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LOS INCORRUPTIBLES

Construyeron en CDMX 249 edificios ilegales

Los inmuebles se levantaron durante el gobierno del hoy senador del PRD, Miguel Ángel Mancera

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Edificios ilegales CDMX
Sin contar con permisos, la empresa Central Park Sur pretendía levantar tres torres de 22 pisos cuando solo tenía permiso de hacer cuatro. Crédito: Saúl Hernández

Un cilindro de concreto de 22 pisos se levanta sobre los árboles y casas de la Barranca del Moral, en la alcaldía Álvaro Obregón. La mole en obra negra es lo que queda de lo que sería un complejo de tres torres de lujo que se conocería como Península Desierto de los Leones. El problema es que la empresa encargada del proyecto, Central Park Sur, hizo todo de manera ilegal.

Esta no es la historia de una empresa tramposa que se aprovechó de leyes a modo, normatividades defectuosas, vacíos legales o triquiñuelas jurídicas para construir más allá de lo que era admitido. Es el ejemplo de cómo una desarrolladora decidió violar abiertamente todas las leyes en materia de construcción, según pudo documentar la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de Ciudad de México, en marzo de 2016.

En el predio marcado con el número 5602 de la Calzada Desierto de los Leones se pretendía erigir tres torres de 22 pisos cuando Central Park Sur sólo tenía permiso para levantar cuatro. Además trabajaba sin dictámenes de impacto urbano ni ambiental y había arrasado con 2 mil metros cuadrados de áreas verdes de la barranca… Y apenas llevaba una torre.

Como este inmueble, la PAOT contabiliza 249 edificios en CDMX construidos al margen de la ley entre 2014 y 2018, cuando gobernaba la ciudad el hoy senador perredista, Miguel Ángel Mancera Espinosa. En todos los casos se levantaron más pisos de los que las constructoras tenían legalmente autorizados: 474 niveles excedentes en total.

En 62% de los casos las empresas llegaron al descaro de construir sin contar con una manifestación de construcción, violando los artículos 47 y 72 del Reglamento de Construcción para la Ciudad de México.

Las Noticias obtuvo mediante mecanismos de transparencia una base de datos con los 249 inmuebles en los que la procuraduría ambiental identificó un exceso de niveles. Los casos se distribuyen en 132 colonias de 14 alcaldías de CDMX, la mayoría está en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

La información revela además la participación de 31 empresas y 59 Directores Responsables de Obra (DRO), es decir, de los encargados de vigilar que las obras cumplieran con las leyes, reglamentos y normas aplicables en la materia.

Para Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría ambiental, la falta de vigilancia y desinterés de las autoridades de la administración anterior contribuyó a que los desarrolladores se sintieran en la libertad de violar descaradamente la ley.

“El hecho de que hubiera muy poca vigilancia permitía que los desarrolladores siguieran violando las disposiciones tal cual, sin ni siquiera aprovechar un vacío legal, sino construyendo niveles de más en total contravención a lo dispuesto por la normatividad aplicable”

MARIANA BOY, TITULAR DE LA PAOT

Rebeca Herrera Naranjo es una de las vecinas de las colonias Alcantarilla y Olivar de los Padres que más activamente se opuso a la construcción de Península Desierto de los Leones. Para ella, esa mole de concreto que se erigía a unas cuadras de su hogar representa “el ejemplo de cómo las autoridades permiten que las constructoras hagan lo que se les pega la gana”.

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De la denuncia a la acción

La mayoría de las resoluciones de la PAOT en materia de uso de suelo comienza con una denuncia ciudadana, explica Mariana Boy. Una vez que la dependencia recibe la denuncia, manda a su personal al lugar de los hechos para realizar labores de reconocimiento e inspección ocular.

Luego lleva a cabo toda una gestión de gabinete en que solicita a las autoridades correspondientes los permisos otorgados para la construcción de los edificios, como son las alcaldías, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en caso de que la obra requiera un estudio de impacto ambiental.

La información se coteja con el programa parcial de desarrollo urbano, los programas delegacionales y lo que la procuraduría pudo percibir en sus visitas. Tras analizar la información, la entidad emite una resolución y en su caso un dictamen. El tiempo que transcurre entre la denuncia y la resolución dura entre cinco y seis meses.

Tras una larga batalla, los vecinos de las colonias Alcantarilla y Olivar de los Padres lograron frenar el complejo ilegal de Península Desierto de los Leones. Crédito: Cortesía

Las resoluciones de la PAOT no van dirigidas a los desarrolladores, sino a las autoridades que tienen atribuciones para sancionarlas.

“Normalmente todas las procuradurías ambientales emiten resolutivos sancionando al particular, pero nosotros no tenemos facultades sancionatorias, no podemos sancionar al particular. Nuestra función es más una especie de ombudsman donde nuestras recomendaciones van dirigidas a las autoridades que sí pueden hacerlo”, explica Boy Tamborrell.

Lo que sí puede hacer es solicitar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de CDMX la custodia del folio real del inmueble como medida precautoria, lo que imposibilita al desarrollador cualquier transacción comercial de compraventa o preventa hasta que regularice su situación.

“En el momento que nosotros detectamos que se están rebasando los niveles, no esperamos a emitir la resolución, se custodia el folio de manera inmediata porque es una medida precautoria que busca prevenir que se siga generando el riesgo de la irregularidad”, dice Boy.

Las resoluciones y dictámenes de la PAOT, aunque no son vinculantes, sirven de prueba para que la propia dependencia o los ciudadanos afectados presenten una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur) o una acción pública en el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX.

En el caso de los edificios con niveles excedentes, la dependencia a cargo de Mariana Boy también presenta denuncias penales en contra de los DRO y solicita a las alcaldías y al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) la inspección de los inmuebles y, en su caso, que ordenen la demolición de los pisos ilegales.

De acuerdo con la información entregada vía transparencia, por la construcción de pisos excedentes en 249 edificios de la capital, la PAOT emprendió 195 denuncias penales, ordenó la custodia del folio real de 124 inmuebles y se ha ejecutado la demolición parcial de seis de estos.

Sin embargo, hay casos donde la PAOT decide no actuar porque la obra ya está terminada o incluso habitada.

Y siguen vendiendo

En el número 532 de la calle Sur 113-A, en la colonia Sector Popular de la alcaldía Iztapalapa, un edificio de ladrillo rojo y puertas y canceles negros resalta por sus seis pisos en una zona donde las casas tienen a lo mucho tres. Se puede encontrar en Waze como Torre Kahum, propiedad de Inmobiliaria Hoppesa.

El 27 de agosto de 2018 la PAOT había resuelto que dicho inmueble excedía en tres niveles lo permitido en el plan de desarrollo urbano de la alcaldía (construyendo seis en lugar de tres), además de que no contaba ni con manifestación de construcción ni con Certificado de Uso de Suelo que amparara la obra.

En su resolución, la Procuraduría ordenó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y a las autoridades de Iztapalapa instrumentar las sanciones aplicables e incluso considerar la demolición de los niveles excedentes; y al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, realizar la custodia del folio real del inmueble.

A pesar de todo, Las Noticias pudo corroborar que la propiedad se encuentra intacta, habitada e incluso hay departamentos que se siguen vendiendo. A la entrada del edificio hay dos letreros con anuncio de venta: uno en rojo con blanco y otro en amarillo con teléfonos diferentes.

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Este medio intentó en varias ocasiones contactar al primer teléfono para pedir informes sobre el inmueble, pero el número no estaba disponible. El segundo teléfono corresponde a un broker hipotecario de la empresa Sicurezza Inmuebles, quien aseguró que la construcción es legal.

El inmueble consta de diez condominios y cinco ya se han vendido. De acuerdo con la propaganda obtenida por este medio, los “departamentos de lujo”, de 64 metros cuadrados, se venden entre 1 millón 970 mil y 1 millón 955 mil pesos.

Al preguntar a Mariana Boy sobre qué sucede con estos inmuebles que se siguen vendiendo, comenta que “se pueden vender, pero el problema es que no van a poderse escriturar”.

Sobre la misma calle, apenas a cuatro casas de distancia, la PAOT también concluyó que el predio marcado con el número 544 se había construido sin permisos. El inmueble en cuestión es un edificio de condominios nuevo en el que también hay familias viviendo.

En la colonia Sector Popular de Iztapalapa, la PAOT ha identificado tres inmuebles que exceden los niveles permitidos y dos están habitados. Crédito: Saúl Hernández

Y a dos cuadras de distancia, pero dentro de la misma colonia, el inmueble de la calle Sur 109-A número 626 también se edificó sin permiso de construcción. Aunque la construcción luce nueva, el predio está abandonado y el nivel excedente a medio acabar.

La titular de la procuraduría ambiental reconoce que algunas veces ha sucedido que la resolución y medidas precautorias llegan tarde porque la obra ya está concluida, en etapa de venta e incluso habitada. Imponer las medidas, señala, implicaría afectaciones a terceros que compraron de buena fe los inmuebles.

Puedes descargar la respuesta original de la PAOT en los siguientes enlaces:

LOS INCORRUPTIBLES

Pese a pugnas legales, avanza Presa Anzaldo sobre área ambiental

Los múltiples sellos de clausura y suspensión han frenado temporalmente la megaobra, pero lleva más de un 70% de avance

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Presa Anzaldo
En el predio donde se erige el desarrollo solo pueden construirse áreas recreativas y de esparcimiento al aire libre, pero actualmente existe una estructura de 19 pisos. Crédito: Cortesía

El concreto y las grandes edificaciones están acabando con las áreas verdes de la Ciudad de México e incluso se erigen en áreas federales consideradas de valor ambiental donde la ley prohíbe construir.

Es el caso del desarrollo inmobiliario que se levanta sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3042, en la colonia San Jerónimo Aculco de la alcaldía Álvaro Obregón, mejor conocida como Presa Anzaldo. Se le llama así porque se construye sobre el vaso regulador del mismo nombre ubicado en una barranca donde desemboca lo que se considera el último río vivo de la capital: el Magdalena.

El megaproyecto forma parte de un listado de 249 edificios que se construyen de manera ilegal al rebasar el número de niveles permitidos, de acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX. Los inmuebles se empezaron a edificar entre 2014 y 2018, cuando gobernaba la capital el hoy senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El megaproyecto en Presa Anzaldo se construye bajo el fideicomiso de la Banca Mifel y ASJUFI Soluciones Inmobiliarias S.A. de C.V. es la empresa a cargo de su construcción.

Una resolución que la PAOT emitió el 31 de enero de 2017 determina, entre otras cosas, que el predio donde se erige el desarrollo tiene una zonificación de área verde solo para usos como canchas deportivas, áreas recreativas y de esparcimiento al aire libre, es decir, no se pueden construir niveles. Sin embargo, actualmente existe una estructura metálica de 19 pisos.

La resolución indica también que 54% del predio se encuentra dentro de la poligonal de un Área de Valor Ambiental denominada “Magdalena-Eslava”, además de que el desarrollador no presentó Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, dictamen favorable de Estudio de Impacto Urbano ni autorización en Materia de Impacto Ambiental para construir la obra.

ASJUFI, por su parte, se ampara con un documento que indica que el proyecto cuenta con Registro de Manifestación de Construcción tipo C, que es la que se requiere para uso de oficinas y servicios.

En marzo de este año, la nueva alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, ordenó la cancelación definitiva y la orden de demolición total de la estructura, aunque la empresa se amparó contra la decisión.

La procuraduría ambiental también ha intentado frenar el megaproyecto por vías legales, pero hasta ahora —y sin importar los sellos de suspensión por infringir el Reglamento de Construcción de la capital— la empresa se las ha ingeniado para hacer que la obra siga su curso, y pese a todas las irregularidades, cada está más cerca de su finalización.

Pugnas legales

El pasado 19 de agosto, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa concedió un amparo a la PAOT para impedir continuar con las obras en la Presa Anzaldo, pero los trabajos de construcción continúan.

La dependencia interpuso el amparo indirecto en contra de la sentencia de un juicio de nulidad elaborada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que había favorecido a la empresa inmobiliaria.

La Procuraduría Ambiental argumentó que debió de haber sido llamada al juicio de nulidad en su carácter de tercero interesado, ya que su participación en el mismo resultaría trascendente para resolver el fondo de la controversia jurídica, pues al momento de la interposición del juicio, la PAOT se encontraba en el procedimiento de investigación.

La dependencia señaló que de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de CDMX, los trabajos constructivos que se realizan se consideran de riesgo alto. Además acusó al Director Responsable de Obra, Raúl Palomino Flores, de otorgar su responsiva pese a que el proyecto incumplió con los requisitos establecidos por el Reglamento de Construcciones.

“La PAOT está determinada a agotar todas las instancias que permita la legislación vigente, con el interés de proteger los derechos ambientales y territoriales de los ciudadanos y de impedir que violaciones a la normatividad ambiental y urbana como las que presenta el proyecto constructivo de Presa Anzaldo, se realicen con impunidad”, afirmó Mariana Boy, titular de la dependencia.

El diario El Universal reportó que Palomino Flores fue sancionado por irregularidades en otra construcción ubicada en Baja California 370, colonia Hipódromo Condesa, mismo que también figura en la base de 249 inmuebles irregulares de la PAOT. En este último desarrollo, el edificio excedió por 23 metros la altura máxima permitida.

Pese a todas las pruebas, el recurso de amparo aun puede ser impugnado por la empresa.

ASJUFI responde

Ante la ofensiva legal por parte de la alcaldía y la PAOT, la respuesta de la inmobiliaria no se ha hecho esperar.

El 14 de mayo de este año, Héctor Mondragón, director corporativo de ASJUFI, se presentó al final de una conferencia de prensa que ofrecieron los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, para mostrar a los medios los documentos que según su él acreditan la obra en Presa Anzaldo.

La constructora también obtuvo permiso legal para poder realizar obras de mitigación en la construcción consistentes en reforzar la mole ya construida con el objetivo de aminorar riesgos.

Sin embargo, Erick Reyes, director general de Gobierno de la Alcaldía Álvaro Obregón, explica a Las Noticias que el juez que otorgó el amparo a ASJUFI no delimitó qué acciones se tenían que realizar, por lo que se están realizando trabajos de terminado en la construcción, como poner canceles y ventanas.

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Vecinos denuncian amenazas

Alrededor de la Presa Anzaldo no hay vecinos colindantes, pero un grupo de habitantes de la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, se han dedicado a vigilar las construcciones de toda la demarcación. Susana Kanahuati, coordinadora del comité vecinal, destaca que el impedir la construcción del desarrollo en Presa Anzaldo responde a “respetar el derecho a la ciudadanía”.

La activista señala que la defensa de áreas de valor ambiental es primordial para los vecinos de Álvaro Obregón e impedir la construcción del desarrollo en Presa Anzaldo es sinónimo de luchar por la vida. Su lucha contra las constructoras le ha costado ser víctima de amenazas

“Paran carrozas fúnebres en la puerta de mi casa, me están vigilando. Están muy, muy enojados los constructores porque sus obras están paradas y tienen tal nivel de violación que es imposible que puedan subsanar lo que hay en esas obras”, acusa Susana.

El pasado 9 de julio, Kanahuati interpuso una denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales de la Ciudad de México por las amenazas que ha recibido. 

La construcción en la Presa Anzaldo sigue en pie. Las primeras lonas colocadas en el edificio indican que se empezó a edificar en abril del 2016 y se tenía que terminar de construir en abril del 2019. Hasta la fecha no se ha concluido la obra.

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LOS INCORRUPTIBLES

Concentra Benito Juárez 1 de cada 5 construcciones ilegales en CDMX

Un total de 49 inmuebles, de 249 listados por PAOT por rebasar el número de pisos permitidos, se localizan en esta alcaldía de la capital

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Construcciones Benito Juárez
Vecinos de las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán realizan una serie de clausuras simbólicas a obras en construcción, para protestar en contra de los proyectos que ocasionan el desabasto de agua y empobrecimiento ecológico. Crédito: CUARTOSCURO

Pisos impecables de madera, plafones falsos que inyectan luz cálida, paredes blancas que se traslucen con el sol, ventanales de piso a techo que dejan ver el escaso tinte verde de la ciudad, balcones amplios, cortinas de poliéster, entradas corredizas a las recámaras, baños de granito con puertas de cristal, espejos de vidrio grueso: 92 metros cuadrados de un lujo completamente irregular en la alcaldía Benito Juárez.

El edificio de Mercaderes 68, en la colonia San José Insurgentes de Ciudad de México, se encuentra en la lista de 249 edificios que se construyeron de manera ilegal en CDMX durante la administración de Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), según documentó la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México.

La razón es que se construyeron niveles de más a los permitidos en la zonificación y sin ningún documento legal que avalara los pisos excedentes.

Benito Juárez es la alcaldía con más casos de construcciones irregulares, al concentrar una quinta parte de los inmuebles listados por la PAOT. Y San José Insurgentes es una de las diez colonias en toda la ciudad con más edificios fuera de la norma.

El inmueble de Mercaderes 68 cuenta actualmente con seis niveles, 15 departamentos y un penthouse. Aunque la PAOT solicitó la custodia del folio real del inmueble —e incluso inició una acción pública en el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX— ya se han vendido 13 (incluyendo el penthouse). Esto, de acuerdo con información de la inmobiliaria Punto Medio. Los precios de los tres restantes oscilan entre 5 y 6 millones de pesos.

De acuerdo con la procuraduría ambiental, el edificio rebasó en dos niveles los permitidos y en 12, las viviendas autorizadas. Además no cumplió con el porcentaje mínimo de área libre.

La empresa registrada como propietaria del inmueble, de acuerdo con documentos en poder de este medio, es OCA30 S.A. de C.V. Su representante legal es Antonio Crosswell Estefan, exdirector general de Médica Sur.

El ingeniero arquitecto Raúl Ávila Flores aparece como Director Responsable de Obra con número de registro DRO-1683. Su nombre figura en otros dos inmuebles del listado de la PAOT además de otro edificio irregular ubicado en la colonia Escandón por el que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) lo sancionó con el retiro de su carnet en abril de 2016. La razón siempre es la misma: edificar más pisos de los permitidos.

La sanción no fue permanente ya que Ávila Flores sigue apareciendo como DRO en el sistema de Directores Responsables de Obra y Corresponsables que administra Seduvi, con un carnet que vence el 13 de diciembre de este año. Incluso también contaba con registro como Corresponsable de Diseño Urbano y Arquitectónico (CDUyA) con vigencia al 31 de enero de 2019.

Construcciones sin control

De acuerdo con la base de PAOT, los 249 edificios que se construyeron de forma irregular se distribuyen en 132 colonias de 14 alcaldías. Un total de 49 inmuebles se concentra en Benito Juárez.

Las obras se levantaron entre 2014 y 2018, cuando Miguel Ángel Mancera gobernaba la CDMX y el Partido Acción Nacional (PAN), la alcaldía. En ese periodo Benito Juárez tuvo dos jefes delegacionales del mismo grupo político: Jorge Romero Herrera (2012-2015) y Christian Damian Von Roehrich de la Isla (2015-2018).

Durante esos años las construcciones irregulares documentadas por la PAOT crecieron, como es el caso del desarrollo conocido como Mural Nápoles, que se levantó con tres pisos adicionales a lo permitido.

Con una vista privilegiada que da al Polyforum Cultural Siqueiros, y a tan solo unos pasos del World Trade Center, Grupo Bausau logró construir en 2015 un edificio con nueve niveles de altura y 20 departamentos con valor de entre 7 y 13 millones de pesos cada uno, a pesar de que las reglas de zonificación y el registro del tipo de inmueble solo permitían un desarrollo de seis niveles con no más de 17 viviendas.

Cuatro años después, el inmueble ubicado en la calle Filadelfia 20 está habitado, mantiene sus nueve niveles y la inmobiliaria aún vende tres departamentos, incluido el penthouse.

En el quinto piso un número de contacto gigante cuelga en el balcón a la espera de que alguien lo alquile, sin que importe que la PAOT haya solicitado la custodia del folio real del inmueble y haya iniciado una acción pública en el Tribunal de Justicia Administrativa de CDMX.

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LOS INCORRUPTIBLES

Luz gratis para el SME: gobierno paga con cargo al erario

En diez años, mil millones de pesos salieron de las arcas públicas para brindar energía eléctrica gratuita a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro

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Martín Esparza, líder del SME
Andrés Manuel López Obrador y Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, son aliados políticos desde 2006. Crédito: Isaac Esquivel/CUARTOSCURO

Quizá ningún otro trabajador en México tenga una prestación de luz eléctrica gratis como la que gozan los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una agrupación integrada por ex empleados de la compañía pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que hace diez años desapareció el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El decreto de Calderón terminó de tajo con la empresa que surtía electricidad al Valle de México, pero no con el poder de su sindicato, liderado por Martín Esparza Flores. Hasta la fecha, sus agremiados gozan de los beneficios de la Cláusula 95 de su Contrato Colectivo de Trabajo 2008-2010, firmado entre el sindicato y la extinta LyFC.

El acuerdo en cuestión establece que la compañía no cobraría los primeros 350 kilowatts-hora (kWh) por mes de energía eléctrica para uso doméstico a sus trabajadores de planta, jubilados, sus familiares, dependientes económicos y otros casos especiales.

Ya sin la compañía, fue el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) —en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro— el encargado de pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mantener los beneficios de la Cláusula 95 del contrato firmado entre el sindicato y la paraestatal.

Entre 2009 y 2019, el SAE desembolsó más de mil millones de pesos para cubrir los costos del servicio de energía eléctrica que reciben los agremiados del SME, según documentos a los que tuvo acceso Las Noticias.

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Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador han cumplido puntualmente con los pagos desde la noche del 10 de octubre de 2009, cuando la Policía Federal desalojó a los trabajadores de sus centros de trabajo y cerró la empresa.

De un día para otro, más de 44 mil afiliados al SME se quedaron sin empresa y sin patrón. A unos 28 mil 750 trabajadores se les liquidó en 2010 con más de 12 mil 81 millones de pesos. Otras 15 mil 403 personas pelearon mayores beneficios y el 8 de agosto de 2016 consiguieron más de 5 mil 401 millones de pesos de liquidación.

La lucha del SME, encabezada por Martín Esparza, hizo que aún sin empresa se respetaran algunos de sus privilegios contenidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, especialmente la luz gratis definida en la Cláusula 95.

Para este reportaje se solicitó al Sindicato Mexicano de Electricistas su postura, pero no hubo respuesta.

Crédito: Staff

Regalos de la 4T

El SME ha recibido de manera gratuita una presa, tres subestaciones eléctricas, un taller mecánico y nueve inmuebles durante los primeros ocho meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según consta en distintas publicaciones del Diario Oficial de la Federación.

La llegada del tabasqueño al poder significó un punto final a las peleas que gobierno federal y sindicato sostenían en tribunales laborales por las instalaciones de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro.

El primer beneficio otorgado al SME ocurrió el 23 de mayo de 2019, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le cedió tres inmuebles en Lerma y Nicolás Romero, Estado de México, un taller automotriz en San Juan de Aragón, Ciudad de México y una subestación eléctrica en el municipio mexiquense de Otzolotepec.

Menos de un mes después, el 18 de junio de 2019, Hacienda entregó al sindicato otros cuatro terrenos: uno en Tulancingo, Hidalgo; dos en Chalco y San Felipe del Progreso, Estado de México y otro en la alcaldía Milpa Alta, CDMX. También una subestación eléctrica en Tepeji del Río, Hidalgo.

El gobierno de AMLO además donó al SME 24 mil 347 metros cuadrados de la Presa de Necaxa, predio que se encuentra en la jurisdicción de los municipios Juan Galindo y Huauchinango, en Puebla.

Esta presa fue la primera que produjo energía eléctrica en el país. Se inauguró en 1905 y cerró en 2009 con la desaparición de LyFC. El complejo fue reactivado en 2016 con la colaboración del SME y la empresa portuguesa Mota Engil.

Finalmente, el 11 de julio, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) también entregó al sindicato, de manera gratuita, un predio de 199 mil metros cuadrados conocido como Las Margaritas, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Martín Esparza Flores y Fernando Muñoz Ponce, secretario del Interior del Sindicato, habían solicitado al INDAABIN la donación de cada uno de los predios desde finales de 2017.

Martín Esparza y los integrantes del SME dieron su apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en las campañas de 2006, 2012 y 2018.

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De líder gremial a empresario

Desde finales de 2018, Martín Esparza tiene interés en vender energía eléctrica a gobiernos, iniciativa privada, comercios y domicilios particulares.

El líder sindical ha negociado una inversión de 650 millones de dólares para modernizar la central de ciclo combinado Jorge Luque, en el Estado de México.

El plan de Grupo Fénix, una empresa creada por el SME y Mota Engil, es construir una central de ciclo combinado en Lechería, Estado de México, para la generación de 800 megawatts (MW) a partir de dos procesos termodinámicos. Con esa producción alimentarían de electricidad al Valle de México.

La reforma energética durante el gobierno de Peña Nieto llevó al SME y sus socios portugueses a presentar iniciativas para la reconversión tecnológica de las centrales termoeléctricas a centrales de ciclo combinado, a fin de reducir los costos en la generación de energía eléctrica y  sustituir combustóleo y diésel por gas natural.

En su momento, Esparza también participó en la licitación para construir el Centro de Transporte Terrestre de lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco.

Apostó además por la venta de agua purificada. Desde mediados de abril de 2017, la marca Agua SME, cuyo apoderado legal es el propio Martín Esparza, comercializa agua envasada purificada, así como de sabores limón con chía, mora azul, naranja, jamaica, tamarindo, horchata, uva, manzana y mandarina.

El producto se vende por ahora en una tienda abierta en las oficinas centrales del sindicato ubicadas en Avenida de los Insurgentes y Antonio Caso, en la Ciudad de México.

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