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NO FICCIÓN

Violencia sexual en escuelas: sin control y sin solución

De 2006 a 2019 se registraron 712 presuntos delitos sexuales en planteles de la UNAM, IPN, Bachilleres y Conalep, esto en la CDMX y su área conurbada. La cifra, sin embargo, es mucho mayor a lo que las instituciones reportan

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CU violencia sexual
La UNAM registra la mayor cantidad de delitos sexuales; las mujeres son las principales víctimas. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Desde el 23 de octubre, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán se encuentra en paro de actividades. En las bardas del exterior cuelgan mantas con mensajes que exigen la erradicación de la violencia sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), principal demanda del movimiento.

El día anterior, un grupo de estudiantes llevó a cabo un ejercicio llamado “tendedero de acoso”. En solo dos horas, el tendedero se llenó de 135 papeletas que denunciaban casos de acoso, hostigamiento, abuso sexual e incluso violación por parte de profesores, alumnos y trabajadores.

“Había un profesor que concentraba 23 de las 135 denuncias”, narra Laura, estudiante de Química y una de las voceras del movimiento. “Este profesor no solo hace a las alumnas comentarios como ‘compañera, siéntate acá, si no te repruebo’ o ‘por qué traes a tu novio’. Se han compartido casos en los que el profesor cita tarde a las compañeras, las toquetea o saca su miembro. También se le da mucho tomarle fotos a las alumnas y enviárselas”.

El profesor denunciado tiene más de 30 años dando clases en la FES pese a que sus agresiones son conocidas. “Estamos pidiendo la destitución de profesores y expulsión de alumnos que tengan denuncias formales ante la ley, porque no nos sentimos seguras”, demandan las alumnas de la institución.

La violencia sexual es uno de los principales conductas delictivas que afectan más a las y los estudiantes, no solo de la UNAM, sino de otras universidades y preparatorias públicas, de acuerdo con datos obtenidos vía mecanismos de transparencia. Esta es la última de tres entregas de una serie especial que aborda el tema de la violencia y la inseguridad al interior de cuatro de las principales instituciones públicas del nivel medio superior y superior en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y el Conalep.

LEE LA PRIMERA PARTE DE ESTA SERIE: Estudian entre robos, acoso, violencia, crimen, insultos…

Los delitos sexuales son, después del robo, la segunda clase de ilícitos que más se registran en las estadísticas oficiales de las cuatro instituciones educativas. En total, de 2006 a 2019 se reportaron 712 delitos sexuales al interior de sus instalaciones.

El acoso y el hostigamiento sexual sumaron 483 casos, es decir, siete de cada diez delitos sexuales registrados. El resto de los incidentes corresponden a casos de abuso sexual o violación (229 registros).

De los 712 casos registrados, en 607 las víctimas fueron mujeres (85%). También se registraron 12 delitos sexuales contra hombres y 93 en los cuales no se especifica el sexo de la víctima (estos últimos del IPN), por lo que el porcentaje de mujeres víctimas puede ser mayor.

De acuerdo con Adina Barrera, especialista en perspectiva de género y Miembro de la Red de Mujeres Estudiantes de Posgrados e Investigadoras de la UNAM, la violencia contra las mujeres dentro de las escuelas se debe a que la estructura social en la cual ellas son desvaloradas se replica en todas las instituciones sociales.

“En el ámbito educativo, la subordinación de las mujeres se refleja en que somos vistas como si fuéramos invasoras de un espacio que no nos corresponde. Entramos de manera tardía y masiva a las escuelas sin que hubiera una transformación de los principios que ahí regían. Esto provoca violencia contra nosotras”, considera Adina.

Suhayla Bazbaz, especialista en prevención de violencia escolar y directora de la organización de la sociedad Civil Cohesión Comunitaria, señala que el principal problema de la violencia sexual y de género en las escuelas es que “se sigue pensando que se trata de casos excepcionales. Las instituciones tienen que dejar de pensar en casos únicos y concebir el problema como un fenómeno generalizado, sistémico y transversal”.

Cifra negra

La UNAM es la institución que registró la mayor cantidad de presuntos delitos sexuales al interior de sus escuelas. Esto no necesariamente significa que sea la institución con mayor incidencia porque los registros entre instituciones son muy dispares: algunas intentan ser más transparentes mientras que otras más bien parecería que minimizan u ocultan el problema.

Un ejemplo es el Colegio de Bachilleres, que solo registró tres casos de presunto acoso u hostigamiento sexual de 2006 a 2019. No obstante, frente a los casos casi inexistentes en las estadísticas institucionales, durante los meses de septiembre y octubre los estudiantes de distintos planteles en la Ciudad y el Estado de México conformaron un movimiento estudiantil para denunciar la inseguridad y violencia en sus planteles. Una de sus demandas es la erradicación del acoso sexual en las escuelas, especialmente por parte de los docentes.

Un profesor de Física del Colbach Plantel 5 ha sido acusado de acoso sexual por al menos tres jóvenes. Belena “K” ahora tiene 21 años. Hace cinco, ese profesor la acosó. “Me saludaba de una forma que me hacía sentir incómoda. En una ocasión, cuando todos se fueron del salón, yo le dije si podía entregar un proyecto para pasar porque no pude acudir a una actividad que dejó. Me propuso arreglarnos de otra forma y me miró el cuerpo”.

Otra ex alumna, Belén José, denuncia que hace cuatro años el mismo docente pidió a una de sus amigas que se quedara al finalizar la clase: “mi amiga salió muy asustada y nos contó que el profesor le empezó a acariciar la pierna y se le insinuó. Ella no quiso denunciarlo porque tenía miedo a represalias”.

Un tercer testimonio, realizado de forma confidencial, describe una situación similar con el mismo profesor ocurrida este año. Aunque la alumna denunció el caso, la dirección del Plantel 5 no sancionó al maestro.

“Al final de clase me pidió que me quedara. Entonces me abrazó y me dijo que si quería que me pasara con diez todo el semestre, lo podría hacer sin dinero. No accedí, él me sujetó muy fuerte del brazo y me dijo que me haría difícil el semestre”

ALUMNA DEL PLANTEL 5 DE BACHILLERES

El Colegio de Bachilleres declaró a Las Noticias que en esa escuela “no se tiene registro alguno de queja sobre acoso, hostigamiento o insinuaciones de índole sexual de algún profesor con el nombre referido”. La institución asegura que el director del plantel no ha recibido queja formal o informal sobre el tema, ni las oficinas generales del Colegio.

Sobre el fenómeno de la violencia sexual, las autoridades de la institución reconocen que sí existe en sus planteles y oficinas y que una de las medidas que han instrumentado es un buzón electrónico de quejas, además de seguir el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (publicado el 31 de agosto de 2016 en el Diario Oficial de la Federación).

La institución asegura que, conforme al Protocolo, se designaron a personas consejeras que reciben y dan atención a las denuncias en los 20 planteles de la Ciudad de México y su zona conurbada. Sin embargo, Diego “S”, vocero del movimiento estudiantil, indica que cuando las estudiantes denuncian, los consejeros generalmente no hacen nada y solo les piden ignorar a los maestros acosadores.

Respecto al buzón de quejas, la investigadora Suhayla Bazbaz señala la necesidad de contar con mejores mecanismos de denuncia y reporte en las escuelas. “Los buzones del tipo ‘presente su queja y nos comunicamos no son suficientes’. Necesitamos saber quiénes toman las decisiones, quiénes son los comités de ética (establecidos en el Protocolo referido) y qué pasa con las denuncias”.

Violencia sexual protesta UNAM
Carteles de manifestación de alumnas de la UNAM en Rectoría 21 de octubre. Crédito: Mariana Betanzos

No solo los profesores, también los alumnos

Los estudiantes también son perpetradores de violencia sexual y de género. Varias jóvenes entrevistadas por Las Noticias dieron testimonios de agresiones sexuales por parte de compañeros, parejas o exparejas. Marisela, estudiante de Química de la FES Cuautitlán, narra que un compañero la acosó durante todo el año 2018.

“Cada que podía estaba pegado a mí. Me quería acompañar diario a mi casa, aunque le decía que no era necesario. Al principio lo agradecía pero luego ya era hostigante, se volvió aterrador. No permitía que ningún otro compañero estuviera cerca de mí. Intentaba tener mucho contacto físico conmigo. Una vez me hizo ‘cosquillas’ y me dejó rasguños en el cuerpo. Yo tenía miedo de que me fuera a hacer algo y hasta tuve pesadillas, porque además vivo sola”, recuerda Marisela.

Paulina, estudiante de la Escuela Superior de Turismo del IPN, relata lo siguiente. “Cuando llegué a quinto semestre, un compañero comenzó a ser muy insistente en salir conmigo. Yo tenía novio e incluso empezó a amenazarlo de muerte. El chico robó mi celular de mi mochila y me amenazó con subir a las páginas de la escuela mis fotos íntimas. Al externar eso a la escuela, me mandaron a levantar denuncias y me dieron medidas de protección en el Ministerio Público, pero las autoridades no las acataron y dijeron que era mi culpa por tener esas fotos.

“Una vez en el área de fumadores, el acosador me quitó mi cigarro de la mano y me lo aventó en la cara. En la subdirección se me recriminó a mí por fumar ‘porque eso no es de señoritas’. La situación llegó a tal grado que en agosto del año pasado mi agresor me sacó del salón jalándome del cabello”. La joven asegura que las autoridades de su escuela no la protegieron, sino que la han revictimizado y solo le han propuesto como ‘solución’ darla de baja temporal.

LEE LA SEGUNDA PARTE DE ESTA SERIE : Porros, un mal de 90 años que nadie ha podido (o querido) erradicar

No solo las alumnas, también las trabajadoras

Elena —nombre que se le da para proteger su identidad— era auxiliar de intendencia en el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 2008. En 2011 comenzó a sufrir hostigamiento laboral por parte del Jefe de Servicios del recinto. El hostigamiento laboral luego se convirtió en abuso sexual.

“Me ordenaba que llegara muy temprano. Una mañana, a las siete, me acuerdo de la hora, yo estaba haciendo los baños de mujeres. Él entró al baño, me arrojó el papel en la cara, me dijo groserías, me agarró y empezó a tocar mis partes. Fue algo muy doloroso porque le pedí que no lo hiciera y no se detenía”

ELENA, ex TRABAJADORA DE LA UNAM

Al agresor se le dictó una sentencia de nueve años de cárcel, pero no se cumplió. “Se amparaba y pagaba a cambio de no cumplirla. Después me cambiaron a la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria y él enviaba a miembros del Sindicato de Trabajadores de la UNAM para amenazarme con golpearme a mí y a mi hermana si no dejaba de proceder en su contra. Entré en una fuerte depresión, me quería suicidar”.

De acuerdo con los registros de la UNAM, de 2006 a 2019 se registraron 102 presuntos delitos sexuales contra trabajadoras y trabajadores de la institución. Después del alumnado, son las siguientes víctimas de delitos sexuales dentro de la Máxima Casa de Estudios.

La investigadora Adina Barrera menciona que las mujeres más vulnerables de estas agresiones son las trabajadoras que hacen la limpieza. “Por la posición que ocupan socialmente, no tienen una red de apoyo y se tienen que someter a prácticas de sus compañeros”, denuncia la experta.

Elena fue víctima de abuso sexual en el Palacio de Minería, instalación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Crédito: Rogelio Morales /CUARTOSCURO

Violencia que arruina vidas

Sandra —nombre ficticio para proteger su identidad— era estudiante en el Posgrado de Geografía de la UNAM. Había entrado al doctorado muy entusiasmada cuando el tutor de su proyecto comenzó a acosarla y hostigarla sexualmente en 2016.

“Me condicionó la asesoría a tener relaciones sexuales. Me dijo que en un congreso internacional estaríamos siete días en postura de misionero. Me quedé en shock y me negué”

SANDRA, ESTUDIANTE DE POSGRADO DE LA UNAM

A partir de entonces, el profesor comenzó a agredirla verbalmente. “Me gritaba, me faltaba al respeto, empezó a desvalorar mi trabajo. Hubo una violencia psicológica muy fuerte hasta que un día me amenazó. Me dijo: ‘vas a ver cómo te va a ir en la evaluación”.

El docente comenzó a impedir la comunicación de Sandra con sus cotutores y a decirles que era mala estudiante. “Me decía que él tenía el poder de hacer que me sacaran del doctorado si no hacía lo que me pedía”. Y así pasó.

El profesor la evaluó dos semestres consecutivos con cero y a pesar de que ella presentó evidencias de su trabajo, estas no fueron revisadas por la coordinadora de posgrado, quien se inclinó por el agresor. Esta evaluación derivó en que se le diera de baja definitiva del doctorado. No solo eso. Ahora debe más de 200 mil pesos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la beca que se le había otorgado. “Ante ellos yo soy una mala alumna que incumplió, aunque toda mi vida he sido estudiante de excelencia”.

En 2016, la UNAM emitió el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. Esto animó a Sandra a denunciar la situación que vivió, pero la realidad fue muy diferente a lo plasmado en el papel.

“Claramente no hay una instancia de investigación adecuada. Las oficinas jurídicas no trabajan con perspectiva de género porque no están preparadas”, dice Sandra. “Al momento de la investigación derivada de la aplicación del Protocolo, valió más el dicho del tutor de que yo era mala estudiante, pese a que pedí que se revisara el trabajo que había hecho”. Al final, el profesor no recibió ninguna sanción y ella se quedó sin doctorado.

“Me enfermé. Estaba en un estado psicológico terrible, yo me quise suicidar. En algún momento tuve temor de que ese hombre me matara”, acusa Sandra. Desde entonces acude a terapia psicológica y llegó a necesitar medicamentos psiquiátricos.

“Me he tardado mucho en asimilar que mi proyecto de vida haya sido destruido así, porque además el tema que investigaba es muy especializado y se trabaja en pocas universidades. Es como si me hubieran quitado un brazo, una parte de mí”.

Adina Barrera considera que las instancias encargadas de investigar los delitos sexuales tienden a revictimizar a las mujeres que denuncian. En los casos que ella ha acompañado hay ocasiones en que “el tribunal universitario ha preguntado a las víctimas si acostumbran a no dormir en su casa o andar afuera a altas horas de la noche”.

Violencia sexual UNAM
Protesta contra la violencia sexual en la UNAM, 2018. Crédito: Adolfo Vladimir /CUARTOSCURO

Medidas insuficientes

De acuerdo con Adina Barrera, los casos de violencia sexual al interior de las escuelas tienen un común denominador. Las instituciones públicas no están obligadas a cumplir con un marco legal que garantice a las mujeres una vida libre de violencia.

“Hay una necesidad de armonizar los marcos legales de las instituciones con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los marcos internos de las escuelas no hablan de derechos humanos, mucho menos de perspectiva de género. Ha habido intentos de protocolos, pero no están funcionando”, opina Adina.

La investigadora expone diversas críticas al Protocolo de la UNAM, que es el parteaguas de los protocolos que han surgido en otras instituciones. Una de esas críticas es que plantea la conciliación, bajo el nombre de “proceso alternativo”.

“El sentar a la víctima y al victimario está prohibido por mecanismos de derechos humanos porque se reconoce que hay un factor de poder de género. En el caso de profesores, porque además hay una serie de poderes que lo invisten en la institución”, explica.

A partir de la colaboración con colegas de otras universidades como el IPN, Barrera sostiene que las instituciones educativas han ocultado los casos que tienen que ver con violencia de este tipo y considera urgente una política integral para atacar la cultura de violencia de género en las escuelas.

“Hace falta la generación de instrumentos para prevenir, atender, investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia en universidades”, menciona.

La falta de aplicación de sanciones a agresores sexuales es otro problema. O las sanciones no se encuentran claras en los marcos internos de las instituciones educativas, o no son aplicadas. “Hay sanciones en las que solo se establece una semana de suspensión sin recibir pago. Nosotras pedimos la destitución de profesores o expulsión de alumnos agresores. Hay casos de profesores que cuando están en medio de un proceso de investigación por una denuncia de violencia sexual, renuncian y se van a otras escuelas”, narra Barrera.

Suhayla Bazbaz coincide en que no se están aplicando las sanciones necesarias y añade que “pedir renuncia no es una sanción suficiente. Tiene que haber un comunicado formal de que la institución hizo la investigación, que se hizo un esfuerzo por identificar más casos, se acompañó en la parte legal y hubo reparación del daño a las víctimas”.

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Mujeres saldrán preparadas de las cárceles del Estado de México

Daniel Esquenazi, miembro de la Fundación B, dice que la oportunidad de autoemplearse en las cárceles del Estado de México reduce la reincidencia delictiva

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La Fundación Plan B apoya a las mujeres privadas de su libertad en las cárceles del Estado de México con talleres y capacitaciones para autoemplearse, con los cuales se reduce la probabilidad de reincidencia delictiva.

“Es primordial lograr una reinserción social exitosa enfocada en el desarrollo económico de estas mujeres y sus familias”, manifiesta Daniel Esquenazi, patrocinador de la Fundación B.

El empresario y arquitecto agrega que la oportunidad de autoemplearse y realizarse económicamente reduce la probabilidad de reincidencia delictiva.

El proyecto busca motivar, capacitar en diferentes oficios y emplear a mujeres privadas de su libertad con el objetivo de que a través de su trabajo y la transmisión de conocimiento, provean un sustento y un ejemplo para sus familias, agrega el empresario.

Actualmente, las mil 568 mujeres recluidas por el fuero común y las 144 por delitos federales en los centros penitenciarios del Estado de México estudian, reciben capacitación y ejercen alguna actividad ocupacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Uno de los proyectos impulsados por la Fundación B, que fue fundada por Tatiana Ortiz Monasterio, es la creación de talleres y bibliotecas dentro de las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Esa sala de libros se creó como un programa piloto, pues la intención es replicar en otras entidades la República Mexicana.

Sandra Paola González Castañeda, diputada de Morena, entregó 300 libros que fueron donados por los legisladores y personal de la Cámara de Diputados, como parte de la campaña “Dona un libro para una Mujer en situación de cárcel”.

El objetivo de la campaña es que las mujeres, que están privadas de la libertad en las cárceles del país y el Estado de México tengan un vínculo con la sociedad a través de las letras, agregó la legisladora, quien hizo una visita a mediados del año con Ortiz Monasterios.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que existe una falta de espacios destinados para actividades recreativas y productivas en los centros de readaptación social, lo que impide que estas mujeres tengan acceso a actividades encaminadas a la reinserción social.

“Mi objetivo es hacer de las cárceles femeninas lugares para aprender”, afirma Tatiana Ortiz Monasterio, fundadora de la Fundación Plan B, quien busca empoderar a mujeres privadas de su libertad en el Estado de México

La activista, quien es respaldada por empresarios, diputados de Morena y el gobierno del Estado de México, asegura que cada uno los talleres, cursos y capacitaciones enseñadas en los penales femeniles cuentan con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Todo lo que hagan, todo lo que aprendan y todos los cursos que tomen van tener sus diplomas”, concluye la comunicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana a un grupo de presas.

*Publicado originalmente en Cobertura 360

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Aprobación de Andrés Manuel López Obrador cae: Consulta Mitofsky

De acuerdo con Roy Campos, el presidente de México está ‘atorado’ en el “AprobAMLOmetro” debido a los estragos en el tema de la inseguridad

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Andrés Manuel López Obrador
Cada vez que AMLO habla sobre inseguridad o migración, su popularidad baja

Tras los sucesos relacionados con la captura y liberación de Ovidio Guzmán, la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador ha bajado ligeramente.

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, afirma que el operativo fallido, así como los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, tras la captura del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, afectaron la popularidad de la llamada 4T por parte de los mexicanos.

Campos informó que “el día 22 de octubre la popularidad de AMLO estaba en 63% y al final de octubre estaba en 60%; en esos días cayó tres puntos, eso quiere decir que sí hay afectación, y hoy no ha podido levantarse, está en su punto más bajo”.

Cuando la encuestadora inició el tracking poll (encuesta de seguimiento diario), el 14 de abril de este año, la aprobación del presidente López Obrador era de 67.8%. Campos señala que cada vez que el mandatario habla de inseguridad o migración, su popularidad baja. “Son temas de los que no le conviene hablar”.

Sobre las razones de esta caída en el AprobAMLOmetro, el director de Consulta Mitofsky explicó que los mexicanos reprueban las decisiones relacionadas con la captura de Ovidio Guzmán.

Sin embargo, el especialista aclara que la manera en la que el mandatario se ha referido a su estrategia ha sido “comprada” por los mexicanos. “Ellos (AMLO y su gabinete) se niegan a una política de exterminio, así es como han utilizado esa palabra (exterminio), por eso la gente se las compra”.

Respecto a la estrategia de López Obrador para combatir la inseguridad, Campos declara que se basa en dos pilares: la visión de programas sociales para atacar las causas de la inseguridad y la presencia permanente de la Guardia Nacional donde hace falta.

“La estrategia de AMLO no es decir ‘vamos a agarrar a tal capo’, sino la humanista, que es la que López Obrador plantea como el gran cambio. Él cree que la inseguridad se acaba atendiendo las causas y que hay que tener presencia permanente para inhibir al crimen en donde hace falta.”

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky
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Porros, un mal de 90 años que nadie ha podido (o querido) erradicar

Estos grupos de choque sobreviven desde hace décadas al amparo de distintas autoridades y ahora tienen su fuerza principal en los bachilleratos públicos

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Marcha vs porros UNAM
Miles de estudiantes de la UNAM marcharon en septiembre de 2018 para exigir la salida de grupos porriles de la universidad, así como la garantía de seguridad dentro de la misma. Crédito: Diego Simón Sánchez /CUARTOSCURO

El pasado 18 de octubre, las puertas del CECYT 8 “Narciso Bassols” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tuvieron que cerrarse y algunos alumnos del turno vespertino no pudieron entrar a clases. Un policía a la entrada del plantel explicaba a los estudiantes que la medida era por seguridad, pues un grupo de porros había arrojado un petardo contra la escuela.

En esa escuela de nivel medio superior, conocida popularmente como vocacional o “voca”, existe un conflicto de años entre dos bandas porriles: el grupo “12 de Mayo” de la Federación de Estudiantes Politécnicos (FEP) y el grupo “26 de Mayo”, que se autodenominan “independientes”.

El porrismo y la violencia derivada del fenómeno constituyen un problema grave no solo en el IPN, sino también en los planteles de nivel medio superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio de Bachilleres (Colbach) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

El problema no es nuevo, en realidad tienen cerca de 90 años de existencia en México. Sin embargo, ha sido uno de los factores de la creciente violencia en las escuelas en los años recientes, tanto que estudiantes de estas instituciones se han manifestado públicamente con una misma consigna: ¡Fuera porros!

Esta es la segunda de tres entregas de una serie especial que aborda el tema de la violencia e inseguridad al interior de cuatro de las principales instituciones públicas de nivel medio superior y superior en la Ciudad de México y el área conurbada del Estado de México.

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Según información obtenida por Las Noticias a través de mecanismos de transparencia, las instituciones señaladas no registraron ningún hecho de porrismo entre los casi tres mil presuntos delitos y faltas cometidos dentro de sus planteles entre enero de 2006 y abril de 2019.

En relación a posibles conductas delictivas que pudieran estar relacionadas a este fenómeno, los casos son en realidad escasos: 102 agresiones físicas, 27 riñas, 5 actos vandálicos y 1 caso de intimidación.

De acuerdo con Hugo Sánchez Gudiño, especialista en el tema de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM, en las leyes universitarias no existe ninguna figura jurídica que constituya al “porrismo” como una falta. Las instituciones no llevan un registro (al menos público), de actos relacionados con actividades porriles. “Hay impunidad pura, tampoco hay una sanción establecida”, menciona Gudiño.

El hecho de que no aparezca en las estadísticas oficiales, no significa que el porrismo no exista. David Piñones es alumno del CECYT 8. En años pasados él perteneció al grupo porril 12 de Mayo.

El joven denuncia que las autoridades del plantel favorecen al grupo contrario (26 de Mayo). Prueba de ello, prosigue, es que uno de sus integrantes de nombre Brayan “E” —quien además tiene antecedentes penales por lesión con arma blanca— entra con toda libertad a la escuela aun cuando el reglamento prohíbe ingresar a personas ajenas a la institución.

Modesto García, director de Seguridad del CECYT, niega las acusaciones y asegura que no tiene información sobre el caso porque “nadie externo tiene permitido ingresar a las instalaciones”.

Los estudiantes del CECYT 8 no ven las cosas como García. De acuerdo con testimonios recopilados, el porrismo ha mantenido intimidada a la escuela. “Durante mucho tiempo, la actual administración ha actuado como si tuviera una especie de alianza con porros”, denuncia Eduardo “N”, miembro de la comunidad estudiantil. Las pruebas de la presencia porril en el IPN incluso se hacen evidentes en redes sociales como Facebook.

porrismo Facebook
Conversaciones que muestran conflicto entre grupos porriles del CECYT 8 del IPN, en un un grupo de la comunidad en Facebook. Crédito: Capturas de pantalla

Durante el movimiento estudiantil del IPN en 2014, una demanda de los estudiantes fue erradicar la presencia de grupos porriles y la violencia que estos generaban. Las autoridades del Politécnico asumieron el compromiso de investigar a las organizaciones que cobijan a estos grupos, así como de combatirlas “suprimiendo los privilegios académicos, materiales, económicos, administrativos o de otra índole que puedan tener y sancionando a quienes los hayan otorgado”, según los acuerdos publicados por la institución. Hasta hoy no ha sucedido.

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Estudiantes del CECYT 5 protestaron en 2016 por el aumento de grupos porriles en su escuela. Crédito: Armando Monroy /CUARTOSCURO

Nueve décadas de porrismo

Sánchez Gudiño ha investigado la historia del porrismo y los grupos de choque. Señala que este tipo de agrupaciones tienen cerca de 90 años de existencia en México y su propósito siempre ha sido tener control sobre las y los estudiantes por medio de la violencia y el miedo.

“Los primeros grupos de este tipo surgieron en la UNAM en la década de 1930, cuando ésta se localizaba en el Centro Histórico. Algunas autoridades universitarias de esa época tuvieron la idea de formar un grupo de choque aprovechándose de que en la zona había jóvenes de escasos recursos. Su función era proteger a la autoridad”, explica Gudiño.

Con la creación de Ciudad Universitaria en la década de 1950 y oficialización de los partidos de fútbol americano, los grupos de choque se insertaron en los equipos de animación o porra de las instituciones (de ahí el apelativo de “porros”). Ya no eran solo un grupo que iba a animar a su equipo, sino que se fueron convirtiendo en uno delictivo, que golpeaba y reprimía a los estudiantes.

Para las décadas de 1980 y 1990, después de una época muy violenta, el porrismo empezó a sentar sus bases en el bachillerato y ahí estableció su principal fuerza hasta hoy.

José “S”, estudiante del Conalep 1 en Atizapán, narra que en octubre de 2018 la comunidad estudiantil del plantel se manifestó en contra de la violencia porril.

“Ya estábamos hartos de tantas golpizas por parte de los porros. Nos correteaban, traían cadenas, palos, piedras y armas blancas. También lanzaban petardos a la escuela”

JOSÉ “S”, ESTUDIANTE DE CONALEP 1 ATIZAPÁN

El grupo porril dominante en su escuela se autodenomina “PGB independiente” y tiene un conflicto permanente con los porros del Bachilleres Plantel 5 (pertenecientes a la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos).

José denuncia que la ex directora del plantel no le tomaba importancia a la situación hasta que en octubre del año pasado los porros del Bachilleres 5 se organizaron para agredir masivamente a los alumnos del Conalep a la hora de la salida. “Hubo varios heridos por petardos y golpes”, recuerda el joven.

“Al día siguiente, la directora dijo que esa agresión era nuestra culpa, y que la escuela no se iba a hacer responsable de lo que nos pasara saliendo; que afuera ya no era su asunto”, acusa.

Porrismo Conalep
Joven con jersey del grupo porril de Conalep 1 Atizapán. Crédito: Cortesía

Porros, detrás de violencia en bachilleratos

A lo largo de este 2019, alumnos de diversos planteles del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y el Estado de México se han movilizado para exigir mejores condiciones educativas y de seguridad en su institución.

Diego “S”, estudiante del Plantel 2 “Cien Metros” y uno de los voceros de la movilización, menciona que en todos los planteles hay presencia de grupos porriles y que ellos ocasionan una parte importante de la violencia e inseguridad que se vive en los Bachilleres.

“Los estudiantes organizados de distintos Bachilleres coincidimos en que en nuestras escuelas asaltan, golpean y venden droga. Muchas veces esto es ocasionado por los grupos porriles”

DIEGO “S”, ESTUDIANTE DEL COLBACH PLANTEL 2

Diego explica que los grupos porriles al interior del Colbach pertenecen a la Organización Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET) y responden a grupos políticos. En su plantel, el grupo dominante se llama “Los Heroles”, por el priista finado Jesús Reyes Heroles.

Sánchez Gudiño concuerda en que los grupos porriles en las escuelas de nivel medio superior suelen estar ligados a políticos locales y se dedican a golpear y asaltar estudiantes, al narcomenudeo y a otra serie de delitos derivados. Las autoridades escolares, denuncia el experto, toleran estas situaciones como una especie de pago por sus servicios ocasionales.

Además de sembrar miedo, los estudiantes del Colegio de Bachilleres denuncian que los porros también han sido utilizados para reprimir sus movilizaciones de este año en las que exigen mejores condiciones educativas. “Los compañeros organizados hemos recibido amenazas por parte de porros, de que ya nos tienen identificados y saben quiénes somos los que nos hemos estado manifestando”, dice Diego. Y asegura que, en Bachilleres 4, las amenazas han venido directamente de parte de las autoridades de la escuela.

El testimonio de Diego coincide con el de Víctor Caballero, abogado que ha dedicado parte de su trayectoria a defender a estudiantes víctimas de violencia y miembro del Colectivo Aequs, Promoción y Defensa de Derechos Humanos.

“Seguimos el evento del 27 de septiembre en Bachilleres. En el contexto del aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la asamblea de Bachilleres 4 intentó tomar el plantel por un día, para comunicar también las exigencias educativas que tienen hacia la institución. Ese día las autoridades educativas mandaron porros a intimidarlos y patrullas, por lo que la asamblea no pudo tomar la escuela”, señala Caballero.

porrismo en Bachilleres
Grupos porriles tienen presencia en todos los planteles de Bachilleres, denuncian estudiantes. Crédito: Diego Simón Sánchez /CUARTOSCURO

Porros y políticos

Hugo Sánchez Gudiño señala que la mayoría del tiempo los grupos porriles permanecen en escuelas de bachillerato hostigando a alumnos, pero se hacen más visibles en momentos políticos de coyuntura.

La última vez que el fenómeno trascendió a la opinión pública fue el 3 de septiembre de 2018. Ese día, estudiantes de distintos planteles de la UNAM, principalmente del CCH Azcapotzalco, fueron agredidos por grupos porriles mientras se manifestaban pacíficamente en la explanada de Rectoría, en Ciudad Universitaria, para exigir mayor seguridad en las instalaciones.

Karl “D”, víctima del ataque y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, relata cómo fue la agresión. “Escuché que gritaron ‘¡ahí vienen los porros!’ y nos empezaron a lanzar piedras, botellas y una bomba molotov. A un par de compañeros los aventaron al piso, golpeándolos masivamente. De pronto se me dejaron venir ocho porros, entre ellos uno que se llama Medrano ‘El Rata’, que tiene denuncias por agresión a mujeres. Me dieron patadas, me rompieron un diente y me noquearon. Apuñalaron a dos compañeros”.

¿Quién o quiénes fueron responsables del ataque? Sánchez Gudiño menciona que los grupos porriles identificados provenían del CCH Vallejo, CCH Azcapotzalco y CCH Naucalpan: “históricamente esos grupos fueron patrocinados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)”.

El académico considera que cuando ocurrió la agresión en Rectoría era un momento político coyuntural, principalmente porque Andrés Manuel López Obrador acababa de ganar la elección presidencial. “Pudo haberse tratado de un ataque de grupos partidistas desplazados del poder”, menciona.

Para él es claro que estos grupos porriles cuentan con respaldo político, económico y jurídico del exterior, sin el cual no hubieran podido subsistir durante 90 años. “No hay evidencia para demostrar que la universidad estuviera involucrada, pero no hubo nada de pericia en el tema. Creemos que hay toda una red de autoridades locales y que tal vez escala hasta autoridades universitarias. Sabemos que, históricamente, estos grupos surgieron y han permanecido bajo su amparo”.

Fuera porrismo de la UNAM
Miles de estudiantes marcharon en septiembre de 2018 para exigir la erradicación del porrismo en la UNAM. Crédito: Galo Cañas /CUARTOSCURO

Después de las agresiones en Rectoría, estudiantes de la UNAM llevaron a cabo una serie de movilizaciones exigiendo la erradicación del porrismo en la Universidad. A más de un año del problema, Hugo Sánchez Gudiño indica que las autoridades universitarias no tienen una estrategia ni protocolo para afrontar el problema.

No solo es la UNAM. El resto de las instituciones educativas también carece de un programa integral antiporrismo, en principio porque no existe una figura jurídica para catalogarlo como una falta.

A esto se agrega, dice Gudiño, una autoridad política de la ciudad que los protege y tarda más en atraparlos que en volverlos a dejar libres. Los eventos en Rectoría son el ejemplo claro: las autoridades de CDMX detuvieron a cuatro personas pero luego fueron liberadas.

“Desde su surgimiento, los grupos porriles siempre han sido funcionales al poder en los gobiernos. Mientras cumplan una función, ahí continuarán existiendo, como un grupo de contrapeso a los estudiantes más politizados o cuando se necesitan sus servicios”, concluye Gudiño.

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