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¿La corrupción estaba legalizada antes de la 4T?

Desde 2015, existe un apartado en el Código Penal Federal que castiga los delitos por hechos de corrupción

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El combate a la corrupción ha sido una de las banderas del gobierno de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina del 24 de septiembre, que hasta antes de su gobierno, la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave.

“La corrupción estaba legalizada
porque no era delito grave”

Andrés Manuel López Obrador, 24 de septiembre de 2019

En Las Noticias verificamos este dicho, que resultó ser falso porque la corrupción jamás ha estado legalizada e incluso varios delitos que pueden considerarse como corrupción ya ameritaban prisión antes de que AMLO llegara al poder.

En primer lugar, es necesario conocer el concepto de corrupción y cómo está contemplada en la legislación mexicana.

De acuerdo con Emiliano Montes de Oca, especialista en la materia de la organización Ethos, la “corrupción” es un término coloquial para referirnos a delitos que están tipificados en el Código Penal y a faltas administrativas que están asentadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Lo mismo sucede para los homólogos de estas legislaciones en las entidades federativas.

Estos delitos (que al estar tipificados ameritan prisión) y faltas administrativas ya figuraban en el ordenamiento jurídico antes del inicio de la actual administración y de la reforma al artículo 19 de la Constitución, acontecida en abril de 2019 e impulsada por el nuevo gobierno.

Específicamente, la última reforma que se hizo en la materia antes de la entrada del presente gobierno data de 2015: la reforma anticorrupción por la que, entre otras cosas, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

Algunas de las faltas que están tipificadas en el Título Décimo del Código Penal Federal, —nombrado “Delitos por hechos de corrupción” desde la reforma de 2015—, son el cohecho (mejor conocido como soborno), el tráfico de influencias, el peculado (la apropiación indebida de recursos públicos para beneficio propio o de terceros), el enriquecimiento ilícito y el abuso de autoridad.

Por otro lado, también existen faltas administrativas de los servidores públicos que no ameritan prisión, pero sí están sancionadas con suspensiones de labor o multas.

Al abarcar un amplio abanico de delitos y faltas, el concepto de “corrupción” no tiene un castigo o sanción como tal, sino que los tienen los delitos y faltas que la conforman.

Lo que vino a hacer la reforma constitucional de abril de 2019 fue considerar como “graves” dos delitos de toda la gama que ya existía: el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. Sin embargo, dichos actos ya eran ilegales desde antes.

Cámara de Diputados realiza la modificación al artículo 19 de la Constitución. Crédito: Mario Jasso /CUARTOSCURO

¿Qué son los delitos graves?

Desde la campaña presidencial de 2018, el tema de los delitos graves ha tenido especial posicionamiento en la agenda y el debate público. Si bien no es un aspecto nuevo de la legislación mexicana, el concepto ha sido utilizado en el discurso del actual gobierno en múltiples ocasiones.

Pero, ¿qué son los delitos graves y qué relación guardan con la corrupción en nuestro país a partir de la reforma de este año?

De acuerdo con Emiliano Montes de Oca, “en la jerga jurídica se usa el término de ‘delito grave’ para referirnos a un delito que lleva aparejada prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que, de forma automática y obligatoria, la persona que está acusada llevará su proceso dentro de la cárcel”.

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A través de la reforma de abril se añadieron nueve delitos graves al artículo 19 constitucional. Algunos de ellos son el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, el robo de hidrocarburos (“huachicoleo”), la desaparición forzada, y dos delitos en materia de corrupción.

Los delitos de corrupción que han sido incluidos para ameritar prisión preventiva oficiosa son el enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. En este sentido, Montes de Oca señala que, si bien sí son considerados delitos graves, es conceptualmente incorrecto decir que toda la corrupción ahora ya es delito grave porque sólo dos delitos ameritan prisión a partir de la reforma de este año.

Actualmente, en el Congreso se discute una iniciativa para que delitos fiscales también sean considerados delitos graves.

El debate sobre los delitos graves

Diversos académicos y defensores de derechos humanos, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se pronunciaron desde inicios de 2019 en contra de aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Jan Jarab, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México, ha señalado en distintas ocasiones que la prisión preventiva oficiosa es una violación a los derechos humanos y que aumenta el riesgo de tortura e impunidad.

El argumento a favor de la prisión preventiva oficiosa es que ésta hace más eficaz al sistema de justicia, pues al encarcelar inmediatamente a quienes estén acusados de determinados crímenes, se evita que puedan escapar durante su proceso judicial.

Jarab ha contestado que no se está en contra de la prisión preventiva cuando ésta es justificada de acuerdo con el caso, pero sí cuando es de manera automática y obligatoria (a lo cual se refiere el término “oficiosa”).

Aumentar el catálogo de delitos graves conllevará un incremento en la población penitenciaria. Crédito: Gabriela Pérez Montiel /CUARTOSCURO

La investigadora Magdalena Cobo Téllez indicó antes de la aprobación de la reforma constitucional, que en diciembre de 2018 sólo 40% de las personas internas en el sistema penitenciario tenía sentencia. Señaló el riesgo de que, con el aumento de delitos graves, la cifra de personas privadas de la libertad también aumente. Cabe señalar que, actualmente, uno de los principales problemas de las cárceles mexicanas es la sobrepoblación.

El debate no es nuevo. Emiliano Montes de Oca señala que “se trata de dos posiciones muy controvertibles entre sí. Para quien no conoce las consecuencias de la prisión preventiva oficiosa, que la corrupción sea un delito grave le puede parecer bien y lógico. Sin embargo, hace falta analizar todo lo que esto implica”.

De acuerdo con el Anexo Estadístico del Primer Informe de Gobierno, al 30 de junio de 2019 la población penitenciaria del fuero federal y del fuero común aumentó a 200 mil 753 personas. Este aumento implica un revés en la tendencia que se venía dando desde hace 5 años, en los cuales la población privada de la libertad iba a la baja año con año.

En resumen, la reforma para catalogar como “graves” dos delitos en materia de corrupción es una herramienta propuesta por el nuevo gobierno para combatir este problema, pero no es la causa ni implica que la corrupción sea o no legal. Además, ha implicado cuestionamientos y debate sobre su pertinencia para lograr el objetivo de erradicar la corrupción y garantizar los derechos humanos.

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Los negocios del clan Romero Deschamps

La familia Romero Deschamps es dueña de paquetes accionarios en una empresa de insecticidas y dos constructoras en el Bajío

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Carlos Romero Deschamps
Carlos Romero Deschamps tiene dos plazas de 44 mil 664 pesos en Pemex y lleva 21 años en el Congreso mexicano. Crédito: CUARTOSCURO.COM

La esposa, el hijo, la hermana, la cuñada y los aliados en Salamanca de Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), son dueños de paquetes accionarios de una empresa dedicada a la fabricación de insecticidas, fungicidas y fertilizantes. Así como de dos constructoras.

La primera compañía de los familiares del líder petrolero es Plaguicidas del Bajío, cuyo presidente es Héctor Aguinaco Puga, y como segundo al mando está María Esther Romero Deschamps, hermana del senador priista, según documentos a los que tuvo acceso el portal Cobertura 360.

Como tesorero fue registrado José Carlos Romero Durán, hijo del líder petrolero, quien posee 31 acciones, así como Blanca Rosa Durán Limas, esposa del legislador priista y tenedora de 20 acciones, agrega la documentación.

María Esther, José Carlos y Blanca Rosa desembolsaron más 710 mil pesos para ser poseedores de las 71 acciones de la compañía dedicada también a la fabricación, importación y exportación de productos químicos agrícolas, semillas, maquinaria e implementos para el campo.

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El gerente de Plaguicidas del Bajío es Octavio Lozano Valdivia, quien tiene las más amplias facultades para administrar los bienes y negocios de la sociedad y celebrar toda clase de actos, operaciones, convenios y contratos en Guanajuato y México.

Desde 1989, Carlos Romero Deschamps es dirigente del sindicato petrolero, el cual se reeligió por otros seis años al frente del organismo que representa más de 90 mil empleados de Pemex.

El 11 de diciembre de 2017, los integrantes de todas las secciones del STPRM aprobaron por unanimidad la continuidad del senador Carlos Romero Deschamps, como su líder por el periodo 1 de enero 2019 al 31 de diciembre 2024.

“El #STPRM, pilar del movimiento obrero en México, ha sabido adaptarse a los tiempos y retos que marca la historia, así como a un mercado cada vez más competitivo y diversificado”, manifestó Alfonso Navarrete Prida, ex secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El entonces funcionario del gobierno Enrique Peña Nieto a través de sus redes sociales felicitó a los trabajadores de Pemex afiliados al sindicato y a Romero Deschamps, ya que entendieron a cabalidad  la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que hay dos denuncias  presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps.

En su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo detalló que las denuncias presentadas contra Romero Deschamps tienen que ver con la evolución de sus ingresos y con la obtención de recursos obtenidos de manera irregular.

“Relacionados con ingresos, con obtención de recursos, básicamente, ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, comentó el fundador de Morena.

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El líder petrolero ha compartido el poder con los presidentes de la República emergidos de las filas del PRI, PAN y ahora Morena.

Está adscrito a Pemex Corporativo con dos plazas de 44 mil 664 pesos, es dueño de un Mercedes Benz color negro y siempre es protegido por su seguridad privada y escoltas. Apenas detalles de una fortuna que él mismo presume abiertamente.

Romero Deschamps, quien gusta comer tranquilamente en el Mesón de Puerto Chico o el Morton’s, de la ciudad de México, ha sido por más de 21 años legislador en el Congreso de la Unión y por más de tres décadas al frente del Sindicato Petrolero.

Dieciséis de Diciembre es una compañía que tiene como socios a María Guadalupe Lidia Durán Limas, cuñada del líder petrolero y senador por el PRI, así como a Fernando Pacheco Martínez, secretario general de la sección 24 del STPRM, a María de Jesús Flores Bribiesca, tesorera de en Salamanca de los petroleros, y a Antonio Sánchez Sotelo, ex secretario  de la sección 24 del STPRM.

La compañía fue creada para comprar y vender bienes muebles e inmuebles, así como como para urbanizar, comercializar y administrar fraccionamientos.

Otra de las funciones de la compañía de la cuñada de Carlos Romero Deschamps y de los líderes petroleros en Salamanca es comprar, vender y arrendar muebles e inmuebles para empresa del sector agrícola, ganadero, así como giros comerciales como balnearios, hoteles, restaurantes, centros nocturnos, discos, gasolineras, entre otros.

El capital social de Dieciséis de Diciembre es de 402 mil pesos y está integrada por seis socios, quienes poseen una acción cada uno.

Constructora Sección 24 es otra empresa donde aparecen como accionistas María Guadalupe Lidia Durán Limas, Fernando Pacheco Martínez y  Antonio Sánchez Sotelo, quienes son cercanos al líder petrolero desde 1996.

La firma fue creada para explotación de bancos de arena, piedra, tezontle y materiales para la construcción, así como la venta de concreto, grava y arena, así como la prestación de servicios de excavación, perforación y movimiento de tierras.

La empresa, que casualmente tienen las siglas de la sección sindical petrolera de Salamanca, también puede ofrecer la comercialización de materiales para la construcción y ejecutar la construcción de casas carreteras, puentes, obras de minería y urbanización, así como la instalación de oleoductos, gasoductos y su mantenimientos. Todos esos negocios estratégicos para Pemex.

El capital social de Constructora Sección 24 es de 60 mil pesos y son 24 acciones, siendo Fernando Pacheco Martínez el dueño de 10 títulos.

Este trabajo se publicó originalmente en Cobertura360, se reproduce con pleno consentimiento de dicho portal.

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Renuncia Romero Deschamps a sindicato de Pemex

Carlos Romero Deschamps presentó su renuncia después de que se diera a conocer la existencia de dos denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General de la República

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ROMERO DESCHAMPS
Carlos Romero Deschamps fue dirigente de sindicato petrolero por 26 años. Crédito: Isaac Esquivel / CUARTOSCURO.COM

Carlos Romero Deschamps presentó su renuncia a la titularidad del sindicato petrolero este miércoles, después de que se diera a conocer la existencia de dos denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Deschamps será provisionalmente sucedido por Manuel Limón, quien fuera tesorero del líder sindical de 2007 a 2018 y que actualmente funge como diputado plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de Veracruz, además de ser el secretario de actas y acuerdos del mismo sindicato.

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De manera oficial, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no ha emitido una postura sobre lo ocurrido en la asamblea extraordinaria a la que fueron convocados los dirigentes de las 36 secciones del gremio petrolero, en donde Romero Deschamps entregó su renuncia al Comité de Vigilancia que encabeza Fernando Navarro.

Carlos Romero Deschamps llevaba 26 años al mando de uno de los sindicato más grandes del país, se espera que en los próximos 90 días se convoque a elecciones para elegir a un nuevo dirigente.

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Incumple Metro con las metas de su Plan Maestro

Las acciones de modernización del Metro van a paso de tortuga, mientras que el servicio empeora cada día más

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El Metro es el medio de transporte masivo más importante en CDMX. Crédito: Victoria Valtierra /CUARTOSCURO

A dos meses y medio de que termine el año, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no ha iniciado los trabajos de desarrollo tecnológico que estaban contemplados en su Plan Maestro para este 2019.

En respuesta a una solicitud de información, el sistema de transporte señaló que las acciones de desarrollo tecnológico planeadas para este año con el objetivo de mejorar la calidad e imagen del servicio, están en “la etapa de revisión detalla” y no se ha ejercido presupuesto alguno para su implementación.

El Plan Maestro del Metro es un documento que refleja las acciones que el Metro de la Ciudad de México debe implementar para mejorar su funcionamiento, pero estos se encuentran retrasados.

Este medio buscó al STC Metro para conocer los motivos del retraso en las obras, pero no hubo respuesta.

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Uno de los proyectos que aún no se ejecuta es el desarrollo del monitoreo de la seguridad de las 48 escaleras electromecánicas de la red en tiempo real, para lo cual se tenía planeado ejercer 3 millones 132 mil pesos.

Dicho monitoreo es de importancia debido a que permite conocer cada segundo el estado de la seguridad de las escaleras eléctricas. Cuando algo no anda bien, el monitoreo alerta a las autoridades para que corrijan las fallas de manera oportuna y conozcan los motivos de la falla antes de repararla.

En febrero de 2019, una falla mecánica en las escaleras de la estación Tacubaya, de la Línea 9, provocó la caída de varios usuarios.

De acuerdo con la información del Metro, existen 62 escaleras electromecánicas monitoreadas en 28 estaciones —cuatro de ellas en la estación Tacubaya—, pero hay 195 estaciones y el objetivo para 2030 es sumar 412 escaleras al monitoreo.

Otro trabajo que no ha empezado es el sistema de monitoreo de 12 cárcamos de las estaciones subterráneas, los cuales que sirven como dispositivos de desagüe para que el Metro no se inunde. El proyecto también está en etapa de revisión detallada.

El monitoreo de cárcamos es especialmente útil en la temporada de lluvias porque ayuda a conocer en tiempo real el nivel de agua existente en ellos y alertar si se encuentran fuera de los parámetros normales.

Para 2024 el Metro estima tener 48 cárcamos vigilados que se sumen a los 104 que ya cuentan con este sistema.

Particularmente la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, tiene problemas de inundaciones por el aumento en el nivel de agua de sus cárcamos y sus vías se han visto afectadas por ello, identificó el Metro en su Plan Maestro.

El sistema antifranqueamiento al alto total y alto espaciamiento es otro proyecto sin empezar. Estimada en 93 millones 385 mil pesos, este obra ayudará a bloquear la tracción del tren independientemente del modo de conducción, una recomendación que el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes emitió para la Línea 2.

El proyecto no solo está en etapa de revisión detallada, sino también en “revisión de factibilidad”, según la información obtenida por mecanismos de transparencia.

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