de Egresos para el siguiente año.

México, comprador clave

México es el actor más importante cuando se trata de coberturas de petróleo por sus pagos de alrededor de mil millones de dólares anuales para proteger sus ingresos de la volatilidad de los precios del crudo.

Esta operación es considerada la mayor transacción soberana del mundo que involucra instrumentos derivados.

“Es el trato que todos los bancos esperan año con año… Es tan grande que puede hacer tu año o quebrarlo”, comentó en 2017 Richard Fullarton, fundador del fondo Matilda Capital Management y ex alto directivo de las multinacionales Shell y Glencore.

Además del monto del trato, otro motivo por el que México acapara el foco de atención financiero es que existen pocos países que pagan por estas coberturas.

Su adquisición es más común entre empresas, especialmente las aerolíneas, para asegurar un precio de compra. Lufthansa, Southwest Airlines y Norwegian son algunas de las firmas que recurren a estos instrumentos año con año. 

Refinería Cadereyta
México es de los pocos países que pagan por coberturas petroleras. Crédito: Presidencia/Cuartoscuro

Catar y Ecuador son otros países que han llegado a contratar grandes coberturas petroleras, aunque ninguno de ellos con la regularidad o el monto de producción de México. 

La última vez que Catar compró coberturas para la venta de su crudo fue en 2011, cuando se estimaba una abrupta caída en los precios de los hidrocarburos para el siguiente año. Pero incluso en ese momento, el país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), solo aseguró una cuarta parte de su producción anual, un estimado de 200 mil barriles por día, según informó The Financial Times.

Precios a la baja

Si bien México mantiene en un nivel estable el monto que gasta por las coberturas petroleras, el precio por el que asegura su producción ha caído 45.9% desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto hasta lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esto se debe a la caída mundial en los precios del petróleo.

Para el ejercicio fiscal de 2013, el país aseguró un precio de venta de 101.7 dólares por barril de la mezcla Maya. Para este año, el precio asegurado fue de 55 dólares. 

En este periodo México hizo valer sus coberturas petroleras sólo en dos ocasiones. Primero en 2015, cuando se aseguró un precio de 82 dólares por barril; y en 2018, a un precio de 46 dólares.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica del Presupuesto de 2019, la nueva administración estimó que el precio del petróleo para 2020 sería de 53 dólares, pero este precio no es definitivo hasta que se compren las coberturas y se apruebe la Ley de Ingresos del siguiente año.

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¿Por qué llaman ‘terrorismo fiscal’ a la reforma contra evasores?

Las nuevas reglas pueden llevar a un contribuyente a la cárcel por considerar que defraudó al fisco, aunque lo haga de forma involuntaria

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Los senadores del PAN y PRI buscan eliminar los delitos fiscales como amenazas contra la seguridad nacional

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador respaldó la aprobación en el Senado de las reformas que elevan la evasión fiscal al grado de delincuencia organizada. Pero no todos los actores políticos y económicos ven con buenos ojos a la iniciativa impulsada por Morena y sus aliados.

El pasado 10 de septiembre, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra de las reformas y las calificaron de “terrorismo fiscal“.

Votación del martes 10 de septiembre. Captura de pantalla de la página del Senado

Los legisladores de oposición no se oponen a combatir la defraudación fiscal, la defraudación fiscal equiparada y la expedición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas. Lo que quieren es eliminar la clasificación de estos delitos como amenazas a la seguridad nacional.

La senadora panista, Martha Cecilia Márquez, sostiene que al convertir estos ilícitos en amenazas a la seguridad nacional se puede aplicar el artículo 89 fracción VI constitucional, que faculta al Presidente de la República para disponer del uso de la fuerza con el fin de preservar la seguridad del país.

El Presidente también podría suspender o restringir garantías cuando considere que estos ilícitos perturban la paz pública, como lo autoriza el artículo 29 de la Carta Magna.

Senadora Martha Cecilia Márquez. Crédito: Grupo Parlamentario del PAN

Eliminar los delitos al fisco como parte de las amenazas de seguridad nacional fue objeto de la presentación de las reservas de los senadores Martha Cecilia Márquez, Gloria Núñez, Marco Antonio Gama, Minerva Hernández, Victor Fuentes Solís, Roberto Moya Cemento, Nuvia Mayorga y Sylvana Beltrones, de los grupos parlamentarios del PAN y PRI.

A las voces opositoras se unió Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien consideró un error equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada, así sea cometida por error involuntario.

“La forma en que están redactadas esas disposiciones pueden hacer que un buen contribuyente, de forma involuntaria, se resbale a una situación que puede considerarse defraudación fiscal”, advirtió.

Al calor de la discusión, el senador morenista Ricardo Monreal presentó una reserva para que los delitos contra el fisco sean castigados con prisión preventiva oficiosa y como delincuencia organizada sólo cuando el contribuyente haya adquirido, expedido, comprado o vendido un comprobante fiscal que supere los 7.8 millones de pesos.

Estos detalles se agregaron al dictamen enviado a la Cámara de Diputados. 

Sobre los castigos detallados en el Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimiento Penales, los años de prisión para quien enajene o expida comprobantes fiscales falsos pasaron de un rango de tres a seis años, a uno de cinco a ocho años.

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Evasión fiscal, inevitable choque de trenes a la vista

Los empresarios levantan la voz por la pretensión de Morena de legislar contra la evasión fiscal que ya alcanza los 500 mil millones de pesos anuales

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Empresarios consideran que es un exceso equiparar la defraudación fiscal al nivel de narcotráfico, trata de personas y terrorismo

La Cuarta Transformación tiene frente a sí el reto de ampliar su base tributaria y hacer cumplir las leyes en la materia si quiere obtener mejores resultados en el tema de la recaudación fiscal. Ello conlleva un inevitable choque de trenes entre el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y los grupos empresariales del país.

México ocupa el último lugar en recaudación de impuestos de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) gracias a los mecanismos de evasión y elusión fiscal empleados principalmente por los grandes contribuyentes.

Los ingresos tributarios de México entre 2013 y 2017 representaron en promedio 13.6% de su Producto Interno Bruto (PIB), esto es, menos de la mitad de la tasa promedio de recaudación de los países que integran el organismo (que fue de 33.4%).

La evasión y elusión de impuestos en México ocasionan pérdidas en la recaudación que oscilan entre 2.6 y 6.2% del PIB, de acuerdo con estimaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

La Dirección General de Finanzas de este instituto indica que entre 2014 y 2018 el monto de la evasión fiscal en México por facturas está calculada en 2 billones de pesos, es decir, un monto promedio anual de 500 mil millones de pesos.

El documento “Alternativas para reducir la evasión y elusión de impuestos de las empresas factureras o fantasmas”, señala que el uso de facturas apócrifas ha perjudicado las finanzas públicas y el bienestar económico, al reducir la disponibilidad de recursos que el gobierno puede orientar a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

La actual Legislatura del Senado comienza a dar señales de querer hacer algo contra la evasión fiscal. Se han presentado distintas iniciativas que pretenden elevar las penas a las empresas “factureras” o “fantasma”.

También busca tipificar a la defraudación fiscal como delincuencia organizada para que amerite prisión preventiva oficiosa, aunque esto preocupa a algunos especialistas que advierten sobre los riesgos de caer en el “terrorismo fiscal”.

Gráfico: Staf

Todos al ring

La iniciativa de Morena, presentada el pasado 12 de agosto, busca modificar los artículos 187, 167, 192 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

La propuesta tiene como objeto “considerar los delitos de contrabando y defraudación fiscal como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional, por lo que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

El rechazo de los empresarios a la propuesta de tipificar como delito grave la evasión es cada vez más evidente y contundente.

El titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, hizo un llamado para desecharla en su totalidad. En días recientes advirtió que si la iniciativa prosperaba, el único afectado sería el contribuyente.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la iniciativa convierte a la actividad empresarial en “riesgosa”.

Esta agrupación aglutina alrededor de 36 mil empresarios, responsables de generar 30% del PIB, y la preside Gustavo de Hoyos, personaje que se ha opuesto al gobierno de López Obrador.

“Las empresas formales, que generan empleos y pagan impuestos, enfrentan una grave amenaza a consecuencia de los cambios legales aprobados por el Senado al Código Penal, el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que cataloga los delitos fiscales como delincuencia organizada”, acusó la Coparmex en un comunicado de prensa.

El organismo asegura que es un exceso equiparar la defraudación fiscal al nivel de narcotráfico, trata de personas y terrorismo en general.

El sector patronal dice estar a favor del combate a la evasión y las operaciones con empresas fantasmas. Incluso, hasta que se aumenten las penas contra quienes incurran en esos delitos.

Lo que rechaza es “que se faculte a la autoridad a equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada, debido a que se corre el riesgo de que paguen justos por pecadores”.

En este contexto, el Instituto Belisario Domínguez, dependiente del Senado de la República, publicó el sábado pasado un estudio sobre el problema que significa la evasión de impuestos para las finanzas públicas.

Un día después el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó ante el Congreso de la Unión el paquete presupuestal 2020, que prevé aumentos en algunos impuestos que parecen estar en línea con su idea de promover una reforma fiscal que contendría las modificaciones legales para enfrentar el fenómeno de la evasión fiscal de los grandes contribuyentes.

Así evaden impuestos

Los grandes contribuyentes tienen distintas formas de pagar al fisco menos de lo que deben.

Una forma son las operaciones simuladas que consisten en generar facturas por intercambios comerciales que no se realizaron para posibilitar la reducción del pago de impuestos, ya sea por IVA, ISR o ambos.

Para evadir el IVA, los contribuyentes generan saldos a favor que compensan contra el mismo impuesto e incluso les permite solicitar la devolución de un IVA inexistente.

Para reducir el ISR declaran mayores gastos, lo que disminuye la base gravable de ese impuesto. En el extremo, las empresas declaran pérdidas para no pagar el ISR por varios periodos.

Y hasta diciembre de 2018, a través de la compensación universal, los grandes contribuyentes compensaban el IVA con el ISR y las retenciones a sus trabajadores.

Esta compensación se suprimió con la llegada de la administración de López Obrador y la aplanadora de Morena al Congreso.

Facturas apócrifas

El documento elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado señala que el uso de facturas apócrifas ha perjudicado las finanzas públicas y el bienestar económico de la sociedad, aquí algunos datos:

  • 8% del PIB representó para los países de la Unión Europea la evasión y elusión fiscal en 2013, aproximadamente un billón de euros.
  • 2.3% del PIB representó para Estados Unidos la evasión y elusión fiscal en 2013, equivalente a 385 mil de millones de dólares.
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La inversión privada en México peligra por nuevas leyes fiscales

Las nuevas iniciativas para combatir la evasión fiscal en México desincentivan la inversión privada, según la UNCTAD

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Las nuevas iniciativas para combatir la evasión fiscal en México están logrando un efecto negativo en el país, ya que desincentivan la inversión y pone a los empresarios nacionales y extranjeros a pensar mejor en como llevar a cabo sus inversiones productivas y de capital.

Esto ha generado que México baje su posición entre los mayores destinos de inversión extranjera directa, según señala la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), pasando del lugar 12 al 13.

La polémica la ha generado la llamada “Ley Armenta”, ya que al buscar regular la evasión fiscal, el lavado de activos, la simulación de operaciones y la corrupción —las cuales han generado un déficit enorme a las finanzas públicas en los últimos quince años— ahora busca incluir esos delitos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Esto significa que, de forma automática, dichos ilícitos se equiparan al terrorismo, al tráfico de armas y al contrabando, pudiendo generar una ficha internacional de búsqueda con ese status en contra de los empresarios.

Ningún empresario quiere ser tratado como narcotraficante o terrorista, que se le prive de su libertad y se le expropien sus bienes antes de iniciar un juicio, cuando se considere que su empresa incurre en algún delito fiscal, pues estos actos pueden ser ocasionados por un empleado o incluso un tercero que le entregue una factura falsa de la cual no sabía.

Esto no sucede en los países democráticos, en donde se debe buscar la recaudación fiscal, pero sin generar terrorismo de estado. Además, en un país donde los índices de corrupción y falta de estado de derecho se encuentran entre los más altos de América Latina, este tipo de esquemas puede ser utilizado para la extorsión o incluso la persecución política, lo que genera gran incertidumbre entre los inversionistas.

La OCDE y el FMI han recomendado impulsar políticas públicas recaudatorias con esquemas que amplíen la base gravable y enfocadas al desarrollo, en especial al proceso productivo que genera empleo. Por lo que deben evitarse los esquemas que afecten la base activa de tributación y enfocarse más en actividades de supervisión y auditoría, privilegiando el diálogo.

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