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Ley de Amnistía será letra muerta para liberar a presos políticos

Organizaciones civiles consultadas por Las Noticias, advierten que muchos presos políticos están encarcelados por delitos fabricados que no ameritan perdón

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De aprobarse, la Ley de Amnistía beneficiaría a unas cinco mil personas privadas de la libertad. Crédito: Elizabeth Ruiz /CUARTOSCURO

El 17 de julio de 2019, la policía municipal detuvo al campesino y activista Javier González Díaz en Las Rosas, Chiapas. Lo llevaron a una cancha de básquetbol y en los vestidores un oficial lo golpeó. Luego lo trasladaron a unos separos en la localidad de Teopisca, donde policías vestidos de civil lo torturaron psicológicamente con amenazas de muerte.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación acusándolo de intentar robar una moto a mano armada, delito por el que actualmente se encuentra recluido sin sentencia en el CERESO 5 de San Cristóbal de las Casas. Su verdadero “crimen” fue formar parte del movimiento Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS), una organización involucrada en la defensa de la tierra.

Para el Estado mexicano, Javier no es un preso político sino un peligroso ladrón. En consecuencia, no será beneficiado de aprobarse la Ley de Amnistía que se discutirá en el Congreso de la Unión.

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La fabricación de delitos es uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas encarceladas por motivos políticos. De acuerdo con Francisco Cerezo, luchador social y presidente del Comité Cerezo, ninguna persona privada de la libertad actualmente por motivos políticos se beneficiaría de la Ley de Amnistía tal y como está escrita en la iniciativa, porque éstas usualmente son acusadas de delitos graves para que no salgan.

“Acusarlos de delitos políticos como sedición o rebelión implicaría reconocer que son presos por motivos políticos. Entonces se les criminaliza y se les imputan delitos como secuestro, homicidio o cualquier otra cosa que no tenga relación con su lucha social”

FRANCISCO CEREZO, PRESIDENTE DEL COMITÉ CEREZO

Damián Martínez, abogado de Javier, coincide con Cerezo. Y agrega que la iniciativa de ley tampoco beneficiará a su cliente ni a otros presos políticos porque su naturaleza es del orden federal y no aplica para los delitos del fuero común, como el del que se le acusa a Javier.

El 18 de septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso la iniciativa de la Ley de Amnistía. Actualmente está siendo discutida en las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Población de la Cámara de Diputados y se tiene programado que se discuta en parlamento abierto del 14 al 18 de octubre.

La amnistía es una política de Estado que elimina la responsabilidad penal a determinados delitos. De acuerdo con Jorge Carlos Peniche, abogado miembro del proyecto Justicia Transicional en México, tiene el objetivo de hacer justicia social.

La iniciativa aplica a quienes cometieron delitos contra la salud orillados por su situación de pobreza, vulnerabilidad, exclusión y discriminación. También contempla a personas forzadas por la delincuencia organizada para cometer esta clase de ilícitos o a quienes hayan portado narcóticos al doble de las dosis máximas permitidas.

Asimismo aplicaría a indígenas cuyo derecho a tener un traductor no haya sido garantizado, a quienes cometieron robo simple y sin violencia, a mujeres juzgadas por abortar y a los encarcelados por delitos de sedición o que hayan formado parte de grupos políticos que alteraran la vida institucional. Este último rubro corresponde a los denominados presos políticos o de conciencia, aunque generalmente nunca se les acusa de ello.

Para Francisco Cerezo, una iniciativa que busque liberar a los presos políticos y luchadores sociales debería comprender las condiciones bajo las cuales se les encarcela y contemplar otros delitos que son utilizados para acusarlos.

De acuerdo con organizaciones civiles consultadas por Las Noticias, aunque la
La Ley de Amnistía contempla liberar a personas pobres, vulnerables y en marginación. Crédito: María José Martínez /CUARTOSCURO

Encarcelados por falsos crímenes

Damián Martínez, defensor de Javier, explica a Las Noticias las evidencias por las cuales considera que el delito que se le imputa a su cliente es fabricado.

En primer lugar, acusa Martínez, la carpeta de investigación contiene varios aspectos ilógicos. Por ejemplo, si se hace caso a los hechos tal cual fueron asentados en la carpeta, desde que Javier fue detenido hasta que fue llevado ante un médico legista transcurrieron ¡solo cuatro minutos!

Y aunque se asentó que el delito fue en flagrancia, el policía que lo detuvo se encontraba muy lejos del sitio donde supuestamente se cometió. “El policía habría permitido que uno de los denunciantes levantara el arma de fuego y la moto que presuntamente Javier había intentado robar, cuando esto va en contra de toda lógica procesal. El policía debió haber acordonado el área del robo”, añade el abogado.

Martínez también lleva la defensa del activista Armando Hernández Sánchez, detenido apenas el 28 de septiembre, y miembro también del FNLS. El defensor denuncia que se le fabricó un delito similar al de Javier y lo torturaron para que Armando incriminara a otras personas.

Martínez ha llevado los dos casos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Encarcelamiento de miembnros del FNLS y amnistía
Integrantes del FNLS denuncian acoso a sus comunidades y exigen la liberación de Javier González y Armando Hernández. Crédito: Isabel Mateos /CUARTOSCURO

Lo positivo: liberación de mujeres

EQUIS Justicia para las Mujeres es una asociación que trabaja por ayudar a la liberación de mujeres que se encuentran en prisión por delitos contra la salud. La organización feminista respalda la iniciativa de amnistía propuesta por el Presidente. Isabel Erreguerena, coordinadora de Políticas Públicas, explica a Las Noticias las razones.

A partir de la llamada “guerra contra las drogas”, las integrantes del colectivo se dieron cuenta de que la población femenina de las prisiones del fuero común se incrementó 103% entre 2006 y 2018. Para ese último año, 43% de las personas recluidas en cárceles del fuero federal eran mujeres.

Al profundizar en los casos, EQUIS encontró que la mayoría de esas mujeres se involucraron en el tráfico de drogas porque vivían en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, o bien porque sufrieron violencia de género y violaciones a sus derechos humanos.

La mayoría está en la cárcel principalmente por traslado de estupefacientes (popularmente llamadas “mulas”) y por dedicarse al cultivo de amapola y marihuana.

Es el caso de Orfa, mujer que fue presionada por su esposo para involucrarse en el transporte de cocaína de Guatemala a México para saldar una deuda que él había contraído. Su testimonio es recuperado por EQUIS en este sitio que recopila historias de mujeres privadas de la libertad.

Erreguerena considera que, contrario a otros delitos que contempla la iniciativa de la Ley de Amnistía, como el robo simple, el aborto, o el caso de presos políticos, no es muy complicado encontrar delitos contra la salud en el fuero federal.

“Va a haber más mujeres beneficiadas en el caso de delitos contra la salud, e incluso mujeres usuarias de drogas que son continuamente estigmatizadas; esto es importante en el contexto de la política de la guerra contra las drogas y sus excesos”

Isabel Erreguerena, integrante de EQUIS JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Sin embargo, al igual que otros defensores de derechos humanos, Isabel considera que la iniciativa no es una llave mágica y debe ser acompañada por políticas de reinserción social, perspectiva de género y un cambio en la política prohibicionista de drogas.

Equis justicia para las mujeres apoya amnistía
Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres en la rueda de prensa “Liberarlas es justicia”. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO.

¿Y los presos de los estados?

Los alcances de la Ley de Amnistía han sido analizados por diversos especialistas. Uno de sus rasgos, que ha sido señalado como limitante, es que sólo perdonará delitos del fuero federal, pues los congresos estatales tienen la facultad exclusiva de impulsar leyes de amnistía locales.

El hecho de que sólo tenga alcance a nivel federal deja fuera a prácticamente todas las mujeres criminalizadas por abortar o a los presos políticos, porque es muy difícil hallar estos casos en prisiones federales. Esto, aunque se considere a dichos grupos en la iniciativa.

“La Ley de Amnistía sólo puede tener como objetivo a 16% de la población privada de la libertad: la acusada por delitos federales… es un alcance bastante limitado”

JORGE PENICHE, abogado de Justicia Transicional en México

Sin embargo, Peniche considera que el reconocimiento simbólico que implica la iniciativa, de que hay personas que no deberían estar en la cárcel, no debe ser minimizado. Al contrario, considera que la iniciativa debe originar un debate mayor: la necesidad de adoptar un modelo de justicia transicional en México.

¿Qué quiere decir esto? La justicia transicional es un enfoque aplicado en Estados que buscan transitar de condiciones donde sistemáticamente hay violaciones de derechos humanos e injusticias a condiciones más democráticas y pacíficas.

El concepto no es nuevo, ha sido aplicado y adaptado a los contextos de otros países con pasados autoritarios. En este sentido, la amnistía es una herramienta que puede ser utilizada por los gobiernos como parte de sus procesos de justicia transicional, pero no son la panacea ni la única medida.

Si bien, Peniche considera que es importante respaldar la Ley de Amnistía, porque tiene una buena intención e importancia simbólica, no es la respuesta más adecuada a la crisis de injusticia que vive el país.

“La iniciativa de amnistía puede ser analizada desde dos aristas: como una medida de justicia a secas o como una medida de justicia transicional. Me parece que, en cuanto a lo primero, parte de un diagnóstico adecuado: el sistema de justicia mexicano está colapsado y tiene falencias estructurales.

“Sin embargo, la receta no es la adecuada porque esta amnistía no se inserta en un marco de justicia transicional para garantizar los principios de justicia, verdad, reparación y no repetición en el marco de la crisis de violaciones graves a derechos humanos que vive México”, explica el especialista.

Otro aspecto a considerar es que la amnistía sólo aplicará para los delitos que hayan ocurrido antes del decreto de la Ley, pero que después continuarán siendo penados. En síntesis, la iniciativa engloba diversos problemas que deben ser resueltos cada uno de distinta manera.

“Creo que la justicia no sólo pasa por una Ley de Amnistía, que está muy bien, pero lo más importante es qué se va a hacer con las personas que al día siguiente seguirán siendo acusadas por los mismos delitos que se están amnistiando. Eso requiere otras herramientas: crear un régimen de salida para el marco prohibicionista en materia de drogas, que el aborto deje de ser un delito y entrar de lleno a reformar el aparato de justicia y su funcionamiento”, añade Peniche.

“Lo importante es tener un debate serio y de altura. Yo creo que con la Ley de Amnistía se generó la oportunidad para empezar a discutir algo que diversas organizaciones de derechos humanos venían planteándose: sí podemos adoptar el paradigma de la justicia transicional en México que surgió en dictaduras y conflictos armados, ante los altos niveles de violencia que vivimos”, concluye.

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Mujeres saldrán preparadas de las cárceles del Estado de México

Daniel Esquenazi, miembro de la Fundación B, dice que la oportunidad de autoemplearse en las cárceles del Estado de México reduce la reincidencia delictiva

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La Fundación Plan B apoya a las mujeres privadas de su libertad en las cárceles del Estado de México con talleres y capacitaciones para autoemplearse, con los cuales se reduce la probabilidad de reincidencia delictiva.

“Es primordial lograr una reinserción social exitosa enfocada en el desarrollo económico de estas mujeres y sus familias”, manifiesta Daniel Esquenazi, patrocinador de la Fundación B.

El empresario y arquitecto agrega que la oportunidad de autoemplearse y realizarse económicamente reduce la probabilidad de reincidencia delictiva.

El proyecto busca motivar, capacitar en diferentes oficios y emplear a mujeres privadas de su libertad con el objetivo de que a través de su trabajo y la transmisión de conocimiento, provean un sustento y un ejemplo para sus familias, agrega el empresario.

Actualmente, las mil 568 mujeres recluidas por el fuero común y las 144 por delitos federales en los centros penitenciarios del Estado de México estudian, reciben capacitación y ejercen alguna actividad ocupacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Uno de los proyectos impulsados por la Fundación B, que fue fundada por Tatiana Ortiz Monasterio, es la creación de talleres y bibliotecas dentro de las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Esa sala de libros se creó como un programa piloto, pues la intención es replicar en otras entidades la República Mexicana.

Sandra Paola González Castañeda, diputada de Morena, entregó 300 libros que fueron donados por los legisladores y personal de la Cámara de Diputados, como parte de la campaña “Dona un libro para una Mujer en situación de cárcel”.

El objetivo de la campaña es que las mujeres, que están privadas de la libertad en las cárceles del país y el Estado de México tengan un vínculo con la sociedad a través de las letras, agregó la legisladora, quien hizo una visita a mediados del año con Ortiz Monasterios.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que existe una falta de espacios destinados para actividades recreativas y productivas en los centros de readaptación social, lo que impide que estas mujeres tengan acceso a actividades encaminadas a la reinserción social.

“Mi objetivo es hacer de las cárceles femeninas lugares para aprender”, afirma Tatiana Ortiz Monasterio, fundadora de la Fundación Plan B, quien busca empoderar a mujeres privadas de su libertad en el Estado de México

La activista, quien es respaldada por empresarios, diputados de Morena y el gobierno del Estado de México, asegura que cada uno los talleres, cursos y capacitaciones enseñadas en los penales femeniles cuentan con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Todo lo que hagan, todo lo que aprendan y todos los cursos que tomen van tener sus diplomas”, concluye la comunicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana a un grupo de presas.

*Publicado originalmente en Cobertura 360

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Violencia sexual en escuelas: sin control y sin solución

De 2006 a 2019 se registraron 712 presuntos delitos sexuales en planteles de la UNAM, IPN, Bachilleres y Conalep, esto en la CDMX y su área conurbada. La cifra, sin embargo, es mucho mayor a lo que las instituciones reportan

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La UNAM registra la mayor cantidad de delitos sexuales; las mujeres son las principales víctimas. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Desde el 23 de octubre, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán se encuentra en paro de actividades. En las bardas del exterior cuelgan mantas con mensajes que exigen la erradicación de la violencia sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), principal demanda del movimiento.

El día anterior, un grupo de estudiantes llevó a cabo un ejercicio llamado “tendedero de acoso”. En solo dos horas, el tendedero se llenó de 135 papeletas que denunciaban casos de acoso, hostigamiento, abuso sexual e incluso violación por parte de profesores, alumnos y trabajadores.

“Había un profesor que concentraba 23 de las 135 denuncias”, narra Laura, estudiante de Química y una de las voceras del movimiento. “Este profesor no solo hace a las alumnas comentarios como ‘compañera, siéntate acá, si no te repruebo’ o ‘por qué traes a tu novio’. Se han compartido casos en los que el profesor cita tarde a las compañeras, las toquetea o saca su miembro. También se le da mucho tomarle fotos a las alumnas y enviárselas”.

El profesor denunciado tiene más de 30 años dando clases en la FES pese a que sus agresiones son conocidas. “Estamos pidiendo la destitución de profesores y expulsión de alumnos que tengan denuncias formales ante la ley, porque no nos sentimos seguras”, demandan las alumnas de la institución.

La violencia sexual es uno de los principales conductas delictivas que afectan más a las y los estudiantes, no solo de la UNAM, sino de otras universidades y preparatorias públicas, de acuerdo con datos obtenidos vía mecanismos de transparencia. Esta es la última de tres entregas de una serie especial que aborda el tema de la violencia y la inseguridad al interior de cuatro de las principales instituciones públicas del nivel medio superior y superior en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y el Conalep.

LEE LA PRIMERA PARTE DE ESTA SERIE: Estudian entre robos, acoso, violencia, crimen, insultos…

Los delitos sexuales son, después del robo, la segunda clase de ilícitos que más se registran en las estadísticas oficiales de las cuatro instituciones educativas. En total, de 2006 a 2019 se reportaron 712 delitos sexuales al interior de sus instalaciones.

El acoso y el hostigamiento sexual sumaron 483 casos, es decir, siete de cada diez delitos sexuales registrados. El resto de los incidentes corresponden a casos de abuso sexual o violación (229 registros).

De los 712 casos registrados, en 607 las víctimas fueron mujeres (85%). También se registraron 12 delitos sexuales contra hombres y 93 en los cuales no se especifica el sexo de la víctima (estos últimos del IPN), por lo que el porcentaje de mujeres víctimas puede ser mayor.

De acuerdo con Adina Barrera, especialista en perspectiva de género y Miembro de la Red de Mujeres Estudiantes de Posgrados e Investigadoras de la UNAM, la violencia contra las mujeres dentro de las escuelas se debe a que la estructura social en la cual ellas son desvaloradas se replica en todas las instituciones sociales.

“En el ámbito educativo, la subordinación de las mujeres se refleja en que somos vistas como si fuéramos invasoras de un espacio que no nos corresponde. Entramos de manera tardía y masiva a las escuelas sin que hubiera una transformación de los principios que ahí regían. Esto provoca violencia contra nosotras”, considera Adina.

Suhayla Bazbaz, especialista en prevención de violencia escolar y directora de la organización de la sociedad Civil Cohesión Comunitaria, señala que el principal problema de la violencia sexual y de género en las escuelas es que “se sigue pensando que se trata de casos excepcionales. Las instituciones tienen que dejar de pensar en casos únicos y concebir el problema como un fenómeno generalizado, sistémico y transversal”.

Cifra negra

La UNAM es la institución que registró la mayor cantidad de presuntos delitos sexuales al interior de sus escuelas. Esto no necesariamente significa que sea la institución con mayor incidencia porque los registros entre instituciones son muy dispares: algunas intentan ser más transparentes mientras que otras más bien parecería que minimizan u ocultan el problema.

Un ejemplo es el Colegio de Bachilleres, que solo registró tres casos de presunto acoso u hostigamiento sexual de 2006 a 2019. No obstante, frente a los casos casi inexistentes en las estadísticas institucionales, durante los meses de septiembre y octubre los estudiantes de distintos planteles en la Ciudad y el Estado de México conformaron un movimiento estudiantil para denunciar la inseguridad y violencia en sus planteles. Una de sus demandas es la erradicación del acoso sexual en las escuelas, especialmente por parte de los docentes.

Un profesor de Física del Colbach Plantel 5 ha sido acusado de acoso sexual por al menos tres jóvenes. Belena “K” ahora tiene 21 años. Hace cinco, ese profesor la acosó. “Me saludaba de una forma que me hacía sentir incómoda. En una ocasión, cuando todos se fueron del salón, yo le dije si podía entregar un proyecto para pasar porque no pude acudir a una actividad que dejó. Me propuso arreglarnos de otra forma y me miró el cuerpo”.

Otra ex alumna, Belén José, denuncia que hace cuatro años el mismo docente pidió a una de sus amigas que se quedara al finalizar la clase: “mi amiga salió muy asustada y nos contó que el profesor le empezó a acariciar la pierna y se le insinuó. Ella no quiso denunciarlo porque tenía miedo a represalias”.

Un tercer testimonio, realizado de forma confidencial, describe una situación similar con el mismo profesor ocurrida este año. Aunque la alumna denunció el caso, la dirección del Plantel 5 no sancionó al maestro.

“Al final de clase me pidió que me quedara. Entonces me abrazó y me dijo que si quería que me pasara con diez todo el semestre, lo podría hacer sin dinero. No accedí, él me sujetó muy fuerte del brazo y me dijo que me haría difícil el semestre”

ALUMNA DEL PLANTEL 5 DE BACHILLERES

El Colegio de Bachilleres declaró a Las Noticias que en esa escuela “no se tiene registro alguno de queja sobre acoso, hostigamiento o insinuaciones de índole sexual de algún profesor con el nombre referido”. La institución asegura que el director del plantel no ha recibido queja formal o informal sobre el tema, ni las oficinas generales del Colegio.

Sobre el fenómeno de la violencia sexual, las autoridades de la institución reconocen que sí existe en sus planteles y oficinas y que una de las medidas que han instrumentado es un buzón electrónico de quejas, además de seguir el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (publicado el 31 de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación).

La institución asegura que, conforme al Protocolo, se designaron a personas consejeras que reciben y dan atención a las denuncias en los 20 planteles de la Ciudad de México y su zona conurbada. Sin embargo, Diego “S”, vocero del movimiento estudiantil, indica que cuando las estudiantes denuncian, los consejeros generalmente no hacen nada y solo les piden ignorar a los maestros acosadores.

Respecto al buzón de quejas, la investigadora Suhayla Bazbaz señala la necesidad de contar con mejores mecanismos de denuncia y reporte en las escuelas. “Los buzones del tipo ‘presente su queja y nos comunicamos no son suficientes’. Necesitamos saber quiénes toman las decisiones, quiénes son los comités de ética (establecidos en el Protocolo referido) y qué pasa con las denuncias”.

Violencia sexual protesta UNAM
Carteles de manifestación de alumnas de la UNAM en Rectoría 21 de octubre. Crédito: Mariana Betanzos

No solo los profesores, también los alumnos

Los estudiantes también son perpetradores de violencia sexual y de género. Varias jóvenes entrevistadas por Las Noticias dieron testimonios de agresiones sexuales por parte de compañeros, parejas o exparejas. Marisela, estudiante de Química de la FES Cuautitlán, narra que un compañero la acosó durante todo el año 2018.

“Cada que podía estaba pegado a mí. Me quería acompañar diario a mi casa, aunque le decía que no era necesario. Al principio lo agradecía pero luego ya era hostigante, se volvió aterrador. No permitía que ningún otro compañero estuviera cerca de mí. Intentaba tener mucho contacto físico conmigo. Una vez me hizo ‘cosquillas’ y me dejó rasguños en el cuerpo. Yo tenía miedo de que me fuera a hacer algo y hasta tuve pesadillas, porque además vivo sola”, recuerda Marisela.

Paulina, estudiante de la Escuela Superior de Turismo del IPN, relata lo siguiente. “Cuando llegué a quinto semestre, un compañero comenzó a ser muy insistente en salir conmigo. Yo tenía novio e incluso empezó a amenazarlo de muerte. El chico robó mi celular de mi mochila y me amenazó con subir a las páginas de la escuela mis fotos íntimas. Al externar eso a la escuela, me mandaron a levantar denuncias y me dieron medidas de protección en el Ministerio Público, pero las autoridades no las acataron y dijeron que era mi culpa por tener esas fotos.

“Una vez en el área de fumadores, el acosador me quitó mi cigarro de la mano y me lo aventó en la cara. En la subdirección se me recriminó a mí por fumar ‘porque eso no es de señoritas’. La situación llegó a tal grado que en agosto del año pasado mi agresor me sacó del salón jalándome del cabello”. La joven asegura que las autoridades de su escuela no la protegieron, sino que la han revictimizado y solo le han propuesto como ‘solución’ darla de baja temporal.

LEE LA SEGUNDA PARTE DE ESTA SERIE : Porros, un mal de 90 años que nadie ha podido (o querido) erradicar

No solo las alumnas, también las trabajadoras

Elena —nombre que se le da para proteger su identidad— era auxiliar de intendencia en el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 2008. En 2011 comenzó a sufrir hostigamiento laboral por parte del Jefe de Servicios del recinto. El hostigamiento laboral luego se convirtió en abuso sexual.

“Me ordenaba que llegara muy temprano. Una mañana, a las siete, me acuerdo de la hora, yo estaba haciendo los baños de mujeres. Él entró al baño, me arrojó el papel en la cara, me dijo groserías, me agarró y empezó a tocar mis partes. Fue algo muy doloroso porque le pedí que no lo hiciera y no se detenía”

ELENA, ex TRABAJADORA DE LA UNAM

Al agresor se le dictó una sentencia de nueve años de cárcel, pero no se cumplió. “Se amparaba y pagaba a cambio de no cumplirla. Después me cambiaron a la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria y él enviaba a miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNAM para amenazarme con golpearme a mí y a mi hermana si no dejaba de proceder en su contra. Entré en una fuerte depresión, me quería suicidar”.

De acuerdo con los registros de la UNAM, de 2006 a 2019 se registraron 102 presuntos delitos sexuales contra trabajadoras y trabajadores de la institución. Después del alumnado, son las siguientes víctimas de delitos sexuales dentro de la Máxima Casa de Estudios.

La investigadora Adina Barrera menciona que las mujeres más vulnerables de estas agresiones son las trabajadoras que hacen la limpieza. “Por la posición que ocupan socialmente, no tienen una red de apoyo y se tienen que someter a prácticas de sus compañeros”, denuncia la experta.

Elena fue víctima de abuso sexual en el Palacio de Minería, instalación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO

Violencia que arruina vidas

Sandra —nombre ficticio para proteger su identidad— era estudiante en el Posgrado de Geografía de la UNAM. Había entrado al doctorado muy entusiasmada cuando el tutor de su proyecto comenzó a acosarla y hostigarla sexualmente en 2016.

“Me condicionó la asesoría a tener relaciones sexuales. Me dijo que en un congreso internacional estaríamos siete días en postura de misionero. Me quedé en shock y me negué”

SANDRA, ESTUDIANTE DE POSGRADO DE LA UNAM

A partir de entonces, el profesor comenzó a agredirla verbalmente. “Me gritaba, me faltaba al respeto, empezó a desvalorar mi trabajo. Hubo una violencia psicológica muy fuerte hasta que un día me amenazó. Me dijo: ‘vas a ver cómo te va a ir en la evaluación”.

El docente comenzó a impedir la comunicación de Sandra con sus cotutores y a decirles que era mala estudiante. “Me decía que él tenía el poder de hacer que me sacaran del doctorado si no hacía lo que me pedía”. Y así pasó.

El profesor la evaluó dos semestres consecutivos con cero y a pesar de que ella presentó evidencias de su trabajo, estas no fueron revisadas por la coordinadora de posgrado, quien se inclinó por el agresor. Esta evaluación derivó en que se le diera de baja definitiva del doctorado. No solo eso. Ahora debe más de 200 mil pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la beca que se le había otorgado. “Ante ellos yo soy una mala alumna que incumplió, aunque toda mi vida he sido estudiante de excelencia”.

En 2016, la UNAM emitió el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. Esto animó a Sandra a denunciar la situación que vivió, pero la realidad fue muy diferente a lo plasmado en el papel.

“Claramente no hay una instancia de investigación adecuada. Las oficinas jurídicas no trabajan con perspectiva de género porque no están preparadas”, dice Sandra. “Al momento de la investigación derivada de la aplicación del Protocolo, valió más el dicho del tutor de que yo era mala estudiante, pese a que pedí que se revisara el trabajo que había hecho”. Al final, el profesor no recibió ninguna sanción y ella se quedó sin doctorado.

“Me enfermé. Estaba en un estado psicológico terrible, yo me quise suicidar. En algún momento tuve temor de que ese hombre me matara”, acusa Sandra. Desde entonces acude a terapia psicológica y llegó a necesitar medicamentos psiquiátricos.

“Me he tardado mucho en asimilar que mi proyecto de vida haya sido destruido así, porque además el tema que investigaba es muy especializado y se trabaja en pocas universidades. Es como si me hubieran quitado un brazo, una parte de mí”.

Adina Barrera considera que las instancias encargadas de investigar los delitos sexuales tienden a revictimizar a las mujeres que denuncian. En los casos que ella ha acompañado hay ocasiones en que “el tribunal universitario ha preguntado a las víctimas si acostumbran a no dormir en su casa o andar afuera a altas horas de la noche”.

Violencia sexual UNAM
Protesta contra la violencia sexual en la UNAM, 2018. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Medidas insuficientes

De acuerdo con Adina Barrera, los casos de violencia sexual al interior de las escuelas tienen un común denominador. Las instituciones públicas no están obligadas a cumplir con un marco legal que garantice a las mujeres una vida libre de violencia.

“Hay una necesidad de armonizar los marcos legales de las instituciones con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los marcos internos de las escuelas no hablan de derechos humanos, mucho menos de perspectiva de género. Ha habido intentos de protocolos, pero no están funcionando”, opina Adina.

La investigadora expone diversas críticas al Protocolo de la UNAM, que es el parteaguas de los protocolos que han surgido en otras instituciones. Una de esas críticas es que plantea la conciliación, bajo el nombre de “proceso alternativo”.

“El sentar a la víctima y al victimario está prohibido por mecanismos de derechos humanos porque se reconoce que hay un factor de poder de género. En el caso de profesores, porque además hay una serie de poderes que lo invisten en la institución”, explica.

A partir de la colaboración con colegas de otras universidades como el IPN, Barrera sostiene que las instituciones educativas han ocultado los casos que tienen que ver con violencia de este tipo y considera urgente una política integral para atacar la cultura de violencia de género en las escuelas.

“Hace falta la generación de instrumentos para prevenir, atender, investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia en universidades”, menciona.

La falta de aplicación de sanciones a agresores sexuales es otro problema. O las sanciones no se encuentran claras en los marcos internos de las instituciones educativas, o no son aplicadas. “Hay sanciones en las que solo se establece una semana de suspensión sin recibir pago. Nosotras pedimos la destitución de profesores o expulsión de alumnos agresores. Hay casos de profesores que cuando están en medio de un proceso de investigación por una denuncia de violencia sexual, renuncian y se van a otras escuelas”, narra Barrera.

Suhayla Bazbaz coincide en que no se están aplicando las sanciones necesarias y añade que “pedir renuncia no es una sanción suficiente. Tiene que haber un comunicado formal de que la institución hizo la investigación, que se hizo un esfuerzo por identificar más casos, se acompañó en la parte legal y hubo reparación del daño a las víctimas”.

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Aprobación de Andrés Manuel López Obrador cae: Consulta Mitofsky

De acuerdo con Roy Campos, el presidente de México está ‘atorado’ en el “AprobAMLOmetro” debido a los estragos en el tema de la inseguridad

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Andrés Manuel López Obrador
Cada vez que AMLO habla sobre inseguridad o migración, su popularidad baja

Tras los sucesos relacionados con la captura y liberación de Ovidio Guzmán, la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha bajado ligeramente.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, afirma que el operativo fallido, así como los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, tras la captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, afectaron la popularidad de la llamada 4T por parte de los mexicanos.

Campos informó que “el día 22 de octubre la popularidad de AMLO estaba en 63% y al final de octubre estaba en 60%; en esos días cayó tres puntos, eso quiere decir que sí hay afectación, y hoy no ha podido levantarse, está en su punto más bajo”.

Cuando la encuestadora inició el tracking poll (encuesta de seguimiento diario), el 14 de abril de este año, la aprobación del presidente López Obrador era de 67.8%. Campos señala que cada vez que el mandatario habla de inseguridad o migración, su popularidad baja. “Son temas de los que no le conviene hablar”.

Sobre las razones de esta caída en el AprobAMLOmetro, el director de Consulta Mitofsky explicó que los mexicanos reprueban las decisiones relacionadas con la captura de Ovidio Guzmán.

Sin embargo, el especialista aclara que la manera en la que el mandatario se ha referido a su estrategia ha sido “comprada” por los mexicanos. “Ellos (AMLO y su gabinete) se niegan a una política de exterminio, así es como han utilizado esa palabra (exterminio), por eso la gente se las compra”.

Respecto a la estrategia de López Obrador para combatir la inseguridad, Campos declara que se basa en dos pilares: la visión de programas sociales para atacar las causas de la inseguridad y la presencia permanente de la Guardia Nacional donde hace falta.

“La estrategia de AMLO no es decir ‘vamos a agarrar a tal capo’, sino la humanista, que es la que López Obrador plantea como el gran cambio. Él cree que la inseguridad se acaba atendiendo las causas y que hay que tener presencia permanente para inhibir al crimen en donde hace falta.”

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky
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