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NO FICCIÓN

La otra batalla de Culiacán

El jueves 17 de octubre, durante la toma de la capital sinaloense por parte de pistoleros del Cártel de Sinaloa para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, hubo una batalla en calles, avenidas y puentes que tuvo su símil en el ciberespacio. Una estrategia de propaganda negra reforzó las acciones del cártel para generar confusión y sembrar el terror en la población por medio de mensajes falsos y fake news. Fue la otra batalla de Culiacán.

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Culiacán Detención hijo del Chapo
A la par de los enfrentamientos en Culiacán, videos y mensajes circularon en redes sociales amenazando de muerte a militares y sus familias. Foto: El Debate de Culiacán /CUARTOSCURO

Fue un cerco que dejó incomunicada vía terrestre a la capital sinaloense. Bloquear los accesos con grupos de hombres armados, desplegados con fusiles de alto poder sobre camionetas blindadas, se realizó en menos de una hora.

Poco después de las tres de la tarde del jueves 17 de octubre, Culiacán comenzaba a ser sitiada por columnas de vehículos con individuos armados pertenecientes a diferentes facciones del Cártel de Sinaloa.

Una alerta del clan Guzmán Salazar, por la detención de su medio hermano Ovidio Guzmán López a manos de efectivos de la policía ministerial militar y la Guardia Nacional, desató la mayor movilización nunca vista de pistoleros del cártel.

Desde las entradas que bajan de la sierra como Tepuche y Mojolo, hasta las del sur en la región de El Salado, que son territorio del líder del cártel Ismael El Mayo Zambada, las caravanas de hombres armados, ataviados con chaleco antibalas, radios, fusiles de asalto, algunos con gorra de béisbol, otros con pasamontañas, aparecieron por diversos puntos de la capital sinaloense. El rasgo común era que cada camión blindado traía una ametralladora Barret fija en el toldo, este vehículo iba seguido por otras camionetas con pistoleros armados con fusiles AK-47 y R-15, los calibres más altos que utilizan las milicias de la organización.

A la par del despliegue en tierra, por redes sociales y mensajes de WhatsApp, los pistoleros comenzaron a hacer circular videos y mensajes de radio grabados por distintas frecuencias.

Los mensajes eran parte de una operación de propaganda negra enfocada a generar temor entre la población, provocar confusión entre las fuerzas del orden, y causar desconcierto entre los medios de comunicación. Era la otra batalla por Culiacán.

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Estira y afloja

Uno de los primeros videos que se conoció fue el de la caseta de cobro de la salida sur de la capital sinaloense. Las imágenes duran más de tres minutos en los que se aprecia como un pelotón de soldados que viajan en una camioneta son detenidos por hombres armados.

Sin disparar un solo tiro, los soldados son sometidos y se alcanza a apreciar cómo algunos de ellos se saludan con los pistoleros. Momentos después, en un segundo video, la camioneta militar aparece circulando por calles de la ciudad conducida por los sicarios. Estos videos fueron utilizados para enviar el mensaje de que tenían retenidos a los soldados.

Poco después se difundió otro video del interior de la unidad habitacional militar que se localiza muy cerca de la comandancia de la novena zona en Culiacán. Se escuchan una serie de disparos y se alcanza a apreciar cuando algunos uniformados corren y ordenan resguardar a las familias.

Ambos videos fueron utilizados para presionar a las autoridades a que liberaran a Ovidio Guzmán López. El conducto fue un mensaje de voz que circuló en redes donde se decía que tenían a familiares de militares, mujeres y niños, amarrados a dos pipas de gasolina. Si no cedían, iban a hacerlos estallar. En otro reforzaban la amenaza, decían que uno por uno irían matando a cada uno de los militares retenidos.

A la par circulaba un video de un hombre vestido de verde olivo, sometido y tirado en el piso, lo rodeaban civiles armados quienes empezaban a dispararle en la cabeza hasta destrozarle el cráneo. Era un falso video en el que supuestamente se trataba de un militar detenido. Se decía que si no actuaban en consecuencia con sus peticiones, así irían matando a los soldados capturados.

La guerra de propaganda que corría a la par de los tiroteos —la toma de las entradas de la capital, el control de las calles y puentes que comunicaban con la zona de Tres Ríos donde había sido detenido el hijo del Chapo— se convirtió en la otra disputa por Culiacán.

Esta batalla también la ganó el cártel ya que en cuestión de minutos inundó las redes con propaganda. Horas después de que Ovidio Guzmán López fuera liberado, en medio de la confusión por las declaraciones de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Ciudadana, en torno a que durante el operativo habían optado por “suspender las acciones”, la tensión comenzó a bajar sin que desaparecieran los tiroteos en distintos puntos de la capital.

Cerrados los negocios, suspendido el transporte público y las clases en todos los niveles, la sombras nocturnas cayeron mientras los mensajes aminoraron.

Uno de los últimos difundido al día siguiente durante la mañana del viernes, a manera de “resumen”, usando datos falsos sobre lo que en realidad sucedió, formó parte del colofón de la otra batalla por la capital sinaloense.

Decía parte del mensaje:

“(Los sicarios) se dan cuenta que vienen apoyos militares de varios lados por carretera y comienza la guerra. Piden refuerzos los Guzmán a toda su gente local y de las serranías cercanas y a la gente del Azul, del Mayo, los Limones, los Leones, los Avendaño, los Fernández, los Isidros, los Herrera, Payanes, Quinteros, y otros tanto más, que tienen sus equipos armados y gente.

“Comienzan a cerrar las entradas a Culiacán y las vialidades importantes quemando camiones, trailers y pipas. Todos los punteros que andan en motos comienzan a asaltar por toda la ciudad, a los que andaban en camionetas los dejaban ir caminando. En ese lapso de 4 horas hubo más de 30 enfrentamientos con soldados y estatales en diferentes puntos de la ciudad”.

El mismo viernes, temprano por la mañana, autoridades del gabinete de seguridad federal, encabezados por el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, y el de seguridad Alfonso Durazo, junto al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, hicieron un recuento de lo ocurrido la tarde del día anterior.

Lo primero fue que se liberó al personal que había sido retenido, hubo 19 bloqueos en diferentes vialidades, 14 ataques a tiros a la Guardia Nacional y Ejército que acudieron en apoyo del operativo de detención de Guzmán López, siete soldados heridos y ocho vehículos y un helicóptero con impactos de arma de fuego.

Además se atacó el cuartel de la novena zona militar, el centro de comando conocido como C-4, y el puesto de control militar en la salida norte en la comunidad de Limón de los Ramos. Hubo una fuga de 49 reos, un interno muerto y cinco pistoleros abatidos.

De la otra batalla, la de la propaganda negra, no hubo recuento de daños más allá de las cinco versiones diferentes que Durazo hizo sobre el hecho para abonar al desconcierto y la desinformación.

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Violencia sexual en escuelas: sin control y sin solución

De 2006 a 2019 se registraron 712 presuntos delitos sexuales en planteles de la UNAM, IPN, Bachilleres y Conalep, esto en la CDMX y su área conurbada. La cifra, sin embargo, es mucho mayor a lo que las instituciones reportan

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CU violencia sexual
La UNAM registra la mayor cantidad de delitos sexuales; las mujeres son las principales víctimas. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Desde el 23 de octubre, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán se encuentra en paro de actividades. En las bardas del exterior cuelgan mantas con mensajes que exigen la erradicación de la violencia sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), principal demanda del movimiento.

El día anterior, un grupo de estudiantes llevó a cabo un ejercicio llamado “tendedero de acoso”. En solo dos horas, el tendedero se llenó de 135 papeletas que denunciaban casos de acoso, hostigamiento, abuso sexual e incluso violación por parte de profesores, alumnos y trabajadores.

“Había un profesor que concentraba 23 de las 135 denuncias”, narra Laura, estudiante de Química y una de las voceras del movimiento. “Este profesor no solo hace a las alumnas comentarios como ‘compañera, siéntate acá, si no te repruebo’ o ‘por qué traes a tu novio’. Se han compartido casos en los que el profesor cita tarde a las compañeras, las toquetea o saca su miembro. También se le da mucho tomarle fotos a las alumnas y enviárselas”.

El profesor denunciado tiene más de 30 años dando clases en la FES pese a que sus agresiones son conocidas. “Estamos pidiendo la destitución de profesores y expulsión de alumnos que tengan denuncias formales ante la ley, porque no nos sentimos seguras”, demandan las alumnas de la institución.

La violencia sexual es uno de los principales conductas delictivas que afectan más a las y los estudiantes, no solo de la UNAM, sino de otras universidades y preparatorias públicas, de acuerdo con datos obtenidos vía mecanismos de transparencia. Esta es la última de tres entregas de una serie especial que aborda el tema de la violencia y la inseguridad al interior de cuatro de las principales instituciones públicas del nivel medio superior y superior en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y el Conalep.

LEE LA PRIMERA PARTE DE ESTA SERIE: Estudian entre robos, acoso, violencia, crimen, insultos…

Los delitos sexuales son, después del robo, la segunda clase de ilícitos que más se registran en las estadísticas oficiales de las cuatro instituciones educativas. En total, de 2006 a 2019 se reportaron 712 delitos sexuales al interior de sus instalaciones.

El acoso y el hostigamiento sexual sumaron 483 casos, es decir, siete de cada diez delitos sexuales registrados. El resto de los incidentes corresponden a casos de abuso sexual o violación (229 registros).

De los 712 casos registrados, en 607 las víctimas fueron mujeres (85%). También se registraron 12 delitos sexuales contra hombres y 93 en los cuales no se especifica el sexo de la víctima (estos últimos del IPN), por lo que el porcentaje de mujeres víctimas puede ser mayor.

De acuerdo con Adina Barrera, especialista en perspectiva de género y Miembro de la Red de Mujeres Estudiantes de Posgrados e Investigadoras de la UNAM, la violencia contra las mujeres dentro de las escuelas se debe a que la estructura social en la cual ellas son desvaloradas se replica en todas las instituciones sociales.

“En el ámbito educativo, la subordinación de las mujeres se refleja en que somos vistas como si fuéramos invasoras de un espacio que no nos corresponde. Entramos de manera tardía y masiva a las escuelas sin que hubiera una transformación de los principios que ahí regían. Esto provoca violencia contra nosotras”, considera Adina.

Suhayla Bazbaz, especialista en prevención de violencia escolar y directora de la organización de la sociedad Civil Cohesión Comunitaria, señala que el principal problema de la violencia sexual y de género en las escuelas es que “se sigue pensando que se trata de casos excepcionales. Las instituciones tienen que dejar de pensar en casos únicos y concebir el problema como un fenómeno generalizado, sistémico y transversal”.

Cifra negra

La UNAM es la institución que registró la mayor cantidad de presuntos delitos sexuales al interior de sus escuelas. Esto no necesariamente significa que sea la institución con mayor incidencia porque los registros entre instituciones son muy dispares: algunas intentan ser más transparentes mientras que otras más bien parecería que minimizan u ocultan el problema.

Un ejemplo es el Colegio de Bachilleres, que solo registró tres casos de presunto acoso u hostigamiento sexual de 2006 a 2019. No obstante, frente a los casos casi inexistentes en las estadísticas institucionales, durante los meses de septiembre y octubre los estudiantes de distintos planteles en la Ciudad y el Estado de México conformaron un movimiento estudiantil para denunciar la inseguridad y violencia en sus planteles. Una de sus demandas es la erradicación del acoso sexual en las escuelas, especialmente por parte de los docentes.

Un profesor de Física del Colbach Plantel 5 ha sido acusado de acoso sexual por al menos tres jóvenes. Belena “K” ahora tiene 21 años. Hace cinco, ese profesor la acosó. “Me saludaba de una forma que me hacía sentir incómoda. En una ocasión, cuando todos se fueron del salón, yo le dije si podía entregar un proyecto para pasar porque no pude acudir a una actividad que dejó. Me propuso arreglarnos de otra forma y me miró el cuerpo”.

Otra ex alumna, Belén José, denuncia que hace cuatro años el mismo docente pidió a una de sus amigas que se quedara al finalizar la clase: “mi amiga salió muy asustada y nos contó que el profesor le empezó a acariciar la pierna y se le insinuó. Ella no quiso denunciarlo porque tenía miedo a represalias”.

Un tercer testimonio, realizado de forma confidencial, describe una situación similar con el mismo profesor ocurrida este año. Aunque la alumna denunció el caso, la dirección del Plantel 5 no sancionó al maestro.

“Al final de clase me pidió que me quedara. Entonces me abrazó y me dijo que si quería que me pasara con diez todo el semestre, lo podría hacer sin dinero. No accedí, él me sujetó muy fuerte del brazo y me dijo que me haría difícil el semestre”

ALUMNA DEL PLANTEL 5 DE BACHILLERES

El Colegio de Bachilleres declaró a Las Noticias que en esa escuela “no se tiene registro alguno de queja sobre acoso, hostigamiento o insinuaciones de índole sexual de algún profesor con el nombre referido”. La institución asegura que el director del plantel no ha recibido queja formal o informal sobre el tema, ni las oficinas generales del Colegio.

Sobre el fenómeno de la violencia sexual, las autoridades de la institución reconocen que sí existe en sus planteles y oficinas y que una de las medidas que han instrumentado es un buzón electrónico de quejas, además de seguir el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (publicado el 31 de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación).

La institución asegura que, conforme al Protocolo, se designaron a personas consejeras que reciben y dan atención a las denuncias en los 20 planteles de la Ciudad de México y su zona conurbada. Sin embargo, Diego “S”, vocero del movimiento estudiantil, indica que cuando las estudiantes denuncian, los consejeros generalmente no hacen nada y solo les piden ignorar a los maestros acosadores.

Respecto al buzón de quejas, la investigadora Suhayla Bazbaz señala la necesidad de contar con mejores mecanismos de denuncia y reporte en las escuelas. “Los buzones del tipo ‘presente su queja y nos comunicamos no son suficientes’. Necesitamos saber quiénes toman las decisiones, quiénes son los comités de ética (establecidos en el Protocolo referido) y qué pasa con las denuncias”.

Violencia sexual protesta UNAM
Carteles de manifestación de alumnas de la UNAM en Rectoría 21 de octubre. Crédito: Mariana Betanzos

No solo los profesores, también los alumnos

Los estudiantes también son perpetradores de violencia sexual y de género. Varias jóvenes entrevistadas por Las Noticias dieron testimonios de agresiones sexuales por parte de compañeros, parejas o exparejas. Marisela, estudiante de Química de la FES Cuautitlán, narra que un compañero la acosó durante todo el año 2018.

“Cada que podía estaba pegado a mí. Me quería acompañar diario a mi casa, aunque le decía que no era necesario. Al principio lo agradecía pero luego ya era hostigante, se volvió aterrador. No permitía que ningún otro compañero estuviera cerca de mí. Intentaba tener mucho contacto físico conmigo. Una vez me hizo ‘cosquillas’ y me dejó rasguños en el cuerpo. Yo tenía miedo de que me fuera a hacer algo y hasta tuve pesadillas, porque además vivo sola”, recuerda Marisela.

Paulina, estudiante de la Escuela Superior de Turismo del IPN, relata lo siguiente. “Cuando llegué a quinto semestre, un compañero comenzó a ser muy insistente en salir conmigo. Yo tenía novio e incluso empezó a amenazarlo de muerte. El chico robó mi celular de mi mochila y me amenazó con subir a las páginas de la escuela mis fotos íntimas. Al externar eso a la escuela, me mandaron a levantar denuncias y me dieron medidas de protección en el Ministerio Público, pero las autoridades no las acataron y dijeron que era mi culpa por tener esas fotos.

“Una vez en el área de fumadores, el acosador me quitó mi cigarro de la mano y me lo aventó en la cara. En la subdirección se me recriminó a mí por fumar ‘porque eso no es de señoritas’. La situación llegó a tal grado que en agosto del año pasado mi agresor me sacó del salón jalándome del cabello”. La joven asegura que las autoridades de su escuela no la protegieron, sino que la han revictimizado y solo le han propuesto como ‘solución’ darla de baja temporal.

LEE LA SEGUNDA PARTE DE ESTA SERIE : Porros, un mal de 90 años que nadie ha podido (o querido) erradicar

No solo las alumnas, también las trabajadoras

Elena —nombre que se le da para proteger su identidad— era auxiliar de intendencia en el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 2008. En 2011 comenzó a sufrir hostigamiento laboral por parte del Jefe de Servicios del recinto. El hostigamiento laboral luego se convirtió en abuso sexual.

“Me ordenaba que llegara muy temprano. Una mañana, a las siete, me acuerdo de la hora, yo estaba haciendo los baños de mujeres. Él entró al baño, me arrojó el papel en la cara, me dijo groserías, me agarró y empezó a tocar mis partes. Fue algo muy doloroso porque le pedí que no lo hiciera y no se detenía”

ELENA, ex TRABAJADORA DE LA UNAM

Al agresor se le dictó una sentencia de nueve años de cárcel, pero no se cumplió. “Se amparaba y pagaba a cambio de no cumplirla. Después me cambiaron a la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria y él enviaba a miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNAM para amenazarme con golpearme a mí y a mi hermana si no dejaba de proceder en su contra. Entré en una fuerte depresión, me quería suicidar”.

De acuerdo con los registros de la UNAM, de 2006 a 2019 se registraron 102 presuntos delitos sexuales contra trabajadoras y trabajadores de la institución. Después del alumnado, son las siguientes víctimas de delitos sexuales dentro de la Máxima Casa de Estudios.

La investigadora Adina Barrera menciona que las mujeres más vulnerables de estas agresiones son las trabajadoras que hacen la limpieza. “Por la posición que ocupan socialmente, no tienen una red de apoyo y se tienen que someter a prácticas de sus compañeros”, denuncia la experta.

Elena fue víctima de abuso sexual en el Palacio de Minería, instalación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO

Violencia que arruina vidas

Sandra —nombre ficticio para proteger su identidad— era estudiante en el Posgrado de Geografía de la UNAM. Había entrado al doctorado muy entusiasmada cuando el tutor de su proyecto comenzó a acosarla y hostigarla sexualmente en 2016.

“Me condicionó la asesoría a tener relaciones sexuales. Me dijo que en un congreso internacional estaríamos siete días en postura de misionero. Me quedé en shock y me negué”

SANDRA, ESTUDIANTE DE POSGRADO DE LA UNAM

A partir de entonces, el profesor comenzó a agredirla verbalmente. “Me gritaba, me faltaba al respeto, empezó a desvalorar mi trabajo. Hubo una violencia psicológica muy fuerte hasta que un día me amenazó. Me dijo: ‘vas a ver cómo te va a ir en la evaluación”.

El docente comenzó a impedir la comunicación de Sandra con sus cotutores y a decirles que era mala estudiante. “Me decía que él tenía el poder de hacer que me sacaran del doctorado si no hacía lo que me pedía”. Y así pasó.

El profesor la evaluó dos semestres consecutivos con cero y a pesar de que ella presentó evidencias de su trabajo, estas no fueron revisadas por la coordinadora de posgrado, quien se inclinó por el agresor. Esta evaluación derivó en que se le diera de baja definitiva del doctorado. No solo eso. Ahora debe más de 200 mil pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la beca que se le había otorgado. “Ante ellos yo soy una mala alumna que incumplió, aunque toda mi vida he sido estudiante de excelencia”.

En 2016, la UNAM emitió el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. Esto animó a Sandra a denunciar la situación que vivió, pero la realidad fue muy diferente a lo plasmado en el papel.

“Claramente no hay una instancia de investigación adecuada. Las oficinas jurídicas no trabajan con perspectiva de género porque no están preparadas”, dice Sandra. “Al momento de la investigación derivada de la aplicación del Protocolo, valió más el dicho del tutor de que yo era mala estudiante, pese a que pedí que se revisara el trabajo que había hecho”. Al final, el profesor no recibió ninguna sanción y ella se quedó sin doctorado.

“Me enfermé. Estaba en un estado psicológico terrible, yo me quise suicidar. En algún momento tuve temor de que ese hombre me matara”, acusa Sandra. Desde entonces acude a terapia psicológica y llegó a necesitar medicamentos psiquiátricos.

“Me he tardado mucho en asimilar que mi proyecto de vida haya sido destruido así, porque además el tema que investigaba es muy especializado y se trabaja en pocas universidades. Es como si me hubieran quitado un brazo, una parte de mí”.

Adina Barrera considera que las instancias encargadas de investigar los delitos sexuales tienden a revictimizar a las mujeres que denuncian. En los casos que ella ha acompañado hay ocasiones en que “el tribunal universitario ha preguntado a las víctimas si acostumbran a no dormir en su casa o andar afuera a altas horas de la noche”.

Violencia sexual UNAM
Protesta contra la violencia sexual en la UNAM, 2018. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Medidas insuficientes

De acuerdo con Adina Barrera, los casos de violencia sexual al interior de las escuelas tienen un común denominador. Las instituciones públicas no están obligadas a cumplir con un marco legal que garantice a las mujeres una vida libre de violencia.

“Hay una necesidad de armonizar los marcos legales de las instituciones con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los marcos internos de las escuelas no hablan de derechos humanos, mucho menos de perspectiva de género. Ha habido intentos de protocolos, pero no están funcionando”, opina Adina.

La investigadora expone diversas críticas al Protocolo de la UNAM, que es el parteaguas de los protocolos que han surgido en otras instituciones. Una de esas críticas es que plantea la conciliación, bajo el nombre de “proceso alternativo”.

“El sentar a la víctima y al victimario está prohibido por mecanismos de derechos humanos porque se reconoce que hay un factor de poder de género. En el caso de profesores, porque además hay una serie de poderes que lo invisten en la institución”, explica.

A partir de la colaboración con colegas de otras universidades como el IPN, Barrera sostiene que las instituciones educativas han ocultado los casos que tienen que ver con violencia de este tipo y considera urgente una política integral para atacar la cultura de violencia de género en las escuelas.

“Hace falta la generación de instrumentos para prevenir, atender, investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia en universidades”, menciona.

La falta de aplicación de sanciones a agresores sexuales es otro problema. O las sanciones no se encuentran claras en los marcos internos de las instituciones educativas, o no son aplicadas. “Hay sanciones en las que solo se establece una semana de suspensión sin recibir pago. Nosotras pedimos la destitución de profesores o expulsión de alumnos agresores. Hay casos de profesores que cuando están en medio de un proceso de investigación por una denuncia de violencia sexual, renuncian y se van a otras escuelas”, narra Barrera.

Suhayla Bazbaz coincide en que no se están aplicando las sanciones necesarias y añade que “pedir renuncia no es una sanción suficiente. Tiene que haber un comunicado formal de que la institución hizo la investigación, que se hizo un esfuerzo por identificar más casos, se acompañó en la parte legal y hubo reparación del daño a las víctimas”.

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Universidades de la Estafa Maestra, sin vigilancia ni control: UNAM

De acuerdo con la investigación, en la mayoría de las instituciones el rector tiene injerencia para nombrar al encargado de vigilarlo

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Manta colocada en la Cámara de Diputados en 2018, ante el impacto que causó la investigación de la Estafa Maestra. Crédito: CUARTOSCURO.

Las universidades estatales que participaron en el desvío de recursos públicos conocido como la Estafa Maestra carecen de órganos internos de vigilancia funcionales y sus rectores muchas veces responden al gobernador en turno, revela un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigación Las Universidades Públicas dentro de la Estafa Maestra, indica que ocho instituciones públicas que fueron piezas fundamentales de este engranaje de corrupción el sexenio pasado, comparten dos rasgos.

El primero es que sus órganos internos de control —contralorías encargadas de vigilar que el actuar de los servidores públicos esté apegado a la ley— no funcionan.

Y en segundo lugar, cinco de las instituciones de educación superior se encuentran en Tabasco, donde los gobernadores se involucran en el nombramiento de los rectores, indica el trabajo del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Las instituciones estudiadas fueron la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Tecnológico Superior de Comacalco, la Universidad Tecnológica de Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Autónoma del Estado de México.

Crédito: Staff

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Contralorías de adorno y a modo

Todas las universidades públicas tienen un órgano interno de control cuya obligación es vigilar la correcta utilización de los recursos públicos que éstas reciben.

La magnitud del desvío documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y posteriormente en la investigación periodística conocida como La Estafa Maestra, indica que las contralorías no funcionaron.

El estudio de la UNAM recomienda revisar la manera en que estas instituciones designan a los encargados de sus órganos de control porque en la mayoría el rector tiene injerencia para nombrar al titular, lo que se advierte como un “posible defecto”.

“Tal característica apunta a la existencia de una tensión: el titular del órgano de control tendría incentivos (conservar su posición) para dejar de lado el buen desempeño de sus funciones”, indica la investigación.

En dos instituciones —Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Autónoma del Carmen— el rector designa de manera directa a quien lo va a vigilar y un Consejo Universitario ratifica el nombramiento.

En otras tres —Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Tecnológica de Tabasco e Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco— la participación del rector en la designación es más indirecta: propone o envía una terna que debe ser aprobada por un patronato, consejo o junta directiva.

En lo que respecta a las universidades de la Chontalpa y del Golfo de México, es el gobierno estatal, a través de su Secretaría de la Función Pública, quien designa a los contralores.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos constituye el único caso en que una junta de gobierno designa y remueve libremente al titular del órgano interno de control, de acuerdo con el artículo 22 de su Ley Orgánica.

Crédito: Staff

Vínculos políticos

El estudio de la UNAM advierte además que cinco de las ocho universidades implicadas en el desvío de recursos se concentran en Tabasco.

En cuatro de ellas el gobierno estatal es el encargado de designar al rector: Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Politécnica del Golfo de México, Instituto Tecnológico Superior de Comacalco y Universidad Tecnológica de Tabasco.

“En este caso es probable que existan vínculos políticos (lealtad, amistad o afinidad partidista) entre las autoridades universitarias y las gubernamentales”, apunta la investigación.

El priista Andrés Granier Melo, gobernador de Tabasco de 2007 a 2012, designó a dos de los rectores relacionados con la Estafa Maestra: José Víctor Zárate Aguilera y Pedro Javier Muñoz Vergara, ambos en la Universidad Popular de la Chontalpa.

Estos rectores compartían con el exgobernador su afinidad política por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Z´árate incluso fue candidato a una diputación por el PRI.

Aun con el cambio de gobierno en Tabasco, prevaleció en las universidades el mismo esquema de desvío de recursos públicos. El sucesor de Granier fue el perredista Arturo Núñez Jiménez, quien colocó a otros rectores que también estuvieron involucrados en la Estafa Maestra.

Nú´ñez nombró rectores a Fernando Calzada Falcón (Universidad Tecnológica de Tabasco), José Luis Hernández Lazo (Universidad Popular de la Chontalpa) y Carlos Mario Olán López (Instituto Tecnológico Superior de Comacalco).

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Alan vivió 14 años con esquizofrenia… sin saberlo

El diagnóstico del trastorno mental que este joven padecía llegó demasiado tarde: cedió a las voces en su cabeza y se quitó la vida

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Esquizofrenia
Los trastornos mentales y neurológicos representan el 16% de la carga total de enfermedades en México

Alan perdía la tranquilidad cada vez que los nanorobots se apoderaban de sus pensamientos. Él los describió como pequeños dispositivos robóticos que el gobierno le había implantado en su cabeza y aseguraba que estos le decían que se suicidara. Su testimonio no es parte de una película de ficción sino un episodio de delirio de persecución y paranoia que presenta un enfermo de esquizofrenia, un padecimiento sin cura.

“Desde los once años me contaba que escuchaba voces en su cabeza, yo pensaba que tenía un amigo imaginario, me decía que se reían de él, pero no presté mayor atención a esos comentarios”, relata Raquel, la madre de Alan. A los 15 años su hijo empezó a consumir drogas y ella buscó apoyo en todos los sitios posibles: grupos de autoayuda para familiares de alcohólicos, centros de integración juvenil, psicólogos y un anexo.

De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz retomado por la Secretaría de Salud federal, uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco de los que lo padecen, recibe tratamiento. 

Peor aún, debido al desconocimiento y mitos en torno a este problema de salud, las personas afectadas tardan hasta 10 años en recibir atención especializada, lo que merma su calidad de vida. Alan fue uno de ellos y terminó por ceder a las voces en su cabeza: a sus 27 años, amarró unos cables a la viga de su habitación y se ahorcó.

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Diagnóstico retrasado

Alan tenía una habilidad especial para dibujar, pintar y crear música. Su madre lo describe como un artista. Aún conserva algunas de sus pinturas, en todas ellas había elementos ocultos, en su mayoría eran ojos: tristes, abiertos, enojados.

También plasmaba cadenas y manos cerradas. Su explicación a estos trazos era que se sentía encarcelado: “no soy libre, algo me ata”, le decía a su madre.

La animación manual era otra de sus habilidades. Llegaba a hacer series de 50 dibujos o más con el objetivo de que al pasarlos rápidamente diera la impresión de que la imagen estaba en movimiento, al estilo de las caricaturas de antaño. Tocaba el violín, la guitarra, la batería, el bajo e incluso hacía sus propios instrumentos con material reciclado.

Uno de los dibujos de Alan, poco antes de suicidarse

Raquel siempre atribuyó los cambios de humor y conducta violenta de su hijo al consumo de sustancias adictivas. Tras haber buscado ayuda en varios lugares, finalmente lo ingresó a un anexo.

Alan fue anexado a los 25 años, ahí le mandaron a hacer una tomografía y los resultados fueron contundentes: tenía esquizofrenia.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este trastorno se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más comunes son el hecho de oír voces y los delirios. El diagnóstico para Alan había llegado 14 años tarde.

María Elena Medina Mora, doctora en psicología y directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, señala en entrevista con Las Noticias que puede pasar mucho tiempo para que un paciente con enfermedad mental llegue con un especialista. En el caso de esquizofrenia, la espera suele durar nueve años o más.

A las dos semanas de que Alan fue internado, Raquel recibió una llamada del anexo notificándole que su hijo se había querido cortar la yugular con el vidrio de un cuadro.

Al salir de ahí le prescribieron antidepresivos y antipsicóticos, mismos que se negaba a ingerir. Su madre optó por administrárselos ocultos en su comida. 

Alan duró unos meses sin consumir drogas, aunque su conducta agresiva contra sí mismo continuaba al igual que las alucinaciones.

Se golpeaba contra la pared y al incrementarse su desesperación y ansiedad accedió acudir al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, donde permaneció 23 días. Todo el tiempo estaba medicado y sin ganas de hacer cosas, “al caminar siempre agachaba la cabeza y los hombros, nunca volvió a ser el mismo”, recuerda Raquel.

Presupuesto insuficiente

Los diagnósticos tardíos de padecimientos mentales y neurológicos van de la mano con la escasez de recursos financieros y humanos para detectarlos y atenderlos.

El presupuesto para el sector salud en México este año fue de 596 mil millones de pesos, pero de esa cantidad solo se asigna 2% a la salud mental. En contraste, los trastornos mentales y neurológicos representan 16% de la carga total de enfermedades en México, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El problema no es propio de México, sino de todo el continente americano. De acuerdo con el organismo internacional, la proporción de carga atribuible a trastornos mentales en la región es seis veces mayor que la proporción de fondos sanitarios asignados a la salud mental.

Crédito: Staff

La carga atribuible a una enfermedad particular cuantifica la pérdida de vida sana en un país ya sea por mortalidad prematura o por el tiempo vivido con una salud menguada debido a dicha enfermedad.

Entre los padecimientos mentales considerados por la OPS están la depresión, trastornos de ansiedad, de conducta, de alimentación, de la actividad y la atención, por dolor, neurocognitivos, debido al consumo de alcohol y otras sustancias, esquizofrenia, migrañas, autolesiones, epilepsia, cefalea tensional y discapacidad intelectual.

María Elena Medina señala que la asignación de presupuesto para salud mental en México es insuficiente y que del total del monto asignado, 80% se destina a la operación de hospitales psiquiátricos. Muy poco se dedica a detección, prevención y rehabilitación, lo que provoca que la salud mental sea una de las especialidades menos atendidas hasta la fecha.

En el país existen 49 hospitales psiquiátricos públicos. Hasta 2016 se contabilizaron 4 mil 393 psiquiatras; 60% se concentraba en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, explica la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría.

La capital del país tiene una tasa de 20.7 psiquiatras por cada 100 mil habitantes; Jalisco, de 6.28 y Nuevo León, de 6.4. En cambio, en estados como Tlaxcala, Zacatecas y Chiapas la tasa es de apenas 0.5 especialistas por cada 100 mil personas, indica la especialista.

Crédito: Staff

Las voces del suicidio

La pintura al óleo fue el pasatiempo de Alan en sus últimos días de vida. Tras salir del hospital psiquiátrico, se aisló de amigos y familiares. Su refugio era componer canciones y crear pinturas que coloreó con su propia sangre, como lo hace el pintor neoyorkino Vincent Castiglia.

Cada día que pasaba se deprimía más. En noviembre de 2016, le hizo a su madre una propuesta desconcertante.

“(Las voces) me dicen que me mate, yo lo único que quiero es que me entiendas, que me ayudes, no puedo hacerlo solo. Vamos a hacer un pacto mamá, hay que matarnos juntos, ya no soporto las voces que me atormentan”

ALAN, enfermo de esquizofrenia

Los intentos por suicidarse iban en aumento. Sus brazos y muñecas fueron objeto de múltiples heridas provocadas por armas punzocortantes y en una ocasión se cortó el pecho a la altura del corazón, pero fue hasta los 27 años cuando por fin se quitó la vida colgándose en su habitación.

En todas las pinturas de Alan había elementos ocultos, en su mayoría eran ojos tristes, abierto o enojados

De acuerdo con la OMS, la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero la mayoría de los casos no son detectados y mucho menos tratados. El organismo también indica que el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años de edad en todo el mundo.

Medina Mora advierte que en México los jóvenes de 18 a 29 años son quienes más tienden al suicidio. Las mujeres son quienes más lo intentan pero los hombres son los que más consuman el acto.

Atención integral

La directora del Instituto Nacional de Psiquiatría asegura que los familiares que acompañan a un enfermo mental también sufren los estragos del padecimiento. Es por eso que el nuevo modelo de atención a pacientes contempla un tratamiento integral donde las familias también son acogidas.

Además, la especialista considera que los pacientes con trastornos mentales y consumidores regulares de drogas deben ser atendidos con un tratamiento dual, es decir, que en una misma institución se trate la adicción y la enfermedad mental.

A tres años de la muerte de Alan, Raquel asegura que la sociedad mexicana aún no está preparada para incluir y tratar dignamente a los pacientes con enfermedades mentales. “Es muy frecuente invisibilizar a los enfermos mentales y a sus familias, pero de contar con mayor información quizás se podrían salvar más vidas”.

Actualmente ella acude al psicólogo y al tanatólogo. Al preguntarle qué consejo daría a los familiares de esquizofrénicos, Raquel destaca tres cosas: escucharlos siempre, darles mucha atención e informarse sobre el trastorno para entender el mundo de los enfermos mentales.

Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, con el lema “Unamos esfuerzos para prevenir el suicidio”. El objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de la prevención y atención de los padecimientos mentales.

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