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LOS INCORRUPTIBLES

Zona Galáctica: municipio de Chiapas cobra entradas en centro de comercio sexual

El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez obtuvo ingresos de esta zona de tolerancia por seis millones de pesos entre enero de 2014 y agosto de 2019

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La historia de explotación y abusos en la Zona Galáctica no es impedimento para que el gobierno de Tuxtla cobre hasta el derecho a usar el baño

Un camino de terracería conduce a un área bardeada con alambre. Alrededor no hay casas, hospitales, escuelas o alguna estación policiaca. En la entrada de ese terreno enclavado en la periferia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un letrero anuncia a quien se acerca que ha llegado a la “zona de tolerancia”, o como popularmente la conocen, la Zona Galáctica.

La actividad sexual que aquí se practica está regulada por el gobierno de la capital chiapaneca y genera ingresos no solo para las mujeres que ejercen el sexoservicio sino para un amplio sector: transportistas, vendedores de comida, cantineros, policías y el propio ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Las autoridades municipales no solo cobran la entrada al lugar, también el estacionamiento, uso de baños, derecho de piso a los comerciantes ambulantes y las tarjetas sanitarias que necesitan unas 120 mujeres para ofrecer sus servicios sexuales.

Todo es legal y está estipulado en la Ley de Ingresos y en el Reglamento de Vigilancia y Control del Ejercicio del Sexoservicio del ayuntamiento.

En seis años (2014 a 2019), la Tesorería Municipal ha recaudado poco más de seis millones de pesos de la Zona Galáctica, según datos entregados a Las Noticias vía transparencia. Esos recursos no se han reflejado en mejoras para el lugar por parte del ayuntamiento y mucho menos en las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales.

“La Galáctica es la única zona de tolerancia en México donde cobran la entrada”

ELVIRA MADRID, PRESIDENTA DE BRIGADA CALLEJERA EN APOYO A LA MUJER “ELISA MARTÍNEZ”

La organización Brigada Callejera —integrada por trabajadoras sexuales y transgénero, sobrevivientes de trata de personas, mujeres migrantes y otras mujeres solidarias— ha denunciado en reiteradas ocasiones que las sexoservidoras del lugar laboran bajo condiciones de explotación y exigen a las autoridades que transparenten los recursos que recaudan por esta actividad.

Impuesto hasta por los baños

La Zona Galáctica se ubica en las inmediaciones de la autopista Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la planta número 3 de bombeo de agua potable, entrando por la carretera antigua que conduce a la Ribera de Cupía.

Los clientes que no tienen auto llegan en una combi de transporte público que señala con letras rojas su destino: “La Zona”. Los taxis también cuentan con una ruta especial hacia el lugar.

Por la pequeña puerta de un zaguán se entra al sitio. Un letrero estipula el precio para el acceso: 10 pesos. El encargado de cobrar la entrada es uno de los tres policías municipales que custodian el área.

En la Ley de Ingresos para Tuxtla Gutiérrez está establecido el precio de 10 pesos más otra cantidad igual para quienes utilicen el estacionamiento.

De acuerdo con una solicitud de transparencia, el ayuntamiento recaudó de entradas casi 3.9 millones de pesos entre 2014 y agosto de 2019. Los ingresos por uso de estacionamiento ascendieron a 791 mil pesos en el mismo periodo.

El cobro de los sanitarios a clientes y visitantes significó también una entrada adicional de 348 mil pesos. Y no son los únicos derechos que las autoridades locales imponen para sacar el mayor jugo posible a este centro de comercio sexual.

El Reglamento de Vigilancia y Control del Ejercicio del Sexoservicio en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez indica además que todas las personas que ejercen el oficio deben portar una tarjeta de control sanitario expedida por la Secretaría de Salud municipal.

El artículo 21 del reglamento establece que el documento debe tener la fotografía del sujeto, sus datos generales, nombre y domicilio del lugar donde ejerce el sexoservicio, número y fecha de registro, espacios para la anotación del resultado de la revisión médica y un resumen de las disposiciones sanitarias que deberá acatar.

La tarjeta se debe renovar cada tres meses y tiene un costo de 175 pesos que se paga ante la tesorería municipal, lo que, por supuesto, representa un ingreso extra al ayuntamiento.

En los últimos seis años, el municipio recaudó 271 mil pesos por la expedición de esa tarjeta para trabajadoras de la Galáctica.

Una quinta fuente de ingresos es el cobro de derechos de piso al comercio ambulante, que va desde lugares para comprar comida hasta puestos de gorras. Por este concepto el ayuntamiento recaudó 743 mil pesos.

En total, sumando los cinco conceptos, la Zona Galáctica significó para el ayuntamiento una bolsa de 6 millones de pesos entre 2014 y agosto de 2019: un millón cada año en promedio. Y esto es sólo lo que se reporta en cifras oficiales.

Las trabajadoras sexuales, de la mano de Brigada Callejera, han denunciado que los policías municipales llegan a extorsionar a los clientes y les cobran más de la tarifa establecida. Hasta el momento no existe un boleto que estipule el costo para ingresar a la zona de tolerancia.

Crédito: Staff

Cambia el partido, pero no el negocio

La zona de tolerancia abrió sus puertas en 1991. Desde entonces Tuxtla Gutiérrez ha pasado por diez administraciones municipales del PRI, PAN, PRD, PVEM y ahora de Morena.

Paulina Conde, regidora del ayuntamiento entre 2015 y 2018, señala en entrevista cómo fue su primera visita a la Zona Galáctica.

“Cuando llegué me llevé una gran impresión. Vi las condiciones de salud en que (las mujeres) se encontraban, la situación de lugar, los abusos y las carencias. Fue lo que me motivó a trabajar en favor de los derechos humanos de las trabajadoras y al ver que el municipio tenía ingresos de la Zona”, recuerda.

“Recursos entran pero no se regresa nada al lugar. El ayuntamiento prácticamente está lucrando con el cuerpo de las mujeres y esto no es de sólo una administración sino de todas hasta hoy en día”

PAULINA CONDE, EX REGIDORA DE TUXTLA GUTIÉRREZ

A 28 años de abrir sus puertas, sorprende la ausencia de pavimento en el camino y la falta de alumbrado público que hacen que el trayecto para llegar al sitio sea sumamente peligroso.

Apenas el pasado 6 de marzo, dos días antes del Día Internacional de la Mujer, ocurrió el feminicidio de una de las trabajadoras sexuales.

El cuerpo de Bertha Lila, conocida como La Preciosa, fue encontrado con múltiples huellas de maltrato: violada, degollada y su cráneo destrozado por los golpes propinados con una piedra. Su cadáver maltratado fue hallado en el camino de terracería que conduce a la zona de tolerancia.

A causa de su edad avanzada —66 años— ya no ganaba mucho con el sexoservicio, pero nunca dejó de trabajar; lavaba ropa a sus compañeras, les hacía mandados, recogía basura y repartía comida para sobrevivir.

Zona Galáctica
Para entrar a la Zona Galáctica, cada cliente debe pagar 10 pesos que van a dar a las arcas municipales.
Foto: Cortesía

El descuido del lugar no es la única deuda que mantiene el gobierno local con las trabajadoras sexuales.

El agua que sale de los grifos de la zona es de color café, contaminada y con rastros de tierra, por lo que ellas tienen que comprar garrafones o pagar pipas para poder usar agua potable.

En ocasiones el abuso es tal que no les permiten ingresar garrafones y las mujeres tienen que comprarlos, a costos excesivos, a los dueños de los módulos.

El agua no es lo único por lo que pagan. Las trabajadoras han denunciado que las autoridades les venden los condones del sector salud a 150 pesos la caja y les cobran los estudios para detectar VIH y sífilis.

Para este reportaje, Las Noticias solicitó una entrevista a Carlos Morales Vázquez, alcalde de Tuxtla Gutiérrez, pero no se tuvo respuesta.

¿Dueños de la zona?

Las mujeres con prominentes curvas no abundan en la Zona Galáctica, su complexión es muy diversa: hay delgadas, robustas, altas, bajitas, de piel morena o clara, mulatas y negras.

Su vestimenta va desde vestidos cortos y entallados a playeras con escotes profundos, aunque también hay quienes visten de manera más discreta. Los tacones y el maquillaje son parte de la cotidianeidad.

La mayoría tiene entre 25 y 35 años. Sin embargo, se ven algunas cuyas sombras en los párpados, pestañas enchinadas y labios coloreados no logran ocultar sus años. Sus menudos cuerpos las delatan: son menores de edad.

Habitaciones de diversos colores donde por cuarto apenas cabe un baño, una cama, una mesa y un ventilador son los espacios para las trabajadoras sexuales que laboran en la zona. Las fachadas del sitio advierten que está prohibido tomar fotografías.

La ex regidora Paulina Conde señala que durante su gestión las personas que se ostentan como dueños, y cobran a las trabajadoras por ejercer el sexoservicio, nunca pudieron comprobar la propiedad legal del lugar.

“Empecé a notar irregularidades como que las personas que se ostentan como dueños de los módulos no tienen cómo acreditar la propiedad. El terreno de la zona era ejidal y el ayuntamiento hizo convenios con los nuevos dueños, pero algunos no terminaron de pagar. Esa información hasta la fecha no la ha clarificado el ayuntamiento”, afirma Conde.

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La Zona Galáctica abrió sus puertas en 1991; desde entonces, gobiernos del PRI, PAN, PRD, PVEM y Morena recaudan ingresos del lugar. Foto: Cortesía

La Zona Galáctica es custodiada por tres policías; cuando se concentran en vigilar la entrada todo lo demás se descuida. El volumen alto de la música en las cantinas es otro problema para la seguridad de las mujeres.

En agosto de este año un cliente quiso ahorcar a una trabajadora con un cordón. Para alertar de estos casos cada cuarto cuenta con un timbre, pero si la música de las cantinas está muy alta, el ruido de auxilio no es escuchado por los policías. En el peor de los casos, el botón ni siquiera sirve.

Las trabajadoras de la zona son constantemente discriminadas. Son mujeres pobres, algunas indígenas o migrantes, que con su trabajo sacan adelante a sus hijos como era el caso de Bertha Lila. Su trabajo pagó la carrera de sus cuatro hijos: una mujer y tres hombres.

La pena máxima por un feminicidio en Chiapas es de 60 años de cárcel, sin embargo el caso de La Preciosa se tipificó como un homicidio y nadie purga una pena, no hay un detenido y el caso sigue en total impunidad.

Hasta el momento, no existe una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas para mejorar las condiciones de las mujeres de la zona de tolerancia.

El pasado 26 de agosto, durante el foro “Mujeres trabajando juntas por la transformación de México” que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera, interrumpió el discurso del gobernador Rutilio Escandón para entregarle una carta en la que le solicita atender la problemática que existe en la Zona Galáctica.

El escrito menciona que se han interpuesto denuncias ante Ministerio Público y la CEDH de Chiapas por los abusos que hay en la administración de la zona por parte de la presidencia municipal de Tuxtla. Hasta el momento no ha existido una respuesta del gobernador.

Brigada Callejera señala que los abusos no van a acabar hasta que quienes se ostentan como dueños de la Galáctica sean expulsados y las autoridades conformen cooperativas de trabajadoras sexuales para que administren el lugar.

Historia de trata y violencia

El pasado 29 y 30 de junio se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez el XXII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. En el evento, trabajadoras sexuales denunciaron el hostigamiento y extorsión por parte de autoridades municipales y administradores de la zona.

Tras las denuncias, las mujeres fueron amenazadas por los supuestos propietarios de los cuartos, quienes les han advertido que llevarán a chicas más jóvenes y de otros estados a trabajar al sitio.

Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera, ha participado en foros internacionales de trabajo sexual y es parte de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres. Asegura que a nivel internacional las zonas de tolerancia han sido abolidas debido a que son espacios donde se excluye a la población dedicada al trabajo sexual.

En el informe Hacia una mayor rendición de cuentas. Hablan sobrevivientes de trata con fines sexuales, la organización a su cargo rescata testimonios de mujeres que fueron obligadas a ejercer el sexoservicio en la Zona Galáctica o que sufrieron casos de violencia extrema.

“Me obligaron a la prostitución. El que me llevó me engañó (diciendo) que me quería. Él pidió dinero prestado, mucho dinero y yo quedé como aval. Me dejó endrogada y fue cuando me llevó a la Zona Galáctica, para juntar ese dinero. Él se fue y me dejó ahí para pagar la deuda que tenía. Luego yo seguí porque no tenía para comer y estaba embarazada”, dice uno de los testimonios.

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La zona se compone de habitaciones de diversos colores donde apenas cabe un baño, una cama, una mesa y un ventilador. Foto: Cortesía

En enero del 2014, durante el periodo del gobernador Juan Sabines, se llevó a cabo un operativo antitrata en la zona donde participaron autoridades municipales, estatales y federales. De aquel suceso los testimonios de abuso abundan.

“Llegaron infraganti, llegó migración, la sectorial, la AFI, comenzaron a sacar a toda la gente agresivamente, sin compasión de nada. Si estábamos ocupadas, nos pateaban la puerta, así nos sacaban del cuarto. No esperaban a que nos vistiéramos. También a los clientes, ahora sí que empezó la balacera. Murieron muchas mujeres”, se lee en un testimonio.

Otro indica que: “el operativo fue temprano, había más extranjeras que mexicanas. Cuando estaban en el piso las empezaron a matar. De las demás, como no se dejaban agarrar por el miedo a migración, las golpearon, las cacheteaban y de todos modos las detuvieron y algunas las mataron. Yo por el miedo ya no quiero regresar para allá, todo se me viene a la mente”.

Con toda una historia de violencia sexual y física a cuestas, el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no pierde tiempo y sigue cobrando puntualmente sus impuestos.

LOS INCORRUPTIBLES

Pese a pugnas legales, avanza Presa Anzaldo sobre área ambiental

Los múltiples sellos de clausura y suspensión han frenado temporalmente la megaobra, pero lleva más de un 70% de avance

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Presa Anzaldo
En el predio donde se erige el desarrollo solo pueden construirse áreas recreativas y de esparcimiento al aire libre, pero actualmente existe una estructura de 19 pisos. Crédito: Cortesía

El concreto y las grandes edificaciones están acabando con las áreas verdes de la Ciudad de México e incluso se erigen en áreas federales consideradas de valor ambiental donde la ley prohíbe construir.

Es el caso del desarrollo inmobiliario que se levanta sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3042, en la colonia San Jerónimo Aculco de la alcaldía Álvaro Obregón, mejor conocida como Presa Anzaldo. Se le llama así porque se construye sobre el vaso regulador del mismo nombre ubicado en una barranca donde desemboca lo que se considera el último río vivo de la capital: el Magdalena.

El megaproyecto forma parte de un listado de 249 edificios que se construyen de manera ilegal al rebasar el número de niveles permitidos, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX. Los inmuebles se empezaron a edificar entre 2014 y 2018, cuando gobernaba la capital el hoy senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El megaproyecto en Presa Anzaldo se construye bajo el fideicomiso de la Banca Mifel y ASJUFI Soluciones Inmobiliarias S.A. de C.V. es la empresa a cargo de su construcción.

Una resolución que la PAOT emitió el 31 de enero de 2017 determina, entre otras cosas, que el predio donde se erige el desarrollo tiene una zonificación de área verde solo para usos como canchas deportivas, áreas recreativas y de esparcimiento al aire libre, es decir, no se pueden construir niveles. Sin embargo, actualmente existe una estructura metálica de 19 pisos.

La resolución indica también que 54% del predio se encuentra dentro de la poligonal de un Área de Valor Ambiental denominada “Magdalena-Eslava”, además de que el desarrollador no presentó Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, dictamen favorable de Estudio de Impacto Urbano ni autorización en Materia de Impacto Ambiental para construir la obra.

ASJUFI, por su parte, se ampara con un documento que indica que el proyecto cuenta con Registro de Manifestación de Construcción tipo C, que es la que se requiere para uso de oficinas y servicios.

En marzo de este año, la nueva alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, ordenó la cancelación definitiva y la orden de demolición total de la estructura, aunque la empresa se amparó contra la decisión.

La procuraduría ambiental también ha intentado frenar el megaproyecto por vías legales, pero hasta ahora —y sin importar los sellos de suspensión por infringir el Reglamento de Construcción de la capital— la empresa se las ha ingeniado para hacer que la obra siga su curso, y pese a todas las irregularidades, cada está más cerca de su finalización.

Pugnas legales

El pasado 19 de agosto, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa concedió un amparo a la PAOT para impedir continuar con las obras en la Presa Anzaldo, pero los trabajos de construcción continúan.

La dependencia interpuso el amparo indirecto en contra de la sentencia de un juicio de nulidad elaborada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que había favorecido a la empresa inmobiliaria.

La Procuraduría Ambiental argumentó que debió de haber sido llamada al juicio de nulidad en su carácter de tercero interesado, ya que su participación en el mismo resultaría trascendente para resolver el fondo de la controversia jurídica, pues al momento de la interposición del juicio, la PAOT se encontraba en el procedimiento de investigación.

La dependencia señaló que de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de CDMX, los trabajos constructivos que se realizan se consideran de riesgo alto. Además acusó al Director Responsable de Obra, Raúl Palomino Flores, de otorgar su responsiva pese a que el proyecto incumplió con los requisitos establecidos por el Reglamento de Construcciones.

“La PAOT está determinada a agotar todas las instancias que permita la legislación vigente, con el interés de proteger los derechos ambientales y territoriales de los ciudadanos y de impedir que violaciones a la normatividad ambiental y urbana como las que presenta el proyecto constructivo de Presa Anzaldo, se realicen con impunidad”, afirmó Mariana Boy, titular de la dependencia.

El diario El Universal reportó que Palomino Flores fue sancionado por irregularidades en otra construcción ubicada en Baja California 370, colonia Hipódromo Condesa, mismo que también figura en la base de 249 inmuebles irregulares de la PAOT. En este último desarrollo, el edificio excedió por 23 metros la altura máxima permitida.

Pese a todas las pruebas, el recurso de amparo aun puede ser impugnado por la empresa.

ASJUFI responde

Ante la ofensiva legal por parte de la alcaldía y la PAOT, la respuesta de la inmobiliaria no se ha hecho esperar.

El 14 de mayo de este año, Héctor Mondragón, director corporativo de ASJUFI, se presentó al final de una conferencia de prensa que ofrecieron los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, para mostrar a los medios los documentos que según su él acreditan la obra en Presa Anzaldo.

La constructora también obtuvo permiso legal para poder realizar obras de mitigación en la construcción consistentes en reforzar la mole ya construida con el objetivo de aminorar riesgos.

Sin embargo, Erick Reyes, director general de Gobierno de la Alcaldía Álvaro Obregón, explica a Las Noticias que el juez que otorgó el amparo a ASJUFI no delimitó qué acciones se tenían que realizar, por lo que se están realizando trabajos de terminado en la construcción, como poner canceles y ventanas.

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Vecinos denuncian amenazas

Alrededor de la Presa Anzaldo no hay vecinos colindantes, pero un grupo de habitantes de la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, se han dedicado a vigilar las construcciones de toda la demarcación. Susana Kanahuati, coordinadora del comité vecinal, destaca que el impedir la construcción del desarrollo en Presa Anzaldo responde a “respetar el derecho a la ciudadanía”.

La activista señala que la defensa de áreas de valor ambiental es primordial para los vecinos de Álvaro Obregón e impedir la construcción del desarrollo en Presa Anzaldo es sinónimo de luchar por la vida. Su lucha contra las constructoras le ha costado ser víctima de amenazas

“Paran carrozas fúnebres en la puerta de mi casa, me están vigilando. Están muy, muy enojados los constructores porque sus obras están paradas y tienen tal nivel de violación que es imposible que puedan subsanar lo que hay en esas obras”, acusa Susana.

El pasado 9 de julio, Kanahuati interpuso una denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales de la Ciudad de México por las amenazas que ha recibido. 

La construcción en la Presa Anzaldo sigue en pie. Las primeras lonas colocadas en el edificio indican que se empezó a edificar en abril del 2016 y se tenía que terminar de construir en abril del 2019. Hasta la fecha no se ha concluido la obra.

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LOS INCORRUPTIBLES

Concentra Benito Juárez 1 de cada 5 construcciones ilegales en CDMX

Un total de 49 inmuebles, de 249 listados por PAOT por rebasar el número de pisos permitidos, se localizan en esta alcaldía de la capital

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Construcciones Benito Juárez
Vecinos de las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán realizan una serie de clausuras simbólicas a obras en construcción, para protestar en contra de los proyectos que ocasionan el desabasto de agua y empobrecimiento ecológico. Crédito: CUARTOSCURO

Pisos impecables de madera, plafones falsos que inyectan luz cálida, paredes blancas que se traslucen con el sol, ventanales de piso a techo que dejan ver el escaso tinte verde de la ciudad, balcones amplios, cortinas de poliéster, entradas corredizas a las recámaras, baños de granito con puertas de cristal, espejos de vidrio grueso: 92 metros cuadrados de un lujo completamente irregular en la alcaldía Benito Juárez.

El edificio de Mercaderes 68, en la colonia San José Insurgentes de Ciudad de México, se encuentra en la lista de 249 edificios que se construyeron de manera ilegal en CDMX durante la administración de Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), según documentó la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México.

La razón es que se construyeron niveles de más a los permitidos en la zonificación y sin ningún documento legal que avalara los pisos excedentes.

Benito Juárez es la alcaldía con más casos de construcciones irregulares, al concentrar una quinta parte de los inmuebles listados por la PAOT. Y San José Insurgentes es una de las diez colonias en toda la ciudad con más edificios fuera de la norma.

El inmueble de Mercaderes 68 cuenta actualmente con seis niveles, 15 departamentos y un penthouse. Aunque la PAOT solicitó la custodia del folio real del inmueble —e incluso inició una acción pública en el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX— ya se han vendido 13 (incluyendo el penthouse). Esto, de acuerdo con información de la inmobiliaria Punto Medio. Los precios de los tres restantes oscilan entre 5 y 6 millones de pesos.

De acuerdo con la procuraduría ambiental, el edificio rebasó en dos niveles los permitidos y en 12, las viviendas autorizadas. Además no cumplió con el porcentaje mínimo de área libre.

La empresa registrada como propietaria del inmueble, de acuerdo con documentos en poder de este medio, es OCA30 S.A. de C.V. Su representante legal es Antonio Crosswell Estefan, exdirector general de Médica Sur.

El ingeniero arquitecto Raúl Ávila Flores aparece como Director Responsable de Obra con número de registro DRO-1683. Su nombre figura en otros dos inmuebles del listado de la PAOT además de otro edificio irregular ubicado en la colonia Escandón por el que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) lo sancionó con el retiro de su carnet en abril de 2016. La razón siempre es la misma: edificar más pisos de los permitidos.

La sanción no fue permanente ya que Ávila Flores sigue apareciendo como DRO en el sistema de Directores Responsables de Obra y Corresponsables que administra Seduvi, con un carnet que vence el 13 de diciembre de este año. Incluso también contaba con registro como Corresponsable de Diseño Urbano y Arquitectónico (CDUyA) con vigencia al 31 de enero de 2019.

Construcciones sin control

De acuerdo con la base de PAOT, los 249 edificios que se construyeron de forma irregular se distribuyen en 132 colonias de 14 alcaldías. Un total de 49 inmuebles se concentra en Benito Juárez.

Las obras se levantaron entre 2014 y 2018, cuando Miguel Ángel Mancera gobernaba la CDMX y el Partido Acción Nacional (PAN), la alcaldía. En ese periodo Benito Juárez tuvo dos jefes delegacionales del mismo grupo político: Jorge Romero Herrera (2012-2015) y Christian Damian Von Roehrich de la Isla (2015-2018).

Durante esos años las construcciones irregulares documentadas por la PAOT crecieron, como es el caso del desarrollo conocido como Mural Nápoles, que se levantó con tres pisos adicionales a lo permitido.

Con una vista privilegiada que da al Polyforum Cultural Siqueiros, y a tan solo unos pasos del World Trade Center, Grupo Bausau logró construir en 2015 un edificio con nueve niveles de altura y 20 departamentos con valor de entre 7 y 13 millones de pesos cada uno, a pesar de que las reglas de zonificación y el registro del tipo de inmueble solo permitían un desarrollo de seis niveles con no más de 17 viviendas.

Cuatro años después, el inmueble ubicado en la calle Filadelfia 20 está habitado, mantiene sus nueve niveles y la inmobiliaria aún vende tres departamentos, incluido el penthouse.

En el quinto piso un número de contacto gigante cuelga en el balcón a la espera de que alguien lo alquile, sin que importe que la PAOT haya solicitado la custodia del folio real del inmueble y haya iniciado una acción pública en el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX.

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LOS INCORRUPTIBLES

Construyeron en CDMX 249 edificios ilegales

Los inmuebles se levantaron durante el gobierno del hoy senador del PRD, Miguel Ángel Mancera

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Edificios ilegales CDMX
Sin contar con permisos, la empresa Central Park Sur pretendía levantar tres torres de 22 pisos cuando solo tenía permiso de hacer cuatro. Crédito: Saúl Hernández

Un cilindro de concreto de 22 pisos se levanta sobre los árboles y casas de la Barranca del Moral, en la alcaldía Álvaro Obregón. La mole en obra negra es lo que queda de lo que sería un complejo de tres torres de lujo que se conocería como Península Desierto de los Leones. El problema es que la empresa encargada del proyecto, Central Park Sur, hizo todo de manera ilegal.

Esta no es la historia de una empresa tramposa que se aprovechó de leyes a modo, normatividades defectuosas, vacíos legales o triquiñuelas jurídicas para construir más allá de lo que era admitido. Es el ejemplo de cómo una desarrolladora decidió violar abiertamente todas las leyes en materia de construcción, según pudo documentar la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de Ciudad de México, en marzo de 2016.

En el predio marcado con el número 5602 de la Calzada Desierto de los Leones se pretendía erigir tres torres de 22 pisos cuando Central Park Sur sólo tenía permiso para levantar cuatro. Además trabajaba sin dictámenes de impacto urbano ni ambiental y había arrasado con 2 mil metros cuadrados de áreas verdes de la barranca… Y apenas llevaba una torre.

Como este inmueble, la PAOT contabiliza 249 edificios en CDMX construidos al margen de la ley entre 2014 y 2018, cuando gobernaba la ciudad el hoy senador perredista, Miguel Ángel Mancera Espinosa. En todos los casos se levantaron más pisos de los que las constructoras tenían legalmente autorizados: 474 niveles excedentes en total.

En 62% de los casos las empresas llegaron al descaro de construir sin contar con una manifestación de construcción, violando los artículos 47 y 72 del Reglamento de Construcción para la Ciudad de México.

Las Noticias obtuvo mediante mecanismos de transparencia una base de datos con los 249 inmuebles en los que la procuraduría ambiental identificó un exceso de niveles. Los casos se distribuyen en 132 colonias de 14 alcaldías de CDMX, la mayoría está en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

La información revela además la participación de 31 empresas y 59 Directores Responsables de Obra (DRO), es decir, de los encargados de vigilar que las obras cumplieran con las leyes, reglamentos y normas aplicables en la materia.

Para Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría ambiental, la falta de vigilancia y desinterés de las autoridades de la administración anterior contribuyó a que los desarrolladores se sintieran en la libertad de violar descaradamente la ley.

“El hecho de que hubiera muy poca vigilancia permitía que los desarrolladores siguieran violando las disposiciones tal cual, sin ni siquiera aprovechar un vacío legal, sino construyendo niveles de más en total contravención a lo dispuesto por la normatividad aplicable”

MARIANA BOY, TITULAR DE LA PAOT

Rebeca Herrera Naranjo es una de las vecinas de las colonias Alcantarilla y Olivar de los Padres que más activamente se opuso a la construcción de Península Desierto de los Leones. Para ella, esa mole de concreto que se erigía a unas cuadras de su hogar representa “el ejemplo de cómo las autoridades permiten que las constructoras hagan lo que se les pega la gana”.

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De la denuncia a la acción

La mayoría de las resoluciones de la PAOT en materia de uso de suelo comienza con una denuncia ciudadana, explica Mariana Boy. Una vez que la dependencia recibe la denuncia, manda a su personal al lugar de los hechos para realizar labores de reconocimiento e inspección ocular.

Luego lleva a cabo toda una gestión de gabinete en que solicita a las autoridades correspondientes los permisos otorgados para la construcción de los edificios, como son las alcaldías, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en caso de que la obra requiera un estudio de impacto ambiental.

La información se coteja con el programa parcial de desarrollo urbano, los programas delegacionales y lo que la procuraduría pudo percibir en sus visitas. Tras analizar la información, la entidad emite una resolución y en su caso un dictamen. El tiempo que transcurre entre la denuncia y la resolución dura entre cinco y seis meses.

Tras una larga batalla, los vecinos de las colonias Alcantarilla y Olivar de los Padres lograron frenar el complejo ilegal de Península Desierto de los Leones. Crédito: Cortesía

Las resoluciones de la PAOT no van dirigidas a los desarrolladores, sino a las autoridades que tienen atribuciones para sancionarlas.

“Normalmente todas las procuradurías ambientales emiten resolutivos sancionando al particular, pero nosotros no tenemos facultades sancionatorias, no podemos sancionar al particular. Nuestra función es más una especie de ombudsman donde nuestras recomendaciones van dirigidas a las autoridades que sí pueden hacerlo”, explica Boy Tamborrell.

Lo que sí puede hacer es solicitar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de CDMX la custodia del folio real del inmueble como medida precautoria, lo que imposibilita al desarrollador cualquier transacción comercial de compraventa o preventa hasta que regularice su situación.

“En el momento que nosotros detectamos que se están rebasando los niveles, no esperamos a emitir la resolución, se custodia el folio de manera inmediata porque es una medida precautoria que busca prevenir que se siga generando el riesgo de la irregularidad”, dice Boy.

Las resoluciones y dictámenes de la PAOT, aunque no son vinculantes, sirven de prueba para que la propia dependencia o los ciudadanos afectados presenten una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur) o una acción pública en el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX.

En el caso de los edificios con niveles excedentes, la dependencia a cargo de Mariana Boy también presenta denuncias penales en contra de los DRO y solicita a las alcaldías y al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) la inspección de los inmuebles y, en su caso, que ordenen la demolición de los pisos ilegales.

De acuerdo con la información entregada vía transparencia, por la construcción de pisos excedentes en 249 edificios de la capital, la PAOT emprendió 195 denuncias penales, ordenó la custodia del folio real de 124 inmuebles y se ha ejecutado la demolición parcial de seis de estos.

Sin embargo, hay casos donde la PAOT decide no actuar porque la obra ya está terminada o incluso habitada.

Y siguen vendiendo

En el número 532 de la calle Sur 113-A, en la colonia Sector Popular de la alcaldía Iztapalapa, un edificio de ladrillo rojo y puertas y canceles negros resalta por sus seis pisos en una zona donde las casas tienen a lo mucho tres. Se puede encontrar en Waze como Torre Kahum, propiedad de Inmobiliaria Hoppesa.

El 27 de agosto de 2018 la PAOT había resuelto que dicho inmueble excedía en tres niveles lo permitido en el plan de desarrollo urbano de la alcaldía (construyendo seis en lugar de tres), además de que no contaba ni con manifestación de construcción ni con Certificado de Uso de Suelo que amparara la obra.

En su resolución, la Procuraduría ordenó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y a las autoridades de Iztapalapa instrumentar las sanciones aplicables e incluso considerar la demolición de los niveles excedentes; y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, realizar la custodia del folio real del inmueble.

A pesar de todo, Las Noticias pudo corroborar que la propiedad se encuentra intacta, habitada e incluso hay departamentos que se siguen vendiendo. A la entrada del edificio hay dos letreros con anuncio de venta: uno en rojo con blanco y otro en amarillo con teléfonos diferentes.

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Este medio intentó en varias ocasiones contactar al primer teléfono para pedir informes sobre el inmueble, pero el número no estaba disponible. El segundo teléfono corresponde a un broker hipotecario de la empresa Sicurezza Inmuebles, quien aseguró que la construcción es legal.

El inmueble consta de diez condominios y cinco ya se han vendido. De acuerdo con la propaganda obtenida por este medio, los “departamentos de lujo”, de 64 metros cuadrados, se venden entre 1 millón 970 mil y 1 millón 955 mil pesos.

Al preguntar a Mariana Boy sobre qué sucede con estos inmuebles que se siguen vendiendo, comenta que “se pueden vender, pero el problema es que no van a poderse escriturar”.

Sobre la misma calle, apenas a cuatro casas de distancia, la PAOT también concluyó que el predio marcado con el número 544 se había construido sin permisos. El inmueble en cuestión es un edificio de condominios nuevo en el que también hay familias viviendo.

En la colonia Sector Popular de Iztapalapa, la PAOT ha identificado tres inmuebles que exceden los niveles permitidos y dos están habitados. Crédito: Saúl Hernández

Y a dos cuadras de distancia, pero dentro de la misma colonia, el inmueble de la calle Sur 109-A número 626 también se edificó sin permiso de construcción. Aunque la construcción luce nueva, el predio está abandonado y el nivel excedente a medio acabar.

La titular de la procuraduría ambiental reconoce que algunas veces ha sucedido que la resolución y medidas precautorias llegan tarde porque la obra ya está concluida, en etapa de venta e incluso habitada. Imponer las medidas, señala, implicaría afectaciones a terceros que compraron de buena fe los inmuebles.

Puedes descargar la respuesta original de la PAOT en los siguientes enlaces:

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