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Cártel de ‘El Chapo’ ha puesto en jaque a 4 gobiernos federales 

Con Fox y Peña, el capo escapó de penales de máxima seguridad; con Calderón, hasta en la lista de los hombres más ricos del mundo apareció

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Fuga Chapo Guzmán
La segunda vez que El Chapo Guzmán se fugó, en el sexenio de Peña Nieto, lo hizo en un túnel construido debajo de su celda. Crédito: CUARTOSCURO

La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, colocó en un serio predicamento al gobierno de Andrés Manuel López Obrador: liberar al presunto narcotraficante o prepararse para una masacre en la ciudad de Culiacán, de acuerdo con la versión oficial.

El Ejecutivo federal optó por la primera opción y Ovidio Guzmán fue liberado en cuestión de horas, lo que puso en entredicho la capacidad del gobierno mexicano para hacer frente a las organizaciones criminales más poderosas de México. En el extremo, algunos analistas y periodistas vieron el acto como la claudicación del Estado ante el poder de las balas del narco.

Los enfrentamientos entre la Guardia Nacional y sicarios del Cártel de Sinaloa en Culiacán también desnudaron la poca o nula planeación para capturar al hijo del capo, misma que fue reconocida por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

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Esta no es la única vez que el Cártel de Sinaloa ha puesto en jaque al gobierno mexicano. En su momento, el propio Joaquín Guzmán Loera puso de cabeza a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con Vicente Fox se fugó por primera vez de prisión; con Felipe Calderón, y en plena guerra contra el narco, su riqueza creció al grado de figurar en la lista de los hombres más ricos del mundo y con Peña Nieto, volvió a hacer uso de sus dotes de escapismo al escabullirse nuevamente de un penal federal.

Integrantes del narcotráfico y el Ejército se enfrentaron en Culiacán, Sinaloa. Crédito: CUARTOSCURO.

Con Fox, la fuga; con Calderón, la fortuna

El 9 de junio de 1993, el líder del Cártel de Sinaloa fue detenido en Guatemala, entregado a las autoridades mexicanas y recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco. Ahí permaneció hasta el 19 de enero del 2001, cuando escapó. Su huída significó la primera crisis política del gobierno del panista Vicente Fox Quesada, a solo 50 días de haber llegado a la Presidencia de la República.

La versión oficial es que el narcotraficante escapó escondido en un carrito de lavandería. Sin embargo, la periodista Anabel Hernández rechaza en su libro “Los señores del narco” la versión gubernamental y sostiene que Guzmán Loera salió por la puerta principal del penal tras corromper a buena parte de las autoridades responsables.

Terminó el sexenio de Fox (2000-2006) y comenzó el de Felipe Calderón Hinojosa, también del Partido Acción Nacional (PAN). El 11 de diciembre de 2006, en cadena nacional y a diez días de haber asumido la Presidencia de México, Calderón decretó una guerra frontal en contra de los cárteles de la droga que se extendió hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Paradójicamente, en plena guerra para quitarle fuerza al narco, el poder del Cártel de Sinaloa creció a niveles insospechados: la organización se consolidó como la asociación delictiva más poderosa del país y su principal líder comenzó a figurar en las listas de los hombres más acaudalados del mundo.

El 9 de Junio de 1993 el líder del Cártel de Sinaloa fue detenido en Guatemala.
Crédito: Pedro Valtierra/CUARTOSCURO

Los posibles sobornos

Las sospechas sobre el presumible apoyo del gobierno calderonista al Cártel de Sinaloa surgieron desde entonces y volvieron a cobrar fuerza a raíz del juicio de El Chapo que comenzó a finales de 2018 en los Estados Unidos.

Durante el proceso judicial, Jesús El Rey Zambada García —hermano de Ismael El Mayo Zambada— testificó sobre sobornos millonarios que recibió Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública por parte del cártel durante el gobierno de Calderón. 

De acuerdo con su declaración, un maletín con 3 millones de dólares le fue entregado al ex funcionario entre 2005 y 2006, cuando se desempeñaba como titular de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI); y otro con 3.5 millones de dólares en 2007, cuando ya era secretario de Seguridad Pública y controlaba a la Policía Federal.

Zambada detalló que el pago del primer soborno se hizo en un restaurante durante una reunión entre él, Óscar Paredes (abogado de El Mayo) y García Luna. El segundo pago tuvo como objetivo que El Mayo no fuera arrestado, abundó el ex lugarteniente del Cártel de Sinaloa.

El Rey también habló durante el juicio de otro soborno de 50 millones de dólares que los hermanos Beltrán Leyva juntaron para entregarlos a García Luna a fin de garantizar la protección de su organización y sus negocios. El ex secretario calderonista negó las acusaciones.

Zambada notificó además de otro soborno de “algunos millones” a Gabriel Regino, quien se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública en la capital mexicana durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006).

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Con Peña, la segunda fuga

Pasaron 13 años para la recaptura de El Chapo. El 22 de febrero de 2014, ya en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), el capo fue detenido por la Marina en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El gusto no duró mucho al gobierno peñista. Un año y cinco meses después, el 11 de julio de 2015, El Chapo volvió a fugarse, esta vez a través de un túnel de 1.5 kilómetros construido justo debajo de su celda y con destino a una casa en obra negra a las afueras de la cárcel.

En medio del escándalo, el presidente Enrique Peña Nieto asumió el error de la segunda fuga del Chapo y el reto de atraparlo.

El narcotraficante fue nuevamente capturado el 8 de enero de 2016. “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”, celebró Peña Nieto en su cuenta de Twitter. El Chapo finalmente fue extraditado a Estados Unidos y juzgado en Nueva York por tráfico de drogas y lavado de dinero.

El viernes 8 de enero del 2016 Peña Nieto anunció la recaptura de El Chapo. Crédito: Moisés Pablo/CUARTOSCURO

Durante el juicio al líder del Cártel de Sinaloa también surgieron testimonios de presuntos sobornos a Enrique Peña Nieto. El narcotraficante colombiano Alex Cifuentes declaró en enero de este año que El Chapo sobornó al ex mandatario priista en octubre de 2012, dos meses antes de que tomara posesión como presidente de México.

Cifuentes afirmó ante el jurado no recordar con exactitud la cifra que fue entregada a Peña Nieto, pero estimó que podría rondar entre los 100 y 250 millones de dólares. La acusación fue negada por el vocero del expresidente mexicano.

Un presidente “muy cristiano y humano”

El último golpe del Cártel de Sinaloa a la credibilidad del gobierno mexicano ocurrió el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, con la detención y liberación en pocas horas de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo.

La mañana del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión que tomó su gabinete de seguridad de dejar en libertad al presunto narcotraficante para proteger la vida de los militares y habitantes de Culiacán.

“Tomaron decisiones que yo respaldo, yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas, ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”

Andrés Manuel López Obrador, 18 de octubre de 2019

La decisión presidencial fue criticada por unos y aplaudida por otros. En este último bando se cuenta la familia del capo. José Luis González Meza, abogado de El Chapo Guzmán, agradeció en nombre de la familia la liberación de Ovidio.

“Con gran sensatez y justicia el presidente Andrés Manuel (López Obrador), ordenó que se pusiera en libertad”, elogió el defensor. Y como cereza del pastel agregó que “tenemos un presidente humano, cristiano, que finalmente no tomó la decisión de causarle daño a Ovidio”.

Durante las balaceras que aterrorizaron Culiacán la tarde del jueves hubo 8 muertos y 16 heridos, entre miembros del cártel y oficiales de la Guardia Nacional.

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Mujeres saldrán preparadas de las cárceles del Estado de México

Daniel Esquenazi, miembro de la Fundación B, dice que la oportunidad de autoemplearse en las cárceles del Estado de México reduce la reincidencia delictiva

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La Fundación Plan B apoya a las mujeres privadas de su libertad en las cárceles del Estado de México con talleres y capacitaciones para autoemplearse, con los cuales se reduce la probabilidad de reincidencia delictiva.

“Es primordial lograr una reinserción social exitosa enfocada en el desarrollo económico de estas mujeres y sus familias”, manifiesta Daniel Esquenazi, patrocinador de la Fundación B.

El empresario y arquitecto agrega que la oportunidad de autoemplearse y realizarse económicamente reduce la probabilidad de reincidencia delictiva.

El proyecto busca motivar, capacitar en diferentes oficios y emplear a mujeres privadas de su libertad con el objetivo de que a través de su trabajo y la transmisión de conocimiento, provean un sustento y un ejemplo para sus familias, agrega el empresario.

Actualmente, las mil 568 mujeres recluidas por el fuero común y las 144 por delitos federales en los centros penitenciarios del Estado de México estudian, reciben capacitación y ejercen alguna actividad ocupacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Uno de los proyectos impulsados por la Fundación B, que fue fundada por Tatiana Ortiz Monasterio, es la creación de talleres y bibliotecas dentro de las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Esa sala de libros se creó como un programa piloto, pues la intención es replicar en otras entidades la República Mexicana.

Sandra Paola González Castañeda, diputada de Morena, entregó 300 libros que fueron donados por los legisladores y personal de la Cámara de Diputados, como parte de la campaña “Dona un libro para una Mujer en situación de cárcel”.

El objetivo de la campaña es que las mujeres, que están privadas de la libertad en las cárceles del país y el Estado de México tengan un vínculo con la sociedad a través de las letras, agregó la legisladora, quien hizo una visita a mediados del año con Ortiz Monasterios.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que existe una falta de espacios destinados para actividades recreativas y productivas en los centros de readaptación social, lo que impide que estas mujeres tengan acceso a actividades encaminadas a la reinserción social.

“Mi objetivo es hacer de las cárceles femeninas lugares para aprender”, afirma Tatiana Ortiz Monasterio, fundadora de la Fundación Plan B, quien busca empoderar a mujeres privadas de su libertad en el Estado de México

La activista, quien es respaldada por empresarios, diputados de Morena y el gobierno del Estado de México, asegura que cada uno los talleres, cursos y capacitaciones enseñadas en los penales femeniles cuentan con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Todo lo que hagan, todo lo que aprendan y todos los cursos que tomen van tener sus diplomas”, concluye la comunicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana a un grupo de presas.

*Publicado originalmente en Cobertura 360

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Violencia sexual en escuelas: sin control y sin solución

De 2006 a 2019 se registraron 712 presuntos delitos sexuales en planteles de la UNAM, IPN, Bachilleres y Conalep, esto en la CDMX y su área conurbada. La cifra, sin embargo, es mucho mayor a lo que las instituciones reportan

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CU violencia sexual
La UNAM registra la mayor cantidad de delitos sexuales; las mujeres son las principales víctimas. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Desde el 23 de octubre, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán se encuentra en paro de actividades. En las bardas del exterior cuelgan mantas con mensajes que exigen la erradicación de la violencia sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), principal demanda del movimiento.

El día anterior, un grupo de estudiantes llevó a cabo un ejercicio llamado “tendedero de acoso”. En solo dos horas, el tendedero se llenó de 135 papeletas que denunciaban casos de acoso, hostigamiento, abuso sexual e incluso violación por parte de profesores, alumnos y trabajadores.

“Había un profesor que concentraba 23 de las 135 denuncias”, narra Laura, estudiante de Química y una de las voceras del movimiento. “Este profesor no solo hace a las alumnas comentarios como ‘compañera, siéntate acá, si no te repruebo’ o ‘por qué traes a tu novio’. Se han compartido casos en los que el profesor cita tarde a las compañeras, las toquetea o saca su miembro. También se le da mucho tomarle fotos a las alumnas y enviárselas”.

El profesor denunciado tiene más de 30 años dando clases en la FES pese a que sus agresiones son conocidas. “Estamos pidiendo la destitución de profesores y expulsión de alumnos que tengan denuncias formales ante la ley, porque no nos sentimos seguras”, demandan las alumnas de la institución.

La violencia sexual es uno de los principales conductas delictivas que afectan más a las y los estudiantes, no solo de la UNAM, sino de otras universidades y preparatorias públicas, de acuerdo con datos obtenidos vía mecanismos de transparencia. Esta es la última de tres entregas de una serie especial que aborda el tema de la violencia y la inseguridad al interior de cuatro de las principales instituciones públicas del nivel medio superior y superior en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y el Conalep.

LEE LA PRIMERA PARTE DE ESTA SERIE: Estudian entre robos, acoso, violencia, crimen, insultos…

Los delitos sexuales son, después del robo, la segunda clase de ilícitos que más se registran en las estadísticas oficiales de las cuatro instituciones educativas. En total, de 2006 a 2019 se reportaron 712 delitos sexuales al interior de sus instalaciones.

El acoso y el hostigamiento sexual sumaron 483 casos, es decir, siete de cada diez delitos sexuales registrados. El resto de los incidentes corresponden a casos de abuso sexual o violación (229 registros).

De los 712 casos registrados, en 607 las víctimas fueron mujeres (85%). También se registraron 12 delitos sexuales contra hombres y 93 en los cuales no se especifica el sexo de la víctima (estos últimos del IPN), por lo que el porcentaje de mujeres víctimas puede ser mayor.

De acuerdo con Adina Barrera, especialista en perspectiva de género y Miembro de la Red de Mujeres Estudiantes de Posgrados e Investigadoras de la UNAM, la violencia contra las mujeres dentro de las escuelas se debe a que la estructura social en la cual ellas son desvaloradas se replica en todas las instituciones sociales.

“En el ámbito educativo, la subordinación de las mujeres se refleja en que somos vistas como si fuéramos invasoras de un espacio que no nos corresponde. Entramos de manera tardía y masiva a las escuelas sin que hubiera una transformación de los principios que ahí regían. Esto provoca violencia contra nosotras”, considera Adina.

Suhayla Bazbaz, especialista en prevención de violencia escolar y directora de la organización de la sociedad Civil Cohesión Comunitaria, señala que el principal problema de la violencia sexual y de género en las escuelas es que “se sigue pensando que se trata de casos excepcionales. Las instituciones tienen que dejar de pensar en casos únicos y concebir el problema como un fenómeno generalizado, sistémico y transversal”.

Cifra negra

La UNAM es la institución que registró la mayor cantidad de presuntos delitos sexuales al interior de sus escuelas. Esto no necesariamente significa que sea la institución con mayor incidencia porque los registros entre instituciones son muy dispares: algunas intentan ser más transparentes mientras que otras más bien parecería que minimizan u ocultan el problema.

Un ejemplo es el Colegio de Bachilleres, que solo registró tres casos de presunto acoso u hostigamiento sexual de 2006 a 2019. No obstante, frente a los casos casi inexistentes en las estadísticas institucionales, durante los meses de septiembre y octubre los estudiantes de distintos planteles en la Ciudad y el Estado de México conformaron un movimiento estudiantil para denunciar la inseguridad y violencia en sus planteles. Una de sus demandas es la erradicación del acoso sexual en las escuelas, especialmente por parte de los docentes.

Un profesor de Física del Colbach Plantel 5 ha sido acusado de acoso sexual por al menos tres jóvenes. Belena “K” ahora tiene 21 años. Hace cinco, ese profesor la acosó. “Me saludaba de una forma que me hacía sentir incómoda. En una ocasión, cuando todos se fueron del salón, yo le dije si podía entregar un proyecto para pasar porque no pude acudir a una actividad que dejó. Me propuso arreglarnos de otra forma y me miró el cuerpo”.

Otra ex alumna, Belén José, denuncia que hace cuatro años el mismo docente pidió a una de sus amigas que se quedara al finalizar la clase: “mi amiga salió muy asustada y nos contó que el profesor le empezó a acariciar la pierna y se le insinuó. Ella no quiso denunciarlo porque tenía miedo a represalias”.

Un tercer testimonio, realizado de forma confidencial, describe una situación similar con el mismo profesor ocurrida este año. Aunque la alumna denunció el caso, la dirección del Plantel 5 no sancionó al maestro.

“Al final de clase me pidió que me quedara. Entonces me abrazó y me dijo que si quería que me pasara con diez todo el semestre, lo podría hacer sin dinero. No accedí, él me sujetó muy fuerte del brazo y me dijo que me haría difícil el semestre”

ALUMNA DEL PLANTEL 5 DE BACHILLERES

El Colegio de Bachilleres declaró a Las Noticias que en esa escuela “no se tiene registro alguno de queja sobre acoso, hostigamiento o insinuaciones de índole sexual de algún profesor con el nombre referido”. La institución asegura que el director del plantel no ha recibido queja formal o informal sobre el tema, ni las oficinas generales del Colegio.

Sobre el fenómeno de la violencia sexual, las autoridades de la institución reconocen que sí existe en sus planteles y oficinas y que una de las medidas que han instrumentado es un buzón electrónico de quejas, además de seguir el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (publicado el 31 de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación).

La institución asegura que, conforme al Protocolo, se designaron a personas consejeras que reciben y dan atención a las denuncias en los 20 planteles de la Ciudad de México y su zona conurbada. Sin embargo, Diego “S”, vocero del movimiento estudiantil, indica que cuando las estudiantes denuncian, los consejeros generalmente no hacen nada y solo les piden ignorar a los maestros acosadores.

Respecto al buzón de quejas, la investigadora Suhayla Bazbaz señala la necesidad de contar con mejores mecanismos de denuncia y reporte en las escuelas. “Los buzones del tipo ‘presente su queja y nos comunicamos no son suficientes’. Necesitamos saber quiénes toman las decisiones, quiénes son los comités de ética (establecidos en el Protocolo referido) y qué pasa con las denuncias”.

Violencia sexual protesta UNAM
Carteles de manifestación de alumnas de la UNAM en Rectoría 21 de octubre. Crédito: Mariana Betanzos

No solo los profesores, también los alumnos

Los estudiantes también son perpetradores de violencia sexual y de género. Varias jóvenes entrevistadas por Las Noticias dieron testimonios de agresiones sexuales por parte de compañeros, parejas o exparejas. Marisela, estudiante de Química de la FES Cuautitlán, narra que un compañero la acosó durante todo el año 2018.

“Cada que podía estaba pegado a mí. Me quería acompañar diario a mi casa, aunque le decía que no era necesario. Al principio lo agradecía pero luego ya era hostigante, se volvió aterrador. No permitía que ningún otro compañero estuviera cerca de mí. Intentaba tener mucho contacto físico conmigo. Una vez me hizo ‘cosquillas’ y me dejó rasguños en el cuerpo. Yo tenía miedo de que me fuera a hacer algo y hasta tuve pesadillas, porque además vivo sola”, recuerda Marisela.

Paulina, estudiante de la Escuela Superior de Turismo del IPN, relata lo siguiente. “Cuando llegué a quinto semestre, un compañero comenzó a ser muy insistente en salir conmigo. Yo tenía novio e incluso empezó a amenazarlo de muerte. El chico robó mi celular de mi mochila y me amenazó con subir a las páginas de la escuela mis fotos íntimas. Al externar eso a la escuela, me mandaron a levantar denuncias y me dieron medidas de protección en el Ministerio Público, pero las autoridades no las acataron y dijeron que era mi culpa por tener esas fotos.

“Una vez en el área de fumadores, el acosador me quitó mi cigarro de la mano y me lo aventó en la cara. En la subdirección se me recriminó a mí por fumar ‘porque eso no es de señoritas’. La situación llegó a tal grado que en agosto del año pasado mi agresor me sacó del salón jalándome del cabello”. La joven asegura que las autoridades de su escuela no la protegieron, sino que la han revictimizado y solo le han propuesto como ‘solución’ darla de baja temporal.

LEE LA SEGUNDA PARTE DE ESTA SERIE : Porros, un mal de 90 años que nadie ha podido (o querido) erradicar

No solo las alumnas, también las trabajadoras

Elena —nombre que se le da para proteger su identidad— era auxiliar de intendencia en el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 2008. En 2011 comenzó a sufrir hostigamiento laboral por parte del Jefe de Servicios del recinto. El hostigamiento laboral luego se convirtió en abuso sexual.

“Me ordenaba que llegara muy temprano. Una mañana, a las siete, me acuerdo de la hora, yo estaba haciendo los baños de mujeres. Él entró al baño, me arrojó el papel en la cara, me dijo groserías, me agarró y empezó a tocar mis partes. Fue algo muy doloroso porque le pedí que no lo hiciera y no se detenía”

ELENA, ex TRABAJADORA DE LA UNAM

Al agresor se le dictó una sentencia de nueve años de cárcel, pero no se cumplió. “Se amparaba y pagaba a cambio de no cumplirla. Después me cambiaron a la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria y él enviaba a miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNAM para amenazarme con golpearme a mí y a mi hermana si no dejaba de proceder en su contra. Entré en una fuerte depresión, me quería suicidar”.

De acuerdo con los registros de la UNAM, de 2006 a 2019 se registraron 102 presuntos delitos sexuales contra trabajadoras y trabajadores de la institución. Después del alumnado, son las siguientes víctimas de delitos sexuales dentro de la Máxima Casa de Estudios.

La investigadora Adina Barrera menciona que las mujeres más vulnerables de estas agresiones son las trabajadoras que hacen la limpieza. “Por la posición que ocupan socialmente, no tienen una red de apoyo y se tienen que someter a prácticas de sus compañeros”, denuncia la experta.

Elena fue víctima de abuso sexual en el Palacio de Minería, instalación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO

Violencia que arruina vidas

Sandra —nombre ficticio para proteger su identidad— era estudiante en el Posgrado de Geografía de la UNAM. Había entrado al doctorado muy entusiasmada cuando el tutor de su proyecto comenzó a acosarla y hostigarla sexualmente en 2016.

“Me condicionó la asesoría a tener relaciones sexuales. Me dijo que en un congreso internacional estaríamos siete días en postura de misionero. Me quedé en shock y me negué”

SANDRA, ESTUDIANTE DE POSGRADO DE LA UNAM

A partir de entonces, el profesor comenzó a agredirla verbalmente. “Me gritaba, me faltaba al respeto, empezó a desvalorar mi trabajo. Hubo una violencia psicológica muy fuerte hasta que un día me amenazó. Me dijo: ‘vas a ver cómo te va a ir en la evaluación”.

El docente comenzó a impedir la comunicación de Sandra con sus cotutores y a decirles que era mala estudiante. “Me decía que él tenía el poder de hacer que me sacaran del doctorado si no hacía lo que me pedía”. Y así pasó.

El profesor la evaluó dos semestres consecutivos con cero y a pesar de que ella presentó evidencias de su trabajo, estas no fueron revisadas por la coordinadora de posgrado, quien se inclinó por el agresor. Esta evaluación derivó en que se le diera de baja definitiva del doctorado. No solo eso. Ahora debe más de 200 mil pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la beca que se le había otorgado. “Ante ellos yo soy una mala alumna que incumplió, aunque toda mi vida he sido estudiante de excelencia”.

En 2016, la UNAM emitió el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. Esto animó a Sandra a denunciar la situación que vivió, pero la realidad fue muy diferente a lo plasmado en el papel.

“Claramente no hay una instancia de investigación adecuada. Las oficinas jurídicas no trabajan con perspectiva de género porque no están preparadas”, dice Sandra. “Al momento de la investigación derivada de la aplicación del Protocolo, valió más el dicho del tutor de que yo era mala estudiante, pese a que pedí que se revisara el trabajo que había hecho”. Al final, el profesor no recibió ninguna sanción y ella se quedó sin doctorado.

“Me enfermé. Estaba en un estado psicológico terrible, yo me quise suicidar. En algún momento tuve temor de que ese hombre me matara”, acusa Sandra. Desde entonces acude a terapia psicológica y llegó a necesitar medicamentos psiquiátricos.

“Me he tardado mucho en asimilar que mi proyecto de vida haya sido destruido así, porque además el tema que investigaba es muy especializado y se trabaja en pocas universidades. Es como si me hubieran quitado un brazo, una parte de mí”.

Adina Barrera considera que las instancias encargadas de investigar los delitos sexuales tienden a revictimizar a las mujeres que denuncian. En los casos que ella ha acompañado hay ocasiones en que “el tribunal universitario ha preguntado a las víctimas si acostumbran a no dormir en su casa o andar afuera a altas horas de la noche”.

Violencia sexual UNAM
Protesta contra la violencia sexual en la UNAM, 2018. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Medidas insuficientes

De acuerdo con Adina Barrera, los casos de violencia sexual al interior de las escuelas tienen un común denominador. Las instituciones públicas no están obligadas a cumplir con un marco legal que garantice a las mujeres una vida libre de violencia.

“Hay una necesidad de armonizar los marcos legales de las instituciones con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los marcos internos de las escuelas no hablan de derechos humanos, mucho menos de perspectiva de género. Ha habido intentos de protocolos, pero no están funcionando”, opina Adina.

La investigadora expone diversas críticas al Protocolo de la UNAM, que es el parteaguas de los protocolos que han surgido en otras instituciones. Una de esas críticas es que plantea la conciliación, bajo el nombre de “proceso alternativo”.

“El sentar a la víctima y al victimario está prohibido por mecanismos de derechos humanos porque se reconoce que hay un factor de poder de género. En el caso de profesores, porque además hay una serie de poderes que lo invisten en la institución”, explica.

A partir de la colaboración con colegas de otras universidades como el IPN, Barrera sostiene que las instituciones educativas han ocultado los casos que tienen que ver con violencia de este tipo y considera urgente una política integral para atacar la cultura de violencia de género en las escuelas.

“Hace falta la generación de instrumentos para prevenir, atender, investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia en universidades”, menciona.

La falta de aplicación de sanciones a agresores sexuales es otro problema. O las sanciones no se encuentran claras en los marcos internos de las instituciones educativas, o no son aplicadas. “Hay sanciones en las que solo se establece una semana de suspensión sin recibir pago. Nosotras pedimos la destitución de profesores o expulsión de alumnos agresores. Hay casos de profesores que cuando están en medio de un proceso de investigación por una denuncia de violencia sexual, renuncian y se van a otras escuelas”, narra Barrera.

Suhayla Bazbaz coincide en que no se están aplicando las sanciones necesarias y añade que “pedir renuncia no es una sanción suficiente. Tiene que haber un comunicado formal de que la institución hizo la investigación, que se hizo un esfuerzo por identificar más casos, se acompañó en la parte legal y hubo reparación del daño a las víctimas”.

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Aprobación de Andrés Manuel López Obrador cae: Consulta Mitofsky

De acuerdo con Roy Campos, el presidente de México está ‘atorado’ en el “AprobAMLOmetro” debido a los estragos en el tema de la inseguridad

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Andrés Manuel López Obrador
Cada vez que AMLO habla sobre inseguridad o migración, su popularidad baja

Tras los sucesos relacionados con la captura y liberación de Ovidio Guzmán, la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha bajado ligeramente.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, afirma que el operativo fallido, así como los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, tras la captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, afectaron la popularidad de la llamada 4T por parte de los mexicanos.

Campos informó que “el día 22 de octubre la popularidad de AMLO estaba en 63% y al final de octubre estaba en 60%; en esos días cayó tres puntos, eso quiere decir que sí hay afectación, y hoy no ha podido levantarse, está en su punto más bajo”.

Cuando la encuestadora inició el tracking poll (encuesta de seguimiento diario), el 14 de abril de este año, la aprobación del presidente López Obrador era de 67.8%. Campos señala que cada vez que el mandatario habla de inseguridad o migración, su popularidad baja. “Son temas de los que no le conviene hablar”.

Sobre las razones de esta caída en el AprobAMLOmetro, el director de Consulta Mitofsky explicó que los mexicanos reprueban las decisiones relacionadas con la captura de Ovidio Guzmán.

Sin embargo, el especialista aclara que la manera en la que el mandatario se ha referido a su estrategia ha sido “comprada” por los mexicanos. “Ellos (AMLO y su gabinete) se niegan a una política de exterminio, así es como han utilizado esa palabra (exterminio), por eso la gente se las compra”.

Respecto a la estrategia de López Obrador para combatir la inseguridad, Campos declara que se basa en dos pilares: la visión de programas sociales para atacar las causas de la inseguridad y la presencia permanente de la Guardia Nacional donde hace falta.

“La estrategia de AMLO no es decir ‘vamos a agarrar a tal capo’, sino la humanista, que es la que López Obrador plantea como el gran cambio. Él cree que la inseguridad se acaba atendiendo las causas y que hay que tener presencia permanente para inhibir al crimen en donde hace falta.”

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky
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