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NO FICCIÓN

Estudian entre robos, acoso, violencia, crimen, insultos…

Entre 2006 y 2019 se registraron casi tres mil presuntos delitos y faltas en planteles de la UNAM, IPN, Bachilleres y Conalep, esto en la CDMX y su área conurbada

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Ese día llovió mucho. Era 18 de agosto de 2017. A las siete de la noche, Luis Roberto Malagón de Gaona, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue hallado ahogándose en la zona de pozos de absorción de Ciudad Universitaria. La zona estaba completamente inundada. Tras pasar cinco días en el hospital, el joven de 20 años perdió la vida.

La autopsia reveló que, además de los edemas producto del ahogamiento, el cuerpo de Luis Roberto presentaba lesiones y quemaduras. Sus padres y su abogado, Víctor Caballero, no descartan la posibilidad de que su muerte se trate de un homicidio doloso y aún demandan el esclarecimiento de los hechos.

El caso de la muerte de Luis Roberto es uno de los eventos más fatales que pueden ser constitutivos de delito, inseguridad y violencia, y que ocurren al interior de los planteles de educación superior y media superior de las principales instituciones educativas federales en la Ciudad de México y su área metropolitana.

Las Noticias obtuvo mediante mecanismos de transparencia un registro de posibles delitos y faltas a la ley reportados al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio de Bachilleres (Colbach) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

En total, de 2006 a 2019 las instituciones consultadas registraron 2 mil 996 incidentes entre presuntos delitos, faltas a la ley o infracciones a sus reglamentos internos. De estos eventos, 91.7% son presuntos ilícitos, principalmente robos, aunque también se reportan casos de acoso sexual, violación, agresiones físicas, lesiones, daño en propiedad ajena, violencia porril, narcomenudeo y hasta diez casos de amenazas de bomba.

Aunque contados con los dedos, también se registraron en este periodo seis casos de extorsión, cuatro de disparo o posesión de arma de fuego, tres de homicidio, dos de pederastia y uno de secuestro exprés.

Este es el primero de tres reportajes sobre la violencia e inseguridad que viven los alumnos al interior de las cuatro instituciones educativas públicas enlistadas tras haber realizado un proceso de sistematización y homologación de su información.

Cabe mencionar que cada institución proporcionó estadísticas dispares: mientras que la UNAM entregó la información más detallada, el Conalep casi no reportó casos (lo que no significa que no existan). Es por eso que en esta investigación es la Máxima Casa de Estudios la que aparece con la mayor cantidad de conductas presumiblemente delictivas, seguida por el IPN, el Colbach y finalmente el Conalep.

Debido a que la UNAM no lo considera como un presunto homicidio, el caso de Luis Roberto no figura en su registro. Tampoco aparece el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante del CCH Sur estrangulada por su novio con el cable del teléfono de una caseta cercana a la Facultad de Ingeniería, el 3 de mayo de 2017. En este último caso, las autoridades de la Ciudad de México afirmaron que la joven se había suicidado.

Fue la presión de la familia y organizaciones civiles, que rechazaron la versión oficial, lo que permitió que el agresor de Lesvy fuera juzgado y sentenciado por feminicidio agravado más de dos años después, apenas el pasado mes de octubre.

La UNAM solo tiene un homicidio registrado en 2015. La víctima fue un hombre trabajador y el delito ocurrió también en Ciudad Universitaria (CU). Se buscó a la UNAM para conocer más de este caso —así como los motivos de la ausencia de los casos de Lesvy y Luis Roberto— pero no se tuvo respuesta.

Los otros dos homicidios de la estadística ocurrieron en el IPN, aunque no son conocidos ni se difundieron en prensa. La información entregada solo revela que uno ocurrió en 2012 y otro un año después; el primero tuvo lugar en una de sus escuelas de nivel superior y el segundo en el nivel medio superior, sin que en ambos casos se especificara qué plantel. Se buscó a esta institución para solicitar más detalles de los casos pero tampoco hubo respuesta.

delito homicidio Roberto Malagón
Padre de Luis Roberto Malagón en 2018. Crédito: Colectivo Nos Hacen Falta

Los delitos más frecuentes

Fernanda García estudió en el CCH Naucalpan de 2012 a 2015. Desde entonces el plantel era inseguro. “Además de porros había una especie de banda que se hacía llamar ‘Los Cholos’. Este grupo nos daba miedo porque asaltaban adentro de la escuela. ‘Taloneaban’ y si no les dabas dinero, te empezaban a intimidar y a hacer como que buscaban algo en sus bolsas, o se te acercaban en grupo.

“Un miembro de Los Cholos era ‘El Mudo’, un sujeto muy peligroso que te intentaba vender dulces y si no querías te decía: ‘no importa, allá afuera nos topamos y te voy a acuchillar’, entonces ya le comprábamos”, recuerda Fernanda.

De cada 10 casos que registran las instituciones educativas, seis son robos. De acuerdo con la información obtenida por transparencia y testimonios recopilados, estos ilícitos van desde asaltos a mano armada dentro de las instalaciones educativas, “taloneos” por parte de grupos porriles o personas externas a los planteles educativos (es decir, cobro a alumnos por permitirles el acceso al plantel), hurto de equipo y mobiliario escolar y robo de vehículos con violencia.

“Una vez presencié cómo un sujeto externo al CECYT 8 del IPN asaltó a una compañera con violencia, traía una navaja”, narra Eduardo “N”, quien ahora asiste a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) en Azcapotzalco.

Al robo le siguen distintas agresiones sexuales que van desde el acoso hasta las más graves como la violación.

Las cifras se recopilan de manera irregular y dispar entre instituciones educativas, e incluso entre planteles de una misma escuela, lo que impide saber qué tanto ha crecido o no la violencia e inseguridad al interior de las aulas de bachillerato y nivel superior.

Suhayla Bazbaz, especialista en prevención de violencia escolar, explica que el registro de delitos e incidentes de violencia no se está llevando a cabo con una metodología estandarizada, comparable, confiable y con información regular a fin de atender la violencia escolar.

La investigadora es directora de la organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social. En 2017, esta ONG estuvo trabajando junto con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México (Sedu), el IPN y el Laboratorio para la Ciudad en el diseño e implementación de un sistema de información para medir las violencias en las escuelas en tiempo real y con una metodología.

En un principio, la Sedu aprobó el proyecto, pero la investigadora considera que cuando el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) supo que la información recopilada sobre los incidentes en las escuelas sería también publicada y reportada a la ciudadanía, el proyecto fue vetado con excusas administrativas.

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delitos y faltas Bachilleres
El Colegio de Bachilleres registra el mayor número de agresiones físicas, peleas y riñas. Crédito: Diego Simón Sánchez /CUARTOSCURO

Cada institución reporta distintos incidentes. Mientras que la UNAM, el IPN y el Conalep registran más casos de robo y agresiones sexuales, lo que más se reporta en Bachilleres son agresiones físicas, peleas y riñas.

Alumnos de distintos planteles del Colegio de Bachilleres se han manifestado desde finales de septiembre a causa de la inseguridad en sus aulas. “Hay agresiones a estudiantes dentro y fuera de mi escuela”, narra Diego “S”, alumno del plantel Cien Metros y uno de los voceros de la movilización.

Y añade: “En nuestras escuelas hay venta de droga, asaltan a los compañeros o los ‘talonean’, hay acoso sexual, presencia de grupos porriles en todos los planteles y estudiantes que traen armas”.

Diego denuncia que los porros de su escuela portan navajas y aparatos para dar toques. “Vi cómo ‘taloneaban’ a un compañero, como no quiso darles dinero lo amenazaron con el aparato. Luego lo empezaron a ‘zapear’. A mí me intentaron reclutar y me han llegado a decir que si quiero pueden llevar cualquier arma para ‘protegernos’, incluso bombas molotov”, acusa el joven de 17 años.

Disparos, riñas y drogas en Conalep

El Conalep es la institución educativa que menos delitos registra, aunque la realidad es diferente de acuerdo al testimonio de dos maestros entrevistados por Las Noticias.

De acuerdo con los profesores, los principales incidentes que se presentan al interior de los planteles de esta institución son el consumo drogas, las peleas entre estudiantes y las faltas de respeto al profesorado.

En el Plantel Tláhuac, por ejemplo, hay un problema grave de drogadicción. De acuerdo con el profesor Rubén Jiménez Reyes, una maestra solicitó en febrero de este año su cambio de grupo porque algunos estudiantes entraban a clase bajo los efectos de drogas y le faltaron al respeto.

Sin embargo, el director del plantel no ha atendido la situación ni la problemática de consumo de estupefacientes entre las y los adolescentes. Es por ello que presentaron una queja ante el ´´órgano interno de control de Conalep que no derivó en ninguna medida hacia el director ni tampoco en una respuesta al problema de drogadicción.

La profesora Mónica Díaz menciona que en el Plantel Álvaro Obregón II hay peleas frecuentes entre los estudiantes. “Se pelean, por ejemplo, por la novia. La semana pasada hubo un pleito, y aunque no hay armas, se pelean a golpes”.

La profesora afirma que hay estudiantes que amenazan a profesores cuando son reprobados. “Un día reprobé a un joven sobre el cual se comentaba que distribuía droga y generaba cierto temor en la comunidad. Me dijo que si no lo pasaba, me atuviera a las consecuencias. Todos los días se sentaba en una banca a verme con ojos de amenaza. Cada que lo veía, le decía que lo había calificado así por su bien, que mejor me entregara sus trabajos, así hasta que se calmó la situación”, relata.

Entre los pocos casos que reporta, el Conalep es la única escuela que registra disparos de arma de fuego, uno ocurrido en 2015 en el plantel 212 Tlalpan y otro en 2017, en el plantel de Azcapotzalco. En este último caso, que trascendió a los medios de comunicación, un estudiante fue herido en la pierna porque se encontraba jugando con otro compañero con una “pluma pistola”.

La violencia que no se ve

José Adrián “E”, estudiante del CECYT 3 del IPN, denuncia una serie de agresiones verbales por parte de un profesor de filosofía. “El maestro no tiene respeto por los alumnos. Derrumba tu autoestima. Usa palabras como ‘baboso’, ‘imbécil’ o ‘inútil’. Varias compañeras no lo soportaban y terminaban llorando, mientras él reía. Muchos estudiantes se han quejado pero el profesor es muy allegado al director”, acusa el joven.

José Adrián comparte a Las Noticias una grabación de audio en la que se escucha al profesor gritar continuamente a los alumnos y referirse a ellos con palabras altisonantes.

Diego “S”, estudiante de 17 años del Plantel 2 “Cien Metros” del Colegio de Bachilleres, también denuncia agresiones verbales por parte de algunos docentes. “Nos han dicho que estamos pendejos y somos huevones, que por eso nos quedamos en Bachilleres”, denuncia.

Estos incidentes son casos de agresión verbal y violencia institucional al ser ejercidos por parte de servidores públicos, explica Suhayla Bazbaz. “Quien te grita en la escuela afecta la probabilidad de que aprendas, así como el derecho a estudiar en un entorno libre de violencia”, agrega.

La especialista alerta que este tipo de agresiones institucionales están normalizadas y por ende se encuentran invisibilizadas. Son pocos los casos que aparecen en las estadísticas entregadas por las instituciones educativas.

Otra arista de la violencia que tiende a ser ignorada por las autoridades educativas es la que ocurre afuera de las aulas, en áreas cercanas y no tan cercanas a los planteles.

“En el caso de la UNAM, de 2014 a 2019 se han documentado alrededor de 90 delitos contra estudiantes, entre desapariciones, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios y homicidios”, recuenta Víctor Caballero.

Además de ser abogado de la familia de Luis Roberto Malagón, Caballero es miembro del Colectivo Aequs Promoción y Defensa de Derechos Humanos y ha dedicado parte de su vida a la defensa de estudiantes víctimas de crímenes. Durante este tiempo ha observado una actitud negativa por parte de las autoridades de la Universidad.

Denuncia, por ejemplo, el caso de Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, quien desapareció el 27 de abril de 2018. En el momento de su desaparición, sus compañeras y familiares solicitaron a la UNAM un pronunciamiento para exigir justicia por medio de sus canales oficiales, pero esto no ocurrió. “En su lugar, la Universidad pagó inserciones en medios donde reveló (sin tener autorización para hacerlo) que Mariela pudo haber desaparecido cerca de la Biblioteca Vasconcelos”.

Este hecho fue interpretado por Aequs como una forma en que la UNAM actuó de manera pronta para deslindarse de que Mariela hubiese podido desaparecer dentro del campus.

Los delitos no solo ocurren en las inmediaciones de las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios, sino también de las otras instituciones. “Al exterior de los planteles nos asaltan. Hace un año dos compañeras fueron secuestradas a la salida del plantel 9 ‘Aragón’, después fueron violadas. Y apenas en septiembre volvió a pasar. Afuera del mismo ‘Bacho’, una joven fue violada”, denuncia Diego, estudiante del Colegio de Bachilleres.

Falta información y protocolos de atención

Suhayla Bazbaz urge a que las autoridades educativas dejen de concebir los eventos de violencia y delito al interior de las escuelas como si fueran hechos aislados y a que construyan sistemas de información confiable para medir adecuadamente el fenómeno.

“Necesitamos saber qué violencias y delitos ocurren más, dónde se concentran y cómo están ligados a los contextos locales… Es indispensable tener información actualizada durante cada ciclo escolar para saber si las medidas están dando resultados o no. De otra manera, estaremos dando golpes de ciego y continuarán aplicándose acciones que no han servido, desde dar talleres hasta instalar botones de pánico, o solo enviar patrullas”, explica Bazbaz.

Además de generar información confiable, la investigadora propone un protocolo para solucionar el problema de la violencia escolar que consiste en seis pasos: prevención, detección, atención, investigación, sanción y reparación.

“Es necesario concebir la solución a la violencia en escuelas como una cadena. En primer lugar se encuentra la prevención, pero hacerla en serio. Distinguir qué tipo de violencia se quiere prevenir, a quién afecta más, en dónde afecta más y cuáles son las causas. Y luego, idear qué sí funciona para atenderlo. No solo dar talleres o campañas que no han tenido efectividad”.

En cuanto a la detección, atención, investigación y sanción de los casos, Suhayla explica que “tendría que haber al menos un comunicado formal de que la institución hizo una investigación, que se encontraron elementos que violan el derecho a la educación, que se hizo un esfuerzo por identificar otros casos (y no solo los de atención mediática) y que se dio acompañamiento legal si se configuró un delito”.

El protocolo culmina con un componente de reparación del daño y garantías de no repetición. “No se trata de deshacerse del incidente, es qué va a hacer la escuela para que no se repita”, sostiene la especialista.

Víctor Caballero indica que actualmente no existe en las instituciones de educación media superior y superior un mecanismo de actuación en caso de violencia y delitos contra estudiantes.

Ejemplo de esta ausencia de protocolos se hizo visible ante la muerte de Aideé Mendoza Jerónimo. La joven de 18 años fue asesinada en abril de este año al recibir un impacto de bala mientras tomaba su clase de matemáticas en CCH Oriente. Aideé permaneció 40 minutos en una oficina sin recibir atención médica. Se sabe, por lo difundido en prensa, que la ambulancia tardó mucho en llegar.

“Las autoridades educativas no han podido explicar bien la situación. Además, se han dado versiones diferentes: primero que se trató de una pluma bala, luego de una bala perdida. Pero no se reconoce que hay un grave problema de violencia dentro de las escuelas”, concluye Caballero.

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Aideé Mendoza fue asesinada mientras tomaba clase en el CCH Oriente, de la UNAM. Crédito: Graciela López /CUARTOSCURO

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Mujeres saldrán preparadas de las cárceles del Estado de México

Daniel Esquenazi, miembro de la Fundación B, dice que la oportunidad de autoemplearse en las cárceles del Estado de México reduce la reincidencia delictiva

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La Fundación Plan B apoya a las mujeres privadas de su libertad en las cárceles del Estado de México con talleres y capacitaciones para autoemplearse, con los cuales se reduce la probabilidad de reincidencia delictiva.

“Es primordial lograr una reinserción social exitosa enfocada en el desarrollo económico de estas mujeres y sus familias”, manifiesta Daniel Esquenazi, patrocinador de la Fundación B.

El empresario y arquitecto agrega que la oportunidad de autoemplearse y realizarse económicamente reduce la probabilidad de reincidencia delictiva.

El proyecto busca motivar, capacitar en diferentes oficios y emplear a mujeres privadas de su libertad con el objetivo de que a través de su trabajo y la transmisión de conocimiento, provean un sustento y un ejemplo para sus familias, agrega el empresario.

Actualmente, las mil 568 mujeres recluidas por el fuero común y las 144 por delitos federales en los centros penitenciarios del Estado de México estudian, reciben capacitación y ejercen alguna actividad ocupacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Uno de los proyectos impulsados por la Fundación B, que fue fundada por Tatiana Ortiz Monasterio, es la creación de talleres y bibliotecas dentro de las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Esa sala de libros se creó como un programa piloto, pues la intención es replicar en otras entidades la República Mexicana.

Sandra Paola González Castañeda, diputada de Morena, entregó 300 libros que fueron donados por los legisladores y personal de la Cámara de Diputados, como parte de la campaña “Dona un libro para una Mujer en situación de cárcel”.

El objetivo de la campaña es que las mujeres, que están privadas de la libertad en las cárceles del país y el Estado de México tengan un vínculo con la sociedad a través de las letras, agregó la legisladora, quien hizo una visita a mediados del año con Ortiz Monasterios.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que existe una falta de espacios destinados para actividades recreativas y productivas en los centros de readaptación social, lo que impide que estas mujeres tengan acceso a actividades encaminadas a la reinserción social.

“Mi objetivo es hacer de las cárceles femeninas lugares para aprender”, afirma Tatiana Ortiz Monasterio, fundadora de la Fundación Plan B, quien busca empoderar a mujeres privadas de su libertad en el Estado de México

La activista, quien es respaldada por empresarios, diputados de Morena y el gobierno del Estado de México, asegura que cada uno los talleres, cursos y capacitaciones enseñadas en los penales femeniles cuentan con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Todo lo que hagan, todo lo que aprendan y todos los cursos que tomen van tener sus diplomas”, concluye la comunicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana a un grupo de presas.

*Publicado originalmente en Cobertura 360

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Violencia sexual en escuelas: sin control y sin solución

De 2006 a 2019 se registraron 712 presuntos delitos sexuales en planteles de la UNAM, IPN, Bachilleres y Conalep, esto en la CDMX y su área conurbada. La cifra, sin embargo, es mucho mayor a lo que las instituciones reportan

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La UNAM registra la mayor cantidad de delitos sexuales; las mujeres son las principales víctimas. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Desde el 23 de octubre, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán se encuentra en paro de actividades. En las bardas del exterior cuelgan mantas con mensajes que exigen la erradicación de la violencia sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), principal demanda del movimiento.

El día anterior, un grupo de estudiantes llevó a cabo un ejercicio llamado “tendedero de acoso”. En solo dos horas, el tendedero se llenó de 135 papeletas que denunciaban casos de acoso, hostigamiento, abuso sexual e incluso violación por parte de profesores, alumnos y trabajadores.

“Había un profesor que concentraba 23 de las 135 denuncias”, narra Laura, estudiante de Química y una de las voceras del movimiento. “Este profesor no solo hace a las alumnas comentarios como ‘compañera, siéntate acá, si no te repruebo’ o ‘por qué traes a tu novio’. Se han compartido casos en los que el profesor cita tarde a las compañeras, las toquetea o saca su miembro. También se le da mucho tomarle fotos a las alumnas y enviárselas”.

El profesor denunciado tiene más de 30 años dando clases en la FES pese a que sus agresiones son conocidas. “Estamos pidiendo la destitución de profesores y expulsión de alumnos que tengan denuncias formales ante la ley, porque no nos sentimos seguras”, demandan las alumnas de la institución.

La violencia sexual es uno de los principales conductas delictivas que afectan más a las y los estudiantes, no solo de la UNAM, sino de otras universidades y preparatorias públicas, de acuerdo con datos obtenidos vía mecanismos de transparencia. Esta es la última de tres entregas de una serie especial que aborda el tema de la violencia y la inseguridad al interior de cuatro de las principales instituciones públicas del nivel medio superior y superior en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y el Conalep.

LEE LA PRIMERA PARTE DE ESTA SERIE: Estudian entre robos, acoso, violencia, crimen, insultos…

Los delitos sexuales son, después del robo, la segunda clase de ilícitos que más se registran en las estadísticas oficiales de las cuatro instituciones educativas. En total, de 2006 a 2019 se reportaron 712 delitos sexuales al interior de sus instalaciones.

El acoso y el hostigamiento sexual sumaron 483 casos, es decir, siete de cada diez delitos sexuales registrados. El resto de los incidentes corresponden a casos de abuso sexual o violación (229 registros).

De los 712 casos registrados, en 607 las víctimas fueron mujeres (85%). También se registraron 12 delitos sexuales contra hombres y 93 en los cuales no se especifica el sexo de la víctima (estos últimos del IPN), por lo que el porcentaje de mujeres víctimas puede ser mayor.

De acuerdo con Adina Barrera, especialista en perspectiva de género y Miembro de la Red de Mujeres Estudiantes de Posgrados e Investigadoras de la UNAM, la violencia contra las mujeres dentro de las escuelas se debe a que la estructura social en la cual ellas son desvaloradas se replica en todas las instituciones sociales.

“En el ámbito educativo, la subordinación de las mujeres se refleja en que somos vistas como si fuéramos invasoras de un espacio que no nos corresponde. Entramos de manera tardía y masiva a las escuelas sin que hubiera una transformación de los principios que ahí regían. Esto provoca violencia contra nosotras”, considera Adina.

Suhayla Bazbaz, especialista en prevención de violencia escolar y directora de la organización de la sociedad Civil Cohesión Comunitaria, señala que el principal problema de la violencia sexual y de género en las escuelas es que “se sigue pensando que se trata de casos excepcionales. Las instituciones tienen que dejar de pensar en casos únicos y concebir el problema como un fenómeno generalizado, sistémico y transversal”.

Cifra negra

La UNAM es la institución que registró la mayor cantidad de presuntos delitos sexuales al interior de sus escuelas. Esto no necesariamente significa que sea la institución con mayor incidencia porque los registros entre instituciones son muy dispares: algunas intentan ser más transparentes mientras que otras más bien parecería que minimizan u ocultan el problema.

Un ejemplo es el Colegio de Bachilleres, que solo registró tres casos de presunto acoso u hostigamiento sexual de 2006 a 2019. No obstante, frente a los casos casi inexistentes en las estadísticas institucionales, durante los meses de septiembre y octubre los estudiantes de distintos planteles en la Ciudad y el Estado de México conformaron un movimiento estudiantil para denunciar la inseguridad y violencia en sus planteles. Una de sus demandas es la erradicación del acoso sexual en las escuelas, especialmente por parte de los docentes.

Un profesor de Física del Colbach Plantel 5 ha sido acusado de acoso sexual por al menos tres jóvenes. Belena “K” ahora tiene 21 años. Hace cinco, ese profesor la acosó. “Me saludaba de una forma que me hacía sentir incómoda. En una ocasión, cuando todos se fueron del salón, yo le dije si podía entregar un proyecto para pasar porque no pude acudir a una actividad que dejó. Me propuso arreglarnos de otra forma y me miró el cuerpo”.

Otra ex alumna, Belén José, denuncia que hace cuatro años el mismo docente pidió a una de sus amigas que se quedara al finalizar la clase: “mi amiga salió muy asustada y nos contó que el profesor le empezó a acariciar la pierna y se le insinuó. Ella no quiso denunciarlo porque tenía miedo a represalias”.

Un tercer testimonio, realizado de forma confidencial, describe una situación similar con el mismo profesor ocurrida este año. Aunque la alumna denunció el caso, la dirección del Plantel 5 no sancionó al maestro.

“Al final de clase me pidió que me quedara. Entonces me abrazó y me dijo que si quería que me pasara con diez todo el semestre, lo podría hacer sin dinero. No accedí, él me sujetó muy fuerte del brazo y me dijo que me haría difícil el semestre”

ALUMNA DEL PLANTEL 5 DE BACHILLERES

El Colegio de Bachilleres declaró a Las Noticias que en esa escuela “no se tiene registro alguno de queja sobre acoso, hostigamiento o insinuaciones de índole sexual de algún profesor con el nombre referido”. La institución asegura que el director del plantel no ha recibido queja formal o informal sobre el tema, ni las oficinas generales del Colegio.

Sobre el fenómeno de la violencia sexual, las autoridades de la institución reconocen que sí existe en sus planteles y oficinas y que una de las medidas que han instrumentado es un buzón electrónico de quejas, además de seguir el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (publicado el 31 de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación).

La institución asegura que, conforme al Protocolo, se designaron a personas consejeras que reciben y dan atención a las denuncias en los 20 planteles de la Ciudad de México y su zona conurbada. Sin embargo, Diego “S”, vocero del movimiento estudiantil, indica que cuando las estudiantes denuncian, los consejeros generalmente no hacen nada y solo les piden ignorar a los maestros acosadores.

Respecto al buzón de quejas, la investigadora Suhayla Bazbaz señala la necesidad de contar con mejores mecanismos de denuncia y reporte en las escuelas. “Los buzones del tipo ‘presente su queja y nos comunicamos no son suficientes’. Necesitamos saber quiénes toman las decisiones, quiénes son los comités de ética (establecidos en el Protocolo referido) y qué pasa con las denuncias”.

Violencia sexual protesta UNAM
Carteles de manifestación de alumnas de la UNAM en Rectoría 21 de octubre. Crédito: Mariana Betanzos

No solo los profesores, también los alumnos

Los estudiantes también son perpetradores de violencia sexual y de género. Varias jóvenes entrevistadas por Las Noticias dieron testimonios de agresiones sexuales por parte de compañeros, parejas o exparejas. Marisela, estudiante de Química de la FES Cuautitlán, narra que un compañero la acosó durante todo el año 2018.

“Cada que podía estaba pegado a mí. Me quería acompañar diario a mi casa, aunque le decía que no era necesario. Al principio lo agradecía pero luego ya era hostigante, se volvió aterrador. No permitía que ningún otro compañero estuviera cerca de mí. Intentaba tener mucho contacto físico conmigo. Una vez me hizo ‘cosquillas’ y me dejó rasguños en el cuerpo. Yo tenía miedo de que me fuera a hacer algo y hasta tuve pesadillas, porque además vivo sola”, recuerda Marisela.

Paulina, estudiante de la Escuela Superior de Turismo del IPN, relata lo siguiente. “Cuando llegué a quinto semestre, un compañero comenzó a ser muy insistente en salir conmigo. Yo tenía novio e incluso empezó a amenazarlo de muerte. El chico robó mi celular de mi mochila y me amenazó con subir a las páginas de la escuela mis fotos íntimas. Al externar eso a la escuela, me mandaron a levantar denuncias y me dieron medidas de protección en el Ministerio Público, pero las autoridades no las acataron y dijeron que era mi culpa por tener esas fotos.

“Una vez en el área de fumadores, el acosador me quitó mi cigarro de la mano y me lo aventó en la cara. En la subdirección se me recriminó a mí por fumar ‘porque eso no es de señoritas’. La situación llegó a tal grado que en agosto del año pasado mi agresor me sacó del salón jalándome del cabello”. La joven asegura que las autoridades de su escuela no la protegieron, sino que la han revictimizado y solo le han propuesto como ‘solución’ darla de baja temporal.

LEE LA SEGUNDA PARTE DE ESTA SERIE : Porros, un mal de 90 años que nadie ha podido (o querido) erradicar

No solo las alumnas, también las trabajadoras

Elena —nombre que se le da para proteger su identidad— era auxiliar de intendencia en el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 2008. En 2011 comenzó a sufrir hostigamiento laboral por parte del Jefe de Servicios del recinto. El hostigamiento laboral luego se convirtió en abuso sexual.

“Me ordenaba que llegara muy temprano. Una mañana, a las siete, me acuerdo de la hora, yo estaba haciendo los baños de mujeres. Él entró al baño, me arrojó el papel en la cara, me dijo groserías, me agarró y empezó a tocar mis partes. Fue algo muy doloroso porque le pedí que no lo hiciera y no se detenía”

ELENA, ex TRABAJADORA DE LA UNAM

Al agresor se le dictó una sentencia de nueve años de cárcel, pero no se cumplió. “Se amparaba y pagaba a cambio de no cumplirla. Después me cambiaron a la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria y él enviaba a miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNAM para amenazarme con golpearme a mí y a mi hermana si no dejaba de proceder en su contra. Entré en una fuerte depresión, me quería suicidar”.

De acuerdo con los registros de la UNAM, de 2006 a 2019 se registraron 102 presuntos delitos sexuales contra trabajadoras y trabajadores de la institución. Después del alumnado, son las siguientes víctimas de delitos sexuales dentro de la Máxima Casa de Estudios.

La investigadora Adina Barrera menciona que las mujeres más vulnerables de estas agresiones son las trabajadoras que hacen la limpieza. “Por la posición que ocupan socialmente, no tienen una red de apoyo y se tienen que someter a prácticas de sus compañeros”, denuncia la experta.

Elena fue víctima de abuso sexual en el Palacio de Minería, instalación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO

Violencia que arruina vidas

Sandra —nombre ficticio para proteger su identidad— era estudiante en el Posgrado de Geografía de la UNAM. Había entrado al doctorado muy entusiasmada cuando el tutor de su proyecto comenzó a acosarla y hostigarla sexualmente en 2016.

“Me condicionó la asesoría a tener relaciones sexuales. Me dijo que en un congreso internacional estaríamos siete días en postura de misionero. Me quedé en shock y me negué”

SANDRA, ESTUDIANTE DE POSGRADO DE LA UNAM

A partir de entonces, el profesor comenzó a agredirla verbalmente. “Me gritaba, me faltaba al respeto, empezó a desvalorar mi trabajo. Hubo una violencia psicológica muy fuerte hasta que un día me amenazó. Me dijo: ‘vas a ver cómo te va a ir en la evaluación”.

El docente comenzó a impedir la comunicación de Sandra con sus cotutores y a decirles que era mala estudiante. “Me decía que él tenía el poder de hacer que me sacaran del doctorado si no hacía lo que me pedía”. Y así pasó.

El profesor la evaluó dos semestres consecutivos con cero y a pesar de que ella presentó evidencias de su trabajo, estas no fueron revisadas por la coordinadora de posgrado, quien se inclinó por el agresor. Esta evaluación derivó en que se le diera de baja definitiva del doctorado. No solo eso. Ahora debe más de 200 mil pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la beca que se le había otorgado. “Ante ellos yo soy una mala alumna que incumplió, aunque toda mi vida he sido estudiante de excelencia”.

En 2016, la UNAM emitió el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. Esto animó a Sandra a denunciar la situación que vivió, pero la realidad fue muy diferente a lo plasmado en el papel.

“Claramente no hay una instancia de investigación adecuada. Las oficinas jurídicas no trabajan con perspectiva de género porque no están preparadas”, dice Sandra. “Al momento de la investigación derivada de la aplicación del Protocolo, valió más el dicho del tutor de que yo era mala estudiante, pese a que pedí que se revisara el trabajo que había hecho”. Al final, el profesor no recibió ninguna sanción y ella se quedó sin doctorado.

“Me enfermé. Estaba en un estado psicológico terrible, yo me quise suicidar. En algún momento tuve temor de que ese hombre me matara”, acusa Sandra. Desde entonces acude a terapia psicológica y llegó a necesitar medicamentos psiquiátricos.

“Me he tardado mucho en asimilar que mi proyecto de vida haya sido destruido así, porque además el tema que investigaba es muy especializado y se trabaja en pocas universidades. Es como si me hubieran quitado un brazo, una parte de mí”.

Adina Barrera considera que las instancias encargadas de investigar los delitos sexuales tienden a revictimizar a las mujeres que denuncian. En los casos que ella ha acompañado hay ocasiones en que “el tribunal universitario ha preguntado a las víctimas si acostumbran a no dormir en su casa o andar afuera a altas horas de la noche”.

Violencia sexual UNAM
Protesta contra la violencia sexual en la UNAM, 2018. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Medidas insuficientes

De acuerdo con Adina Barrera, los casos de violencia sexual al interior de las escuelas tienen un común denominador. Las instituciones públicas no están obligadas a cumplir con un marco legal que garantice a las mujeres una vida libre de violencia.

“Hay una necesidad de armonizar los marcos legales de las instituciones con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los marcos internos de las escuelas no hablan de derechos humanos, mucho menos de perspectiva de género. Ha habido intentos de protocolos, pero no están funcionando”, opina Adina.

La investigadora expone diversas críticas al Protocolo de la UNAM, que es el parteaguas de los protocolos que han surgido en otras instituciones. Una de esas críticas es que plantea la conciliación, bajo el nombre de “proceso alternativo”.

“El sentar a la víctima y al victimario está prohibido por mecanismos de derechos humanos porque se reconoce que hay un factor de poder de género. En el caso de profesores, porque además hay una serie de poderes que lo invisten en la institución”, explica.

A partir de la colaboración con colegas de otras universidades como el IPN, Barrera sostiene que las instituciones educativas han ocultado los casos que tienen que ver con violencia de este tipo y considera urgente una política integral para atacar la cultura de violencia de género en las escuelas.

“Hace falta la generación de instrumentos para prevenir, atender, investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia en universidades”, menciona.

La falta de aplicación de sanciones a agresores sexuales es otro problema. O las sanciones no se encuentran claras en los marcos internos de las instituciones educativas, o no son aplicadas. “Hay sanciones en las que solo se establece una semana de suspensión sin recibir pago. Nosotras pedimos la destitución de profesores o expulsión de alumnos agresores. Hay casos de profesores que cuando están en medio de un proceso de investigación por una denuncia de violencia sexual, renuncian y se van a otras escuelas”, narra Barrera.

Suhayla Bazbaz coincide en que no se están aplicando las sanciones necesarias y añade que “pedir renuncia no es una sanción suficiente. Tiene que haber un comunicado formal de que la institución hizo la investigación, que se hizo un esfuerzo por identificar más casos, se acompañó en la parte legal y hubo reparación del daño a las víctimas”.

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NO FICCIÓN

Aprobación de Andrés Manuel López Obrador cae: Consulta Mitofsky

De acuerdo con Roy Campos, el presidente de México está ‘atorado’ en el “AprobAMLOmetro” debido a los estragos en el tema de la inseguridad

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Andrés Manuel López Obrador
Cada vez que AMLO habla sobre inseguridad o migración, su popularidad baja

Tras los sucesos relacionados con la captura y liberación de Ovidio Guzmán, la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha bajado ligeramente.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, afirma que el operativo fallido, así como los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, tras la captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, afectaron la popularidad de la llamada 4T por parte de los mexicanos.

Campos informó que “el día 22 de octubre la popularidad de AMLO estaba en 63% y al final de octubre estaba en 60%; en esos días cayó tres puntos, eso quiere decir que sí hay afectación, y hoy no ha podido levantarse, está en su punto más bajo”.

Cuando la encuestadora inició el tracking poll (encuesta de seguimiento diario), el 14 de abril de este año, la aprobación del presidente López Obrador era de 67.8%. Campos señala que cada vez que el mandatario habla de inseguridad o migración, su popularidad baja. “Son temas de los que no le conviene hablar”.

Sobre las razones de esta caída en el AprobAMLOmetro, el director de Consulta Mitofsky explicó que los mexicanos reprueban las decisiones relacionadas con la captura de Ovidio Guzmán.

Sin embargo, el especialista aclara que la manera en la que el mandatario se ha referido a su estrategia ha sido “comprada” por los mexicanos. “Ellos (AMLO y su gabinete) se niegan a una política de exterminio, así es como han utilizado esa palabra (exterminio), por eso la gente se las compra”.

Respecto a la estrategia de López Obrador para combatir la inseguridad, Campos declara que se basa en dos pilares: la visión de programas sociales para atacar las causas de la inseguridad y la presencia permanente de la Guardia Nacional donde hace falta.

“La estrategia de AMLO no es decir ‘vamos a agarrar a tal capo’, sino la humanista, que es la que López Obrador plantea como el gran cambio. Él cree que la inseguridad se acaba atendiendo las causas y que hay que tener presencia permanente para inhibir al crimen en donde hace falta.”

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky
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